Argentina pagará 5.000 millones
de dólares a Repsol por la expropiación parcial de YPF realizada en 2012. La
petrolera española se compromete a retirar las demandas contra la Argentina.
Algo que ocurrirá si la asamblea de accionistas de Repsol lo aprueba y lo mismo
hace el Parlamento argentino.
El pago se realiza en bonos con
vencimientos que llegan al 2033, que en caso de desvalorización, la Argentina
se compromete a compensar con otra emisión de títulos por 1.000 millones de
dólares.
Se trata de nueva deuda pública
y marca el rumbo de mayor endeudamiento asumido en el último tiempo.
Los montos involucrados, de
5.000 a 6.000 millones de dólares, son valores superiores a los contables, lo
que se explica en la imposibilidad de pagar al contado, por lo cual, resulta
una cancelación financiada y altamente rentable para Repsol.
Si se busca una explicación a
este pago, la justificación está en la necesidad de acudir al mercado mundial
para financiar la tercera reserva mundial de “shale”, los hidrocarburos no
convencionales, e inscribir a la Argentina como potencia petrolera. Siempre se
sostuvo que Argentina tenía petróleo, pero que no alcanzaba a calificar como
país petrolero, situación que se modificaría con la explotación del yacimiento
de Vaca Muerta.
La expropiación sin pago a
Repsol era esgrimida mundialmente por las transnacionales petroleras como una
restricción al ingreso de capitales para el desarrollo de la producción de
hidrocarburos, ya que son estas transnacionales los que tienen la tecnología
necesaria para realizar la extracción.
Con el pago a Repsol y el
acuerdo oportunamente realizado con Chevron se apunta a tentar a otros
inversores internacionales para transformar la potencialidad del yacimiento
Vaca Muerta en realidad. Es un llamado al capital externo para invertir en la
Argentina, asegurando rentabilidad. En el mensaje presidencial de apertura de
las sesiones parlamentarias del 2014, la Presidenta destacó el crecimiento de
3,4% en la producción petrolera y 2,2% en gas con inversiones por más de 1000
millones de dólares.
Un detalle no menor del mensaje
al Congreso devino en la justificación de la privatización, al reconocer “fue
para poder pagarle a las provincias las regalías que no nos liquidaban",
tras lo cual resaltó que con la expropiación parcial se ha "vuelto a
federalizar el recurso, porque así lo exige la Constitución nacional, que
establece en cabeza de las provincias la propiedad de los recursos". Vale
mencionar, que una de las limitaciones más seria para una nacionalización
completa de YPF es precisamente la provincialización de los recursos naturales
que dispuso la reforma constitucional de 1994, mecanismo que aseguró que las
provincias avalaran el objetivo político del Pacto entre Menem y Alfonsín.
Energía
para qué y para quién
Lo que no se discute es el para
qué de esa producción energética, la dependencia tecnológica, económica y
financiera. Un poco más se discuten los costos ambientales y sociales de la
aplicación de la fractura hidráulica o fracking para la extracción.
El argumento que preside la
política energética remite a la necesidad del autoabastecimiento, que por ahora
supone anualmente una importación de combustibles del orden de los 12.000
millones de dólares. Todo para que funcione el modelo sojero y agrario de
subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología; la
mega minería a cielo abierto; la industria del automotor y el complejo
industrial de armaduría.
Ese modelo productivo es el que
debe discutirse, el que demanda esas magnitudes de consumo energético, lo que
nos llevaría a pensar y polemizar sobre que modelo energético se requiere para
nuestro país. En rigor, se sigue la lógica del capitalismo hegemónico,
estadounidense, con una fuerte apuesta a la producción de hidrocarburos no
convencionales, que más allá de resistencias en varias poblaciones y algunas
disposiciones legales restrictivas a esa tecnología y modo de producción, le
está permitiendo a EEUU disminuir sus necesidades de importación y retomar el
camino del autoabastecimiento petrolero.
El modelo productivo en el
capitalismo contemporáneo apuesta fuertemente a la explotación de la fuerza de
trabajo y a la depredación acelerada de la Naturaleza. Por ello es importante
interrogarse sobre el modelo energético. ¿Un modelo de extranjerización y
dominación de tecnología en manos de transnacionales del petróleo o una
concepción alternativa?
Esta semana se hizo una Asamblea
popular sobre la crisis energética donde se sostuvo el Derecho a la Energía,
una posición levantada históricamente por la Federación de los Trabajadores de
la Energía, la FeTERA, agrupamiento enrolado en la CTA.
La política energética viene
definida desde los 90´ con privatizaciones, una política que sirvió para extraer
todo el petróleo y gas posible privilegiando la obtención de ganancias,
especialmente Repsol-YPF, y reorientar esas utilidades para inversiones en
otros territorios, caso de África.
El cambio de gestión de la
petrolera con la expropiación parcial no modificó el sentido productivo de YPF,
donde la concepción mercantil se impone a una estrategia productiva para
asegurar el derecho a la energía. Por eso es que se afirma que la fractura
hidráulica es la mejor opción tecnológica, aun cuando se reconocen sus impactos
contaminantes. Después de todo, argumentan
los defensores del fracking, toda actividad industrial y más las
extractivas, contaminan.
Al mismo tiempo crece la
conciencia social y el debate sobre el fraking y sus efectos contaminantes, que
se expresa en un movimiento social extendido que se manifiesta a varias
declaraciones de Concejos Deliberantes de municipios que se pronuncian como
territorios libres de fracking.
Lo que predomina por ahora es la
negativa a la técnica extractiva, contaminante, y muy poco la discusión sobre
el modelo energético y productivo en general, es decir, el para qué de la
energía. Ello conlleva la discusión por un proyecto de soberanía energética,
que pueda articular una propuesta definida regionalmente, en el camino de
Petro-América que alguna vez propuso Hugo Chávez.
2
de marzo de 2014
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