La economía argentina se
desacelera en el marco de fuertes presiones de los acreedores de la deuda con
sentencia favorable de la justicia de Nueva York.
En efecto, el INDEC[1] señala que “La estimación
preliminar del PIB del primer trimestre de 2014 muestra una variación negativa
de -0,2% con relación al mismo período del año anterior”.
Agrega el organismo oficial de
estadísticas que “El PIB desestacionalizado del primer trimestre de 2014 con
respecto al cuarto trimestre del 2013 arroja una variación de -0,8%.”
La información se extiende
destacando que la variación negativa de la oferta se explica por la mencionada
caída del PIB y “fundamentalmente por la reducción de las importaciones de
bienes y servicios reales -3,8%.” Por el lado de “...la demanda se observó una
variación negativa del -6,4% en las exportaciones de bienes y servicios reales,
un crecimiento de 1,9% en la formación bruta de capital, un aumento de 3,4% del
consumo público, en tanto que el consumo privado decreció -1,2%.”
Queda claro que el impacto se
concentra en el sector privado y que los datos son amenguados por la
intervención estatal en sostener el gasto público, tensionada en la coyuntura
por las demandas de diversos sectores sociales del país con sus
reivindicaciones de ingresos y los acreedores de la deuda pública,
especialmente los que demandan ante la justicia de EEUU.
En el interior del país existen requerimientos
de fondos públicos los docentes universitarios, en conflicto con las
autoridades de Educación y Economía, en el marco del ajuste del salario deteriorado
por las condiciones de negociación vigente y la aceleración de los precios en
el último tiempo. También demandan los jubilados que solicitan recursos extras
a mitad de año, el aguinaldo, precisamente por el retroceso de los ingresos
previsionales contra la evolución de los precios en el primer semestre del
2014. Del mismo modo que los trabajadores regularizados pretenden subas del
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o su directa eliminación. Son
estos, parte de las presiones locales sobre los disminuidos recursos fiscales y
que compiten con los acreedores de la deuda pública.
Cumplir
con el 100% de los acreedores
El discurso oficial, apoyado por
el arco opositor con capacidad de ser gobierno, manifiesta la vocación de cancelar
la deuda en su totalidad, sea el 92,4% ingresado a los canjes de deuda del 2005
y 2010, como al 1% que hizo juicio en Nueva York y ya tiene sentencia en firme,
como al resto no ingresado al canje y que explica la continuidad del default
(cesación de pagos) iniciado a fines del 2001.
Muy pocos parlamentarios se
manifiestan contrarios a honrar el fraude de la deuda, según manifiesta la
sentencia del Juez Ballesteros del año 2000, o las múltiples denuncias en sede
judicial en la Argentina contra operaciones de canje de deuda en tiempos
constitucionales. Algunos razonamientos aluden críticamente a la mayor validez
otorgada a una sentencia gestada en EEUU que a otra surgida desde la Argentina.
En rigor, existe en el país una
tendencia mayoritaria en el régimen político institucional favorable al pago de
la deuda, mientras resurge una corriente crítica, que entre otros se manifiesta
en la Carta dirigida al Juez Griesa por parte del Premio Nobel de la Paz Adolfo
Peréz Esquivel donde señala que "no es un justo pagar una deuda ilegítima
e inmoral"[2].
Esta corriente de opinión crítica retoma la consigna del No pago de la Deuda que
se sustenta en una larga tradición de pensamiento y acción contra el orden
capitalista y sus derivaciones especulativas, financieras y usurarias.
La crítica al endeudamiento y la
presión acreedora se anima en declaraciones de apoyo, algunas que se destacan
por el origen, caso de las opiniones de los presidentes ecuatoriano o boliviano.
Rafael Correa manifestó "Toda
nuestra solidaridad a Argentina, todo nuestro apoyo. Yo creo que no debería
pagar eso". Agregó que "Unidos, con una acción concertada de América
Latina, se podría evitar aquello, pero creo que todavía estamos lejos de esa
capacidad de coordinación". Siguió diciendo que "el orden mundial no
solo es injusto sino inmoral, y solo unidos podremos resistir a ese injusto
orden mundial o incluso cambiarlo, solo unidos, la integración latinoamericana.”[3]
Evo Morales, en su condición de
presidente pro-témpore del Grupo de los 77 más China (G77+China), anunció que
se comunicará "con otros mandatarios a ver qué podemos hacer para derrotar
esta clase de asalto, de especulación financiera, a la extorsión económica"[4], con relación a la
sentencia estadounidense a favor de la demanda de cobro contra la Argentina.
Recordemos que la presidencia boliviana del G77+China es lo que facilitó la
presencia urgida del Ministro de Economía de Argentina en la sede neoyorkina de
Naciones Unidas, informando sobre la situación creada a propósito de la
sentencia del Juez estadounidense.
La opción que surge de movimientos
populares locales y expresiones parlamentarias en Argentina contra el pago de
la deuda, se vincula a las voces desde el exterior que claman por una nueva
arquitectura financiera en la región. En rigor, demandan ensayos de caminos
alternativos a la lógica del capitalismo de época. Es algo a procesar desde las
definiciones que surjan desde la Argentina en el marco de una integración
alternativa a la que sugiere el orden capitalista. Claro que eso supone ir en
camino totalmente inverso a la decisión mayoritaria por honrar el fraude del
cáncer de la deuda.
La
deuda pública No puede y No debe pagarse
Pero más allá de opiniones,
importan los hechos que remiten a las dificultades de la economía argentina y
las restricciones para hacer frente a los pagos externos, lo que implica
señalar que el país no puede pagar, salvo con la recurrencia de mayor
endeudamiento, y en consecuencia, el agravamiento de una hipoteca sobre el
presente y el futuro de generaciones.
Si el default del 2001 por
100.000 millones de dólares se sustentó en una deuda impagable de 144.000
millones de dólares, y la presidencia informa que se abonaron en una década
173.000 millones de dólares, y el último dato oficial indica una deuda de
209.000 millones de dólares, a lo que debe adicionarse los bonos emitidos para
cancelar sentencias al CIADI, compensación a Repsol por la expropiación parcial
de YPF, el arreglo al Club de París y la sentencia de la Justicia de EEUU, más
otras demandas de holdout, la deuda se estira hasta los 240.000 millones de
dólares.
El problema es que el argumento
oficial y el apoyo de la oposición sistémica es que se necesitan nuevos préstamos
e inversiones. Es más, el argumento oficial transita por el desendeudamiento,
que habría servido para volver a tomar deuda. Todos los caminos conducen al re-endeudamiento,
aun cuando la deuda tenga una proporción menor en el PIB que hacia el 2001.
Todo se reduce a más deuda para cancelar deuda y continuar profundizando el
cáncer de la deuda.
La cuestión se agrava con el
paso de los días. El gobierno dispuso cancelar a deudores ingresados al canje
depositando los recursos necesarios en el banco pagador de Nueva York, En lugar
de embargar, el Juez Griesa en EEUU, indicó al banco devolver los fondos y
exige a la Argentina negociar con los acreedores de la sentencia en firme por
1.500 millones de dólares.
No se sabe cómo sigue la historia,
pero es un cuento en capítulos diarios, con novedades e incertidumbres sobre el
costo definitivo que significa pagar la deuda con más deuda que resta
posibilidad a satisfacer necesidades insatisfechas de la población. Por eso, porque
no se puede pagar sin mayores privaciones populares es que la deuda no debe
pagarse.
Costos
por pagar o no pagar
El interrogante inmediato es
¿qué pasaría si no se paga? Lo mismo que ocurrió luego de la cesación de pagos
de diciembre del 2001. Si en el 2001 se utilizaron 12.000 millones de dólares
para cancelar deuda, al año siguiente, en default, la cifra bajó a 3.000
millones, utilizando la diferencia para otros fines, que aun cuando se los
discuta sobre a quienes se beneficiaron con esas políticas, la realidad es que
se facilitó un proceso de aplicación de recursos públicos para la recuperación
de la economía local.
Además, quedar afuera del mercado
mundial de préstamos, favoreció la posición local ante la crisis mundial emergente
en 2007-2009, por ausencia de exposición a nuevo endeudamiento, cuestión que
afectó seriamente a países fuertemente endeudados, caso de Grecia.
¿Necesita Argentina nueva deuda
e incluso inversiones externas, tal como señala el discurso mayoritario de
gobierno y oposición, en consonancia con la lógica de las clases dominantes?
¿Es bueno ser país emergente, destinatario de préstamos e inversiones externas?
Diremos hasta el cansancio que
es emergente el país que ofrece fuerza de trabajo barata y abundantes recursos
naturales. Son los factores que hacen al modelo productivo y de desarrollo
hegemonizado por transnacionales, que para el caso argentino se asocian a la
soja, la mega minería o al petróleo y gas no convencional. ¿Es la única opción
productiva? No, se puede transitar otro camino, y no supone el aislacionismo,
sino la decisión de articular integradamente con la región la posibilidad de
una alternativa de cara al Sur del mundo.
El tema de la solidaridad es de
ida y vuelta. Argentina no acompañó con proceso similar a Ecuador en 2007
cuando este país hizo su auditoria para disminuir el monto de deuda por
ilegalidad de la misma. El país tampoco acompañó a Bolivia, Venezuela y Ecuador
cuando éstos se retiraron del CIADI, además que Brasil nunca lo reconoció. El
país está en mora solidaria con esos procesos y bien podría ahora retomar una perspectiva
crítica sobre la base de los pronunciamientos contra la extorsión de la
justicia estadounidense y el accionar de la especulación que expresan los
fondos buitres.
La Argentina puede sostener el
No Pago de la Deuda y su investigación, para luego renegociar eliminando la
cesión de soberanía jurídica, junto a la denuncia de la institucionalidad
subordinada: los tratados bilaterales en defensa de las inversiones, como la
inserción al CIADI.
Confirmamos que este rumbo
supone discutir la inserción en el orden capitalista y construir una lógica
inspirada en la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, lo que
puede abordarse desde un programa de soberanía (alimentaria, energética,
financiera) e integración regional.
Buenos
Aires, 27 de junio de 2014
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