Los datos económicos y sociales del
2016 son claros y manifiestan una brutal transferencia de ingresos desde la
mayoría de la población con bajos ingresos hacia un núcleo muy concentrado del
poder económico.
Es el resultado buscado, con
pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben ingresos fijos, activos y
pasivos, trabajadores regulares e irregulares, con o sin seguridad social. En
el otro ángulo ganancias acrecidas por efecto de la devaluación, quita o
eliminación de retenciones a las exportaciones, cancelaciones de deuda pública
y aumento de las tarifas de servicios públicos privatizados.
Son beneficiados de la política
económica los grandes productores y exportadores, del agro, la minería y la
industria; los acreedores externos, la banca transnacional, la especulación
financiera y las transnacionales que dominan la producción y los servicios en
la Argentina. Los perjudicados son la inmensa mayoría de la sociedad.
Así se consolida un orden
económico sin lugar para el desarrollo de un mercado interno ampliado, con un
amplio abanico social condenado a la pobreza y a la subsistencia, incluida la
opción que ofrece el delito para la supervivencia, e incluso la incorporación
al mercado de consumo.
En este mapa son variadas las
economías regionales en problemas, o los sectores económicos sociales pequeños
y medianos de la economía que pierden función, textiles, calzado, juguetes, talleres
sidero metalúrgicos, entre muchos otros, y que solo sobreviven en la
marginalidad y la ilegalidad. La situación irregular de trabajadores y pequeños
empresarios se transforma en un hecho estructural.
Déficit
fiscal
Todo el combo de política
económica derivo en mayor déficit fiscal para el Estado nacional, argumento
oficial para incumplir la promesa de campaña electoral de Macri para eliminar
el impuesto a las ganancias a los trabajadores, un sinsentido en sus términos:
el salario no es ganancia.
Ante la maniobra de la oposición
parlamentaria, que dio media sanción a un proyecto de modificación al impuesto
a las ganancias (que no agrada al oficialismo y genera menores ingresos para el
Estado) puede el macrismo obstaculizar el proyecto cuando se trate en el
Senado, o directamente vetarlo.
Lo real es que bajo cualquier
opción, el oficialismo cargará con el costo político del veto o el
desfinanciamiento estatal con restricción para la negociación con las
provincias, especialmente los gobernadores, también afectados por la
disminución de ingresos estatales.
El veto presidencial puede
disparar el conflicto sindical, de las organizaciones de mayor convocatoria a
la hora de un Paro Nacional.
Hasta ahora, la pulseada con el
sindicalismo tradicional la venía ganando el gobierno que postergó vía
negociaciones el Paro Nacional, invocado por las CTAs y otras organizaciones
sindicales y activos de trabajadoras y trabajadores en conflicto.
Desde el punto de vista
económico, el déficit se financia con nuevo y mayor endeudamiento público, lo
que augura nuevas crisis de la deuda en el mediano plazo y recrea compromisos
de cancelación de intereses y capital a costa de otros rubros de los
presupuestos y el gasto público social.
Es un problema agravado con la
suba internacional de las tasas de interés y la valorización del dólar, todas
consecuencias posteriores a la elección de Donald Trump en EEUU.
Los nuevos tiempos de la
política mundial potencian la dependencia del capitalismo local a la lógica de
la ganancia que imponen las transnacionales y la política económica de las
principales potencias del mundo.
Expectativa
por el desembarco de los inversores externos
El 2017, año de renovación
parcial del Parlamento se pone en juego la capacidad política del gobierno
Macri para hacer posible la finalización del mandato y optar por un nuevo
periodo. Se trata de un propósito por el que disputan otros proyectos políticos
que se ofrecen como mejores gestores del gobierno de la Argentina.
La clave está en la gestión del
conflicto social. Unos en el gobierno esperan contenerlo, aun a costa del mayor
gasto público, algo que a los más ortodoxos en el gobierno no les suena nada
bien, caso del elenco directivo en el BCRA. Otros, desde la oposición estimulan
la amenaza del conflicto y proponen perspectivas de distribución del ingreso de
difícil materialización sin cambiar sustancialmente el modelo productivo y de
desarrollo.
Macri dijo que iba a cambiar la
lógica económica del periodo anterior y solo agravó las consecuencias sociales.
Otros reivindican los primeros 4 años de la experiencia kirchnerista e imaginan
la posibilidad de un capitalismo nacional con distribución progresiva del
ingreso, por lo que no dudan en hacer alianzas con el macrismo o el
kirchnerismo, según sean las circunstancias. Con el macrismo para cancelar
deuda, por ejemplo, y con el kirchnerismo para modificar el impuesto a las
ganancias, in-modificado en los años previos, incluso con mayoría
parlamentaria.
No resultará sencillo cumplir
con esas aspiraciones de control del conflicto social, ya que el deterioro de
los ingresos populares genera descontento, base de la protesta y organización
popular. Pero, al mismo tiempo, el imaginario de un capitalismo con mayor
distribución del ingreso sosteniendo la primarización exportadora actual confronta
con la posibilidad de un capitalismo redistributivo, amén de no conciliar con la
lógica de los inversores. Es lo que ocurrió en estos últimos años, con
extensión de la producción de soja para la exportación, ídem la minería y los
hidrocarburos.
Bajar
el costo laboral como propósito
En este sentido, todos, en el
gobierno y en la oposición sistémica, aspiran a una recuperación de la economía
vía inversiones externas. Por su parte, los inversores exigen cambios en las
reglas del juego económico, es decir, seguridad jurídica para sus inversiones.
Eso requiere profundizar el cambio regresivo en la relación entre el capital y
el trabajo, con mayor precarización y control de la respuesta y el conflicto
sindical y social.
Las inversiones no llegaron aun
a la Argentina porque se requiere seguridad de recupero de la inversión, con
una rentabilidad adecuada a las condiciones de funcionamiento en crisis del
sistema mundial del capitalismo. Hay que bajar el costo salarial pregonan.
Argumentan que solo 8 millones
de población económicamente activa del sector privado en la producción y los
servicios sostienen una política de empleo público, la seguridad social y la
previsión que involucra en su conjunto a 20 millones de personas.
Claman por terminar con esa
situación, alivianando impuestos al sector privado para hacer atractiva a la
Argentina para los inversores.
Por eso, la llave está en la
gestión del conflicto para hacer sustentable el orden capitalista. Pero
también, el conflicto puede desatar la disputa por otro modelo productivo y de
desarrollo modificando la agenda de la discusión, donde ya no talle la ganancia
sino la satisfacción de las necesidades de la sociedad.
Vale discutir quien produce y
cómo, pero también cual es la apropiación de ese producto social, cuales son
las normas de la organización del trabajo, la extensión de la jornada, los
beneficios sociales y la inserción de la economía local en el sistema mundial,
empezando por nuevas y fraternales relaciones con los países vecinos, algo que
suena contradictorio con las recientes sanciones a Venezuela en el Mercosur.
Buenos
Aires, 10 diciembre de 2016
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