Economía mundial, políticas nacionales e institucionalidad regional

En variados debates intelectuales sobre Economía Política en los últimos años, aprendimos que la “economía es mundial”, como lo es también la crisis contemporánea.
Un límite serio a esa definición es que las “políticas económicas” son nacionales, aún cuando son múltiples los foros y encuentros globales que intentan sacar conclusiones de relativa universalidad. Claro que se aplican localmente según sea la tradición o el presente de una correlación de fuerzas sociales y políticas.
En ese sentido conviene destacar en la coyuntura la centésima reunión anual de la OIT, comenzada a principios de mes en Suiza, y que producto de la crisis mundial concentra los debates con epicentro en el desempleo mundial, especialmente evidenciado con el alza de los despidos en EEUU y Europa.
Ocurre que la realidad da cuenta de una ofensiva del capital para liderar la política anti crisis en Europa, con ajuste estructural y aliento a la liberalización, afectando derechos sociales, laborales y previsionales.
Lo curioso es que la crisis argentina del 2001 sobrevuela en esos debates y pone en discusión las “ventajas” de la subordinación de la periferia europea a la unidad monetaria hegemonizada por Alemania y Francia en el viejo mundo.
Es un tema que reaparecerá en la próxima semana en Buenos Aires, ya que la Argentina será sede el próximo 9 y 10 de junio de la primera reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
En esta reunión se discutirá la integración monetaria, la promoción de estrategias para el uso coordinado de las reservas internacionales y se evaluarán los sistemas multilaterales de pagos y crédito. Existe una experiencia de compensaciones en monedas locales entre Brasil y Argentina desde el 2008 y que pretende extenderse al resto de los países del Mercosur. También los países del ALBA avanzaron en el S.U.C.RE (Sistema Único de Compensación REgional).
Expresan por ahora esbozos de un tránsito que puede desembocar en una moneda única regional. Son rumbos que apuntan a la “desdolarización”, que pueden converger con aspiraciones a la “deseurización” de algunas economías europeas, y al interés de China de hacer valer su moneda en el ámbito mundial. La crisis alcanza a los restos del acuerdo de Bretton Woods, aquel que cimentó orden mundial hegemonizado por EEUU desde 1944.
Estamos en un tiempo de desorden mundial que otorga la posibilidad para pensar otro orden. Eso es lo que está detrás de las discusiones oficiales en Ginebra, trascendiendo a las delegaciones oficiales presentes en el cónclave de la OIT. Las protestas europeas y estadounidenses, de nuestra región o las del mundo árabe, difícilmente sean expresadas por la tríada de un sindicalismo complaciente con patronales y gobiernos.

La discusión es por la economía y la política

En rigor no solo se discute el orden monetario, o el orden económico, sino que también está la discusión de la política y su crisis, de su institucionalidad hegemónica por años. Se discute la representación, en los organismos supranacionales y en los propios movimientos y organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos. A modo de ejemplo, señalemos que ante la acefalia en el FMI se habilitó un debate sobre el cambio de la tradición europea negociada con EEUU para dirigir el Fondo, aunque las postulaciones de representantes del sur recaen en expresiones fundamentalistas de la corriente principal en economía contemporánea: neoclásicos de cuño neoliberal. El tema de la disputa por la representación puede ejemplificarse también para el caso de la representación sindical argentina en la reunión de la OIT, especialmente de la CTA, con la Justicia convalidando el proceso electoral, a contramano de la “intervención” del Ejecutivo, situación que se manifestó en una impugnación a la delegación oficial.

Hay expectativas con la UNASUR, que pretende avanzar en la institucionalización de una integración regional que excluye a los países del norte de América, mención especial a EEUU, la potencia imperialista omnipresente en el proceso de explotación y dominación regional. Los países que integran UNASUR son: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela; la mayoría de los cuales han protagonizado diferentes niveles de confrontación con EEUU.
La designación de la colombiana María Emma Mejía, para coordinar la UNASUR, en tanto estrecha colaboradora del régimen de Uribe y de Santos augura un debate sobre el rumbo de la inserción internacional de la UNASUR, si se considera el papel de Colombia como asociado especial a la política de libre comercio sustentada por EEUU.
La reunión será presidida por el Ministro de Economía argentino, Amado Boudou, en su carácter de anfitrión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de la Unasur. Previo al encuentro de ministros funcionará el Grupo de Trabajo sobre “integración financiera”, que tiene habilitado un espacio en el sitio oficial de Unasur en internet y que curiosamente se encuentra en blanco. Algo sorprendente cuando se piensa en los temas a considerar y el extendido debate exacerbado con la crisis sobre temas como el Banco del Sur, el uso de las reservas internacionales y el efecto regresivo del movimiento internacional de capitales, especialmente asociados a la especulación y a la actividad delictiva del lavado de dinero y el comercio de armas, drogas y personas.
Además de los temas propiamente financieros y económicos aparece en el horizonte la preocupación por la cuestión ambiental, considerando especialmente que el próximo año se realizará la cumbre “Río+20”, para balancear las dos décadas transcurridas desde la Cumbre de la Tierra y el desafío por la creciente emisión de gases tóxicos derivados del modelo productivo global en curso. La UNASUR pretende ir más allá del Foro político que hoy expresa y la economía integrada de la región constituye un desafío a construir, siendo una de las incógnitas, quizá la principal, la orientación de ese proceso de articulación.

Presencia popular en el debate

Un conjunto de organizaciones sociales y personalidades de la cultura y la política presentaron un pedido de audiencia a los ministros partícipes del cónclave de Unasur. En la solicitud recuerdan que “Desde por lo menos la primera Cumbre de la entonces Comunidad de Naciones del Sur, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en diciembre de 2006, venimos trabajando en relación a los ejes de un financiamiento soberano y solidario en el marco de la Integración Regional”, y les anuncian que “estaremos reunidos en Buenos Aires en fecha coincidente con vuestra presencia en esta ciudad”.

La misiva está encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz en 1980, y otros dirigentes representativos de variadas campañas contra la el libre comercio, el pago de la deuda y la militarización. La demanda de los movimientos apunta a “transmitirles a Uds. opiniones, iniciativas e inquietudes, y establecer un diálogo fluido y positivo, en la convicción que nos une la necesidad y urgencia de la mayor participación democrática para avanzar y profundizar en la integración de nuestros pueblos, y aprovechar las favorables circunstancias económicas y financieras que atraviesa la región en pos de la recuperación y la profundización de los derechos de nuestros pueblos así como también de la naturaleza.”
Entre varios temas que llevarán los movimientos a la reunión de Ministros se encuentra la demanda por las auditorias del proceso de endeudamiento externo en toda la región, tanto como la cuestión de las asimetrías económicas y políticas entre los países, tal el caso de la relación conflictiva y asimétrica entre Brasil y Argentina con Paraguay, que involucra junto al tema financiero, la dimensión energética y la afectación de los derechos de las poblaciones asentados en territorios de emprendimientos binacionales.
Son temas económicos, sí, pero también políticos que involucran a los movimientos sociales y políticos interesados en discutir el orden mundial vigente desde una trayectoria que acumula una década de luchas e intercambios por otro mundo posible. Ello significa intervenir en la denuncia del modelo productivo y de desarrollo contemporáneo, al tiempo que se instala una agenda propia, afirmativa en la defensa de la soberanía alimentaria, energética, ambiental, financiera, por los derechos integrales de los pueblos de la región y del mundo. Es una cuestión que interpela la institucionalidad vigente y su agenda, para sustentar y proponer una nueva institucionalidad popular, que al tiempo que pretende definir que se discute, constituye el sujeto de los cambios necesarios ante una situación de crisis que agudiza los problemas de vastos sectores sociales.