Las fechas de aniversarios favorecen los comentarios de balances y perspectivas y así se discute el legado de la Revolución de 1810 y el proyecto futuro de la Argentina.
En el cruce de ambas cuestiones sobresale la discusión sobre el librecambio. Ahora, se discutió en Madrid, en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, la reapertura de las negociaciones sobre un tratado de libre comercio, interrumpidas por las trabas “proteccionistas” establecidas por los negociadores a dos bandas, agravado para Argentina por la devaluación del Euro que favorece las importaciones europeas y limita las exportaciones argentinas.
No hay duda que el librecambio fue la bandera económica de la revolución, levantada por los comerciantes porteños que imaginaban su destino junto a la potencia hegemónica del momento. El contrabando para el ingreso de mercancías por un lado, y la necesidad de alentar un camino propio para la producción local constituían las bases materiales que inspiraron el ideario revolucionario originario. Sin dudas, el surgimiento de la nueva Nación discutía la inserción en el sistema mundial, por entonces con liderazgo británico y un EEUU independizado, que de “colonia” llegaría a “imperio”.
Ayer y hoy se discute el librecambio, pero en el medio crecieron los monopolios, hoy transnacionales que dominan la economía local y mundial, y con ello, subordinan la actividad económica de la Argentina a decisiones foráneas.
Entre otras cuestiones, la vulnerabilidad de la Argentina actual deviene de su dependencia en la fijación de precios de las principales producciones de exportación: por caso la soja y sus derivados; pero también de las nuevas inversiones productivas para la exportación, caso de la mega minería a cielo abierto favorecida por el salto del oro en la recuperación de su función como equivalente general de cambio que impacta en su valorización. La dependencia argentina se pone de manifiesto crudamente en materia de endeudamiento público. El canje de deuda en curso no está resultando lo que esperaba el gobierno, ya que los grandes inversores vinculados a los bancos transnacionales que inventaron el negocio no se sintieron suficientemente atraídos por la oferta gubernamental, con lo que el saldo que se espera es el crecimiento del stock de deuda y la continuidad del problema de la cesación de pagos, pues al reabrir el canje, se dejó abierta la posibilidad de futuras reaperturas.
En la propuesta inicial de canje se imaginaba una nueva colocación de mil millones de dólares para mostrar que el país retornaba a los mercados mundiales de financiamiento. Eso parece frustrado y bienvenido sea, porque Argentina necesita discutir, que más que volver a los mercados en crisis de la economía mundial, necesita en tiempo de bicentenarios recuperar el proyecto originario de la patria nuestra americana, es decir, la integración regional y la articulación productiva y financiera en el camino de la nueva arquitectura financiera que promueven los países del ALBA. Es también el posible camino del Banco del Sur en momentos que en la región supera los 500.000 millones de dólares de reservas internacionales.
Surgen varios interrogantes al respecto. ¿Es posible esa integración regional? ¿Puede sostenerse el planteo con la divergencia de política en los países de América Latina y el Caribe? Argentina y Brasil habilitaron una expectativa esperanzada en 2003, con convergencias de sus paridades cambiarias y afinidades políticas, sin embargo, su derrotero fue divergente en política económica. En 2005, la esperanza se relanzó, con el rechazo al ALCA y a Bush en la Cumbre de las Américas, lo que significó el acercamiento de Venezuela al MERCOSUR y con ello la posibilidad de un eje de desarrollo alternativo.
Ante los diversos bicentenarios que se celebran en nuestra América, la pregunta es si la región podrá encarar nuevamente un proyecto emancipador que tenga eje en la soberanía alimentaria, energética, financiera. La preocupación hace 200 años estaba en la constitución de un proyecto que hermanaba a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Para nosotros, en nuestro territorio, la revolución de mayo fue el acto inaugural de una aspiración inconclusa que debe resolverse con un nuevo poder constituyente.
¿ALCA con la Unión Europea?
Empieza esta semana en Madrid, España, la VI Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, ALCUE. En ese marco se reabren las suspendidas negociaciones entre la UE y el Mercosur para celebrar un acuerdo de libre comercio.
Un interrogante es si a 5 años de enterrado el debate del acuerdo de libre comercio entre EEUU y América Latina y el Caribe, se reabre uno entre Europa y el Mercosur. Hay que recordar que en Mar del Plata, Argentina, durante la IV Cumbre de Presidentes de América, los principales opuestos al tratado de libre comercio de la región con la potencia del norte fueron los países del Mercosur y Venezuela (aún no había requerido su ingreso a la integración entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina). En simultáneo sesionaba la Cumbre popular que había sustentado lo esencial en la denuncia a la sociedad sobre los negativos efectos de la liberalización para la mayoría de la población. La cumbre actual también tiene su movilización popular alternativa que incluye un enjuiciamiento al accionar de las transnacionales europeas en la región.
La discusión con Europa se inició en el 2000 y fue interrumpida en simultáneo con los límites establecidos a Washington. Es que las asimetrías son gigantes y los países capitalistas desarrollados proponen apertura de la economía, liberalización, para poder colocar su producción en nuestros países, al mismo tiempo que mantienen gigantescos subsidios a su producción local, o a sus exportaciones, impidiendo el ingreso de los productos del resto del mundo, es decir, proponen una apertura asimétrica conservando alta protección según sus intereses.
El supuesto actual de la reapertura de negociaciones se justifica en la orientación gubernamental crítica a las políticas hegemónicas en los últimos años al frente de ambos procesos de integración. De un lado la presidencia temporal de José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y del otro Cristina Fernández, con un fuerte discurso contra el neoliberalismo y las políticas hegemónicas en la década pasada. La coincidencia en la coordinación temporal de ambos bloques animó la reapertura de la discusión por un tratado de libre comercio, pero la realidad enturbia lo que parecía un tránsito por senda de rosas.
La crisis de la economía mundial oscurece los acuerdos, pues el socialismo europeo intenta respuestas anti crisis de neto corte neoliberal, similar a las aplicadas en los 80´ y 90´ en la región latinoamericana y caribeña. ¿Qué son las disminuciones de salarios, las extensiones de las jubilaciones, los congelamientos de pensiones y las disminuciones de partidas de gasto público social de gobiernos socialistas en Grecia o en España? Pero también se complica la situación por este lado y Argentina intenta frenar el crecimiento de las importaciones, lo que supone reclamos de los principales socios comerciales: Brasil, China y especialmente Europa; un territorio de larga tradición en el intercambio con nuestro país.
Pero yendo a la cuestión de fondo, lo que se discute es el ingreso de producción agropecuaria a Europa y de productos industriales al Mercosur. Es difícil que en medio de la crisis europea se reduzcan sustancialmente los subsidios a la producción agropecuaria, siendo Francia uno de los principales afectados y responsable de la política comunitaria, no solo en cuestiones de producción en el agro.
Desde el otro ángulo, es Argentina la más perjudicada con el tratado, pues si se abre la puerta al ingreso de bienes industriales, Argentina es el país más vulnerable. Brasil tiene un desarrollo industrial que le permite competir con la industria europea, y Paraguay y Uruguay son países con más desarrollo en los servicios que en la producción manufacturera. El que tiene más para perder es Argentina, que no desarrolló en su reciente ciclo de crecimiento de la economía una producción fabril diversificada y en condiciones de competir en el mercado mundial.
Un elemento crítico adicional a la suscripción de un tratado de libre comercio proviene de la vulnerabilidad a que se someten los países con estos estatutos de la liberalización. Argentina es el país de América que más tratados bilaterales de defensa de las inversiones ha suscripto y que con ello el país fue llevado a tribunales internacionales por sumas millonarias, que aún cuando no terminen en sentencias favorables a las empresas, sirven como chantaje contra el país en la obtención de ventajas en materia de precios internos que afectan y deterioran la calidad de vida de la población.
Nada favorable generan estos estatutos de libre comercio para los pueblos, por lo tanto, la expectativa es que junto a las trabas objetivas que supone la crisis capitalista en curso y con epicentro en Europa, las movilizaciones de la cumbre popular difundan un programa de alternativa ante la nueva ofensiva del capital por la liberalización del orden socioeconómico mundial.
Un interrogante es si a 5 años de enterrado el debate del acuerdo de libre comercio entre EEUU y América Latina y el Caribe, se reabre uno entre Europa y el Mercosur. Hay que recordar que en Mar del Plata, Argentina, durante la IV Cumbre de Presidentes de América, los principales opuestos al tratado de libre comercio de la región con la potencia del norte fueron los países del Mercosur y Venezuela (aún no había requerido su ingreso a la integración entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina). En simultáneo sesionaba la Cumbre popular que había sustentado lo esencial en la denuncia a la sociedad sobre los negativos efectos de la liberalización para la mayoría de la población. La cumbre actual también tiene su movilización popular alternativa que incluye un enjuiciamiento al accionar de las transnacionales europeas en la región.
La discusión con Europa se inició en el 2000 y fue interrumpida en simultáneo con los límites establecidos a Washington. Es que las asimetrías son gigantes y los países capitalistas desarrollados proponen apertura de la economía, liberalización, para poder colocar su producción en nuestros países, al mismo tiempo que mantienen gigantescos subsidios a su producción local, o a sus exportaciones, impidiendo el ingreso de los productos del resto del mundo, es decir, proponen una apertura asimétrica conservando alta protección según sus intereses.
El supuesto actual de la reapertura de negociaciones se justifica en la orientación gubernamental crítica a las políticas hegemónicas en los últimos años al frente de ambos procesos de integración. De un lado la presidencia temporal de José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y del otro Cristina Fernández, con un fuerte discurso contra el neoliberalismo y las políticas hegemónicas en la década pasada. La coincidencia en la coordinación temporal de ambos bloques animó la reapertura de la discusión por un tratado de libre comercio, pero la realidad enturbia lo que parecía un tránsito por senda de rosas.
La crisis de la economía mundial oscurece los acuerdos, pues el socialismo europeo intenta respuestas anti crisis de neto corte neoliberal, similar a las aplicadas en los 80´ y 90´ en la región latinoamericana y caribeña. ¿Qué son las disminuciones de salarios, las extensiones de las jubilaciones, los congelamientos de pensiones y las disminuciones de partidas de gasto público social de gobiernos socialistas en Grecia o en España? Pero también se complica la situación por este lado y Argentina intenta frenar el crecimiento de las importaciones, lo que supone reclamos de los principales socios comerciales: Brasil, China y especialmente Europa; un territorio de larga tradición en el intercambio con nuestro país.
Pero yendo a la cuestión de fondo, lo que se discute es el ingreso de producción agropecuaria a Europa y de productos industriales al Mercosur. Es difícil que en medio de la crisis europea se reduzcan sustancialmente los subsidios a la producción agropecuaria, siendo Francia uno de los principales afectados y responsable de la política comunitaria, no solo en cuestiones de producción en el agro.
Desde el otro ángulo, es Argentina la más perjudicada con el tratado, pues si se abre la puerta al ingreso de bienes industriales, Argentina es el país más vulnerable. Brasil tiene un desarrollo industrial que le permite competir con la industria europea, y Paraguay y Uruguay son países con más desarrollo en los servicios que en la producción manufacturera. El que tiene más para perder es Argentina, que no desarrolló en su reciente ciclo de crecimiento de la economía una producción fabril diversificada y en condiciones de competir en el mercado mundial.
Un elemento crítico adicional a la suscripción de un tratado de libre comercio proviene de la vulnerabilidad a que se someten los países con estos estatutos de la liberalización. Argentina es el país de América que más tratados bilaterales de defensa de las inversiones ha suscripto y que con ello el país fue llevado a tribunales internacionales por sumas millonarias, que aún cuando no terminen en sentencias favorables a las empresas, sirven como chantaje contra el país en la obtención de ventajas en materia de precios internos que afectan y deterioran la calidad de vida de la población.
Nada favorable generan estos estatutos de libre comercio para los pueblos, por lo tanto, la expectativa es que junto a las trabas objetivas que supone la crisis capitalista en curso y con epicentro en Europa, las movilizaciones de la cumbre popular difundan un programa de alternativa ante la nueva ofensiva del capital por la liberalización del orden socioeconómico mundial.
El chantaje de la crisis
El dato de la crisis es ahora Europa. No solo la periferia griega o portuguesa, o la otrora exitosa España, sino los principales países: Inglaterra, Francia y Alemania. La gigantesca deuda de los estados es con la banca de los principales países. El salvataje, más que a los países es para los grandes bancos alemanes y franceses. Cualquier parecido con el derrumbe de la banca de inversión estadounidense, en crisis entre 2007 y 2009, no es pura casualidad.
La crisis continúa en territorio europeo, y así como el dólar se devaluó, ahora le toca al euro. Es parte de la manifestación de la crisis de la economía mundial. La intervención estatal es la norma de la política económica de época, desmintiendo la lógica neoliberal que abjuraba del estatismo y de aquellos que sindican de progresista al Estado capitalista.
Es el Estado actuando en la transferencia de ingresos desde unos a otros, adicionando que, en economía nunca se pierde, en todo caso, los recursos cambian de bolsillo.
El fenómeno se manifiesta como fuertes movimientos en las bolsas y hace que algunos la califiquen de crisis financiera. Es un error, el problema está en el orden social, el capitalismo y su lógica por acrecentar la ganancia. La recesión, la desaceleración, o el bajo crecimiento son obstáculos para la valorización de los capitales, y en razón de ello se convoca a nuevas rondas de disputa del producto social en el ámbito mundial.
Las clases dominantes usan la crisis para chantajear a los trabajadores y los pueblos, gobiernos mediantes, para ajustes del gasto social, reducción de pensiones, salarios, y descargar el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables.
Es quizá tiempo de pensar en otra arquitectura de las finanzas mundiales y ello nos lleva a discutir el endeudamiento y la impagable hipoteca que ello significa; el control y límite al libre movimiento de los capitales y por cierto a discutir el sentido de la producción y el patrón de consumo, pensando en satisfacer necesidades más que en la lógica productivista de un consumismo individualista. Son temas que trascienden el sube y baja bursátil para instalarse como un debate civilizatorio.
La crisis continúa en territorio europeo, y así como el dólar se devaluó, ahora le toca al euro. Es parte de la manifestación de la crisis de la economía mundial. La intervención estatal es la norma de la política económica de época, desmintiendo la lógica neoliberal que abjuraba del estatismo y de aquellos que sindican de progresista al Estado capitalista.
Es el Estado actuando en la transferencia de ingresos desde unos a otros, adicionando que, en economía nunca se pierde, en todo caso, los recursos cambian de bolsillo.
El fenómeno se manifiesta como fuertes movimientos en las bolsas y hace que algunos la califiquen de crisis financiera. Es un error, el problema está en el orden social, el capitalismo y su lógica por acrecentar la ganancia. La recesión, la desaceleración, o el bajo crecimiento son obstáculos para la valorización de los capitales, y en razón de ello se convoca a nuevas rondas de disputa del producto social en el ámbito mundial.
Las clases dominantes usan la crisis para chantajear a los trabajadores y los pueblos, gobiernos mediantes, para ajustes del gasto social, reducción de pensiones, salarios, y descargar el peso de la crisis sobre los sectores más vulnerables.
Es quizá tiempo de pensar en otra arquitectura de las finanzas mundiales y ello nos lleva a discutir el endeudamiento y la impagable hipoteca que ello significa; el control y límite al libre movimiento de los capitales y por cierto a discutir el sentido de la producción y el patrón de consumo, pensando en satisfacer necesidades más que en la lógica productivista de un consumismo individualista. Son temas que trascienden el sube y baja bursátil para instalarse como un debate civilizatorio.
Beneficios y perjuicios de la política cambiaria
Existen nuevas demandas por acelerar el ritmo de la devaluación de la moneda local. El argumento de quienes sustentan el pedido es el retraso de la evolución de la moneda local respecto de la divisa, especialmente el dólar. Es un argumento sustentado por sectores hegemónicos de la producción, que destinan su producto al mercado mundial, en una coyuntura de elevados precios internacionales.
Los sectores productores y exportadores presionan por mejorar el tipo de cambio. No están satisfechos con las correcciones que llevaron el tipo de cambio de $3,70 hace un año a $3,89, muy lejos de la evolución de los precios internos, incluso si se considera la inflación denunciada por el INDEC. Mucho más si se consideran otros guarismos que duplican o triplican los registros oficiales.
Mantener las importantes ganancias obtenidas desde la devaluación de comienzos del 2002 los llevan a reclamar una tendencia creciente de la cotización de la divisa de referencia, es decir, un mayor nivel de devaluación.
Desde el inicio de la posconvertibilidad reclamaban un precio mayor para el dólar, que en los primeros seis meses alcanzó la barrera de los $4 para luego retroceder por debajo de $3, estabilizándose por un largo periodo en ese nivel.
La combinación de las mejores condiciones para exportar producción local y el crecimiento internacional de los principales productos de exportación significó la instalación de los tributos sobre el comercio internacional: las retenciones.
Son estos sectores económicos, los ganadores de la devaluación del 2002, los que también promueven la disminución de las retenciones (si pudieran reclamarían la eliminación total) con el objeto de apropiarse plenamente del precio internacional de los bienes comerciados. Compartir el mayor precio internacional con el Estado es sentido como una indebida intervención estatal. En definitiva, pretenden mejor cotización y menor incidencia impositiva sobre sus ingresos.
Convengamos que el Estado actúa con dos fines. La situación fiscal acrecida con la recaudación y evitar la traslación de los precios internacionales al mercado interno.
Debemos destacar que al mismo tiempo que se reconocen beneficiarios, existen perjudicados por la política devaluacionista del tipo de cambio. En forma directa, aquellos que viven de un ingreso fijo por la venta de su fuerza de trabajo, del mismo modo que el conjunto de empresarios y productores que orientan su actividad económica a satisfacer las necesidades de ese sector. Pero de todos ellos, y por la experiencia de los últimos años, los trabajadores pasivos, los informales y los estatales son quienes aparecen con rezago en la actualización de sus haberes.
En términos generales, la devaluación genera condiciones favorables para incrementar la producción local y su venta en el mercado mundial, sin que ello suponga una mejora en la distribución del ingreso de la población.
La política cambiaria tiene una historia en el mediano plazo, funcional a la reproducción de la dinámica capitalista de acumulación y dominación. Con la convertibilidad (1991-2001) se favorecieron las importaciones y el ingreso de capitales, acumulando deuda con el exterior. La fuga de capitales fue la señal para la modificación de una política (2002) que reorientó beneficiarios entre sectores hegemónicos del capital, potenciando el deterioro de la calidad de vida de parte importante de la sociedad, especialmente los trabajadores.
Como en política económica siempre se trata de beneficios y perjuicios, la discusión por nuevas rondas devaluatorias de la moneda nacional debe pensarse con relación a la distribución del ingreso y la riqueza.
Los sectores productores y exportadores presionan por mejorar el tipo de cambio. No están satisfechos con las correcciones que llevaron el tipo de cambio de $3,70 hace un año a $3,89, muy lejos de la evolución de los precios internos, incluso si se considera la inflación denunciada por el INDEC. Mucho más si se consideran otros guarismos que duplican o triplican los registros oficiales.
Mantener las importantes ganancias obtenidas desde la devaluación de comienzos del 2002 los llevan a reclamar una tendencia creciente de la cotización de la divisa de referencia, es decir, un mayor nivel de devaluación.
Desde el inicio de la posconvertibilidad reclamaban un precio mayor para el dólar, que en los primeros seis meses alcanzó la barrera de los $4 para luego retroceder por debajo de $3, estabilizándose por un largo periodo en ese nivel.
La combinación de las mejores condiciones para exportar producción local y el crecimiento internacional de los principales productos de exportación significó la instalación de los tributos sobre el comercio internacional: las retenciones.
Son estos sectores económicos, los ganadores de la devaluación del 2002, los que también promueven la disminución de las retenciones (si pudieran reclamarían la eliminación total) con el objeto de apropiarse plenamente del precio internacional de los bienes comerciados. Compartir el mayor precio internacional con el Estado es sentido como una indebida intervención estatal. En definitiva, pretenden mejor cotización y menor incidencia impositiva sobre sus ingresos.
Convengamos que el Estado actúa con dos fines. La situación fiscal acrecida con la recaudación y evitar la traslación de los precios internacionales al mercado interno.
Debemos destacar que al mismo tiempo que se reconocen beneficiarios, existen perjudicados por la política devaluacionista del tipo de cambio. En forma directa, aquellos que viven de un ingreso fijo por la venta de su fuerza de trabajo, del mismo modo que el conjunto de empresarios y productores que orientan su actividad económica a satisfacer las necesidades de ese sector. Pero de todos ellos, y por la experiencia de los últimos años, los trabajadores pasivos, los informales y los estatales son quienes aparecen con rezago en la actualización de sus haberes.
En términos generales, la devaluación genera condiciones favorables para incrementar la producción local y su venta en el mercado mundial, sin que ello suponga una mejora en la distribución del ingreso de la población.
La política cambiaria tiene una historia en el mediano plazo, funcional a la reproducción de la dinámica capitalista de acumulación y dominación. Con la convertibilidad (1991-2001) se favorecieron las importaciones y el ingreso de capitales, acumulando deuda con el exterior. La fuga de capitales fue la señal para la modificación de una política (2002) que reorientó beneficiarios entre sectores hegemónicos del capital, potenciando el deterioro de la calidad de vida de parte importante de la sociedad, especialmente los trabajadores.
Como en política económica siempre se trata de beneficios y perjuicios, la discusión por nuevas rondas devaluatorias de la moneda nacional debe pensarse con relación a la distribución del ingreso y la riqueza.