Mientras sucede la reunión
conjunta del FMI y el Banco Mundial en Lima Perú, con presencia de funcionarios
gubernamentales de todo el mundo, varios aspirantes al Ministerio de Economía
de la Argentina participan haciendo lobby de cara a la nueva etapa que empezará
en diciembre próximo.
Uno de los temas claves es el
financiamiento para la Argentina, que continúa en default para el sistema
financiero mundial mientras subsista el conflicto en EEUU con los hold-outs o
fondos buitres.
El endeudamiento externo es
clave como mecanismo que puede evitar o postergar la exacerbación del ajuste reaccionario
de la economía.
Con ese marco es que esta semana
se canceló el BODEN 2015, un título público emitido hace una década. Se pagaron
5.900 millones de dólares, unos 55.755 millones de pesos al tipo de cambio
oficial actual (9,45 pesos por cada dólar).
Los fondos fueron aportados por
las reservas internacionales que administra el BCRA, las que cayeron a poco más
de 27.000 millones de dólares. Muy lejos de los 52.000 millones que se lograron
hacia el 2011, dando cuenta de la fuga de divisas en el último turno
presidencial (2011-2015).
Si tomáramos el tipo de cambio
implícito en los datos del presupuesto 2016, con media sanción en diputados, la
cifra (5.900 millones de dólares) alcanzaría a
62.540 millones de pesos (tipo de cambio = 10,60 pesos por dólar).
Consideremos algunos rubros del
presupuesto 2016 para mensurar lo que esta cifra representa.
Observemos:
·
en materia de Educación, Ciencia y Tecnología se
estima gastar en 2016 un total de 82.900 millones de pesos; o sea que lo
abonado para cancelar el BODEN 2015 representa 75% de todo el presupuesto en
este rubro para el próximo año.
·
en Seguridad está prevista una asignación de
74.400 millones de pesos; y lo abonado esta semana en un título, supone el 84%
de los recursos afectados para seguridad en 2016.
·
en Defensa se estipula una aplicación de 67.800
millones de pesos en 2016; y el pago del BODEN 2015 es un 92% de ese valor.
La cifra de cancelación de deuda
es gigantesca, más aún si se la compara con otras necesidades de gasto o
inversión social.
Al mismo tiempo que se anunciaba
la cancelación de ese título público, la Presidenta de la Nación comentó que
desde los gobiernos iniciados en 2003 se cancelaron 145.000 millones de
dólares.
Es verdad que en ocasiones
anteriores se difundieron otros valores, 173.000 millones de dólares en un caso;
y 192.000 millones de dólares en otro caso.
Cualquiera de los tres valores,
145.000; 173.000; o 192.000 millones de dólares, es una inmensidad, y ponen de
manifiesto el privilegio a la cancelación de deuda pública asumida en estos
años, lo que se define como desendeudamiento.
Nuevo
endeudamiento
Al mismo tiempo, esta misma
semana se asumió nueva deuda, con títulos en pesos y en dólares, algo que viene
ocurriendo en los últimos dos años y que nos hace pensar que el ciclo de
desendeudamiento, medido como proporción de la deuda dolarizada con respecto al
PBI, se terminó, y que hemos iniciado un nuevo tiempo de crecimiento de la
deuda.
Es más, la sospecha es que,
asuma quien asuma el nuevo gobierno, una forma de morigerar las políticas de
ajuste que se anuncian, sean graduales o con política de shock, devienen de la
capacidad de obtener crédito externo, similar a lo acontecido en los años 90.
Por otra parte, vale mencionar
que la baja de deuda con acreedores externos tiene su correlato un
endeudamiento con entes nacionales, caso de la ANSES, el BCRA o el Banco de la
Nación.
Un 60% de la deuda pública actual
es con organismos nacionales. Es real que tienen menor nivel de exigencia que
cualquier acreedor externo, pero debe asumirse que el Estado nacional tiene
deuda con el Fondo previsional, que no son fondos públicos, sino aportes y
afectaciones para la seguridad social.
El imaginario reinante en la
gestión pública supone que esos financiamientos serán renovados sin límite,
pero mientras, condicionan la capacidad de esos propios ámbitos. No se trata de
una cuestión neutra.
Preocupan
la evolución de los pagos y la nueva deuda
En términos muy generales
podemos decir que si hacia el 2001 la deuda pública alcanzaba los 144.000
millones de dólares y desde el 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares,
la deuda ya no debería ser un problema.
Sin embargo, el stock de deuda
pública reconocido a diciembre del 2014 es de 228.700 millones de dólares, sin
contar la nueva deuda asumida en el 2015, ni el eventual pago a los acreedores de
la sentencia arrancada por los fondos buitres en Nueva York.
Por lo cual, el stock de deuda
pública se elevaría a unos 270.000 millones de dólares.
Se trata de una enorme hipoteca
que condicionó y condicionará la política económica de la Argentina en el
futuro. Es un tema esencial que requiere de un profundo debate del conjunto de
la sociedad para definir los privilegios que deben asumirse desde la política
económica.
El reclamo de la Asamblea por la
Auditoria y la suspensión de los pagos apunta en otra dirección y exige a la
Comisión Investigadora en el Parlamento que asuma el papel acordado por la
propia Constitución Nacional para “arreglar” los asuntos de la deuda y disponga
la suspensión mientras se investiga la deuda desde 1976.
La realidad es que la Comisión
Bicameral de Investigación de la deuda reproduce la hegemonía política
parlamentaria y la que se deriva de la situación electoral, donde la mayoría de
las propuestas políticas sostienen el argumento de la necesidad del
endeudamiento para favorecer la superación de las dificultades del capitalismo
local en la coyuntura.
Enfrentar esas concepciones
constituye una asignatura pendiente de la lucha y organización popular por
construir una propuesta política que desde la suspensión de los pagos aspire a
un nuevo imaginario social y económico contra y más allá del capitalismo.
Buenos
Aires, 10 de octubre de 2015
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