Cruces dialécticos con el FMI y acuerdos con transnacionales



Comentar la coyuntura de la economía en estas horas nos lleva a considerar la presencia de funcionarios argentinos en el exterior, sea la asistencia y discurso de la presidente en la reunión de la ONU y sus encuentros con empresarios, aunque también con estudiantes; y los del titular de YPF y el ministro de planificación, todos en la búsqueda de inversores para la producción energética.
Por un lado se reconoce en las presentaciones realizadas en el exterior las opiniones de los principales referentes del oficialismo en la Argentina, y claro, también la réplica de la oposición (de derecha). Eso es lo que refleja la discusión mediática sobre lo acertado o no de las sucesivas intervenciones públicas de los protagonistas, principalmente de la Presidente. Pero también, más allá de lo discursivo, surge para nuestra consideración y propósito, llamar la atención sobre la preocupación central del gobierno por lograr inversores externos para dinamizar la economía local.
Pretendemos destacar que más allá del debate mediático sobre los discursos, lo que interesa son los acuerdos relativos a inversiones productivas, ya que estos definen mucho más el rumbo del país, que cualquier polémica.
No se trata de minimizar los debates discursivos con el FMI, o si los interrogantes estudiantiles en EEUU estaban pre organizados con fines políticos, situación muy probable por cierto; sino que intentamos resaltar que resulta más difundido el análisis de las conferencias presidenciales en Georgetown y Harvard, que las conversaciones sostenidas con la EXXON para avanzar en la producción de hidrocarburos no convencionales.
Este es en nuestra opinión un tema sustancial para el debate profundo en nuestro tiempo, ya se trata de una actividad de carácter extractiva que puede afectar seriamente a la población, especialmente por la tecnología a aplicar, la fractura hidráulica o fracking, lo que implicará usos de cuantiosas cantidades de tóxicos y agua.
En el mismo sentido, señalamos que más prensa tuvo la adecuada amonestación a la titular del FMI por su descalificada manera de criticar a la Argentina (por las insuficiencias en las estadísticas), que las consecuencias que surgen de los acuerdos logrados en China por Julio De Vido para la cooperación atómica entre ese país y Argentina. ¿Cuánto debate genera el desarrollo atómico como energía alternativa y cuánto la discusión sobre lo sostenido por la titular del FMI, o la intencionalidad de los encuentros con los estudiantes de universidades estadounidenses?
El orden mundial y su crítica
En lo discursivo aparece una crítica no desdeñable de la presidente al poder económico mundial, especialmente a los organismos internacionales con pretensión histórica de constituirse en reguladores globales de la economía, algo que remite a su creación en 1945.
Es muy importante criticar en la ONU al FMI, pues se trata de un organismo subordinado al sistema mundial que articula Naciones Unidas, y que curiosamente retomó protagonismo desde la existencia del G20, agrupamiento que aborda desde el 2008 lo relativo a la crisis mundial y que la Argentina integra desde su surgimiento. Si hasta autocríticamente en Harvard, relató Cristina Fernández, que el G20 no asume discursos críticos sobre “paraísos fiscales” u otros asuntos importantes del orden contemporáneo, porque no hacen a la preocupación de quienes ejercen la hegemonía en ese ámbito y en el de la economía mundial.
Queda claro donde radica el poder económico mundial, que se hace visible entre los organismos internacionales y los más poderosos estados nacionales. Sin embargo, el poder que construyó a ambos instrumentos, a los organismos y a los estados, es el capital más concentrado.
La cuestión de fondo a que aludimos es que el poder económico mundial son las empresas transnacionales y el apoyo que estas reciben de sus estados nacionales de origen, y del entramado de organizaciones pensadas para gobernar el mundo capitalista contemporáneo, sea el FMI, el BM, o la OMC, más allá del fracaso de estas organizaciones. Lo esencial es el poder del capital y junto a él, las mediaciones institucionales creadas históricamente para satisfacer las necesidades del ciclo de valorización y acumulación del capital.
Apuntamos a señalar que la crisis actual incluye junto a la esencialidad del problema para la valorización, la capacidad de la institucionalidad del sistema capitalista mundial para normalizar el ciclo. En ese sentido es que se discute la nueva arquitectura del poder mundial, y desde ese ángulo pueden entenderse críticas al orden capitalista desde el propio régimen. Es que el fracaso de la organicidad del sistema demanda actualizaciones para la regulación económica y financiera, cuestiones que se intentan procesar en el G20, entre países hegemónicos y emergentes en expansión. Nuestra reflexión apunta a la crítica del salvataje del capitalismo, de sus empresas y de su institucionalidad.
Nos afirmamos en un diagnóstico de fracaso ante la responsabilidad del FMI en la crisis contemporánea y el permanente ajuste sugerido para hundir a los pueblos en la miseria y resolver los objetivos de ganancias y acumulación de los grandes capitales; o un BM surgido para la reconstrucción de países destruidos durante la segunda guerra y ser hoy promotor de la subordinación de los países y proyectos económicos a la estrategia de la liberalización que demandan las grandes transnacionales que dominan la economía mundial.
Pero también la OMC es expresión del fracaso, por ejemplo ante la promoción discursiva del liberalismo y la apertura, cuando todos los países despliegan medidas proteccionistas. Esta semana pasada, Europa demandó a EEUU por protecciones recurrentes a la industria aeronáutica, especialmente a la Boeing, situación que perjudica a Airbus; y al mismo tiempo, desde Washington se denuncian otros fenómenos de proteccionismo europeo contra empresas yanquis. Es lo habitual, como observamos en demandas contra la Argentina por medidas proteccionistas, o de nuestro país sobre otros países por disposiciones que frenan la circulación mundial de producción local. La ronda de Doha de la OMC está estancada por la crisis y las políticas proteccionistas que chocan contra el discurso aperturista. El problema es que la crisis es mundial y las respuestas se organizan desde los Estados nacionales.
Por todo ello es correcto el planteo de que el problema de la crisis tiene base en la POLITICA, tanto como en la ECONOMÍA, y convengamos que no puede separarse una de otra; que no hay Economía sin Política, ni viceversa; y por ello sostenemos con orgullo la denominación original de la disciplina que enseñamos e investigamos como “Economía Política”. Ante la crisis mundial en curso hay que discutir de Economía y de Política; del orden económico social mundial y de la institucionalidad que lo preside.
¿Por qué el G20 y no la propia ONU? ¿Por qué la revitalización del FMI y no la estructuración de un nuevo orden global, económico, financiero, productivo?
¿Qué política para qué economía?
Pero si esta es la cuestión, bien vale discutir el sentido político de las decisiones económicas, o dicho de otro modo que rumbo de desarrollo suponen las decisiones de evolución económica, más allá de los discursos que se formulen.
Una opción asumida por la Argentina se concentra en el privilegio de la actividad productiva y se destaca incluso el carácter desarrollista del modelo productivo contra el especulativo, hegemónico en los años 90´. Desde esa definición entonces, convengamos que el proceso de producción capitalista requiere del inversor que ponga en funcionamiento el ciclo económico, lo que supone compras de medios de producción articulados con la contratación de fuerza de trabajo.
Más allá de los debates teóricos sobre el papel del Estado en la actualidad, en su carácter de sujeto con capacidad de invertir ante la ausencia de una burguesía con capacidad y vocación nacional para definir un rumbo autónomo, la realidad es que la Argentina, como la mayoría de los países, ahora designados como “emergentes” buscan atraer capitales externos. Lo hacen porque existen capitales excedentarios a escala global que buscan rentabilidad en múltiples territorios, entre otras cuestiones, para alejarse de la crisis de valorización que hoy se presenta en los principales territorios de la explotación capitalista. Son capitales dispuestos a iniciar el ciclo de producción y circulación, tarea que se realiza a cambio de ganancias y condiciones para recrear el ciclo con más ganancias, acumulación y dominación social. Ese es el sentido de los acuerdos de YPF con Chevron y las conversaciones con EXXON, o de los compromisos con la empresa china CNNC, la Compañía Nacional Nuclear China.
El debate que queremos suscitar es si la producción solo puede resolverse con la lógica de la ganancia, lo que supone, si o si, el papel de las transnacionales como originadores del proceso productivo. El debate es si los Estados Nacionales pueden impulsar otra política económica, que más que definirse como “emergentes en búsqueda de inversores”, pudieran asumir el desafío de modelos productivos y de desarrollo diferenciados. Claro que eso supondría mayores acuerdos globales entre países no hegemónicos en la escena mundial. No alcanza con habilitar acuerdos múltiples que aprovechen las contradicciones entre EEUU y Europa, por ejemplo, o entre éstos y Japón.
Lo que sugerimos es rediscutir el papel económico y productivo que pueden impulsarse desde acuerdos hasta ahora con importante dimensión política, como la UNASUR y la CELAC, por ejemplo, para pensar en articulaciones intelectuales, de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología y técnica para resolver la producción desde otra lógica a la que organizan los inversores externos ávidos de valorización. Es una discusión que también significa la crítica al orden global vigente y recrear variados mecanismos que se instalaron en nuestramérica en los últimos años y relativos a una nueva arquitectura económica y financiera del sistema mundial. Es un debate necesario por otro orden ante el fracaso del surgido a fines de la segunda guerra. La crisis es la oportunidad, y claro, para nosotros, se trata de ir más allá de una crítica desde adentro del capitalismo para su rescate. Es quizá este el momento para proponer u orden alternativo, algo que sugiere la experiencia de cambio político que ensaya por más de una década nuestramérica, y que con atención miran los indignados del mundo.
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2012

Notas sobre el Presupuesto para la Argentina 2013



El poder ejecutivo nacional presentó el proyecto de presupuesto para el 2013, y en estas horas lo defiende ante el Parlamento, donde se discutirá, y probablemente aprobará hacia fines de noviembre.
Es bueno discutir estos temas en simultáneo en el conjunto de la sociedad. En primer lugar para intentar reorientar recursos para satisfacer necesidades de la población, y en segundo lugar para ganar consenso sobre asuntos estructurales que no se tratan necesariamente en las proyecciones anuales de las cuentas públicas.
La presentación del presupuesto incluye el pronóstico de evolución económica para el 2012, es decir, cómo termina el periodo económico en curso, especialmente si se sabe que en la primera parte del año existió una desaceleración respecto del año anterior (2011).
En efecto, el INDEC dio cuenta de un crecimiento del 2,4% para el periodo que se extiende de enero a junio del presente; y el pronóstico anual, del Ministro de Economía, alcanza al 3,4%. Ello supone un fuerte crecimiento económico en lo que resta del año. Una cifra parecida al 4,4% imaginado para todo el 2013.
Ese crecimiento pronosticado para el 2012 significará pagar los bonos de deuda pública atados al crecimiento del PBI por más de 3.000 millones de dólares. Claro que si existe error y en vez de crecer al 3,4 tal como anunció Lorenzino y se crece por debajo del 3,25%, entonces el gobierno se encontrará con 3.000 millones de dólares en el presupuesto, liberados para inversión pública en bienes de capital.
La disposición de esos fondos será la situación más probable, y por ahora sirve para que los inversores sigan apostando a los títulos de la deuda pública argentina.
Expectativas en compras chinas y brasileñas
Respecto de los datos para el 2013, las expectativas favorables para el crecimiento económico se concentran en la demanda externa, principalmente de China y de Brasil.
Claro que la novedad es el anuncio del gigante asiático por suspender compras de granos de soja durante 6  meses, cubriendo su demanda con existencias en stock, acumuladas en el último tiempo[1].
El comentario periodístico alude a que China quiere bajar los precios y no convalidar las subas de los últimos tiempos. Se argumenta que con el solo anuncio del gobierno chino la soja bajó de los 600 dólares la tonelada y pareciera alejarse de la reciente tendencia a una evolución del precio sin techo. Aquellos que no vendieron esperando mejores precios perdieron la oportunidad del mayor precio conseguido por la oleaginosa.
El caso brasileño es distinto, ya que ante la evolución de su economía, el gobierno del PT decidió fuertes estímulos para favorecer la recuperación económica, con incidencia en el crecimiento de las compras en la Argentina, especialmente de automotores. La industria automotriz en el país es clave para pensar en el sector industrial en su conjunto.
Es curioso, pero en los fundamentos del proyecto de presupuesto se alude a la crisis mundial, cuando las expectativas de crecimiento provienen más de la animación de la demanda externa que de mejoras en las condiciones del mercado interno.
Decimos esto porque, aun cuando la proyección inflacionaria es baja a la realidad de mercado, pues se ubica levemente abajo del 11% anual (10,8%), el efecto real se descargará sobre los sectores de menores ingresos relativos en la sociedad argentina.
Es algo que incidirá negativamente en la recuperación económica vía mercado interno y es fuente para pensar en la extensión del conflicto social en la disputa por los ingresos.
Empleos e ingresos
Uno de los afectados será el sector de trabajadores, ya que estructuralmente se paró el efecto de “generación de puestos de trabajo” producto de la reactivación económica ocurrida entre 2002 y 2007, interrumpida por efectos de la crisis global en 2008 y 2009, y levemente recuperada en 2010 y 2011, para detenerse en el 2012, incluso con pérdidas de puestos de trabajo por primera vez en el ciclo de expansión de la década (2002-2012).
El temor no es solo por la evolución de las cuentas macroeconómicas, sino por el posible conflicto social en demanda de ingresos, sea en la disputa salarial de los trabajadores regularizados, como entre los beneficiarios de planes sociales por mejoras y ampliación de los ingresos. Aunque también se expresará por la no modificación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, una de las principales reivindicaciones que mueve la protesta sindical en la coyuntura. Al mismo tiempo, las expectativas del presupuesto en la recaudación por bienes personales, sin modificar los mínimos pueden impactar en sectores de trabajadores.
En el presupuesto existe la reducción de subsidios, entre otros desaparecen aquellos destinados a los subterráneos. El gasto público social está discutido por las restricciones al gasto que presentan las cuentas a corto plazo. Ello incluye los ajustes sobre los ingresos de los trabajadores estatales y los fondos que finalmente se apliquen para cancelar las sentencias judiciales a demandas de los trabajadores jubilados. Algo parecido ocurre con las actualizaciones de asignaciones familiares o los ingresos previsionales.
Inversiones y ¿desendeudamiento?
Las previsiones no contemplan soluciones vía ampliación de la inversión privada, y el acento se concentra a lo que realice el sector público, tal como viene ocurriendo en los últimos tiempos. Es parte de lo que se supone viene realizando en estos día Julio De Vido en su gira por Brasil, China y Rusia, a la búsqueda de inversores externos para proyectos de infraestructura en el sector energético. En el mismo sentido se mueven las autoridades de YPF y la propia Presidente en sus actividades en el extranjero.
Un tema especial se concentra en la cuestión del endeudamiento público, ya que se ratifica, tal como en años anteriores, la orientación de aprobar un “Fondo de Desendeudamiento”, en este caso por 7.967 millones de dólares, que incluye los pagos del bono por crecimiento del PBI, que como sostuvimos, es muy probable que no deban pagarse. En este caso, más de 3.000 millones de dólares podrán ser usados para obra pública, especialmente en “el sector energético o satelital” según anunció el ministro Hernán Lorenzino.[2]
La deuda se lleva el 27% del gasto total, solo superado por “seguridad social”, que utilizará el 32,76% del total. Los pagos previstos de deuda superan ampliamente el gasto en “educación y cultura”, previsto en 5,36%; de Ciencia y Técnica por 1,15%; y el de “salud” que tiene previsto un 2,7% del gasto total. El gasto del conjunto de la Administración gubernamental alcanza al 4,48%.
Vale mencionar que el presupuesto 2013 establece un endeudamiento ordinario por 48.000 millones de dólares y operaciones de crédito adicional por 34.341 millones de dólares, sumando más de 82.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento, poniendo en discusión la categoría de desendeudamiento. Debemos adicionar a esa cifra “avales al Estado”, sea YPF, Enarsa, u otras empresas, por 33.585 millones de dólares.
La deuda pública continúa siendo un tema destacado en el presupuesto y por lo tanto condiciona el uso de los recursos públicos, mucho más de lo que sugiere el relato oficial, que concentra la opinión en la real disminución de la relación de la deuda con el PBI, o con el comercio exterior.
Utilidad del debate más allá de las cuentas públicas
Concluyamos señalando que el debate presupuestario en la sociedad puede incidir en cambios de la orientación del uso de los recursos, incluso las fuentes de los mismos.
El cálculo de ingresos no presenta sorpresas, donde el IVA, ganancias y retenciones siguen siendo lo principal de los recursos fiscales. Pero junto al debate por la disputa de los recursos del Estado, hace falta discutir la orientación general de la economía y su modelo productivo.
Las suspensiones temporales de compras desde China puede hacer reflexionar sobre las desventajas del mono producto y las consecuencias sobre la producción y la sociedad que reclaman productores y habitantes de pueblos fumigados y subordinados al agro-negocio manejado por transnacionales de la alimentación y la biotecnología.
Se trata de habilitar un debate más allá de las posibilidades de modificar o no el proyecto de presupuesto 2013. Lo que interesa es politizar a la sociedad en la discusión sobre qué presupuesto se requiere para reorientar las políticas públicas.
La cuestión es si el Presupuesto define un rumbo para asegurar los intereses de la dominación capitalista, o si la discusión permite acumular fuerzas sociales para una política alternativa, transformadora, que suponga el cuestionamiento estructural de la orientación por construir el capitalismo nacional, lo que supone la lógica de la ganancia y su acumulación para la dominación.
El asunto sigue siendo construir fuerza social, política y cultural para el cambio social en momento de crisis capitalista.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2012


[1] Merino Soto, “China deja de comprar soja por seis meses y hará uso de sus reservas”, Diario BAE, página 4 del 24 de septiembre de 2012.
[2]  Hernán Lorenzino,  reportaje Diario Página 12, sábado 22/9.

Se ajustaron las asignaciones familiares



En la semana se anunciaron correcciones a las asignaciones familiares, mediante lo cual, desde el gobierno se sostiene la universalidad, pues quienes obtengan salarios de más de 7.200 pesos mensuales, si bien no perciben el beneficio por asignación familiar mes a mes, si pueden desgravar ese monto en la declaración anual al impuesto a las ganancias.
Fueron frustrados aquellos que esperaban anuncios respecto de correcciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que por ahora se mantiene, más allá de la cuestión de fondo relativa a si los trabajadores deben o no ser sujetos del impuesto, que por definición debiera aplicarse al sector empresario.
Como resultado del ajuste anunciado, todos los salarios de trabajadores regularizados menores a 7.000 pesos mensuales serán perceptores del beneficio, siempre que el grupo familiar no supere los 14.000 pesos mensuales, o uno de los dos cónyuges ingrese más de 7.000 al mes.
Ello supone una modificación de criterio. Hasta ahora se privilegiaba el menor ingreso de la sociedad conyugal. Desde ahora rige el ingreso familiar a los efectos del beneficio por asignación.
Nuevas escalas
La percepción de la asignación ocurre para trabajadores en situación regular en una escala que señala 4 grupos.
El primer grupo es para los trabajadores de menores ingresos, los que perciben salarios desde 200 a 3.200 pesos mensuales, a quienes se les asigna una prestación de 340 pesos mensuales. Los montos modificados, previamente eran desde los 100 a los 2.800 pesos, siendo la prestación de 270. Así, el tope salarial aumenta un 14,3% y el beneficio un 25,9%. Es un dato relevante a la hora de definir la mejora en el ingreso de la familia trabajadora.
Para el segundo grupo, se parte de trabajadores con ingresos entre 3.201 y 4.400 pesos al mes, los que recibirán una prestación de 250 pesos mensuales. El registro del tope salarial anterior era de 2.801 a 4.000 pesos mensuales, y el beneficio de 204 pesos. Por lo tanto, el ajuste es de 10% para el tope salarial, y de 22,5% para el beneficio.
En el tercer grupo, aparecen los trabajadores con ingresos mensuales entre 4.401 y 6.000 pesos, con un beneficio de 160 mensuales. Antes se reconocía tope entre 4.001 y 5.200 pesos, con beneficio de 135. Los ajustes son del 15,4% al tope salarial del grupo familiar, y del 17,6% para la asignación.
Ahora se agrega un cuarto grupo, antes inexistente, para quienes perciban entre 6.001 y 14.000 pesos al mes, con un beneficio de 90 pesos mensuales.
Como se puede apreciar, mayores han sido los ajustes de las asignaciones que las actualizaciones de los topes para las categorías pre establecidas, las que están por debajo de los ajustes salariales discutidos en las paritarias. Eso explica que las medidas difundidas en la semana, suponen actualizaciones de los montos de beneficios por asignaciones familiares, aunque algunos sectores de trabajadores puedan ingresar un menor beneficio a su economía cotidiana.
¿Por qué? Ocurre que las negociaciones salariales tuvieron una corrección entre el 20 y 25% promedio y los ajustes para el tope salarial son menores al 15%, haciendo que muchos trabajadores pasen del grupo 1 al 2 y así sucesivamente, percibiendo asignaciones incluso menores que las que venían recibiendo hasta el presente ajuste. Así, el volumen total de asignaciones se incrementa con una redistribución al interior del conjunto de los trabajadores.
Achatamiento de la pirámide de ingresos
La tendencia salarial de los trabajadores regularizaos achata la pirámide de ingresos, ya que los ajustes salariales que se realizan privilegian los mínimos, sea por correcciones al salario mínimo vital y móvil; por actualización del mínima jubilatoria; y ahora por el mecanismo diferencial para ajustar tope de ingresos y asignaciones familiares.
Con estas disposiciones se ajusta la Asignación Universal por Hijo corriendo por detrás del aumento de los precios, en una carrera que pierden desde el comienzo los sectores de menores ingresos, situación que involucra también al sector empresario que define sus ventas a quienes perciben ingresos fijos.
Un tema adicional de nuestro comentario es la próxima evaluación del FMI sobre el sistema de medición de precios establecido en la Argentina. Se espera un comentario crítico del organismo internacional, y que viene impulsado por acreedores externos que reclaman por sus ingresos. Está claro que esta demanda puede asociarse a la economía especulativa, mientras que los temas relativos al mínimo no imponible en ganancia o el ajuste de las asignaciones o los salarios son un tema que figura a la cabeza de las reivindicaciones de los trabajadores, a la sazón, la mayoría de la población.
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012

El Proyecto Político en busca del sujeto



¡Y se armó la discusión! La Presidenta discutió que no hay “modelo económico” sino “proyecto político” en curso. Les hablaba a los empresarios reunidos en Tecnópolis el día de la industria, el 3 de septiembre pasado, y también al país en cadena nacional. En la alocución aludió críticamente al titular del grupo transnacional de origen local: Techint. Antes, Paolo Rocca, en la asociación de ingenieros había brindado su versión sobre la evolución económica del país y realizado una crítica a la política del gobierno.
Ya circulan, oficialmente difundidas por decisión del Poder Ejecutivo, las cartas del titular de la empresa número uno del mundo en la venta de caños sin costura para la producción petrolera mundial, y la respuesta presidencial. En ambas parece haber acuerdo sobre cuestiones esenciales del desarrollo productivo industrial y diferencias sobre el rumbo general, coincidiendo en responsabilizar a un tercero por ir más allá de los dichos del empresario, el diario Clarín, otro de los grandes del poder económico local.
Más allá del cuidadoso y atento intercambio epistolar, la discusión que subyace a los dichos y escritos de Rocca y de Cristina Fernández, remiten al sujeto que sustenta cualquier proyecto político. Al comienzo de la década, cuando se vivía el final del régimen convertible, la discusión era más dolarización ó devaluación de la moneda.
Especulación o producción
La primera variante la sustentaban acreedores externos, bancos transnacionales y empresas privatizadas de servicios públicos. El sector productor y exportador, del campo y la ciudad empujaban la devaluación de la moneda local para ganar competitividad (algo que vuelve a demandar el grupo Techint).
Estos últimos fueron los ganadores de la pulseada y se habilitó un relato favorable al establecimiento de un “modelo productivo”, que suponía una cosmovisión opuesta al “modelo especulativo”. Fueron los tiempos de Duhalde, sustentado en Economía por Remes Lenicov al comienzo, y finalmente por Roberto Lavagna, asociado intelectual y profesionalmente a los Rocca. Vale adicionar, que el default previo de Rodríguez Saá liberó buena cantidad de recursos fiscales para pago de deuda pública por unos cuantos años, lo que benefició destinos alternativos del gasto público para promocionar el “nuevo modelo o proyecto”.
El “modelo” en los inicios de la pos-convertibilidad se sustentaba en mayor competitividad para la producción local y un Estado predispuesto a reorientar sus recursos fiscales, por lo cual congeló tarifas de servicios públicos privatizados y subsidió crecientemente a esos empresarios transnacionales que iniciaron una nueva etapa de sus negocios, empujando pleitos en el seno del CIADI (ámbito del Banco Mundial); buscando retirarse del negocio (caso de Aguas, por ejemplo); o discutiendo aumentos de los subsidios, algo que creció hasta el presente. El anuncio por achicar o finalizar con los subsidios, luego de octubre del 2011, pasó a cuarto intermedio, sin fehaciente definición por su disminución o eliminación.
El resultado de negociaciones y situaciones con las privatizadas ha sido diverso, y salvo el caso de YPF, todas las empresas que fueron re-estatizadas eran emprendimientos deficitarios. Ahora se genera la opción estatal por un cuarto de la actividad en la telefonía celular, un sector de alta rentabilidad que requiere importantes inversiones. En el resto de los sujetos beneficiarios del régimen convertible, la situación fue normalizándose. A los bancos se los sostuvo con bonos que permitieron salir del corralito y del corralón, comprometiendo finanzas públicas y facilitando reencontrar al sector bancario la rentabilidad que les permite ser beneficiarios de las mayores ganancias en la coyuntura. Los acreedores externos, pese a gestiones judiciales de cobro en tribunales del exterior, vía desendeudamiento están normalizando la situación.
A la búsqueda de la burguesía nacional y el pacto social
El proyecto político de Menem tenía su sujeto en los impulsores de la dolarización de la economía. El proyecto productivo buscó el sujeto social de su sostén en dos momentos. Uno remite a Duhalde y Lavagna, que también acompañó la primera parte de la gestión Kirchner, hasta la materialización del canje de deuda en el 2005, para empezar a normalizar la relación con el sistema financiero mundial. Allí comienza otro momento, que incluye la segunda mitad de la gestión Kirchner y las dos administraciones de Cristina Fernández. Los ocupantes del ministerio perdieron peso específico en la formulación y difusión del proyecto, que pasó a concentrarse en el titular del gobierno, primero Kirchner y luego Fernández.
El tema central en la definición del sujeto pasó por la constitución de una “burguesía nacional”, en el supuesto general de que la tarea apuntaba a reconstruir el capitalismo nacional. Tarea discutible en tiempos de transnacionalización de la economía mundial, máxime cuando las transnacionales son hegemónicas y crecientemente mayoritarias en la cúpula empresarial local. El proyecto incluía el pacto social entre empresarios y trabajadores, algo que no pudo formalizarse, más allá de las fotos y acuerdos en los Consejo del Salario, especialmente en la última versión, con representación sindical cuestionada.
La apuesta por empresarios y grupos locales del capital tuvo varias etapas que no prosperaron y cedieron el lugar al Estado, una opción que ya fuera definida por el peronismo en los tempranos años 70. En efecto, si la apuesta fue al inicio la asociación con Techint; luego se habilitó al Grupo Eskenazi y la “argentinización” de YPF, un fallido que trajo al multimillonario Carlos Slim como destacado accionista de la empresa petrolera parcialmente expropiada por el Estado. No podemos olvidar la presencia de Urquía, el empresario sojero proveniente de Córdoba, incluso legislador del partido de gobierno. Las apuestas pasaron por el banquero Britos, titular de uno de los bancos locales de mayor desarrollo, e incluso por Cristóbal López, titular de empresas de juego y que ahora incursiona en el petróleo.
Esas apuestas a empresarios o grupos se completaron con intentos de alianzas sociales con los trabajadores, especialmente con la CGT, situación conflictiva por cierto con el proceso de fracturas en el movimiento sindical, incluida la CTA. En estas horas, la CTA desafió con un encuentro de más de 2.000 delegados del sector privado para constituir un modelo sindical alternativo, también entre los privados de la economía, donde se concentra el grueso de los trabajadores. No solo el proyecto político del gobierno busca sujeto, sino que también es una tarea de cualquier proyecto político, asumido como desafío entre los trabajadores adheridos a la CTA. Ese sujeto es también un intento de la derecha tradicional y las clases dominantes, algo que parecía constituirse en la crisis del 2008.
La construcción del sujeto social de sustento del proyecto político gubernamental se presenta como una estrategia con límites, más allá del 54% de los votos en octubre del 2011, no solo por el carácter transnacional de la economía contemporánea, sino porque el objetivo del capital de origen local es también la ganancia, más allá de un proyecto “nacional de desarrollo”, y por que el pacto social se dificulta ante la crisis del modelo sindical tradicional y la búsqueda de nuevas representaciones de los trabajadores, proceso especialmente intentado por la CTA.
El Estado como sujeto. ¿Para qué, cómo y con qué alianzas?
Fue Pedro Paz, entre otros, quien en los 70 y desde el peronismo sostenía que el Estado era el sujeto para construir la independencia económica ante la ausencia de una burguesía nacional.
Ahora vuelve a tener sentido aquella discusión ante el cambio epistolar entre el más grande consorcio industrial local y la presidente, que debe adicionar el debate sobre los para qué del Estado; cual debe ser el sentido de su intervención, cuáles las alianzas sociales para constituir sujeto de sustentación.
Es una discusión que nos lleva a analizar la posibilidad del desarrollo autónomo, independiente del capitalismo en la actualidad. Es un debate que transita la experiencia de nuestramérica, entre la búsqueda del reconocimiento del sistema mundial, objetivo que supone la consideración de “país emergente”; o la perspectiva autónoma que reconoce la necesaria integración regional para superar los límites y condicionamientos que impone el capitalismo. Se trata de discutir el propio modelo productivo en curso, sus beneficiarios y la estrategia de desarrollo.
El centro de la cuestión es el sujeto social de la política hegemónica. Desde otro ángulo, puede sostenerse que la cuestión pasa por la constitución del sujeto consciente para la transformación de la sociedad en la perspectiva emancipatoria para superar al capitalismo en este tiempo histórico.
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012