Memoria contra el saqueo y la superexplotación

Hace 35 años se produjo en Argentina un cruento golpe de Estado para reestructurar regresivamente el orden económico social y político. Fue parte de una estrategia en toda la región sudamericana, como ensayo de las políticas neoliberales que luego se extenderían a todo el mundo. Las dictaduras militares anticiparon la restauración conservadora de Thatcher y Reagan. Esas políticas reaccionarias necesitaron en origen del terrorismo de Estado que en Argentina costó la vida de 30.000 personas, en su mayoría trabajadores. El objetivo era restablecer la tasa de ganancia afectada por la resistencia de los trabajadores y para eso se necesitaba disciplinar al movimiento popular.

Las consecuencias del genocidio se materializan en la coyuntura en el debilitamiento de la capacidad de respuesta de los trabajadores, ya que la desindicalización fue coherente con la flexibilidad laboral y salarial que no dejó de consolidarse en este tiempo.  La tasa de desempleo actual duplica los niveles promedio de los años previos al golpe genocida. La mitad de la población trabajadora sufre problemas de empleo o ingreso, y sigue siendo un desafío la construcción de nueva representación sindical que hace dos décadas se renueva con la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA.

Los ideólogos de la dictadura instalaron el programa de las privatizaciones, puesto en acción bajo gobiernos constitucionales, especialmente en los años 90´. Hizo falta el disciplinamiento ideológico cultural para habilitar luego con complicidad de la burocracia política y sindical el extendido proceso de venta del capital público, del petróleo, el agua, la electricidad, los transportes aéreos, ferroviarios, navales. Se entregó al capital privado el régimen previsional y se generalizó el privilegio de la iniciativa privada. El Estado fue garante de los negocios, para lo cual garantizó la estafa del endeudamiento externo con recursos públicos que hoy se manifiestan con las millonarias cancelaciones de deuda que restringen la aplicación de recursos públicos para la educación, la salud o el desarrollo integrado. El hecho es que junto a una deuda pública de 160.000 millones de dólares, las inversiones de argentinos en activos externos reconoce una cifra similar de 170.000 millones de dólares. Podemos asumir que esa cifra es parte de la brutal transferencia de ingreso desde los trabajadores a la cúpula empresaria, fundamentalmente transnacional.

El golpe genocida trajo muerte, desapariciones, torturas, saqueo y mayor explotación. El desafío pasa por recuperar memoria y no olvidar, pero sobre todo, encontrar los caminos alternativos para el desarrollo de un proceso emancipador que es lo nuevo en la región latinoamericana y caribeña.