El conflicto en Paraná Metal afecta a 1.200 trabajadores y sus familias

Los datos de la economía argentina manifiestan crecimiento sostenido, especialmente de la producción material. Los datos para la próxima cosecha, tanto como los de la expansión industrial son elocuentes, con nuevos récord en la producción agrícola y de automóviles, dos sectores claves a la hora de medir el volumen de las exportaciones y en consecuencia, de los ingresos derivados de un saldo comercial favorable.

Sin embargo, pese a ello, el próximo miércoles 18 de agosto está convocada una movilización en Villa Constitución por la situación de la empresa Paraná Metal. Se trata de una movilización que involucra a sus propios trabajadores, a la UOM de Villa Constitución, a otras organizaciones sindicales de la ciudad, pero que también motiva la solidaridad, participación y decisión de impulsar las medidas del conjunto de la sociedad en esa ciudad, incluida la presencia de la dirigencia nacional de la CTA y sindicalistas de países vecinos, como Juan Castillo, portuario uruguayo, integrante de la coordinación nacional del PIT-CNT y coordinador del Encuentro sindical Nuestra América, un nucleamiento que articula buena parte del movimiento sindical y social de la región.

¿Por qué la movilización? En un comunicado de la seccional de los metalúrgicos de la ciudad puede leerse sobre el peligro de cierre y desmantelamiento de la empresa, destacando que “La comunidad debe comprender el significado que tiene para Villa Constitución y la zona la pérdida de Paraná Metal y sus 900 puestos de trabajo”. Adicionemos unos 300 trabajadores más de las contratistas y nos encontramos con 1.200 familias afectadas. En la declaración, los trabajadores deslindan responsabilidades y atribuyen la situación actual a “las pésimas gestiones de seudo empresarios que se ocuparon más en conseguir subsidios del Estado, rebajas salariales o reducir personal que en invertir, optimizar la producción y buscar mercados”. Es una alusión a la participación de Cristóbal López al frente de la empresa, que al no presentar un plan de inversiones ante la justicia se reabrieron los plazos concursales que ponen en peligro el funcionamiento empresarial y las fuentes de trabajo.

La demanda de los trabajadores, “convencidos que Paraná Metal tiene futuro” dicen, apunta a los gobiernos provincial y nacional, “si es verdad que se tiene un proyecto industrialista”, concluyen en forma tajante. Se preguntan: “¿Por qué si el Estado subvencionó con fondos de la ANSES a una multinacional como General Motors cuando su casa matriz en EEUU estaba quebrada, hoy esa misma empresa se niega a comprar a Paraná Metal argumentando que está concursada? ¿Cómo puede ser que Peugeot tiene proyectada la fabricación de 400 mil motores y no compre un solo block a Paraná Metal? ¿Cómo puede ser que se esté por llegar al récord histórico en la fabricación de automóviles y no tengamos producción en Paraná Metal? ¿Cómo es posible que con tal producción automotriz las autopartistas nacionales sólo aporten menos del 30 por ciento de los componentes?”

En la convocatoria a la movilización, reconocen la intervención pública para “salvar puestos de trabajo durante la crisis mundial (Re.Pro, bonos, licencias no automáticas en caso de dumping, etc.)”, pero insisten en medidas políticas para inducir una solución efectiva del conflicto, asociada a negociaciones con compradores locales y de países cercanos, atendiendo a que gran parte de la producción tiene destino en la Ford de Brasil.

El caso de Paraná Metal es sintomático, por tratarse de una fábrica de autopartes que por razones de mercado puede quedar afuera del ciclo productivo afectando a más de 1.000 familias. En un momento donde el Estado, no solo en la Argentina, retomó funciones en el ciclo económico en crisis, se requiere la toma de decisiones públicas para favorecer una crítica situación, al tiempo que se modifica el patrón de gestión en la administración de la empresa, pensando más en una solución administrada por los trabajadores, asistidos por organizaciones de investigación pública como el INTI, o la propia Universidad estatal, la de Rosario, p.e., por cercanía, e incluso, favoreciendo la asistencia técnica de Centros de asesoramiento y consultoría del propio movimiento obrero. Ello supondría no solo la intervención estatal para el salvataje empresarial, sino, un cambio del sujeto para pensar el orden económico y político en el país.

Paraná Metal puede ser un caso testigo, donde no solo se contemple una solución para las fuente de empleo amenazadas, sino que se empiece a pensar en un modelo de producción con otros actores, ya no empresarios asociados a grandes ganancias, sino autogestión para satisfacer necesidades de los trabajadores y sus familias.