La Argentina tiene un fuerte
déficit fiscal, lo que supone un mayor gasto público respecto de los ingresos,
por lo que conviene distinguir en que se gasta y cuál es el origen de los fondos
del Estado. Solo así se puede indagar respecto del déficit y como resolverlo.
Al respecto y para 2017, un
informe de reciente publicación la CEPAL señala que para Argentina: “...el déficit
fiscal se mantuvo elevado en los primeros diez meses del año (un 4,7% del PIB),
pese a la política de reducción de los subsidios de los servicios públicos, a
la recaudación extraordinaria del impuesto especial del blanqueo de capitales y
al aumento de los ingresos tributarios asociados al mayor nivel de actividad.”[1]
Con la baja de subsidios a los
servicios se encareció la vida, con especial impacto entre los sectores de
menores ingresos, mientras que el blanqueo supone el perdón estatal a grandes
evasores, descubriendo claramente perjudicados y beneficiarios de la política
económica y fiscal del gobierno Macri.
Más adelante se indicará en el
estudio de CEPAL que el ajuste realizado para achicar gastos estatales fue
contrarrestado por el mayor gasto en intereses derivado del fuerte
endeudamiento público. Dice textualmente el escrito: “Tras el pago de los
intereses de la deuda, el resultado fiscal ascendió al 4,7% del PIB, por encima
del 4,1% registrado en igual período de 2016.”
Hemos destacado en varias
ocasiones que el Ministro de Finanzas augura la continuidad del creciente endeudamiento
público por lo menos hasta el 2022.
Queda claro que toda la sociedad
financia con endeudamiento del Estado la lógica regresiva de la distribución
del ingreso. Se trata de una hipoteca gravosa en el corto y largo plazo.
Resulta claramente contrario a cualquier semejanza a los propósitos de Robin
Hood que podría sugerirse de una estrategia para combatir y abatir la pobreza,
por lo que algunos sostienen que se trata de un robo apañado desde el consenso
electoral.
La contabilidad nacional, que
mide egresos e ingresos desnuda una gigantesca transferencia de recursos desde
los sectores empobrecidos a los más enriquecidos. En el texto de la CEPAL se
destaca el mantenimiento de la indigencia pese al crecimiento logrado en el
presente año, que recupera lo perdido en 2016.
El
mayor déficit se carga sobre jubiladas y jubilados
Resulta interesante descubrir cómo
con la “reforma previsional” en trámite parlamentario y fuertemente protestada
en las calles, se piensa achicar el déficit desde el gobierno Macri.
Más allá de temas de fondo, como
la edad jubilatoria, la modificación de la actualización de ingresos
previsionales supone una reducción de recursos para beneficiarios de
jubilaciones y otros derivados de la seguridad social, como la Asignación
Universal por Hijos e Hijas (AUH) o a los combatientes en Malvinas.
El argumento oficial es que bajo
la nueva fórmula de actualización se genera un “ahorro” estimado en 100.000
millones de pesos para el 2018, lo que significa que lo que se ahorra el Estado
es lo que no perciben los millones de beneficiarios de la seguridad social,
perceptores de jubilaciones y la AUH.
Como argumento se sostiene que
la economía nacional no es sustentable con este déficit fiscal y del propio sistema
previsional, sin contabilizar las pérdidas de ingresos fiscales que supusieron
las quitas y eliminaciones a las retenciones por exportaciones, o las
reducciones al impuesto de bienes personales. Mucho más si se considera en
simultáneo la propuesta de reforma tributaria en ciernes, que impulsa la rebaja
de la tasa de ganancias, del 35 al 25%, para empresarios que reinviertan sus
excedentes.
Es un chantaje hacia una mayoría
empobrecida, a quienes se les restringen ingresos para hacer funcional el orden
capitalista y su Estado, asegurando ganancias y rentabilidad para inversores
externos y locales, cómo si ello fuera la única manera de reducir el déficit.
No solo es el gobierno, sino que
el chantaje asocia como actores directos a buena parte de los legisladores y
gobernadores, oficialistas y opositores, quienes negocian cuotas de los ingresos
fiscales para atender necesidades provinciales y a costa de los sectores de
menores ingresos..
La novedad es que para facilitar
la sanción legislativa se ofrecería por Decreto presidencial una compensación
mediante un bono de 750 pesos por única vez a los/as jubilados/as con ingresos
menores a los 10.000 pesos mensuales y aportes al régimen previsional por 30
años, y un bono de 375 pesos, también por única vez, a jubiladas/os ingresados
al sistema por moratorias y sin los años de aportes. También un bono por única
vez de 400 pesos para beneficiarios de AUH. Todo sumaría unos 4,000 millones de
pesos, una miseria del 4% respecto del ahorro de 100.000 millones antes
mencionado.
No solo se trata de una estafa evidente,
sino que desnuda las formas de financiamiento del Estado y del capitalismo en
las condiciones actuales, de fuerte iniciativa política del poder y del
gobierno ante el espaldarazo electoral de octubre.
Política
e instituciones
Como alguna vez sostuvimos, la
política no solo transita por las instituciones.
El movimiento de la sociedad se
expresa vía conflicto en la protesta callejera y eso acontece en estos días,
por lo que la historia no termina, aun con pactos, leyes o decretos que
confirman la regresiva distribución del ingreso.
Un interrogante para pensar
remite al resultado de la confrontación entre la formal legalidad institucional
o la presión social que apunta a modificar esa ecuación de la institucionalidad,
que siempre es transitoria, sino lo que habría sería una agobiante y
conservadora inmovilidad.
Solo a modo de ejemplo señalemos
que sin la lucha popular hace 100 años no hubiera existido la reforma
universitaria, o más cercano en el tiempo, sin el accionar del movimiento por
los derechos humanos, nunca hubiera habido anulación de las leyes de impunidad
y por ende no existirían los juicios actuales con condenas a los genocidas. Los
ejemplos en este sentido son muchos y variados, lo que expresa la riqueza y
vitalidad de una cotidianeidad que puede aspirar a superar y transformar la
realidad.
La institucionalidad está
siempre en disputa y favorece a pocos enriquecidos o a muchos que aspiran a una
sociedad del Vivir Bien o el Buen Vivir tal como sostiene la lógica
civilizatoria de los originarios.
Se equivocan aquellos que
imaginan la proyección del consenso electoral para contrarreformas de carácter impopular.
En todo caso devela los
problemas políticos en la Argentina, que atraviesan a los sectores dominantes
de la derecha en el gobierno, pero también a la izquierda y a quienes imaginan
una perspectiva sustentada en un proyecto emancipador.
Buenos
Aires, 16 de diciembre de 2017
[1]
CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2017.
Argentina. En: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/18/BPE2017_Argentina_es.pdf
(consultado el 15/12/17
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