Entre la promoción del consumo y el conflicto

En la cadena nacional del pasado 26 de marzo, la Presidente de la Argentina anunció un conjunto de medidas que apuntan a sostener, según manifiestan desde las propias autoridades: el consumo, la producción y el empleo. Son anuncios en momentos de desaceleración de la economía local y una fortísima recesión de la producción industrial en la Argentina.

Junto a los anuncios se informó de la importante cosecha agraria, datos que contrastan con la evolución de la producción manufacturera, por lo cual, varios de los planes lanzados apuntan a compensar la caída de la producción, la que se asocia a los problemas derivados de la crisis mundial.

Resulta interesante que se reconozca a la crisis mundial capitalista como trasfondo de los problemas locales, una cuestión soslayada no hace muchos años, con mejores datos de la evolución económica local. Entonces parecía que el país estaba afuera del mundo capitalista y de su crisis. El retroceso global y especialmente de Brasil impacta seriamente en la producción y venta al exterior de la producción manufacturera, especialmente de automotores, que en un año bajó más del 22%. Lo que preocupa es el retorno del problema social del desempleo y el subempleo, consecuencia esperable del retroceso económico.

Los anuncios

Ese es el marco para anuncios muy diversos que supone estimular el consumo. Varias veces hemos sostenido que no alcanza con acercar dinero a los bolsillos de la población, incluso a los más necesitados, sin al mismo tiempo discutir el modelo productivo, es decir que es lo que se produce y para satisfacer que necesidades. De este modo, sin discutir el contenido y carácter de la producción se termina fomentando el consumismo y con él la producción y circulación monopólica.

Queda claro el tema cuando se estimula la utilización de mecanismos electrónicos para descuentos en el consumo en una vasta cadena comercial monopolizada por grandes complejos productivos y de circulación, mayoritariamente de capitales externos; la financiación de automóviles para el servicio de taxis en una zona metropolitana sobrepoblada de rodados que afecta el tránsito y el medio ambiente, sin considerar las dificultades para la importación de autopartes esenciales para la industria automotriz. Algo similar ocurre con los descuentos y financiación para la línea blanca, con la renovación de heladeras y lavarropas. El atenuante es que se intenta privilegiar a sectores de ingresos medios y bajos al excluir equipos de alta gama. Un elemento interesante es la búsqueda de ahorro de energía, por la salida de operación de equipos en uso con elevado consumo energético, en momentos en que el déficit de energía es importante en el país.

Una novedad a destacar es el cambio de los subsidios en el uso del gas en garrafa, donde se plantea un cambio en el otorgamiento del beneficio, de la oferta a la demanda.

Desde ahora e involucrando a 2,5 millones de usuarios de gas en garrafa, sobre 4,5 millones que utilizan garrafas, el Ministro de Economía anunció depósitos en efectivo para resolver vía mercado y a precio de mercado la compra de las garrafas.

El sentido parece adecuado, finalizando el mecanismo de beneficiar a empresarios de la producción o del comercio, tal como ocurre hasta ahora, o como acontece con el transporte u otros servicios públicos.

Aunque claro, el problema sigue estando en las insuficiencias del consumo familiar popular por escasos ingresos derivados de la actividad laboral o los subsidios de la política social, con 6.000 pesos promedio de ingresos salariales entre los trabajadores en la Argentina. El asunto es que el gas para pobres es el gas en garrafas, el más caro.

Un interrogante es si esos recursos tendrán finalmente el destino en las garrafas y más aún, cual es el precio de mercado a pagar en el amplio territorio de la pobreza.

Aunque se piense que la pobreza estigmatiza, tal como señaló el Ministro de Economía esta semana, la realidad es que son variados los subsidios que se requieren para sostener la capacidad de consumo popular, o mejor aún, hay que poner en discusión y a fondo la distribución del ingreso y la riqueza en la Argentina, sin perjuicio de resolver estadísticas en serio que permitan definir la cantidad de pobres y su localización para combatirla seriamente.

El paro del 31 de marzo

Eso es precisamente lo que discute el próximo paro nacional del martes 31 de marzo, la distribución del ingreso y de la riqueza.

Iniciado con el argumento crítico sobre el impuesto a las ganancias, especialmente a los ingresos fiscales derivados de la cuarta categoría; la movida sindical se terminó extendiendo a un conjunto de reivindicaciones salariales y laborales que alcanza al reclamo del 82% móvil para los jubilados y pensionados; con una canasta de necesidades que impone un ingreso mensual mínimo de 12.800 pesos según los cálculos de los trabajadores de ATE-INDEC; la convocatoria a discutir el salario mínimo vital y móvil y otros aspectos atinentes al Consejo del Salario, como los problemas de la precarización en el empleo y la productividad, apropiada como ganancias por las patronales.

Pero más aún a reivindicaciones políticas como la eliminación de la ley antiterrorista y la renuncia del denunciado Milani al frente del ejército, como la constitución de una Comisión Investigadora Independiente para resolver el atentado impune a la AMIA, como parte de la impunidad asociada a variados y reconocidos casos judiciales.

Pero aun considerando solo la cuestión impositiva, mientras los trabajadores discuten sobre el impuesto a las ganancias, desde el gobierno se acaba de anunciar una nueva moratoria impositiva por 10 años, que involucra a 1.200.000 morosos que adeudan a la AFIP más de 60.000 millones de pesos. Son deudas impositivas y de contribuciones por la seguridad social.

Evadir es algo que los trabajadores no pueden hacer en el impuesto a las ganancias. El requisito para participar de la moratoria es que no despidan personal y no renueven su carácter de morosos. La moratoria es a tasa reducida, beneficiando una vez más a evasores, algo que no ocurre con los sectores de menores ingresos, tributarios del regresivo régimen impositivo en el país, que sigue teniendo como principal fuente de ingresos tributarios al IVA, que incide mayormente sobre los sectores de menores ingresos.

Es común que los trabajadores luchen por sus reivindicaciones salariales y laborales, que a veces se extienden más allá de una determinada patronal para protestar en contra de una política económica. Por ello no sorprende que las motivaciones originales del paro convocado para el próximo martes 31 de marzo tengan sustento en la crítica por las contribuciones fiscales que realizan los trabajadores, nada menos que aportando el 50% de toda la recaudación del impuesto a las ganancias.

Por su nombre, lo lógico sería que sean los empresarios y sus ganancias los sujetos del tributo. Sin embargo, lo novedoso en estos años, es que sean las personas físicas de la cuarta categoría, trabajadores regulares y por cuenta propia los que sostengan la mitad de la recaudación.

Difícilmente se encuentren fundamentos en ese sentido entre los impulsores del tributo en sus orígenes. El impuesto a las Ganancias se aplica desde 1974 y en reemplazo del impuesto a los réditos. En estos días se recordó que fue Perón quien lo impulsó, y es cierto, que en espíritu pretendía gravar las “rentas” que en el caso de los salarios apuntaba a los grandes ingresos gerenciales, asunto distorsionado con la no actualización del mínimo no imponible ni de las escalas que tributan el impuesto.

Por ello, muchos trabajadores paran aun cuando las dirigencias sindicales afines al gobierno no se pronuncien favorables a la medida de fuerza. El sentido mayoritario entre los trabajadores es que aun cuando solo afecta a una parte de la clase, la imposición fiscal afecta el ingreso familiar y anticipa la posibilidad de convertirse en contribuyente ante el mínimo ajuste de salarios. La inminencia de las negociaciones colectivas anticipa la preocupación de muchos que pueden transformarse a corto plazo en nuevos contribuyentes para sostener un gasto público que beneficia al capital más concentrado, entre otras razones, cancelando deuda pública, financiando la fuga de capitales, o asegurando políticas para la rentabilidad empresaria.

Es un debate político sobre quienes deben financiar al Estado, y más aún, al Estado capitalista. La lucha de los trabajadores en este paro nacional no es sola por razones económicas, sino también por cuestiones políticas.

Por ello, el éxito de la movilización trasciende cualquier motivación de los propulsores y tiene sentido desde la necesidad de luchar contra el régimen del capital, el que asegura inequidad en la distribución del ingreso y de la riqueza, sostenido desde la propia política del Estado capitalista.

Buenos Aires, 27 de marzo de 2015