Actualización del mínimo no imponible

Una de las reivindicaciones de los sindicatos en el último tiempo apuntaba a la actualización del mínimo no imponible de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, aunque recordemos que en algunos casos se criticaba el carácter del tributo ya que los trabajadores perciben salario y no ganancias. Para este caso, la reivindicación pasa por la eliminación del impuesto.
Más allá de ese debate de fondo y que remitiría a una demorada reforma tributaria, a casi dos años de la anterior actualización del mínimo no imponible, finalmente se anunció una actualización a partir del primero de marzo próximo, tiempo de paritarias para actualizar salarios. Casi al mismo tiempo se aumentan ambas variables, el salario y el mínimo no imponible, con lo cual, desde el punto de vista de la mayor capacidad de ingresos, la medida resulta discutible. Es cierto que se puede argumentar que si no se actualizaba el mínimo no imponible, el descontento entre los trabajadores afectados hubiese sido mayor.
Vale considerar que tanto las negociaciones colectivas, como la carga tributaria, operan sobre una parte de los trabajadores. Recordemos que 35% de los trabajadores están en situación irregular por no estar registrados por sus patronales, con lo cual, esos trabajadores solo reciben actualizaciones marginales de sus ingresos aún cuando negocien adecuadamente los trabajadores sometidos a regímenes de convenios colectivos. Claro que tampoco tributarán ganancias, por no estar registrados y además, sus ingresos son menores a la media de los ingresos salariales, los que están por debajo del mínimo no imponible.
El descontento de los sindicalistas remite a la inflación real registrada desde la última actualización, que por remitir a casi dos años acumula entre 40 y 50%, según sea la estimación que se asuma ante la increíble cifra aportada por el INDEC, que valida el 20% de actualización anunciada esta semana. El tema preocupa porque más allá de la cantidad de personas que terminen tributando, creció en este tiempo la cantidad de trabajadores sujetos al impuesto.
La situación de disconformidad deriva en mayor conflictividad en defensa del ingreso, que viene deteriorado en su capacidad de compra por el crecimiento de los precios, y sin estrategia visible de política económica para frenar la inflación, salvo el llamado presidencial a la mesura de los sindicalistas en las negociaciones salariales. Hemos insistido en varias ocasiones que el alza de precios es una cuestión de poder, y en la economía, quien decide es el capital hegemónico en el agro, la industria y los servicios, aquellos que generan esos precios que suben cotidianamente y que afectan la satisfacción de necesidades de la familia de los trabajadores. El comentario es válido incluso para hechos delictivos que afectan los precios regulares, caso del dólar paralelo, cercano a los $8 y que más allá de cómo evolucione aceleró el proceso de devaluación de la moneda nacional, afectando los ingresos populares. Desde el gobierno se minimiza el impacto del pequeño club del “blue” (dólar paralelo), sin embargo, esa medida de especulación ilegal impacta en la cotización oficial e incidiendo en los precios del conjunto de la economía, sin considerar que algunos precios se mueven al ritmo del precio paralelo de la divisa.
En simultáneo se informó de la actualización de la mínima jubilación, del orden del 15,18%, resultado de la aplicación de la ley que ajusta dos veces al año el ingreso de los jubilados y pensionados. La ANSES informó que Argentina figura a la cabeza de la cobertura previsional en la región latinoamericana, aunque el movimiento de jubilados resalta que más del 70% de los jubilados nacionales perciben la mínima, al tiempo que demandan por la aplicación del 82% móvil de ingreso mensual. El titular del ANSES prefirió resaltar que el 46% reciben ingresos por encima de la mínima, lo que supone un reconocimiento implícito de la amplia base de percepción de ingresos previsionales en la mínima.
¿Quién se sacrifica?
Desde el gobierno se enfatizó el “sacrificio fiscal” que estas medidas representan, aunque valoraron que representan recursos que mayoritariamente se orientarán al consumo, con lo que se intenta limitar el proceso de desaceleración verificado durante todo el 2012. Debería agregarse que antes ocurrió el “sacrificio de los ingresos populares”, sea por la no actualización del mínimo no imponible, por el retraso en el ajuste salarial y por la carrera de los precios de la canasta básica.
Más aún, hay que interrogarse sobre esa canasta básica de consumo para interpretar el significado de las actualizaciones anunciadas. La jubilación mínima pasará a $2.165 y serán sujetos de impuestos, según informó la Presidenta, trabajadores solteros con ingresos superiores a los $8.360, o de $ 11.563 para uno casado. Según la Fesprosa, organización sindical de la CTA que agrupa a 22.000 médicos de todo el país, reclaman para 300.000 trabajadores estatales médicos de nivel municipal, provincial y nacional un salario mínimo equivalente a una canasta actualizada que estiman por mes en $ 6.950 y que llega a los $11.000 en algunas provincias patagónicas. Recordemos que el paro nacional del 20/11/12 convocado por la CTA y la CGT reclamaba un ingreso mínimo de $5.000. Hay que observar que la jubilación mínima ni siquiera es la mitad del reclamo por $5.000, ni hablar de valores superiores.
La evolución económica de la Argentina explicita una ecuación de perdedores y ganadores, que confirma la estructura económica social con un bloque de poder que traslada el sacrificio a la mayoría de la población, entre ellos a los trabajadores. Ese bloque de poder se define con la presencia hegemónica del capital transnacional y el gran capital local en la producción de bienes y servicios en su conjunto, en el agro, la industria, la banca, los seguros, el transporte, el comercio, el turismo, la construcción, etc. Ese bloque social en el poder no tiene mesura a la hora de trasladar la crisis, ya que actúa del mismo modo que los ricos del mundo se hacen más ricos, aún en la crisis, tal como lo acaba de demostrar la ONU.
El crecimiento de la pobreza y el desempleo es el dato relevante de la crisis mundial, que se disemina en todos los países del mundo, aún cuando “El economista y jefe del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), José Juan Ruiz se sumó a las previsiones del FMI”, resaltando que Latinoamérica crece más que la economía mundial gracias a “un sistema financiero muy sólido” y de la mano de sectores estratégicos como la “producción y explotación de materias primas, el desarrollo de servicios y exportaciones”, insistiendo que el reto es "mantener ese proceso en los próximos cinco años" y "crecer de manera sostenible e inclusiva".[1]
Es notorio el discurso de los organismos internacionales, remitiendo a la solidez bancaria y la explotación de los recursos naturales como mecanismos de estabilización y crecimiento económico para la inclusión social. El artículo continúa señalando que el funcionario del BID sugiere entre los desafíos para el continente la “reducción de la pobreza y la desigualdad” para “convertirse en un continente de clases medias”, y más aún alentar el proceso de “reformas de segunda generación” para incorporar trabajadores a la economía formal.
Como vemos, la zanahoria de la supuesta movilidad social, cuando la realidad demuestra en el mundo y en la región, aún con crecimiento económico que la pobreza es un fenómeno estructural y que la desigualdad se manifiesta en el grosero enriquecimiento de los millonarios de elite.
La élite del país son parte de ese bloque de poder que denunciamos previamente y son privilegiados beneficiarios de la economía contemporánea, y entre los 10 primeros por riqueza en nuestro país, se encuentran “Alejandro y Carlos Bulgheroni (Bridas), 5500 millones de dólares; seguidos por Paolo Rocca (Techint), 3000; Pérez Companc y familia (Molinos), 2600; Eduardo Eurnekian (Corporación América), 1800; Inés de Lafuente Lacroze (hija de Amalita Fortabat), 1200; Alberto Roemmers (laboratorio), 1200; Jorge Pérez (inversiones inmobiliarias en EE.UU.), 1200; Familia Rey (Pluspetrol), 1100; Roberto Urquía y familia (Aceitera General Deheza), 1100; y Luis Pagani y familia (Arcor), 1000 millones de dólares.”[2]
Esta es la razón de nuestro interrogante por el sacrificio. La conclusión remite al problema del orden capitalista y a la necesidad de revertir el sentido de los sacrificados, para que los dominados sean dominantes, y claro, eso es una cuestión de poder, de política, de construcción de alternativa emancipadora. Es un desafío para la Argentina y los trabajadores y pueblos del mundo.

La Paz, 1 de febrero de 2013

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[1] América Latina representará el 10% del PIB mundial, en INFOBAE América, http://america.infobae.com/notas/65730-America-Latina-representara-el-10-del-PIB-mundial (consultado el 31/01/13)

[2] Alfredo Zaiat, Página 12 del Domingo 6/01/13