En materia de deuda pública
existe un fuerte consenso en el sistema político para pagar, tanto en el
oficialismo como en la oposición sistémica.
El gobierno presentó un proyecto
de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República
Argentina”, cambiando la sede de pago y el ente fiduciario responsable a los
acreedores que ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010. Con esa ley se
empuja un nuevo canje voluntario para cobrar la deuda canjeada y se designa al
Banco Nación como ente de pago en lugar del banco de Nueva York. En el proyecto
se incluye la decisión de cumplir con el 100% de los acreedores, es decir,
también a los fondos buitres.
Más allá de la discusión
parlamentaria que se suscitará en los próximos días, se desconoce el efecto de
la medida entre los bonistas ingresados a los canjes. Por eso, se sugiere que
la medida parece un intento del gobierno por inducir a los bonistas del canje a
demandar al juez estadounidense para que levante la acción que impide cobrar en
el Banco Mellon de Nueva York, tal como lo hicieron bonistas europeos o el
propio City Bank, cuyo reclamo aceptó en estos días la Cámara de Apelaciones de
Nueva York. El problema es que el 30/9 hay un nuevo vencimiento de la deuda del
canje y se pretende depositar los recursos en el Banco de la Nación como nuevo
ente fiduciario para la cancelación de deuda. También se depositará allí el
monto de cancelación de los bonistas no ingresados a los canjes, incluidos
claro está los fondos buitres, bajo las mismas condiciones de los canjes del
2005 y 2010.
La discusión mayoritaria en la
Argentina continúa en la senda del pago de la deuda y no en la investigación o
auditoría de la misma, lo que supondría la suspensión inmediata de los pagos
del conjunto de la deuda pública. Es la manifestación del club de pagadores,
que avalaron los canjes del 2005 y 2010 y coincidieron en la reapertura del
2013.
Argumentos
para la nueva ley y base de una campaña alternativa
En el mensaje presidencial del
martes 19 de agosto pasado se señaló que desde 1983 en adelante, el Parlamento
legalizó la deuda e imposibilita revertir la situación. En ello coincide la
oposición sistémica, aún matizando cuanto se debe pagar, cómo y cuando.
Vale recordar que en junio del
2000, la justicia argentina, mediante sentencia del Juez Ballesteros denunció
el fraude de la deuda, lo que podría ser la primera parte de una auditoría que
debería incluir las investigaciones judiciales relativas a los sucesivos canjes
de deuda en tiempos constitucionales. Es un fallo que contradice el argumento
de legitimación de una deuda fraudulenta. Esta es la base de los argumentos de
quienes empujan una campaña popular para suspender los pagos de la deuda
pública e investigar vía auditoría la misma.
Son dos posiciones confrontadas,
una mayoritaria en el sistema político por pagar, con un debate sobre cuándo,
cuánto y cómo. Otra más asentada en sectores del movimiento popular por el no
pago, que incluso contacta con argumentos contra los fondos buitres que
sostienen adherentes a la política oficial.
La posición gubernamental fue
sostenida en el discurso presidencial del pasado martes 19 de agosto al
anunciar la remisión al Congreso de un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de
la República Argentina”[1].
Al anunciar el proyecto de ley
en cadena nacional, la presidenta sostuvo que se trata de “...una historia, que
comenzó en 1976, cuando el monto total de la deuda externa, al momento de
producirse el derrocamiento del gobierno constitucional, ascendía solamente a
8.000 millones de dólares. A partir de aquel golpe de Estado y a partir de los
sucesivos gobiernos democráticos también, desde el 10 de diciembre de 1983, en
adelante, esa deuda externa fue creciendo exponencialmente y convirtiéndose en
una condicionante severo, crítico del crecimiento argentino, del desarrollo
argentino y de las posibilidades de nuestro país como Nación.”[2]
Queda clara la alusión a la
“legalización” del fraude de una “deuda odiosa” asumida por la dictadura entre
1976 y 1983 por la hegemonía parlamentaria, pese a la sentencia condenatoria
del Juez Ballesteros de junio de 2000 imputando responsabilidades a varios
funcionarios y complicidad de empresas y bancos privados, locales y
extranjeros. Esa legalización se utiliza como escudo para no investigar la
deuda y continuar la estrategia de cancelación, que en estos años, según se
reconoce en el discurso presidencial han representado nada menos que 190.000
millones de dólares, un monto equivalente a 3.800.000 viviendas a un costo de
50.000 dólares cada uno, más que suficiente para resolver el déficit de
viviendas en el país.
Como mucho, desde la oposición
sistémica se discute cuando y como pagar la deuda, algo que ocurrió cuando se
debatió cancelar deuda con reservas internacionales (posición del ejecutivo) o
con recursos fiscales (sostenido por la oposición sistémica y el titular del
BCRA), lo que motivó un importante conflicto político en enero del 2010 con la
renuncia a la presidencia del BCRA de Hernán Martín Pérez Redrado, y más tarde,
en abril del 2012, las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA.
El debate relativo a cuando y
como pagar se reitera ante la sentencia del Juez Griesa en EEUU, favorable a
los fondos buitres. En general no se discute ni investiga el fraude, por lo que
crece una campaña popular por la suspensión de los pagos y la auditoría
inmediata del conjunto de la deuda pública.
El comunicado de prensa
mencionado de la Casa Rosada señala que los objetivos del proyecto remitido al
Congreso de la Nación “...es salvaguardar el cobro de los tenedores que
adhirieron a los canjes de 2005 y 2010” y agrega que “... se instrumentará el canje,
en las mismas condiciones, para los acreedores que no ingresaron a las
anteriores reestructuraciones”, enfatizando “Que nadie diga que Argentina se
niega a pagar: lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”,
afirmó la Jefa de Estado.”
El proyecto de ley, con todo su
palabrerío soberanista, lo único que dispone concretamente es abrir una
ventanilla de pago en Buenos Aires para los bonistas que acepten ese cambio de
lugar y ofrece pagarles a los buitres en esa misma ventanilla en las condiciones
convenidas con los bonistas, es decir con una quita importante.
“Capitanich hizo una síntesis de
la iniciativa enviada ayer al Congreso: "1- Establece un sistema de
depósito para la totalidad de los bonistas en virtud de las leyes que
establecieron la reestructuración de la deuda de 2005-2010. 2 - Cambio del
agente fiduciario, que incumplió el contrato y su sustitución por Nación
fideicomiso 3 - Jurisdicción: la Argentina establece los mecanismos para que el
depósito correspondiente a los servicios de la deuda llegue a los tenedores de
modo voluntario; los tenedores deben aceptar la jurisdicción y,
consiguientemente, establecer los mecanismos para recibir los pagos".[3]
Consultado sobre la perspectiva
de que un grupo de bonistas promueva la convocatoria de una asamblea de
tenedores, el funcionario respondió que "es factible en el marco del
prospecto". No obstante, explicó que la Argentina "ha tomado decisión
de enviar al Congreso el proyecto de ley de pago soberano y propicia dos
decisiones trascendentales: el cambio del agente fiduciario en virtud de que el
agente oportunamente designado incumple sus obligaciones y el cambio de lugar
de pago, no de jurisdicción, lo cual permite garantizare que al tenedor de modo
voluntario puede efectivamente cobrar en la Argentina".
Respecto al anuncio realizado el
martes 19 de agosto sobre el envío del proyecto de ley de pago local a los
tenedores de bonos, según informa la Casa Rosada en mensaje citado, Cristina
Fernández sostuvo que el objetivo es “además de evidenciar la voluntad e pago
al 100% de los acreedores, generar los instrumentos para que esa voluntad de
pago se materialice en tiempo y forma”. Puntualizó que “el próximo vencimiento
de 200 millones de dólares que tenemos que pagar se operará el 30 de septiembre
del corriente año, luego hay otro en octubre y uno más grande en diciembre”.
Afirmó que esta solución surge “ante la obstrucción ilegal e ilegítima que
hemos sufrido” por parte del juez Griesa para que los bonistas puedan hacerse
con los recursos que les pertenecen.
Acerca del diferendo con los
fondos buitres, insistió que “nos dimos cuenta que el negocio de ellos era no
negociar, no acordar. Y que además contaban con una justicia que los amparaba,
nos dimos cuenta que debíamos generar instrumentos para garantizar el pago de
la deuda”. “No es una actitud patriotera, no voy a recurrir a discursos con
olor a naftalina. Simplemente, voy a recurrir a la verdad, a las injusticias e
ilegalidades que se han cometido, lo que no nos dejó ningún camino más que
realizar este canje de deuda”, aseveró.
Afirmó que “si alguien quiere
dar más, tendrá su oportunidad de gobierno, para hacerla. Pero esta Presidenta
cree realmente que se ha pagado lo que correspondía”. Resaltó que “Argentina ha
pagado 190 mil millones de dólares, en materia de deuda” y agregó que se ha
“logrado la ratio de deuda más bajo de nuestra historia”.[4]
El
contexto económico y político
El conflicto suscitado con los
fondos buitres y la justicia estadounidense no resulta inocuo en materia
económica y político y se siente en las múltiples presiones en la disputa por
la renta nacional y en la gestión del capitalismo local y en la expectativa por
generar alternativa popular.
Desde el gobierno, la
preocupación radica en la interrupción de una estrategia que apuntaba a
retornar al mercado de crédito mundial. Así lo reconoce la Presidenta cuando en
su mensaje destacó el reciente pago a Repsol, el cumplimiento de las sentencias
del CIADI y el acuerdo con el Club de París. Ahora, el default selectivo
decretado por las consultoras al servicio del sistema financiero mundial demora
el ingreso de inversiones o de préstamos externos que requiere el sector
privado y público en la Argentina.
La realidad es que existen
tensiones en la cuestión fiscal y en el comercio externo que no se resuelven en
las condiciones actuales sin ingresos de capital del exterior. Entre otros
indicadores, uno de ellos es la tendencia a la pérdida de reservas
internacionales. Por un lado motivado en las recurrentes cancelaciones de la
deuda, que hasta fines del próximo año demandan más del 50% de las reservas,
pero también para intentar contralar la depreciación de la moneda local, que el
viernes pasado (22/08/2014) una importante venta de dólares de reservas
realizada por el Banco Central para contener la subida del dólar oficial que
había llegado a cotizarse a 8,44 para dejarlo al cierre de la jornada a 8,40
pesos por cada dólar.
Esos movimientos en la divisa
estadounidense están asociados a presiones del “club de la devaluación”, por
razones especulativas o asociadas a demandas de grandes productores y
exportadores. El sector más concentrado de las finanzas privadas y de la
producción industrial y agraria buscan acelerar las devaluaciones de la moneda
local, en un mecanismo similar al de hace un año y que culminó con la
devaluación de enero pasado con un dólar a 8 pesos. Vale recordar que desde
enero del 2013 a enero del 2014, la cotización oficial había pasado en
minidevaluaciones semanales o incluso diarias, de casi 5 a casi 7 pesos por
dólar y ahora, desde la corrección cambiaria de enero se pasó de 8 a 8,40 entre
enero y agosto de 2014.
El problema es que la divisa es
un precio más en la economía y por lo tanto, hasta por razones especulativas o
de expectativas incide en el conjunto de los precios y afecta a los sectores de
menores ingresos, base del conflicto social y el anunciado paro nacional de la
próxima semana (27 y 28 de agosto).
Las empresas suspenden y
cesantean bajo el marco de la recesión y desde el gobierno se sale al cruce de
la situación planteada convocando al Consejo del Salario Mínimo para el 29 de
agosto, al día siguiente de finalizada la medida de fuerza convocada por la CTA
y la CGT. El sindicalismo convocado al evento anticipa un incremento del 35%,
acorde a la evolución de los precios en el último año, muy lejos de las cifras
oficiales.
Asistimos a una pulseada con
intereses confrontados que vía precios e inestabilidad laboral se descarga
sobre los trabajadores y sectores de menores ingresos.
El sindicalismo oficialista
posterga toda protesta y subordina sus reivindicaciones bajo los argumentos del
oficialismo de privilegiar la discusión en la coyuntura en materia de deuda. Se
intenta profundizar la fragmentación en la lucha del movimiento de
trabajadores. En contraposición, la política de unidad de acción en la
confrontación al ajuste, aún con modelos sindicales diferenciados y
antagónicos, la jornada de movilización y paro por 36 horas de la CTA en
coincidencia con el paro de 24 de la CGT apunta a hacer visible a los
trabajadores como actores sociales en la disputa política.
La discusión en torno a la
acumulación política de la protesta pone en evidencia la necesidad de construir
alternativa política popular que otorgue cauce a la demanda anticapitalista
para superar la situación actual de ajuste perpetuo y chantaje vía
endeudamiento público.
Buenos
Aires, 25 de agosto de 2014
[1] “La
Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley de pago soberano local de la
deuda externa”, Martes, 19 de Agosto de 2014, Casa Rosada, Presidencia de la
Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27836
(consultado el 23 de agosto de 2014)
[2] “Anuncio
del proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa: Palabras de la
Presidenta de la Nación”, en: http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27838-anuncio-del-proyecto-de-ley-de-pago-soberano-local-de-la-deuda-externa-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion
(consultado el 23 de agosto de 2014)
[3] “Capitanich:
proyecto de ley sobre deuda pública busca "garantizar la voluntad de pago
incólume de la Argentina", Miércoles 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada,
Presidencia de la Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27840-capitanich-proyecto-de-ley-sobre-deuda-publica-busca-qgarantizar-la-voluntad-de-pago-incolume-de-la-argentinaq
(consultado el 23 de agosto de 2014)
[4] “La
Presidenta remarcó la necesidad de “generar un mercado de capitales propio en
la Argentina”, Miércoles 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la
Nación Argentina, en: http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27841-la-presidenta-remarco-la-necesidad-de-generar-un-mercado-de-capitales-propio-en-la-argentina
(consultado el 23 de agosto de 2014)
Como siempre Julio, excelente.
ResponderEliminarEl miedo al default esconde detrás un modo de encubrir el sistema económico que da calambre.
Abrazo!