La información estadística
confirma el hartazgo que impregna el sentido social mayoritario.
En efecto, con datos a septiembre
del 2016, la indigencia acumula 2,7 millones de personas, unas 600.000 más que
a diciembre del 2015. Así, los pobreza por ingreso alcanzan a 13 millones de personas,
1,5 millones más que a fines del 2015. Se trata de 6,9% de indigentes y 32,9%
de pobres. Un tercio de la población bajo la pobreza y las mujeres en situación
más vulnerable que los varones.
El agravante es que la situación
es peor para los menores de 14 años, ya que para la infancia se reconoce un
48,8% de pobres; los jóvenes de 15 a 29 años, un 37,9%; los adultos entre 30 y
59 años un 28,3%; y los mayores de 60 años el 10,9%. Son datos preocupantes en el
presente y alarmantes sobre el futuro de los niños y jóvenes.
Por su parte, el INDEC desmiente los dichos
oficiales sobre contención de la inflación, ya que en febrero 2017 marcó una
suba del 2,5%; lo que significa un acumulado del 3,85% para el primer bimestre
y una proyección del 25,4% anualizado, muy lejos de la meta entre 12 y 17%
establecida por el BCRA, el presupuesto nacional, y el techo paritario
imaginado por patronales y el gobierno nacional en 18% para todo el 2017.
La crónica periodística remite
regularmente a las crecientes suspensiones y cesantías, derivadas de la
continuada recesión más allá del optimismo económico del oficialismo.
Nicolás Dujovne habla de la
recuperación de la economía y GM o SANCOR cesantean. Es una situación
convergente con una capacidad instalada en la industria del 60,6% en enero 2017
contra un 62,9% en enero 2016. Es una cuestión que también
se verifica en el ascenso de los índices oficiales de desempleo, subempleo y un
tercio de trabajadores en situación irregular,
Todo ello confluye en un
crecimiento de la desigualdad, cuya metáfora pasa por el aumento de venta de automóviles
0km y suspensiones de trabajadores de la industria automotriz. Hay que
asociarlo a mejora de capacidad de compra de sectores de altos ingresos,
aumentos de la importación de automotores y disminución de producción local con
destino al mercado interno y/o brasileño.
Este relato remite al fenómeno
de una cotidianeidad que deteriora la condición de vida de la mayoría de la
sociedad, que no está en el peor momento de 1989 o 2001, pero que tiene ese
destino según la evolución progresiva de los indicadores económicos y sociales.
Lo
esencial es la reaccionaria reforma estructural
Se llega a esos máximos de
deterioro por las reformas estructurales organizadas desde 1975/76 y
especialmente en los 90 del siglo pasado, que consolidan el incremento de la
desigualdad, la pauperización aumentada y la concentración y extranjerización
de la riqueza socialmente generada.
Esto es lo esencial en el orden
capitalista; la recreación de las condiciones de explotación y dominación para
asegurar la valorización de los capitales y la toma de ganancias, su
acumulación y reproducción social.
He aquí la esencia de la
regresiva reforma de la estructura económica y social de la Argentina desplegada
en dos tiempos: uno bajo la dictadura genocida y otro durante la convertibilidad,
con menemismo y Alianza, expresión histórica de las cúpulas del bipartidismo,
que ahora intentan ser superadas desde el PRO y nuevos alineamientos en el sistema
político.
La crisis indujo la regresiva
reestructuración de la economía y la política, disciplinando al movimiento
social a las nuevas condiciones de funcionamiento de la sociedad
(extranjerización, concentración, nuevo modelo agro primario exportador,
elevada especulación y papel de la banca transnacional), con mayores niveles de
empobrecimiento y marginación social, con la consecuente despolitización
instaurada desde el genocidio y el terrorismo de Estado.
Sobre esas reformas
estructurales in-modificadas desde el modelo productivo, la reestructuración
continúa y tiene que ver, en primer lugar, con acentuar las modificaciones en
la relación entre el capital y el trabajo, para profundizar la subordinación de
éste hacia aquel, lo que se manifiesta como disminución del costo laboral. También
debe considerarse la permanente reforma del Estado al servicio del Capital y la
inserción subordinada en el sistema mundial.
Bajo este concepto de reducción
del costo laboral está el salario y por eso el techo pretendido a la
actualización de ingresos, consumada en 2016 con pérdidas de capacidad de
compra de los ingresos populares entre 6 y 12% según sea la categoría de
empleo, regular o irregular de los trabajadores. Pero también supone la
reducción del salario indirecto recortando beneficios de la seguridad y
previsión social, la salud o educación junto a otros derechos universales a
cargo del presupuesto público.
Toda la lógica de política
económica se sustenta en generar mejores condiciones para la inversión, por lo
que el esfuerzo oficial apunta a elevar la rentabilidad del capital, la
ganancia. Esta resulta de la producción de plusvalor, y por eso los dineros
destinados a la inversión requieren bajas de los precios de los medios de
producción (capital constante) y de la fuerza de trabajo (capital variable).
Para reducir el precio de los
medios de producción buscan el menor precio posible en el mercado mundial, y
por ende presionan por la apertura de la economía. Así, destruyen cualquier proceso
productivo local. Incluso, pueden llegar a suplir el proceso productivo y
reemplazar producción final local por otra de origen externo. Es lo que ocurre en
la coyuntura con la creciente importación, verdadera sustitución de producción
local por extranjera, destruyendo fuentes de empleo y producción.
Para disminuir el precio de la
fuerza de trabajo, las patronales y el gobierno presionan con el objeto de
desarticular la capacidad de organización y resistencia del movimiento sindical
y social, sectorial o territorial de los trabajadores. Se trata de disciplinar
a las organizaciones sindicales y sociales para facilitar la inducción en la
baja del costo de producción, sea del sector privado como del gasto público
social. Por esto es que se empecinan en reducir el déficit fiscal y a cualquier
costo trasladar la carga fiscal sobre los de abajo y en beneficio de la cúpula
de inversores.
En ese rumbo no debe sorprender
que en algún borrador se piense en bajar impuestos a los inversores y aumentar
el IVA, por ejemplo. Mientras resuelven el financiamiento local de su política,
no dudan en incrementar la deuda pública hipotecando el futuro de las finanzas
del Estado. Condicionan así presente y futuro.
La
respuesta movilizada
El conflicto docente es
emblemático en este sentido, y en la pulseada se juega la posibilidad de
avanzar sobre otros sectores de trabajadores. El acuerdo con los petroleros
patagónicos y el avance con metalúrgicos y los sindicatos del automotor es el
camino para reducir el costo salarial de las grandes empresas, en el mismo
sendero de la tercerización y toda forma de flexibilización de los ingresos y
las condiciones de trabajo.
La gran movilización de los
docentes protestando con el no inicio de las clases, con paros de 48, 72 o 96
horas y perspectivas de continuidad en una lógica muy alejada de la oferta
patronal para actualizar salarios, evidencia una confrontación con alcances al
conjunto del movimiento sindical y social. Se hizo todo lo posible para
deslegitimar la protesta, incluyendo la aberración de acudir a voluntarios para
reemplazar profesionales en la educación. La confrontación es económica,
política e ideológica y no está cerrada, con el gobierno negando la paritaria
nacional.
Por eso se puede pensar en
continuado las movilizaciones del lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de marzo, aun
cuando cada uno tuvo sus propias reivindicaciones y motivaciones. La primera
con los docentes y la defensa de la escuela pública y sus ingresos. La segunda iniciada
por los gremios productivos de la CGT y asumida por todas las Centrales de
Trabajadores (CTAs) y diversos movimientos y organizaciones no adheridas a las
centrales sindicales. La tercera promovida por el Día Internacional de las
mujeres trabajadoras y con Paro Internacional de Mujeres.
En todas las movilizaciones ganó
la consigna del PARO GENERAL. La cúpula de la CGT fue vapuleada por no convocar
con fecha cierta a la medida reclamada en una inmensa movilización callejera.
El poder del movimiento popular, especialmente de los trabajadores se hizo
sentir y se evidenció que junto a la iniciativa del poder, también existen
otras de las clases subalternas.
Resulta de interés entender la situación
en clave de lucha de clases, ya que la constitución de un sujeto colectivo
movilizado limita el objetivo disciplinador promovido por las clases dominantes
y el gobierno Macri.
Es cierto que la hegemonía en el
movimiento popular está en disputa, o dicho de otro modo, no hay dirección aun
de la movilización popular; pero al mismo tiempo, parece que el gobierno Macri
tampoco resuelve la demanda de las clases dominantes por doblegar al movimiento
social en lucha.
Desde el gobierno baja la
discusión sobre ajuste gradual o políticas de shock, en el sentido de las
primeras medidas con devaluación, quita o disminución de retenciones y liberalización
del mercado de cambios y cancelación de deudas en litigio, aun con mayor
endeudamiento.
Conviven ambas perspectivas en
el poder, y se viene el 24/3, conmemoración del Golpe de Estado que inició la
regresiva reestructuración que juega ahora un nuevo turno reaccionario.
¿Cómo
seguir?
Unos discuten como gobernar el
capitalismo local y se adecuan a las nuevas condiciones del orden mundial, con
Trump y el Brexit, en simultáneo con la continuidad de la liberalización, con
el G20 próximo en Alemania y en 2018 en Argentina; o con la OMC en diciembre en
nuestro país. ¿Habrá condiciones para otro NO, como en Mar del Plata 2005
contra el ALCA?
El capitalismo de esta época no transita con la tranquilidad que suponía
el avance de la globalización y menos con la siembra realizada por el gobierno en
sus relaciones con Obama y la Casa Blanca, y que busca ahora readecuarse.
Recordemos que los inversores siempre le piden disciplinar al movimiento
social.
Para esa discusión de como
gobernar el capitalismo local y en tiempos electorales se presentan varios
candidatos, muchos coinciden con el eje en la demanda de inversores, que buscan
afuera ante el parasitismo de la clase dominante local, solo animada en el agro
y la minería, de la mano de las transnacionales de esos sectores.
Están también los que imaginan
que se puede estimular el consumo sin afectar la lógica de dominación del
capital, sin comprender los límites del cambio político en la región en este
nuevo siglo. La demanda de más consumo sin modificar el modelo productivo
conlleva la orientación del voto hacia lógicas reproductivas de un patrón
consumista y de dominación monopólica de la esfera de la producción.
Necesitamos discutir el país que
tenemos y el que necesitamos, lo que supone convocatorias asamblearias e una
dinámica congresal, para analizar y consensuar el diagnóstico y las propuestas
para transformar la realidad. Un congreso popular se requiere para transformar
el parasitismo de las clases dominantes del capitalismo local y orientar el
desarrollo a la satisfacción de necesidades sociales contra la lógica capitalista.
El problema de los problemas pasa
por reiterar la recurrente lógica de invertir para ganar, siempre a costa del
bienestar mayoritario y lo que se necesita es voluntad mayoritaria para
orientar el esfuerzo colectivo de la producción para resolver insatisfechas
necesidades sociales.
Buenos
Aires, 10 de marzo de 2017