¡El enemigo a vencer es el capitalismo!

En la Argentina, noviembre del 2015, ya estamos en proceso electoral hacia la renovación presidencial con las elecciones de octubre del 2015.

La prensa y los “opinólogos” remiten a la disputa por la administración central del capitalismo local. La discusión es si es mejor el kirchnerismo o la oposición sistémica, o sea, aquellos a los que no se les ocurre cambiar el modelo productivo y de desarrollo, y en todo caso, ofrecer una variante matizada de beneficiarios del orden económico.

Se disputa el gobierno del orden capitalista. En ninguno de los proyectos se piensa en ir más allá del capitalismo, lo que constituye un desafío para el movimiento popular y la izquierda en sus diferentes manifestaciones.

El kirchnerismo disputó y ganó consenso electoral y pretende organizarlo social y políticamente.

Es innegable que el kirchnerismo entre 2003 y 2014 promovió una política económica y social que le permitió disputar consenso social electoral, creciente en la sucesión de elecciones presidenciales del 2003 (22%), del 2007 (45%) y del 2011 (54%).

Una de las razones principales remiten al funcionamiento de la economía, a la recuperación del empleo y relativamente de los ingresos populares, convenciones colectivas de trabajo mediante; y también a una política de memoria sobre derechos humanos y de relacionamiento con la región latinoamericana en un tiempo de cambio político y crítica importante a la hegemonía del discurso neoliberal de los 90´.

Nunca hubo propuestas de rumbo de superación del orden capitalista, cuando mucho, críticas a las políticas hegemónicas en los 90´ (obviando propia participación protagónica) y convocatoria a un capitalismo serio o normal, el que se define por su capacidad de obtener ganancias, aplicarlas a la acumulación y sustentar la dominación del capital sobre los trabajadores, los recursos naturales y el conjunto de la sociedad.

Nadie espera resultados similares a los del 2011, y ni siquiera a los del 2007 para los próximos comicios de renovación presidencial en el 2015, y más bien, todos los pronósticos oscilan entre el primero y el segundo de los guarismos, rondando el 30%, lo que no es poco para constituirse en primera minoría electoral, con peso considerable en cargos legislativos y algunos ejecutivos, especialmente municipales, pero sobre todo en la conducción del conflicto social.

Resulta un dato interesante a los efectos de pensar en renovadas iniciativas de unidad de acción de los sectores subordinados en el escenario que se abrirá luego de la asunción de un probable opositor, e incluso de Scioli, candidato kirchnerista, en el nuevo turno presidencial entre 2015 y 2019.

El interrogante a pensar es cuál resulta la razón de la pérdida de votos en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández, lo que remite principalmente a la economía, pero también se explica por el retorno de la represión y mecanismos que intervienen en el control social, sea la ley anti terrorista como otros procedimientos explícitos con fuerzas de seguridad en el control del conflicto social, junto a otras medidas que alejan de la propuesta gubernamental a los sectores medios, de endeble lealtad política electoral, demanda de divisas mediante. Pero también se explica en el corrimiento que supone la búsqueda de reconocimiento en el sistema mundial capitalista, con señales favorables al poder mundial más allá de ciertas contradicciones con EEUU a propósito de las demandas de los llamados fondos buitres, lo que sugiere el crecimiento de opciones de la izquierda política y social.

Lo económico ocupa cierta centralidad en la pérdida del consenso, y entre otras cuestiones destaca el impacto entre los sectores más empobrecidos que viven de ingresos fijos, salarios, jubilaciones o planes sociales, derivados de la convergencia de un incremento de precios de bienes y servicios de consumo cotidiano contra ingresos populares ajustados por debajo de la inflación. Es una causa evidente del descontento social por abajo. Al mismo tiempo, la continuidad de la impunidad empresarial mantiene elevado el nivel del empleo no regular en el 33,5% para mediados del 2014 según datos del INDEC, acumulando desconformidad entre los trabajadores y limitando las posibilidades del mercado interno y los intereses de sectores pequeños y medianos de la burguesía local que venden y apuestan al mercado local.

La inflación, el trabajo irregular, la baja de los ingresos populares, no solo los salarios, la precariedad y el mantenimiento de la ofensiva del capital sobre el trabajo genera una masa gigantesca y creciente de descontento que se manifiesta en conflictos sociales explícitos y en los últimos dos años en tres paros generales, convocados por la unidad en la acción de la CTA Autónoma y la CGT disidente, y a veces en soledad por la CTA, cuestión que se repetirá el próximo 20 de noviembre, nada menos que el día de la soberanía.

No resulta menor el tema de la inseguridad, donde se escamotea en su análisis el creciente carácter delictivo que asume el capitalismo, con la producción y la circulación de drogas, de armas y de personas, junto a la fuga de capitales, la evasión y elusión fiscal. El capitalismo normal de este Siglo XXI está indisolublemente ligado al delito. Alguien puede decir que siempre fue así y tendrá razón, pero el carácter que adquiere hoy es gigantesco y tiene sus responsables principales entre las clases dominantes y el poder de los principales Estados del capitalismo mundial, al que se asocian los Estados nacionales de aquellos países que intentan pertenecer, entre ellos, el caso de la Argentina.

El capitalismo delictivo es una forma de explotación que ofrece mejores salarios a los “trabajadores” involucrados en el sistema del delito que a aquellos explotados en las formas regulares del orden capitalista, la producción y circulación de bienes y servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades reales o no de la población. La inseguridad asociada al delito crece en el país y en el mundo, y esas mafias organizadas tienen contacto con el sistema institucional, trasponiendo turnos de gobiernos y constituyéndose en un fenómeno estructural que dificulta la capacidad de constituir alternativa entre los trabajadores y los sectores populares.

La lucha contra el capitalismo es también una cuestión de soberanía, ya que el narcotráfico, la comercialización de armas, o de personas, la especulación financiera y económica está dirigida por redes globales en tiempos de transnacionalización del capital. No puede pensarse en una red de tráfico de drogas, de armas o de personas, de circulación del capital, sin la complicidad de los grandes bancos  entidades financieras del sistema mundial.

Beneficiarios de la política económica y la disputa del gobierno por diferentes fracciones de las clases dominantes

Precisamente a propósito de la soberanía, o si se quiere, a la falta de soberanía, es que pueden identificarse los mayores beneficiarios de la política económica luego de la convertibilidad, lo que involucra a los gobiernos de Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y dos periodos de Cristina Fernández, claro que con matices, pese a su origen en el Partido Justicialista, el PJ.

Consideramos al puntano, pues sin la declaración de cesación de pagos del 2001 no hay posibilidad de liberación de importantes recursos públicos para atender otras demandas del proceso de recuperación económica iniciado a mediados del 2002. Del mismo modo, es Duhalde y su devaluación en enero del 2002 el que otorga la condición de posibilidad para la competitividad de la producción local, y con ello la promoción de la producción y las exportaciones locales, claro que asociado a la coyuntura mundial de precios en alza de las “comodities”, entre ellas y principalmente de la soja, aunque antes de la insuficiencia energética, también válido para las exportaciones de petróleo y gas.

La revolución productiva, propuesta electoral de Duhalde en 1999 se materializa con la ruptura de la paridad en 1 de la divisa estadounidense con la moneda local. Los que demandaban esa medida eran los grandes dueños de la producción local, las corporaciones transnacionales y los grandes grupos económicos que nutren la Encuesta de Grandes Empresas en la Argentina. A ellos debe sumarse la banca privada extranjera y local, mayoritaria en el sistema financiero y principal actividad a la hora de explicar las mayores ganancias de los últimos años, cuando habían sido principales exponentes de la crisis en el 2001.

Si los beneficiarios de la convertibilidad entre 1991 y 2001 eran las empresas privatizadas de servicios públicos, los acreedores de la deuda pública y las grandes empresas transnacionales, a la salida de la convertibilidad ganaron presencia y liderazgo el sector industrial y agrario, especialmente aquellos asociados al comercio exterior.

En un sentido accesorio y subordinado, se beneficiaron sectores pequeños y medianos de la economía local, vía mejoras en el funcionamiento del mercado interno. Así, fueron incluidos como beneficiarios en la apropiación de la renta socialmente producida en el país, algo que se pone en discusión con la desaceleración entre 2012 y la actualidad, como con la merma de la capacidad de consumo de la mayoría de la población.

Fue base de disputa del consenso entre los llamados sectores medios que ahora se corren y buscan nuevas representaciones, aun cuando su situación mejoró notablemente respecto de los años 90´, los de la convertibilidad, la desindustrialización y de la dominación de la importación. Es cierto que son sectores de corta memoria y solo buscan el rédito inmediato, y en esta coyuntura pretenden mantener volúmenes de ingresos de renta del periodo de ascenso del nivel de actividad y de sus recursos. Si eso puede lograrse cambiando el gobierno cambian su voto sin problema, aunque nadie les asegure que eso pueda ocurrir. Existe una identidad ideológica que solo se rinde ante la realidad de ganancias efectivas de estos sectores medios, oscilantes en la adhesión a cualquier proyecto que no atienda directamente sus intereses.

Conviene señalar que el modelo productivo y de desarrollo surgido luego del 2001 está sustentado en la institucionalidad económica y política gestada desde 1975/76, es decir, la última parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (junio del 76 a marzo 76) y especialmente la dictadura (marzo del 76 a diciembre del 83), que abrió las puertas a una mayor inserción subordinada de la Argentina a la división internacional del trabajo en el orden capitalista. Calro que en los 90´, el proceso se consolidó, con buena parte de sectores que hoy militan la posición oficial del kirchnerismo en el gobierno.

La pueblada del 2001 puso fin al ciclo de ofensiva capitalista iniciado en 1975. Fue producto de la acumulación de poder de innumerables luchas del pueblo contra el “rodrigazo” en junio del 75; la dictadura y los planes en los 70´ y 80´, posteriormente ejecutados en los 90´ con las privatizaciones, y diversos mecanismos de subordinación al capitalismo hegemónico, transnacional, vía endeudamiento, apertura económica y sumisión a condiciones contractuales a tribunales externos y a la lógica de la ganancia de los grandes capitales de la producción y la especulación. En la resistencia se gestó el poder popular para frenar la lógica del saqueo y el hartazgo de la población, pero sin identificar que el problema era el orden capitalista.

Ese límite en la lucha popular facilitó la tarea de reorganización del poder en torno al kirchnerismo. Vengo a “recuperar el capitalismo nacional” dijo explícitamente Kirchner en 2003 cuando asumió y pronunció su discurso de inicio de gestión. Es una perspectiva buscada desde la recuperación económica, especialmente del mercado interno, en rigor, con la difusión del consumo, lo que aceitó las condiciones para otorgarle al kirchnerismo el consenso electoral creciente para la administración del capitalismo local hasta el 2011/13 y ahora puesto en discusión. El proceso posterior es crítico para el gobierno, porque cambiaron las condiciones de posibilidad del consenso. La economía dejó de acompañar y se manifiesta en pérdidas de reservas internacionales desde los 52.000 millones de dólares acumulados hacia el 2011, para llegar a los 28.000 millones actuales; la escalada de la inflación a valores cercanos al 40% anual, aun cambiando la metodología de medición del INDEC. Esta sigue siendo una institución no confiable, denunciada principalmente por sus trabajadores, los que denuncian regularmente el escándalo de la manipulación estadística, que impide rigurosos análisis.

Las clases dominantes que se vieron favorecidas en el ciclo ascendente y siempre desconfiaron del discurso por los derechos humanos o las alianzas en la región, especialmente con Venezuela y Cuba, iniciaron acciones ideológicas, políticas y económicas para el logro de una nueva devaluación, lo que lograron en enero del 2014 y ahora van por otra devaluación, antes de finalizado el mandato de Cristina Fernández o inmediatamente luego del cambio de gobierno. Las devaluaciones siempre perjudican a los perceptores de ingresos fijos, trabajadores activos o pasivos, perceptores de jubilaciones, pensiones o planes sociales. La devaluación del 2002 no se notó lo suficiente por la elevada tasa de pobreza, indigencia y desempleo, asociada a bajísimos salarios. Desde ese momento se tomó más en cuenta la recuperación de ingresos vía una política social que se masificó por diferentes programas, sobre la base del planteo que sustentó la CTA y el Frente contra la pobreza durante los años previos a la pueblada del 2001. Remitimos al seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogar desocupados, a la asignación para menores y los ingresos previsionales para todos los mayores de 65 años, algo que se ejecutó con deformación por los distintos gobiernos desde Duhalde hasta el presente.

Los planes sociales actuales, aun con deformación, son producto del programa de lucha que instaló la CTA en los años 90 y constituyen un triunfo de la lucha popular. Las posteriores devaluaciones, sucesivas desde el 2002, del 1,4 a 1 hasta el 8,5 actual, especialmente la modificación del tipo de cambio de enero del 2014, afectó la capacidad de compra del salario y los ingresos fijos de los sectores populares, con lo cual, toda salida vía devaluación luego del auge y recuperación del 2002 al presente es considerada como un ataque directo a los ingresos populares.

Iniciativas políticas contrapuestas definen el momento actual de la lucha de clases en la Argentina

La lucha de clases hoy se expresa en la iniciativa de las clases dominantes por la devaluación para hacer competitivas a las empresas que producen en el país, sea para el mercado interno o el mercado mundial, y en ese marco disputan la renta con acreedores externos, especialmente los fondos buitres, que pretenden una parte mayor de esa misma renta. El 2015 es escenario probable de negociación y acuerdo con estos buitres, restando capacidad de gasto en otras demandas de los trabajadores y sectores populares.

Es una disputa de todos contra todos en el seno de las clases dominantes y por eso los matices son mínimos entre el gobierno que retoma la agenda económica por derecha, cancelando a Repsol una indemnización con más deuda pública; pagando las sentencias del CIADI con deuda; acordando con el Club de París del mismo modo. Son todas medidas que cualquiera de la oposición sistémica hubiera realizado de ser gobierno, sea el PRO de Macri, el Peronismo Renovador de Massa, el mismo Scioli dentro o fuera del kirchnerismo y claro, los radicales en UNEN y otras variantes en su seno. La discusión sobre la sentencia de EEUU y los fondos buitres se dirime en la oportunidad, el cómo y el cuanto de la negociación y cancelación. Muy alejada de la posición sustentada desde distintos ámbitos del movimiento popular por la suspensión de los pagos de la deuda y la constitución de una auditoria con participación popular para deslindar deuda legítima de ilegitima, ilegal e incluso odiosa.

La agenda asumida por el gobierno desde las elecciones del 2011 (sintonía fina insuficientemente ejecutada) y más precisamente, luego del resultado electoral negativo del 2013, se acerca a las propuestas de los principales referentes de la oposición política y las demandas de las clases dominantes.

Por eso interesa la iniciativa de la clase obrera y el conjunto de los sectores populares para enfrentar en la lucha de clases contemporánea la iniciativa hegemónica de los que dominan y gobiernan. Resulta imprescindible extender el conflicto social, algo que está claro en la CTA Autónoma y variadas expresiones políticas del movimiento obrero en fábricas y empresas, como en los territorios de la precariedad, lideradas por la izquierda política y un activismo militante que en la experiencia consolida una propuesta clasista, anticapitalista y antiimperialista, crecientemente anti patriarcal y contra el racismo. Estas son las bases de un programa necesario, alternativo a la propuesta gubernamental y de la oposición sistémica.

La forma para hacerlo realidad supone una gran articulación de propuestas políticas en la lucha cotidiana, que incluyen el momento electoral, con algunas candidaturas lanzadas e incluso ámbitos del movimiento popular que mantienen una posición distante del proceso electoral. Una propuesta articulada de sectores populares que se reconocen en el clasismo, el anticapitalismo, antiimperialismo, el anticolonialismo, en la lucha contra el racismo y el patriarcado, necesitan expresarse unidos en la perspectiva electoral del 2015 y constituir una base para disputar consenso social en una prédica contra el orden del capital, esencia de nuestros problemas.

Es en esas condiciones que Argentina puede sumar su experiencia a otras que en la región y en el mundo aspiran a la lucha por la emancipación social y el socialismo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2014