Los datos oficiales de abril pasado
señalan un crecimiento de los precios al consumidor del 2,6% para la Ciudad de
Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires.[1]
Si bien se trata de un dato
regional, que superó todo pronóstico, el mismo es utilizado para definir la
situación en el ámbito nacional. El INDEC informa que la medición nacional recién
estará para el próximo mes de julio.
En lo que va del año la
inflación alcanza al 9,1%, muy cerca del piso del 12% imaginado desde el BCRA,
y para los últimos 12 meses suma del 27,5%, muy lejos de las pretensiones
patronales de actualización salarial en convenciones colectivas de trabajo en
proceso. Traigamos a cuenta el 19%, aún con actualización futura, ofrecido a
docentes y que explica la continuidad del conflicto educativo.
La inflación es una cuestión de
poder, donde queda claro que solo unos pocos pueden incrementar los precios.
Por lo pronto, los trabajadores
no tienen libertad de mercado para establecer el precio de la fuerza de
trabajo. Los docentes demandan 35% de actualización, para recuperar lo perdido
en 2016 y lo que imaginan será la evolución de los precios de la canasta
familiar para el 2017.
No son docentes los únicos
trabajadores con ese nivel de demanda de actualización salarial, y queda clara
que la batalla económica es por bajar el precio de la fuerza de trabajo, como
forma de reducir el costo laboral dentro de los costos de producción.
Los que sí pueden incrementar
precios son los sectores de servicios, cuyos precios crecieron por encima de
los bienes. En abril, los precios de los bienes se aumentaron en 2,4% y los de los
servicios en 2,9%. El acumulado de enero a abril fue de 7,7% en bienes y 11% en
servicios; mientras que en el acumulado anual los bienes crecieron el 24,4% y
los servicios 32,2%.
En materia de bienes destacan
los alimentos, con 2,2% en abril; un acumulado durante el 2017 de 8,9% y de
29,1% para los últimos 12 meses, con el agravante que la incidencia del rubro
alimentos resulta fundamental en el conjunto de los precios. Los sectores de
menores ingresos y por ende con menor capacidad adquisitiva destinan la mayor
parte de sus recursos en la compara de alimentos.
No cualquiera puede aumentar
precios, para ello hay que tener poder.
El crecimiento de los precios en
general y de los servicios y alimentos en particular agudiza el problema del
empobrecimiento de la población más empobrecida, que según el INDEC suman 30,3%
para el conjunto social y del 45,8% para los menores de 14 años, la infancia.
Política
oficial de metas de inflación
Si bien el Banco Central
sostiene su pauta del 17% como máximo, desde otras esferas se piensa en más del
20%, incluso señalan que convendría hablar de precios en sentido estricto y
luego adicionar el incremento de tarifas. De ese modo pueden llegar hasta 25% o
más para el año, argumentando que es menos que el elevado registro del 2016.
El encargado principal de la
política antiinflacionaria es el BCRA, con una estrategia ortodoxa de contraer
la masa monetaria (secar la economía; retirar dinero del mercado). Por medio de
altas tasas de interés empuja esta política contractiva, estimulando
inversiones especulativas de grandes inversores, entre ellos, los bancos, que
prefieren invertir en tasas altas pagadas por el Banco Central que en prestar
para el desarrollo productivo con riesgo de impago.
La política del BCRA es onerosa,
ya que para retirar dinero del mercado ofrece cuantiosos intereses a los
inversores en Letras del Banco Central, LEBAC (26,25% a 35 días). Ya hay
emitidas y en circulación 739.000 millones de pesos en LEBAC, algo así como
46.000 millones de dólares. Eso es deuda del Banco Central a cargo de toda la sociedad
contra los tenedores privados de esas letras. La famosa socialización de las
perdidas.
Es curioso como al mismo tiempo,
es la propia política monetaria la que contiene el precio del dólar, ya que con
altas tasas se compite contra la demanda de dólares. Como estos ingresan en cantidades
importantes por mayores importaciones y menos exportaciones, como por préstamos
que tienen destino en la especulación o en el pago de la deuda pública,
entonces, para evitar un mayor retraso del tipo de cambio (que no baje más de
la cuenta), el BCRA resulta un comprador recurrente de dólares. Para ello emite
moneda y renueva el ciclo de altas tasas para retirar esos pesos puestos en
circulación (emisión) por el mismo Estado.
Un círculo vicioso, donde crece
la deuda y se reaviva la combinación de inflación con desaceleración de la
economía, aun cuando se intenta mostrar cierta recuperación vía inversión
pública y de ciertos sectores de la producción, especialmente el agro y la construcción.
En el ciclo anterior faltaban
divisas y por eso las regulaciones cambiarias (cepo entre otras) y la fuga de
capitales. Ahora, ingresan dólares que hacen subir las reservas internacionales
por encima de los 48.000 millones de dólares y continúa la fuga de capitales,
sea por el saldo negativo del balance comercial, el turismo al exterior, las
remesas de utilidades al extranjero y los pagos de la deuda
¿Qué
hace y hará el gobierno? ¿Existe otro rumbo posible?
Continuará con el ajuste. El presidente
dice que tiene un agujero fiscal de 500.000 millones de pesos y los ministros
de Finanzas y de Hacienda señalan que es una tarea a desplegar luego del “triunfo”
electoral de octubre.
Buscan consenso electoral para
profundizar el ajuste fiscal, contra el gasto público social y desfinanciando
derechos sociales, a la alimentación, la educación, la salud, el empleo, entre
muchos otros. La reforma laboral y previsional está en la agenda de temas estructurales
en ese sentido, en el mismo rumbo de Brasil, Chile y otros países de la región.
¿Se podría hacer algo distinto?
Claro que sí, pero es inimaginable en el marco del proyecto político e
ideológico del PRO-CAMBIEMOS.
Se puede atacar la cadena de
producción y distribución de alimentos y bienes y servicios esenciales, con una
concepción de derechos y no de mercancías, pero iría en contra de la lógica gubernamental
y de la dominación económica.
También debiera modificarse la
política monetaria, cambiaria y arancelaria, algo que la ortodoxia en el BCRA,
o en Hacienda y Finanzas no puede imaginar.
En el fondo es una cuestión
política, como con el 2x1, con cientos de miles movilizados pudo lograrse casi
unanimidad de opinión institucional y deslegitimación social de un fallo espurio
de la Corte Suprema.
¿Podrá organizarse una
movilización social de tal magnitud para lograr sustanciales modificaciones en
la política económica y social?
Buenos
Aires, 12 de mayo de 2017
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