Lo que se discute y oculta sobre la economía en víspera de elecciones

En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.
Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.
Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.
Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación  y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.
Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.
Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.
En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.
Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.
En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.
No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2015

Pagos de deuda pública y nuevo endeudamiento

Mientras sucede la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Lima Perú, con presencia de funcionarios gubernamentales de todo el mundo, varios aspirantes al Ministerio de Economía de la Argentina participan haciendo lobby de cara a la nueva etapa que empezará en diciembre próximo.
Uno de los temas claves es el financiamiento para la Argentina, que continúa en default para el sistema financiero mundial mientras subsista el conflicto en EEUU con los hold-outs o fondos buitres.
El endeudamiento externo es clave como mecanismo que puede evitar o postergar la exacerbación del ajuste reaccionario de la economía.  
Con ese marco es que esta semana se canceló el BODEN 2015, un título público emitido hace una década. Se pagaron 5.900 millones de dólares, unos 55.755 millones de pesos al tipo de cambio oficial actual (9,45 pesos por cada dólar).
Los fondos fueron aportados por las reservas internacionales que administra el BCRA, las que cayeron a poco más de 27.000 millones de dólares. Muy lejos de los 52.000 millones que se lograron hacia el 2011, dando cuenta de la fuga de divisas en el último turno presidencial (2011-2015).
Si tomáramos el tipo de cambio implícito en los datos del presupuesto 2016, con media sanción en diputados, la cifra (5.900 millones de dólares) alcanzaría a  62.540 millones de pesos (tipo de cambio = 10,60 pesos por dólar).
Consideremos algunos rubros del presupuesto 2016 para mensurar lo que esta cifra representa.
Observemos:
·         en materia de Educación, Ciencia y Tecnología se estima gastar en 2016 un total de 82.900 millones de pesos; o sea que lo abonado para cancelar el BODEN 2015 representa 75% de todo el presupuesto en este rubro para el próximo año.
·         en Seguridad está prevista una asignación de 74.400 millones de pesos; y lo abonado esta semana en un título, supone el 84% de los recursos afectados para seguridad en 2016.
·         en Defensa se estipula una aplicación de 67.800 millones de pesos en 2016; y el pago del BODEN 2015 es un 92% de ese valor.
La cifra de cancelación de deuda es gigantesca, más aún si se la compara con otras necesidades de gasto o inversión social.
Al mismo tiempo que se anunciaba la cancelación de ese título público, la Presidenta de la Nación comentó que desde los gobiernos iniciados en 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares.
Es verdad que en ocasiones anteriores se difundieron otros valores, 173.000 millones de dólares en un caso; y 192.000 millones de dólares en otro caso.
Cualquiera de los tres valores, 145.000; 173.000; o 192.000 millones de dólares, es una inmensidad, y ponen de manifiesto el privilegio a la cancelación de deuda pública asumida en estos años, lo que se define como desendeudamiento.
Nuevo endeudamiento
Al mismo tiempo, esta misma semana se asumió nueva deuda, con títulos en pesos y en dólares, algo que viene ocurriendo en los últimos dos años y que nos hace pensar que el ciclo de desendeudamiento, medido como proporción de la deuda dolarizada con respecto al PBI, se terminó, y que hemos iniciado un nuevo tiempo de crecimiento de la deuda.
Es más, la sospecha es que, asuma quien asuma el nuevo gobierno, una forma de morigerar las políticas de ajuste que se anuncian, sean graduales o con política de shock, devienen de la capacidad de obtener crédito externo, similar a lo acontecido en los años 90.
Por otra parte, vale mencionar que la baja de deuda con acreedores externos tiene su correlato un endeudamiento con entes nacionales, caso de la ANSES, el BCRA o el Banco de la Nación.
Un 60% de la deuda pública actual es con organismos nacionales. Es real que tienen menor nivel de exigencia que cualquier acreedor externo, pero debe asumirse que el Estado nacional tiene deuda con el Fondo previsional, que no son fondos públicos, sino aportes y afectaciones para la seguridad social.
El imaginario reinante en la gestión pública supone que esos financiamientos serán renovados sin límite, pero mientras, condicionan la capacidad de esos propios ámbitos. No se trata de una cuestión neutra.
Preocupan la evolución de los pagos y la nueva deuda
En términos muy generales podemos decir que si hacia el 2001 la deuda pública alcanzaba los 144.000 millones de dólares y desde el 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares, la deuda ya no debería ser un problema.
Sin embargo, el stock de deuda pública reconocido a diciembre del 2014 es de 228.700 millones de dólares, sin contar la nueva deuda asumida en el 2015, ni el eventual pago a los acreedores de la sentencia arrancada por los fondos buitres en Nueva York.
Por lo cual, el stock de deuda pública se elevaría a unos 270.000 millones de dólares.
Se trata de una enorme hipoteca que condicionó y condicionará la política económica de la Argentina en el futuro. Es un tema esencial que requiere de un profundo debate del conjunto de la sociedad para definir los privilegios que deben asumirse desde la política económica.
El reclamo de la Asamblea por la Auditoria y la suspensión de los pagos apunta en otra dirección y exige a la Comisión Investigadora en el Parlamento que asuma el papel acordado por la propia Constitución Nacional para “arreglar” los asuntos de la deuda y disponga la suspensión mientras se investiga la deuda desde 1976.
La realidad es que la Comisión Bicameral de Investigación de la deuda reproduce la hegemonía política parlamentaria y la que se deriva de la situación electoral, donde la mayoría de las propuestas políticas sostienen el argumento de la necesidad del endeudamiento para favorecer la superación de las dificultades del capitalismo local en la coyuntura.
Enfrentar esas concepciones constituye una asignatura pendiente de la lucha y organización popular por construir una propuesta política que desde la suspensión de los pagos aspire a un nuevo imaginario social y económico contra y más allá del capitalismo.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2015