Declaración "CORRIENTE en la CTA"



Por la construcción de alternativa política desde la movilización de los trabajadores

I
El principal problema político de la Argentina es la construcción de alternativa política popular. Es la asignatura pendiente desde la crisis del 2001.
Luego de una década de crecimiento económico los problemas estructurales de la pobreza y la súper-explotación continúan junto a gigantescas ganancias del capital dominante, local o extranjero. La desigualdad es el dato relevante.
Las disputas políticas en la Argentina son por la administración del capitalismo, y nosotros bregamos por la construcción de una sociedad anticapitalista y antiimperialista.
II
La lucha de clases contemporánea hace evidente la recomposición de las clases dominantes desde la crisis del 2001.
Ello se expresa en la recomposición de la acumulación de riquezas, poder y ganancias de una economía sustentada en la sojización, la mega-minería, y el ensamble industrial donde sobresalen la siderurgia y las automotrices.
El Estado capitalista mejoró en 10 años su capacidad de administración económica con solvencia fiscal (en disminución) y comercial (sostenida con restricciones a las importaciones y a la circulación de divisas), constituyéndose en activo pagador de la deuda pública externa. Pero también en la promoción de estratégicas medidas institucionales, tales como la aprobación de la Ley antiterrorista y la reforma a la legislación de riesgos del trabajo.
Pese a la recomposición capitalista, la disputa política está exacerbada entre el gobierno y una oposición sistémica donde predomina la “derecha” (la mesa de enlace en el 2008; Clarín actualmente; los partidos tradicionales: parte importante del PJ y la UCR, junto a otras expresiones menores). La discusión es quien gobierna el capitalismo local. Ambos espacios se necesitan mutuamente para obturar la emergencia de alternativa política.
Luego de la crisis en el 2009, la ofensiva de la iniciativa política del gobierno derivó en el 54% de consenso electoral en octubre del 2011. Es una iniciativa sostenida en medidas como la estatización de las AFJP, la ley de medios o el matrimonio igualitario, y que se continúan hasta hoy con la expropiación parcial de YPF e incluso la potencialidad de re-estatizar los ferrocarriles.
El gobierno tiene dificultades sobre su continuidad en el futuro cercano y constituyen desafíos muy importantes los procesos electorales del 2013 y el 2015 para revalidar hegemonía gubernamental.
La oposición sistémica no encuentra aún su armado político para disputar la hegemonía gubernamental. Incapaz de articular la mayoría parlamentaria transitoria lograda en 2009, transita un discurso en defensa del republicanismo, con denuncias de corrupción, sin abandonar acuerdos por conveniencia, tal como ocurre en la Legislatura porteña entre el PRO y el Kirchnerismo.
III
Desde el otro lado de la lucha de clases, el dato es la emergencia del movimiento de trabajadores en la calle, especialmente remitimos a las movilizaciones del 20 de noviembre y del 19 de diciembre.
Esas movilizaciones son producto principal de la iniciativa política de la CTA y del nuevo liderazgo colectivo que propiciamos.
El año termina con visibilidad de la CTA en la calle, una propuesta que se trabajó desde la fractura orgánica resultante desde las elecciones de la Central en 2010. 
Que en 2011 supuso la preparación organizada del activo militante, desde el Congreso de 10.000 Delegados el 23 de marzo, preparando la intervención en el conflicto, para construir sujeto social y político en la disputa por un programa que sustentamos en 32 puntos y que junto a la lucha por mejores condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, nos disponemos a la disputa del poder en el país.
Que el 2012 significó el aliento a la movilización callejera, especialmente animada desde el 8 de Junio, desafiando y convocando a otros espacios de agrupamiento de trabajadores.
En ese marco se destaca la “unidad de acción” con la CGT, alejada de su alianza con el gobierno.
La unidad de acción convocó a los trabajadores organizados en sindicatos y el territorio a la lucha por el salario mínimo de $5.000, a la universalización de las asignaciones familiares, a la suba actualizada del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, e incluso a su eliminación. Se trató de evidenciar la presencia generalizada de la precariedad, la tercerización y la flexibilidad salarial y laboral. Es un programa de los trabajadores más allá de sus opciones o preferencias electorales, constituyéndose en un programa de la clase trabajadora.
Son estructurales las diferencias de proyecto y modelo sindical sustentado por la CTA desde el inicio a comienzos del 90´ con el sindicalismo tradicional, burocrático y empresario. Esas diferencias explican también la ruptura política y orgánica transitada en la CTA entre el 2006 y el presente. La CTA asume una propuesta anticapitalista, antiimperialista, clasista y de autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos, siendo un proyecto que agrupa a trabajadores, más allá de su organicidad en sindicatos o el territorio.
Pretendemos destacar que lo mejor en la política argentina es la movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones, con voluntad de constituirse en sujetos para la transformación política. Es un camino de construcción de política propia de los trabajadores, de instrumentos adecuados para la disputa política. Ese es el principal desafío, constituirnos en sujeto visible que luche por cambios favorables a la clase trabajadora, que pueda constituirse en programa hegemónico del pueblo y dispute el poder en la Argentina, como parte de una acumulación de poder popular superadora de la despolitización y/o despartidización, signo de un tiempo reciente.
Quienes suscribimos esta “Declaración” somos parte de una corriente en la CTA que promovemos una actividad militante es un recorrido coherente con la emergencia del Encuentro Sindical Nuestra América, el ESNA, que este año concentró en México a miles de delegados de más de 300 organizaciones de trabajadores, principalmente del continente nuestroamericano. En la tierra mexicana pudimos discutir un modelo de construcción de organicidad de los trabajadores diferenciado y en contra de la complicidad y claudicación de la burocracia sindical mundial asociada al ajuste y a las patronales.
Con el ESNA y la Federación Sindical Mundial salimos a la calle en Argentina el 3 de octubre pasado, como parte de un día de lucha mundial contra el saqueo de nuestros recursos naturales y por los derechos de los trabajadores. También cerramos el año el pasado 2 y 3 de noviembre con un Seminario del Capítulo argentino del ESNA donde homenajeamos a dos grandes luchadores clasistas de nuestro país: Agustín Tosco y Roberto Mandrik.
IV
Pretendemos para el 2013 consolidar nuestra presencia en el conflicto social y político en la Argentina, donde las movilizaciones recientes de fines del 2012 muestran los límites de la situación económica y social de la Argentina.
Nos proponemos ser activos en el fortalecimiento de la CTA, del ESNA y la FSM; para ser parte de la experiencia de cambio político que vive Nuestramérica, con el socialismo cubano, o las innovaciones del “Socialismo del siglo XXI” propuesto desde Venezuela, o el “Socialismo Comunitario” sostenido desde Bolivia. Nuestra inspiración de lucha socialista se asocia a la proclama de José Carlos Mariátegui en el sentido de que el socialismo no será calco ni copia sino creación heroica de los pueblos. Asumimos la centralidad de la clase como punto de partida de todo proyecto emancipador de carácter civilizatorio de época.
La realidad del capitalismo en la región, manifestado en el importante crecimiento económico, más que el promedio de la economía mundial en crisis, se sustenta en la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, nuestros bienes comunes.
Es por ello que no vemos perspectivas en el modelo productivo y de desarrollo capitalista, y nos desafiamos a ser parte de la novedad en Nuestramérica por alumbrar un mundo nuevo, una sociedad sin explotación de sus trabajadores y pueblos y sin depredación de su naturaleza, de sus bienes comunes.
El movimiento popular de la Argentina fue activo protagonista del comienzo del cambio político procesado desde el 2001 hasta el presente, y el desafío que asumimos es avanzar en el despliegue de una propuesta integral de poder popular con hegemonía del movimiento de trabajadores.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
Víctor Mendibil, José Rigane, Julio Gambina, Elia Espen, Marcos Wolman, Manuel Gutiérrez, Carlos Chile, Maria Carla Rodríguez, Hugo Blasco, Pola Monti, Nestór Jeifetz, Julio Acosta,  Matías Fachal, Carlos Oroz, Guillermo Díaz, Susana Colli, José Luis Ronconi, Gabriel Martínez,  Leandro del Greco, Gustavo Teres, José Lualdi, Cristina Camusso, María Elena Saludas, Fernando Pita, Fernando Cardozo, Marisa López, Beatriz Rajland, Eduardo Schmidt, Elsa Picado, Mariano Randazzo, Adrián Ruiz, Néstor Dimilia, María Teresa Nuñez,  Daniel Campione, siguen las firmas…..

La economía argentina entre el 2012 y el 2013



(Escrito a pedido de la RedEco)

El balance
Culmina el 2012 con desaceleración de la economía y crecimiento de los precios (inflación), afectando más a los sectores vulnerables de la sociedad, producto de magros ingresos percibidos, sea por salario o por subsidios.
En el cuadro de beneficiarios con grandes ganancias aparecen los bancos, el sector de mayor rentabilidad en el mundo empresario. Completan el cuadro de ganadores el sector extractivo, con la minería y la soja principalmente, producto de precios internacionales en alza (promedio del año) y ampliación de la esfera productiva. También el sector automotriz, la siderurgia y metalurgia puede hacer balance positivo, aún con la merma respecto al récord del 2011.
Todos los sectores productivos mencionados asocian sus resultados a la inserción global subordinada (exportadora), pese a la crisis mundial. Los pronósticos a fines del 2011 anticipaban un año de bajo o nulo crecimiento. La ausencia de estadísticas confiables no permite identificar con certeza el nivel de caída del producto en el país, siendo el principal dato la pérdida neta de empleos, por primera vez en la década.
La desaceleración supone menor producto e ingreso y por la tanto, agudiza la disputa por su apropiación. Eso explica la presión patronal y de la política económica por intentar frenar la demanda de mejores ingresos de los trabajadores empleados y los perceptores de planes sociales. Además, la inflación contribuyó a deteriorar la capacidad de compra del ingreso de la mayoría de la población. El resultado es un crecimiento de la conflictividad laboral y territorial, puesta de manifiesto en grandes movilizaciones sobre el final del año, especialmente el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, en sendas convocatorias de un amplio espectro sindical liderado por la “unidad de acción” de la CTA y la CGT.
Esa situación de merma en la capacidad de generar riqueza de la economía en la Argentina tiene impacto en las cuentas nacionales (el registro de la economía). Así se puede percibir un menor consumo, una baja en la inversión y menores resultados del intercambio comercial con el mundo.
Por el lado del consumo y la inversión, el esfuerzo continuó por el lado del sector público, limitado por restricciones estructurales definidas por el agotamiento del superávit fiscal que acompañó la gestión gubernamental en la década transcurrida.
El 2012 es el año que registra modificaciones en los regímenes tributarios provinciales (impuesto inmobiliario, rural y urbano; patentes, sellos, otros) para mejorar la ecuación de ingresos propios ante los problemas de financiamiento, tanto como el regreso de los estados provinciales al mercado de deuda, con alto costo de intereses e hipoteca de las finanzas provinciales, anticipando problemas en el futuro cercano.
Las restricciones externas por menor saldo comercial y fuga de capitales, determinaron que se profundizaran algunas medidas sobre la disponibilidad de las divisas (monedas externas) que se anticiparon al final del 2011. Es importante en ese sentido la férrea administración sobre las divisas, restringiendo su utilización para el Estado, especialmente en el sostenimiento de la política de cancelación de la deuda, y aquellas actividades del sector privado que fueran imprescindibles en las relaciones con el exterior.
Así comprobamos como las reservas internacionales se redujeron de los 47.000 millones de dólares a fines del 2011 a los 43.000 millones de fines del 2012. En paralelo surgieron cotizaciones de las divisas muy por encima del precio establecido oficialmente, algo que impacto en cierta franja de productos importados que se comercializan en el mercado interno, afectando capacidad de gasto de consumidores.
La novedad del 2012 fue la expropiación parcial de YPF, ampliamente aceptada por la sociedad. Las razones de la medida se encuentran en el déficit energético, del orden de los 10.000 millones de dólares por año entre 2011 y 2012, esperando reproducir la situación en el 2013 y quizá los próximos años. La gestión estatal se concentró este año en acercar socios con tecnología para la extracción de hidrocarburos no convencionales, el fracking, altamente depredador y contaminante, destacando los acuerdos con Chevron (EEUU) y el grupo Bridas (nacional asociado a capitales chinos). La actividad también transitó por la búsqueda de financiamiento a pequeños inversores, y principalmente a dependencias del Estado, especialmente ANSES.
La perspectiva
La economía en Argentina estará condicionada por la evolución de la crisis mundial del capitalismo, especialmente por la de los principales socios comerciales: China y Brasil.
El gigante asiático es gran comprador de soja y en los últimos tiempos discontinuó compras masivas y privilegió el uso de su stock para inducir reducción de precios. Es una incógnita el impacto que pueda generar respecto del ingreso de divisas y el estimulo a la producción.
Por su parte, el Brasil crece muy lentamente, y una evolución más favorable estimulará la producción industrial de nuestro país, especialmente de automotores, el sector más dinámico del ensamblado local.
Además, en el vínculo con el exterior pesará el déficit energético, lo que insumirá cuantiosas divisas para la importación. Seguirá siendo una incógnita el ingreso de inversores asociados a YPF, del mismo modo que el financiamiento externo adecuado para los planes de producción de la petrolera de gestión estatal.
El sector externo continuará ocupando la agenda por las negociaciones asociadas al endeudamiento, siendo previsible una mayor carga financiera la potencial reapertura del canje y las negociaciones con el Club de Paris. El FMI intentará condicionar la política económica local, vía monitoreo de las cuentas públicas o por lo menos observando la metodología del organismo oficial de estadísticas.
En una mirada más local, el acento estará en la capacidad de sostener la expansión del nivel de actividad y el empleo, luego de un año de escaso crecimiento y de pérdidas, por primera vez en la década, de puestos de trabajo.
Para ello se promoverán políticas activas del Estado Nacional en el sector productivo y financiero, intentando inducir que los bancos canalicen sus depósitos en créditos a la producción, especialmente de pymes.
Un problema puede presentarse desde el consumo, por el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos y el intento renovado de amenguar la demanda de actualización de ingresos, sea por salarios o por subsidios. El conflicto social agudizado resulta esperable en ese escenario.
El angostamiento de la disponibilidad de recursos fiscales puede limitar el gasto y la inversión pública, dificultando la necesaria ecuación inversora en el PBI ante la falencia inversionista del sector privado.
En síntesis, los problemas externos e internos sumados en un año electoral, incidirán en la disputa social por el ingreso y la riqueza.
Corolario
La propaganda oficial se sustenta en los datos del crecimiento económico desde el 2003, que en rigor comenzó en el segundo semestre del 2002. Los años 2009 y 2012 son la excepción, y en general se asoció el tema a la crisis mundial.
En realidad, con crecimiento o no, siempre está la crisis, puesto que se crece por la crisis y se decrece, también por la crisis.
Los precios de las comodities (soja u oro) crecen por la crisis y eso impacta en el crecimiento argentino. La recesión europea, o la desaceleración china y brasileña generan disminución de compras externas de productos argentinos y por eso la crisis gesta la desaceleración local.
Es complejo pero es así, la crisis propicia el ciclo de crecimiento o el contrario. Es que la Argentina es parte del sistema capitalista y como tal participa de la crisis capitalista en curso.
El interrogante es si la sociedad argentina está condenada a surfear en la crisis capitalista o si puede pensar más allá del capitalismo.
Esto requiere de un sujeto social y político que luche por políticas anticapitalistas y antiimperialistas, algo necesario y posible por lo que vale la pena luchar, y es el camino elegido por pueblos que buscan su independencia en la región Nuestramericana, desde el socialismo cubano, al socialismo siglo XXI propuesto por venezolanos o el socialismo comunitario sustentado por bolivianos.
Como el próximo es un año electoral, el debate político concentrará buena parte de la discusión civilizatoria en la Argentina y en ese sentido parece pertinente discutir el rumbo del país.
El gobierno defenderá su “modelo” de un “capitalismo serio o normal”, contra el “anarco capitalismo” tal como definió oportunamente la Presidenta.
La oposición sistémica, pro capitalista insistirá en las recetas del aperturismo neoliberal y el “libre comercio” en tiempos de transnacionalización.
¿Será posible que emerja una propuesta alternativa, más allá del sostenimiento del orden capitalista?
Ese es nuestro horizonte cuando formulamos los deseos de felicidades para el 2013.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012

Saqueos, pobreza y disputa política



En esta semana se conmemoraron las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y se cruzaron en el análisis con los episodios de saqueos a mercados producidos en el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, o Neuquén.
Los hechos generaron discusiones políticas y análisis diversos. Las primeras definiciones y calificaciones llegaron desde el gobierno nacional responsabilizando a los organizadores de la movilización de trabajadores organizada por la CTA y la CGT el pasado 19 de diciembre. La réplica fue inmediata por parte de los principales dirigentes de ambas centrales sindicales, desligándose de la metodología del saqueo y la violencia, señalando como responsable de los hechos a la propia política oficial.
Queda claro que existe una disputa política en el país, que los análisis sobre los acontecimientos están motivados en las diferencias sobre el diagnóstico de situación en el país a 11 años de la crisis de diciembre del 2001 y van más allá de la confrontación entre el gobierno y las centrales de trabajadores movilizadas.
Se destacan por lo menos tres enfoques. Desde la visión “oficial” se destaca lo avanzado desde el 2003 ante la situación de deterioro social vigente al inicio de la gestión Kirchner, y en todo caso solo se trata de tiempo para resolver diversos problemas sociales, reconocidos en la falta de empleo, vivienda, salud o educación.
Mientras que en la oposición sistémica se concentra la crítica en la ausencia de republicanismo, o la corrupción, demandando el retorno explícito a políticas de los noventas: la apertura, la desregulación y la inserción subordinada al capitalismo mundial y sus organizaciones globales.
En estos días, con antecedentes diversos en el distanciamiento entre el gobierno y la CGT, y las iniciativas de movilización de la CTA desde junio pasado, y especialmente en el marco de la “unidad de acción” en las movilizaciones de trabajadores del 20 de noviembre y del 19 de diciembre, emergió y se hizo visible otra visión crítica, orientada a discutir la política de privilegio a la valorización del capital y a la apropiación privada del excedente económico.
Son tres visiones, no siempre claramente diferenciadas, (entre ellas se entrecruzan y se asocian), las que manifiestan el escenario del conflicto político en la coyuntura y que definen, sin duda, el próximo año de renovación legislativa.
¿Cuán mejor está la situación social?
Es real que las estadísticas muestran una mejora de la situación social del peor momento de comienzos del 2002.
Convengamos también que las estadísticas actuales están sospechadas, siendo el Estado nacional el único en condiciones de ofrecer fuentes de información confiable.
Por ello es que reconocemos en la normalización del INDEC una asignatura pendiente para definir con precisión los datos de la pobreza.
Para el 2002, el 21,5% de la PEA estaba registrada en el desempleo, y ahora, según el INDEC (IIIº trimestre del 2012), el dato remite al 7,6% de desempleo, más un 6,2% de subempleo demandante, y un 2,7% de subempleo no demandante.
La línea de la pobreza involucraba al 57% de la población en el 2002, y hoy (noviembre 2012, Indec) se registra un promedio del 6,5% de personas bajo la línea de pobreza (517,85 pesos por mes) con picos del 12,3% en el Noreste. La línea de indigencia está en noviembre del 2012 en 231,86 pesos. Así, según las estadísticas oficiales, cualquier persona que ingrese por lo menos 232 pesos (casi 48 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, está por fuera de la línea de indigencia; y si ingresa 518 pesos (casi 108 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, supera la línea de la pobreza.
Las cifras de ingreso que definen la pobreza y la indigencia hablan por sí solas de los límites de los indicadores en la Argentina contemporánea.
Es un dato relevante verificar que se redujeron los peores índices sociales vigentes al 2002, en materia de desempleo, subempleo, pobreza e indigencia, aunque sin lograr valores vigentes previos a los años 70´ e incluso de los 80´, con índices entre el 2 y el 4% de desempleo y en ocasiones muy especiales elevando el guarismo hasta el 6%.
La situación social de la Argentina se explica por los cambios ocurridos en los últimos decenios, especialmente en la década del 90´, los que estructuralmente no han sido revertidos, y que las políticas económicas establecidas en la década gobernada por el menemismo y la Alianza, el PJ y la UCR, generaron un piso estructural regresivo en la composición social de la Argentina.
Carácter estructural de la pobreza
La pobreza no es un dato coyuntural, tiene dimensiones estructurales, y se visibiliza en las aglomeraciones circundantes a los grandes centros urbanos, constituyendo la base problemática de la insatisfacción social en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, o empleo. A ese cuadro objetivo debe adicionarse la conflictividad social y la diversidad de fenómenos crecientes de una economía del delito asociada a la trata de personas, la droga, o el empleo esclavo. La extensión estructural del fenómeno de la pobreza constituye la base material de ese cuadro de deterioro social.
Entre otros datos del fenómeno estructural de la pobreza, se manifiesta en más de un tercio de los trabajadores en situación irregular, es decir, sin cobertura social; en la precarización del empleo y la tercerización. También se expresa en la llamada “inclusión social” con ingresos mínimos que suponen los planes de asistencia social, sean las asignaciones para menores, las jubilaciones sin aportes históricos de los beneficiarios, o los planes de empleo asociados a organizaciones cooperativas. El 75% de los jubilados nacionales perciben la mínima, en el orden de los 1.900 pesos mensuales, y el salario mínimo está en $2.670 y subirá a $2.875 en febrero del 2013.
Los ingresos de este conjunto social, mayoritariamente trabajadores activos o pasivos, les posibilita accesos limitados a la canasta de consumo necesaria para la reproducción de la vida cotidiana de la familia trabajadora en la Argentina. Más allá de los datos oficiales, las necesidades de ingreso individual rondan los $5.000 pesos al mes.
Se puede pensar en la existencia de maniobras políticas, que las hubo en los saqueos y protestas de 1989, como en el 2001, e incluso en la actualidad. Es verdad, sin embargo, la disposición social al saqueo o la protesta ocurre por la existencia de sectores sociales insatisfechos. La pobreza es un dato estructural de la sociedad argentina.
Los acontecimientos de estos días no son protagonizados por la sociedad con relativo nivel de satisfacción de sus necesidades, mucho menos por sectores de medio y alto consumo. Más allá del tipo de producto sustraído de los comercios, la base está en la insatisfacción del consumo para una calidad de vida acorde con las necesidades sociales.
La movilización del 19 de diciembre fue protagonizada por trabajadores organizados de la CTA, de la CGT, y otros grupos independientes o que remiten a un vínculo con la izquierda partidaria. Más allá de algunos pronunciamientos de adhesión, fuera de esa filiación social o política, la concentración fue protagonizada por trabajadores sindicalizados u organizados en movimientos territoriales. La pobreza era visible en la inmensa mayoría de las columnas de movilizados.
Entre las principales reivindicaciones se destacan el 82% móvil para las jubilaciones; la universalización de las asignaciones familiares, revirtiendo medidas asumidas en los últimos años y que afectan los ingresos de los trabajadores. Uno de los temas centrales estaba en la crítica al no ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y al propio concepto de considerar como ganancias a los ingresos de los trabajadores.
Claro que en el escenario político que vive el país, muchos análisis interpretaron la medida de protesta como un acto contra el gobierno, y la base material e ideológica de los acontecimientos que se sucedieron inmediatamente. Sin embargo, las demandas son compartidas por todos los trabajadores, más allá de su consideración respecto del gobierno, su política y sus objetivos.
¿Se puede ir más allá de la política social?

Petróleo, gas y deuda pública en debate



La semana cerró con dos noticias muy celebradas.
Una remite a la cancelación del vencimiento de deuda pública del cupón PBI por 3.502 millones de dólares, los que fueron depositados en las cuentas de los acreedores.
La otra noticia responde a la colocación de deuda de YPF por 150 millones de pesos colectados entre pequeños inversores locales.
Es un buen interrogante consultar sobre los motivos de la algarabía, para lo cual conviene ir por parte y considerar cada uno de los temas.
Pagos de la deuda
La deuda pública se paga rigurosamente, y ni hablar de auditar o investigar las legitimidades, de una deuda que históricamente acredita un fallo judicial de junio del 2000, con evidencias de múltiples ilegalidades e irregularidades, con responsables identificados fehacientemente. El fallo del Juez Ballesteros duerme en algún lugar del Congreso Nacional, el poder encargado de “resolver” los problemas de la deuda externa.
Un problema adicional es el uso de las reservas internacionales para cancelar deuda. Con datos del BCRA, verificados en la fecha en el sitio en internet, el 2011 mostró una pérdida de reservas de 5.814 millones de dólares, y hasta el 7/12/2012 eran 979 millones los dólares resignados en este periodo, sin contar la cancelación del viernes 14/12 por 3.502 millones de dólares, que deja la reservas en un nivel escasamente encima de los 43.000 millones de dólares.
Son más de 10.000 millones de dólares perdidos en dos años y asignados preferencialmente a los acreedores de la deuda pública, cuando se mantienen las restricciones al acceso de divisas para el público en general.
Muchos argumentan: “¿y qué pretenden, acaso no pagar como sostenía la izquierda a la salida de la dictadura, hace 30 años?”
A propósito del embargo de la Fragata Libertad y el fallo reciente del juez estadounidense, ahora en suspenso, un conjunto de personalidades y organizaciones, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz 1980, insisten con la denuncia y la necesidad de investigar, auditar la deuda, y juzgar a los responsables, y mientras tanto, suspender los pagos.
Es que bien vale señalar que es mucho el esfuerzo social por pagar a los acreedores de la deuda pública y postergar derechos previsionales o sociales, educativos o de salud, entre otros muchos que demandan los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina.
Además, el llamado desendeudamiento oculta la continuidad de un problema estructural y condicionante de la política económica, que la justicia extranjera trajo a la realidad de la consideración política por estas horas. Como si fuera poco, la presión del Club de París y de los Organismos internacionales no afloja, reavivando la hipoteca sobre el trabajo social en el país.
Aunque se insista en cancelar sin investigar, el problema persistirá y condicionará a cualquier gobierno, presente o futuro, profundizando las penurias sociales y postergando derechos socioeconómicos largamente escamoteados.
Endeudar a YPF
Más del doble de ofertas realizaron inversores entre 1.000 pesos a 250.000 pesos, en pocos días de oferta de una colocación de bonos de YPF que ofrecían una renta de 19%, entre 5 ó 6 puntos más que un plazo fijo en la banca.
Consignemos primero que hace muy poco, Bolivia se endeudó en el sistema financiero mundial a tasas menores al 5%, e incluso fue criticado por los cuantiosos recursos ociosos en reservas internacionales y aún en liquidez bancaria de fondos públicos no utilizados.
Pero aún con las críticas al gobierno boliviano, el costo del dinero en préstamo es de un cuarto del que expresa el financiamiento a la primera empresa en la Argentina, en un momento de valorización de sus activos, sea por la rentabilidad presente o las expectativas que genera la potencial explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Existen quienes argumentan que YPF ofrece una salida a pequeños inversores con liquidez y con escasa oferta financiera atractiva, pues la tasa de interés pasiva está alejada del movimiento de los precios. Claro que ese atractivo para los inversores es un costo de financiamiento para la empresa parcialmente expropiada por el Estado.
¿Si ese es el costo de la gran empresa petrolera, cuál es el que deben soportar las pequeñas y medianas, aún las grandes?
La política financiera de la petrolera, es cierto que en magnitudes pequeñas (unos 30 millones de dólares al cambio oficial), induce una pauta elevada de tasas activas para el resto del sector productivo, cuando el diagnóstico generalizado apunta a reclamar financiamiento para la inversión productiva de los más chicos del aparto productivo local.
Son reflexiones válidas para lo que se viene en materia de endeudamiento de YPF, pues desde la próxima semana se licitarán bonos por 4.500 millones pesos (unos 920 millones de dólares al cambio oficial) en diferentes modalidades. Unos estarán atados a la cotización del dólar (que viene duplicando el ritmo de devaluación respecto al año anterior) y con una tasa de 6,25%, es decir, se ajusta por tipo de cambio más esa tasa, con lo cual, la variabilidad se define por la evolución de la divisa estadounidense por la vigencia del título en los próximos 4 años. Otros bonos en pesos y por 6 años, pagarán intereses ajustables por la tasa BADLAR, que viene en alza según informa el BCRA, y que en la actualidad cotiza por encima del 15%.
Se trata de crédito caro, en un plan de endeudamiento de la petrolera por 3.000 millones de dólares en títulos en el marco de inversiones a lograr por 37.000 millones de dólares hacia el 2017, y poder materializar en sociedad la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
Entre esos socios inversores, además de los minoristas de esta semana, se sumarán los mayoristas a captar desde el lunes 17/12, y la confirmación de inversores de capital, entre los que despuntan la familia Bulgheroni asociado a los capitales chinos, y la estadounidense Chevron, demandada en la justicia argentina por 19.000 millones de dólares por daño ambiental en Ecuador, derivado de explotación petrolera entre 1965 y 1990 por la Texaco, adquirida por la transnacional estadounidense.
Como siempre insistimos, además de la cuestión financiera, bien vale la pena discutir el destino de los hidrocarburos en cuestión, pero eso es otra discusión.
La hipoteca
En años de la dictadura, YPF fue la empresa estatal más endeudada, algo increíble en momentos de alza de los precios internacionales del petróleo. La explicación está en el papel del Estado al servicio de los intereses de las clases dominantes, lo que definió la política económica desde 1975/76, con el endeudamiento como mecanismo privilegiado para consolidar la dependencia argentina al capitalismo mundial.
En los 90 no solo se privatizó a YPF, sino que la deuda profundizó las reformas estructurales diseñadas para la extranjerización en tiempos de terrorismo de Estado. Esa es la hipoteca que pende sobre nuestra sociedad y que condiciona el desarrollo.
Ahora YPF es de gestión estatal por la expropiación parcial, apenas administrando el 30% de la actividad hidrocarburífera, y configura aún una asignatura pendiente para revertir la situación gestada en los 70´ y en los 90´.
La petrolera totalmente estatal y la investigación de la deuda pública continúan siendo una asignatura pendiente para el programa de independencia necesario para discutir modelo productivo y de desarrollo para satisfacer necesidades insatisfechas del pueblo argentino.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2012