El Gobierno Macri elevó al
Parlamento el proyecto de Presupuesto para el 2018 y se destaca la perspectiva
de crecimiento del PBI del 3,5%, muy pobre, y apenas para dejar atrás la fuerte
caída del 2016 y la leve recuperación del 2017, que apenas alcanzará en el 2018
la situación no demasiado buena del 2015.
No adscribimos a la lógica del
crecimiento del PBI en sí mismo, pero somos conscientes que en las condiciones
del capitalismo, esa proyección apunta al ajuste de los de abajo.
Ya han transcurridos varios meses
del nuevo gobierno de Macri entre fines del 2015 y la actualidad, que sumados a
los últimos años de la anterior administración de Cristina Fernández, entre el 2014
hasta el fin del mandato, que incluyen una tendencia recesiva, con
devaluaciones importantes en enero del 2014 y diciembre del 2015 que agravan
los problemas de la mayoría social de menores ingresos.
Las recesiones o
desaceleraciones económicas en el marco de devaluaciones monetarias expresaron
la mala situación de los de abajo, con baja de consumo popular y deterioro de
las condiciones de vida. El desempleo y la precariedad laboral constituyen la
constante, seguido del mantenimiento de una política social que condena a la supervivencia
a millones de argentinos/as.
Perspectiva
de corto plazo
Por eso, ahora, en la
perspectiva del 2018 se destaca el ajuste fiscal y el crecimiento de la deuda.
La propuesta oficial apunta a
bajar el gasto público para disminuir el déficit primario (egresos fiscales menos
ingresos fiscales antes del pago de los intereses de la deuda).
Aquí está el problema a
comentar. Tanto ha crecido la deuda pública en estos primeros dos años del
gobierno Macri que crecen los intereses y por lo tanto hay que bajar gasto
público para no incrementar el déficit fiscal en general.
Dicho de otro modo, como hay que
bajar el déficit fiscal (definición ideológica ortodoxa) y suben los gastos por
intereses de la deuda, entonces deben reducirse los gastos corrientes en
personal, docentes, trabajadoras/es de la salud, de la seguridad, de la
administración nacional, provincial o municipal; el gasto en salud o educación,
en fin, el gasto, especialmente el que tiene destino social.
Por eso es que el rubro deuda
autoriza al Poder Ejecutivo, en 2018, a tomar préstamos por 20.000 millones de
dólares para cubrir el déficit fiscal y otros 10.000 millones de dólares para
cancelar intereses de la deuda.
Otra vez se privilegia la deuda
con acreedores de la deuda monetaria y se posterga el cumplimiento de las
acreencias derivadas de los derechos constitucionales con la mayoría de nuestra
sociedad.
Vale siempre interrogarse por el
privilegio de derechos, entre acreedores externos o internos de la deuda
pública y los acreedores de derechos sociales, a la educación, a la salud, al
trabajo, a la energía, a la recreación o a otros derechos conquistados
históricamente por el pueblo de la Argentina.
En el proyecto de presupuesto
2018 se anuncia una inflación que podrá reducirse a la mitad de la del 2017,
tal como ocurrió entre 2017 y 2016, para lo que se ratifica la política
ortodoxa del BCRA que sigue la concepción de restricción monetaria que instala
una lógica de especulación económica sustentada en altas tasas de interés.
Todo en beneficio del capital
especulativo y dificultando una orientación a la promoción de una producción
local para satisfacer demandas sociales.
Ganadores
y perdedores
La lógica presupuestaria
reproduce la ecuación de perjudicados y beneficiaros.
Estos últimos entre los
acreedores de la deuda, la banca y el mecanismo de la especulación y los
grandes productores y exportadores del agro, la minería y la industria. Entre
los primeros se sostiene al grueso de los trabajadores y trabajadoras, activos
y pasivos, que continuaran disputando la actualización de ingresos ante precios
y tarifas en ascenso que limitan la posibilidad de satisfacer necesidades.
Claro que el presupuesto 2018
supone avances regresivos en los acuerdos sectoriales para la una reforma
laboral por sectores que termine legitimando un marco legal, sustentado en una
mayor capacidad negociadora de la minoría legislativa de la coalición
gobernante.
En ese camino se inscriben también,
las reformas del régimen previsional, tributario, educativo y penal, entre
otras regresivas reformas en carpeta para profundizar la reestructuración reaccionaria
imaginada desde el poder.
La noticia es la propuesta
presupuestaria y su tratamiento probable bajo las nuevas condiciones de un
triunfo electoral gubernamental en octubre y que se exprese en la nueva
composición del Parlamento desde el 10 de diciembre próximo.
Ese mismo día y hasta el 13/12
se realizará la 11° Ministerial de la OMC para avanzar en un nuevo aliento a la
liberalización de la economía mundial, forma de consolidar la ofensiva del
capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.
Ofensiva
y contraofensiva
La liberalización supone nuevas
vueltas de tuerca a las reformas planificadas desde el poder en contra de la
máxima acumulación de fuerzas sociales y políticas entre 1974 y 1975.
Desde entonces, para el caso
argentino, con matices, la tendencia es a la pérdida de derechos.
No es solo una cuestión
nacional, tal como lo muestra la reforma laboral brasileña o la que está en
curso en Francia.
La ofensiva del capital es
global y expresa el sentido del programa de máxima del capital hegemónico en
este tiempo del capitalismo.
Eso agiganta los desafíos para
el movimiento obrero local, regional y mundial, con tareas de corto y mediano
plazo, hoy contra las reformas macristas en curso, y hacia fin de año. para denunciar
los objetivos y mecanismos de la OMC.
Se necesita un gran movimiento
popular local y mundial para enfrentar los planes del poder en la coyuntura, lo
que solo puede lograrse en una gran confluencia político y social, sin mezquindades
ni sectarismos, pero apuntando a la lógica de acumulación del poder del
capital.
Buenos
Aires, 10 de septiembre de 2017
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