Se termina el año y resulta habitual la expresión de deseos por un próximo año de prosperidad y felicidad. Si remitimos a la política económica, ello supone considerar quien es el que pide el deseo, del mismo modo que requiere se analice la orientación estatal, responsable en definitiva de la aplicación del rumbo en materia económica.
No es lo mismo la prosperidad y felicidad solicitada por los trabajadores jubilados que brindaron con pan y agua en la puerta del Congreso Nacional en la víspera de nochebuena, que la imaginada por los grandes empresarios convocados a cenar en la residencia de Olivos la noche del martes 22/12.
Los primeros, o sea, los trabajadores jubilados imaginan un 2010 con plenitud de la movilidad jubilatoria, lo que sin vueltas apunta al 82% del ingreso del trabajador activo; una asignación previsional mínima de $1.600; pero también involucrarse en la administración y toma de decisiones sobre recursos e instituciones consideradas propias, tales como los recursos de la seguridad social, el ANSES y el PAMI. Son pretensiones fundadas para otorgar seguridad social a los mayores en un marco que peticiona calidad de vida adecuada para la mayoría empobrecida de la población.
Los segundos, los grandes empresarios, tales como los titulares de ARCOR o TECHINT que flanquearon a la Presidente en la cena, demandan políticas económicas que otorguen seguridad jurídica a sus inversiones, en un 2010 que imaginan de crecimiento luego de la importante caída del 2009, el año de despliegue de la crisis de la economía mundial en territorio nacional. Es lo mismo que reclamaron los empresarios de la Volkswagen a la Presidente al presentar su nuevo utilitario producido en el país para el mundo; o los responsables empresarios de Repsol al anunciar su próximas inversiones para la explotación petrolera en territorio nacional.
¿Podrián satisfacerse ambas demandas en el 2010?
Debiéramos advertir que se trata de reclamos contradictorios, pues ambos exigen a la política económica la centralidad de su demanda, y claramente responden a dos concepciones muy distintas sobre la “seguridad”. La seguridad social se contrapone a la concepción privada de la seguridad que requiere el capital para afirmar su objetivo de mayores ganancias, riquezas y poder. Ambas concepciones son manifestación de la disputa por la renta nacional.
El Estado capitalista incluye en sus funciones el arbitraje en ese conflicto de intereses. Esa es la razón que lleva al Estado nacional a resolver un subsidio anual a los menores empobrecidos del orden de los 2.500 millones de dólares y un fondo del bicentenario para asegurar pagos de la deuda externa por 6.500 millones de dólares en 2010. En la diferencia de montos asignados puede verificarse el sentido principal del arbitraje en materia de seguridad social o privada con relación a la deuda interna social o externa financiera.
Satisfacer el reclamo del movimiento de jubilados requiere de la totalidad de los recursos ingresados por año al ANSES y un plus a resolver de las finanzas públicas, incluso mayor que la asignación tributaria hoy afectada a la seguridad social. ¿Esta dispuesta la sociedad a colocar en primer lugar de la política económica la seguridad social?
No parece ser lo que se solicita cuando de seguridad se habla en los medios de comunicación, o en el sentido común de la sociedad. Más se piensa en la defensa de patrimonios privados que en una cuestión social. Esta es la razón que lleva a los empresarios a requerir seguridad sobre sus inversiones. Lo que peticionan es control del conflicto social, tanto de sus trabajadores como de los desocupados y jubilados que reclaman mejorar sus ingresos a costa de la ganancia empresaria.
Ambos deseos no pueden cumplirse puesto que la distribución del ingreso o de la riqueza supone reasignar recursos que favorecerán a unos u otros, nunca a ambos.
Mucho más complejo será el análisis, si además de contraponer a jubilados y grandes empresarios incluyéramos a la masa de trabajadores, o de pequeños y medianos productores o empresarios, entre otros sectores sociales que demandan en la disputa de la renta.
Los primeros, los trabajadores, no solo demandan ingresos en su postal de prosperidad y felicidad para el 2010, sino principalmente democratizar la sindicalización, algo que viene negándose recurrentemente y que este 2009 mostró variados ejemplos de una voluntad política para transitar un nuevo modelo sindical. Ya no solo es reivindicación de la CTA, sino de los trabajadores de Kraft, del subte, de los petroleros o los mineros, entre muchos otros con menos visibilidad mediática. Es una democratización que alcanza el orden económico y social en conjunto, que incluye financiamiento y políticas activas específicas para empresas recuperadas por sus trabajadores, o iniciativas de organización de la economía popular, autogestionaria y sin fines de lucro, de propiedad cooperativa, mutual o comunitaria. Lo que supone otro orden de relaciones sociales en la producción y distribución de bienes.
Entre los segundos, los pequeños y medianos productores y empresarios existe el reclamo, entre otras cuestiones, por su exclusión en la cena de Olivos. Ellos que a la hora de contabilizar el empleo son los mayores empleadores y que sin embargo se sienten excluidos del debate sobre las políticas económicas necesarias, el crédito disponible y la posibilidad de ser considerados sujetos de un proyecto social articulado con los trabajadores para la transformación social que se pregona.
Lo que está en discusión en este fin de año y en la perspectiva del 2010 es hacia dónde apuntan los objetivos de política económica en el corto plazo.
¿Se pretende restablecer la ruptura del bloque empresarial que otorgó consenso a las políticas vigentes desde el 2002 y sostenidas en los gobiernos de Néstor Kirchner desde 2003 y de Cristina Fernández desde 2007? Recordemos que ese consenso se fracturó en 2008 en el conflicto con las patronales agrarias y en el 2009 con algunos sectores industriales. La voluntad de pago de la deuda y la reanudación del diálogo con el FMI y los acreedores externos van en esa dirección.
Son señales que apuntan a constituir o reconstituir el sujeto privilegiado de la construcción socioeconómica pretendida, el “capitalismo nacional”. Formulación que solo puede entenderse por la forma que asume el orden capitalista en Argentina, con claro dominio de las Corporaciones Transnacionales, buena parte de las cuáles, a través de sus representantes, fueran convidadas a la cena en Olivos.
Finalmente, y pensando desde otro lugar, no será que el 2010 puede ser un momento oportuno para discutir el orden económico y social, lo que supone discutir otros beneficiarios de la política económica, para terminar con la pobreza y el desempleo, fenómenos ambos que volvieron a la agenda de discusión por su real emergencia en la coyuntura de crisis. ¿La única posibilidad de producir es bajo el dominio de las corporaciones transnacionales? ¿Puede el 2010 ser el año de un debate nacional para hacer realidad la soberanía alimentaria, energética, financiera productiva? ¿No requiere ello potenciar los lazos hacia una integración regional que enfrente el poder global en un capitalismo en crisis? ¿No requiere ello pensar más allá del capitalismo y contra el capitalismo? ¿Puede asumirse en esa perspectiva el restablecimiento de la lucha por el socialismo como en otros procesos de América Latina y el Caribe?
Contribuir a responder esos interrogantes es parte de nuestro deseo para el 2010, y nos comprometemos con nuestras reflexiones y acción, junto a otras que se escuchan y motorizan en el diverso y aún fragmentado movimiento popular y la izquierda social y partidaria para favorecer la constitución de un sujeto colectivo consciente que luche por hacer realidad un pensamiento por la emancipación en nuestro país. No constituye solo un deseo personal, pues el movimiento hacia una constituyente social impulsado por casi un millar de organizaciones y liderado por la CTA propone animar la discusión sobre el pensamiento necesario para la emancipación.
El pensamiento puede responder a las necesidades de la hegemonía, tal como ocurrió con el “pensamiento único” de cuño neoliberal en la última década del Siglo XX, a favor de la liberalización y las privatizaciones, con el objeto de disciplinar al movimiento obrero y la resistencia popular. También puede ser justificatorio y posibilista de una cristalización de la correlación de fuerza en un momento histórico en que recrudece el accionar ofensivo de EEUU, del capital en crisis que pretende reponer sus derechos sobre la riqueza y el ingreso afectado por la crisis capitalista. El desafío está en la capacidad de construir autonomía del pensamiento para luchar por la emancipación social, afirmando los derechos de los trabajadores y del pueblo sobre la renta y patrimonio nacional, en una búsqueda junto a otros pueblos de la región y del mundo.
Ese pensamiento no es patrimonio de los intelectuales, sino de sujetos populares que se construyen concientemente como tales en un proceso de reflexión y lucha por lograr la hegemonía en la sociedad, para transformar el orden, superar la crisis y organizar otra sociedad, que excluya la pobreza y la explotación social.
Felicidades para todas y todos!
Buenos Aires, diciembre de 2009
Fondo del bicentenario: garantía de cancelación a los acreedores externos
El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad realizado en cadena nacional por el Ministro de Economía y la Presidente el pasado 14-12-09 constituye una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo (2010).
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
Constituyente Social: balance y proyectos
- A un año de su lanzamiento, cual es el balance que hacen de la Constituyente?
Se reabre el debate por la Tax Tobin.¿Un freno a los flujos de capitales especulativos? ¿Se puede ir por más?
Con la cesación de pagos del consorcio inmobiliario financiero de Dubai se habilita otro capítulo de la crisis integral del sistema capitalista mundial. En este marco, otra transnacional en problema da cuenta de los responsables de la crisis y sus apoyaturas globales y locales. En 2008 fue Lehman Brothers, el Banco Transnacional de origen en EEUU, y ahora el consorcio transnacional de la ciudad Estado de los Emiratos Árabes Unidos. El sujeto principal de la crisis y del sistema capitalista es el capital transnacional, que renueva en estas condiciones su estrategia de liberalización, que se materializa en el saqueo, la explotación y la violencia, para lo cual acude al soporte del Estado capitalista. Si alguien lo duda basta con observar el destino del salvataje global o los múltiples subsidios nacionales en todo el mundo a empresas con problemas para su valorización.
Es evidente la indispensable colaboración de los Estados nacionales con el objetivo de consolidar la valorización financiera o la producción concentrada, la dominación y, por tanto, la continuidad del modo de producción capitalista en esta época de transnacionalización. En ese marco se entiende el “salvataje” instrumentado por los Estados como una clara señal en pos del mantenimiento del orden mundial vigente. Es el “Estado” al servicio del “mercado”, demostrando la hegemonía de la esencia de clase del accionar político estatal. Tal connivencia entre el capital y el “Estado”, intenta encubrir las fatales consecuencias sociales, políticas e ideológicas que genera la actual crisis de la economía mundial. En ese sentido, interesa abordar aquí el cuestionamiento a los presupuestos ideológicos neoliberales sobre los que se asentó el discurso contra el gasto público social, la empresa estatal y a favor de la iniciativa privada, la apertura comercial, económica y financiera como programa aplicado prácticamente en todo el mundo. Cabe resaltar que la predica neoliberal no sólo tenia asidero entre los núcleos de saber especializado, sino que se constituyó en un saber del sentido común, influencia mediante de los medios de comunicación en el establecimiento de este discurso.
Reaparece la Tax Tobin
Por estos días y luego de más de tres décadas del más acérrimo neoliberalismo, desde Gran Bretaña, uno de los países europeos centrales, se propone estipular un impuesto (tax en inglés) al flujo financiero de capitales (Tax Tobin).
Al menos así lo expresó Gordon Brown, el gobernante laborista británico, quien el 8 de noviembre y nada menos que en el marco de la apertura de la reunión ministerial del G-20 en la ciudad escocesa de Saint Andrews, sorprendió a su país y al mundo al declarar que es necesario un nuevo “contrato social” con el sector financiero y que “no es aceptable que los beneficios del éxito los cosechen unos pocos y los costos del fracaso los paguemos todos”. En el mismo sentido y apoyándose en esa propuesta, el premio Nobel de Economía del 2008, sostiene que es tiempo de “reflotar la tasa Tobin”. Al mismo tiempo que apoya en su nota a las autoridades británicas, critica la negativa estadounidense y demanda que “ha llegado la hora de un impuesto a las transacciones financieras”.
¿Pero que significa que desde el núcleo mismo del poder capitalista se realice un planteo semejante? Para contestar esa pregunta es necesario remontarse a la historia. La Tax Tobin es un impuesto sobre las transacciones de divisas, que surge a comienzos de los años 70, inicio de la eclosión especulativa que derivara en la burbuja explotada en nuestros días. El impuesto toma su nombre del Premio Nobel de economía, el estadounidense James Tobin, que la propuso en 1972 para frenar la ola especulativa asociada a la compra venta de divisas. Intentaba, con su propuesta, gravar mínimamente las operaciones con divisas, colocar un grano de arena en el engranaje de la especulación emergente. A su modo proponía rescatar al capitalismo del peligro de la especulación, sin comprender la lógica de la concentración y centralización que llevaba el rumbo de la liberalización de la economía mundial.
La opinión de Tobin no fue considerada oportunamente y la realidad del desarrollo capitalista transcurrió sin obstáculos por el camino de la liberalización, la desregulación, la apertura de las economías y el libre movimiento de capitales internacionales, potenciados por la revolución tecnológica. Y la propuesta de James Tobin, por supuesto, fue desechada. Sin embargo, por el año 1998 el movimiento popular rescata y resignifica la Tasa Tobin. Surge la Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda al Ciudadano, ATTAC, que se articula como una red en más de 40 países del mundo, entre los cuales figura Argentina. Estaba claro que ahora no se trataba de salvar al régimen del capital, sino de promover un instrumento de recaudación global para afrontar los problemas de la creciente pobreza e indigencia en el mundo. Se pensaba a la propuesta como un punto de partida a sustentar con otras medidas que suponían una confrontación con el pensamiento hegemónico de los noventa. Era una proposición para constituir sujetos contradictores en un clima de avasallante hegemonía de la ola neoliberal.
Pero retomemos nuestra reflexión sobre el ámbito desde donde ahora se propuso la Tax Tobin. Ante la incapacidad del G8 para ordenar el sistema en crisis, se le otorgó carácter de cumbre presidencial al G20. Este agrupamiento de países tiene antecedentes en las crisis de la década del ’90. Emerge con el fin de suplir los problemas que dejan las políticas de liberalización financiera a lo largo del mundo, las cuales eran “recetas” de los organismos multilaterales de crédito y el poder económico mundial. Inicialmente se trataba de una reunión ministerial convocada una o dos veces por año; pero cambió de calidad cuando estalló la actual crisis en EEUU en el 2007-8. La principal conclusión de la última reunión del G20 realizada en Pittsburg (septiembre 09), es la coincidencia de los gobiernos de los países miembro en la rehabilitación del sistema financiero y junto con ello, la persistente confianza en la autorregulación de los mercados, base de la ideología neoliberal.
De hecho, la respuesta en contra del planteo de G. Brown no se hizo esperar. Así, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, rechazó la propuesta de inmediato, alegando que “un impuesto cotidiano a las transacciones financieras es algo que no estamos dispuestos a aceptar”. Al tiempo que el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, expresó a la prensa que “la tasa Tobin es una vieja idea que hoy es impracticable”.
Sendas declaraciones dan cuenta de la tensión existente referida a quién y cómo se pagan los costos de la crisis vigente. En el marco de esta puja se abre el espacio para debatir iniciativas alternativas al pensamiento neoliberal hegemónico, incluso más allá de la Tax Tobin.
Es que Brown y Krugman por un lado sostienen el carácter benévolo para el capitalismo en crisis al colocar “un grano de arena” a la especulación financiera, ampliamente rechazada por la autoridad del Fondo y el gobierno de EEUU. Ambos oponentes razonan desde una lógica de salvataje del capitalismo. Para nosotros, la cuestión es si se puede ir más allá del capitalismo en crisis, partiendo de la utilización de esos potenciales recursos a obtener por una Tax Tobin, para resolver necesidades sociales insatisfechas.
El mencionado contrapunto evidencia también, el empeño por proteger la libre circulación de los capitales. Es que el G20 decidió rescatar al capitalismo de la crisis mundial con un fortalecimiento del FMI, para lo cual le triplicó la capacidad de préstamos y favoreció una ampliación en su capacidad de emisión de Derechos Especiales de Giro, DEG. En ese sentido, entre los habituales argumentos en contra de la restricción especulativa, se aduce que un impuesto con tal objetivo, interferiría el flujo de las inversiones externas directas. Falacias. Porque la aplicación de la tasa Tobin apunta a regir la compra y venta de divisas y el movimiento especulativo de fondos, mientras que las inversiones suponen colocaciones de riesgo en el mediano y largo plazo, con impacto en la economía real.
Cabe recordar que, a su modo, Brasil decidió aplicar un impuesto al ingreso de capitales destinado a la compra de activos financieros. Es un antecedente en la región que valida la factibilidad de la aplicación del impuesto tipo Tobin. Aún antes, Chile fue ejemplo mencionado en la restricción al ingreso de capitales de corto plazo. En rigor, en Argentina también se establecieron límites temporales para el ingreso de recursos externos. Agreguemos que un acuerdo global o regional le otorgaría un mayor poder de aplicabilidad a la propuesta tributaria. De hecho, el debate ya se dio en el seno de la Unión Europea, en el mes de septiembre del 2001, más no logró la cantidad necesaria de votos para su ejecución.
¿De qué montos hablamos? ¿Quién debe administrarlos?
A modo estimativo, y a fin de otorgar una dimensión certera de la cantidad de dinero que implicaría un impuesto de este estilo, se puede decir que, tomando en cuenta el volumen de los movimientos financieros que circulan diaria y libremente por el mundo en busca de ganancias, se estima que, tasa Tobin mediante, entre 100.000 y 300.000 millones de dólares anuales, según sea la alícuota aplicada. Son valores que superan la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Por ello, la Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras y Ayuda a los Ciudadanos en Argentina (Attac–Argentina), enmarcada en el Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos (MoSIP), sostiene:
- el control estricto de capitales es esencial para poner fin a la inestabilidad y a la especulación financiera;
- un impuesto como la “Tasa Tobin” debe aplicarse a todas las transacciones financieras a un tipo impositivo suficiente (el propio Tobin sugirió del 0,5 al 1%), previendo la posibilidad de aumentarlo fuertemente para cortar de raíz cualquier movimiento especulativo naciente;
- este impuesto sería más eficaz si se aplicara a escala mundial, pero desde ahora mismo sería perfectamente operativo en el ámbito de algunos procesos de integración económica como el MERCOSUR, la Unión Europea;
- este impuesto debe ser parte de un conjunto de medidas coherentes para reducir la influencia del poder de las finanzas: supresión de los paraísos fiscales, limitación de ingresos financieros, eliminación de las primas (bonus);
- la administración de los recursos que se generen a través de la aplicación de la Tasa Tobin deberá ser efectuada por instituciones internacionales cuyo funcionamiento no esté regido por la lógica neoliberal.”
En este último punto, deja claro que tanto los organismos multilaterales de crédito como las instituciones financieras internacionales hegemónicas vigentes, no debe estar a cargo de la implementación de esta política, dado que su lógica capitalista asegura una asignación regresiva de los valores recaudados. Con las sucesivas crisis económico-financieras y sociales, queda en claro que la lógica neoliberal no sólo no soluciona la grave polarización social existente, sino que la exacerba. En síntesis, no existe el tan mentado “derrame”. Por lo tanto, desde el mismo Attac-Argentina se propone que sea un organismo como el Foro Social Mundial el encargado de aplicar, recaudar y ejecutar las partidas provenientes de este impuesto a la especulación financiera.
La crisis del sistema capitalista mundial es una oportunidad para que los pueblos consoliden el camino hacia un cambio profundo de la sociedad. En ese sentido se inscriben procesos de cambio político nacional que incluyeron reformas constitucionales y que avalan procesos de integración alternativa como el ALBA-TCP (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos), y la puesta en marcha de instrumentos financieros como el Banco del Alba y del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) aprobada para sustituir el dólar en el intercambio comercial entre los países miembros del ALBA. Es un camino que puede potenciarse con el demorado Banco del Sur o la incipiente operatoria de compensación en monedas locales en el comercio entre Brasil y Argentina, aún cuando terminan cancelando saldos en dólares.
La crisis continua y las propuestas apuntan al sostenimiento y relanzamiento del régimen del capital; o a encontrar caminos que supongan resolver necesidades inmediatas de los más necesitados y en ese camino disputar un rumbo más allá del régimen del capital. Ante la multiplicidad de regresivos efectos sociales provocados por la crisis, no resulta ni plausible ni efectiva una solución focalizada. Es preciso un cambio rotundo, integral, que tenga como eje la transformación del modo de producción capitalista.
Reaparece la Tax Tobin
Por estos días y luego de más de tres décadas del más acérrimo neoliberalismo, desde Gran Bretaña, uno de los países europeos centrales, se propone estipular un impuesto (tax en inglés) al flujo financiero de capitales (Tax Tobin).
Al menos así lo expresó Gordon Brown, el gobernante laborista británico, quien el 8 de noviembre y nada menos que en el marco de la apertura de la reunión ministerial del G-20 en la ciudad escocesa de Saint Andrews, sorprendió a su país y al mundo al declarar que es necesario un nuevo “contrato social” con el sector financiero y que “no es aceptable que los beneficios del éxito los cosechen unos pocos y los costos del fracaso los paguemos todos”. En el mismo sentido y apoyándose en esa propuesta, el premio Nobel de Economía del 2008, sostiene que es tiempo de “reflotar la tasa Tobin”. Al mismo tiempo que apoya en su nota a las autoridades británicas, critica la negativa estadounidense y demanda que “ha llegado la hora de un impuesto a las transacciones financieras”.
A modo estimativo, y a fin de otorgar una dimensión certera de la cantidad de dinero que implicaría un impuesto de este estilo, se puede decir que, tomando en cuenta el volumen de los movimientos financieros que circulan diaria y libremente por el mundo en busca de ganancias, se estima que, tasa Tobin mediante, entre 100.000 y 300.000 millones de dólares anuales, según sea la alícuota aplicada. Son valores que superan la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Por ello, la Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras y Ayuda a los Ciudadanos en Argentina (Attac–Argentina), enmarcada en el Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos (MoSIP), sostiene:
- el control estricto de capitales es esencial para poner fin a la inestabilidad y a la especulación financiera;
- un impuesto como la “Tasa Tobin” debe aplicarse a todas las transacciones financieras a un tipo impositivo suficiente (el propio Tobin sugirió del 0,5 al 1%), previendo la posibilidad de aumentarlo fuertemente para cortar de raíz cualquier movimiento especulativo naciente;
- este impuesto sería más eficaz si se aplicara a escala mundial, pero desde ahora mismo sería perfectamente operativo en el ámbito de algunos procesos de integración económica como el MERCOSUR, la Unión Europea;
- este impuesto debe ser parte de un conjunto de medidas coherentes para reducir la influencia del poder de las finanzas: supresión de los paraísos fiscales, limitación de ingresos financieros, eliminación de las primas (bonus);
- la administración de los recursos que se generen a través de la aplicación de la Tasa Tobin deberá ser efectuada por instituciones internacionales cuyo funcionamiento no esté regido por la lógica neoliberal.”
En este último punto, deja claro que tanto los organismos multilaterales de crédito como las instituciones financieras internacionales hegemónicas vigentes, no debe estar a cargo de la implementación de esta política, dado que su lógica capitalista asegura una asignación regresiva de los valores recaudados. Con las sucesivas crisis económico-financieras y sociales, queda en claro que la lógica neoliberal no sólo no soluciona la grave polarización social existente, sino que la exacerba. En síntesis, no existe el tan mentado “derrame”. Por lo tanto, desde el mismo Attac-Argentina se propone que sea un organismo como el Foro Social Mundial el encargado de aplicar, recaudar y ejecutar las partidas provenientes de este impuesto a la especulación financiera.
28 de noviembre de 2009
Presupuesto 2010: una ley que marca el rumbo económico del año próximo
El senado aprobó el Presupuesto para el 2010 y ya es ley. Como se sabe, el presupuesto anticipa la política económica para el próximo año.
¿Qué podemos leer en ese sentido? Según el texto aprobado por el Parlamento, la Argentina vuelve al crecimiento económico. La pauta es del 2,5%. La duda que puede sostenerse remite a cual será finalmente el dato de evolución de la economía durante este año. El pronóstico oficial habla de un 0,5% de crecimiento y existen evaluaciones locales e internacionales que sindican una regresión que varía de 0 a -3%, con lo cual, el crecimiento del próximo año, apenas compensaría el decrecimiento del presente.
De todas maneras no es menor pensar en crecimiento en el marco de la crisis de la economía mundial. EEUU y la zona del euro anunciaron que en el tercer trimestre de este año volvieron al crecimiento, luego de 4 trimestres de recesión en EEUU y 5 trimestres en la zona euro. Lo cual nos lleva a otra discusión que el volumen de la asistencia estatal aplicada en el capitalismo desarrollado para superar la recesión de la economía de los principales países del capitalismo mundial. Estamos hablando de 5 billones de dólares aplicados al salvataje de grandes bancos y corporaciones transnacionales. Es un valor que abruma si al mismo tiempo se piensa en el dato recientemente ofrecido por la FAO, órgano de la ONU relativo a temas de alimentación, señalando que son más de 1.000 millones los hambrientos del mundo.
Entre las preocupaciones de los datos ofrecidos por el Presupuesto figuran los superávit fiscal y comercial. Sobre el fiscal, deberíamos señalar la preocupación por la nueva deuda a asumir, tanto del Estado nacional, como de las provincias, puesto que se suspendió la prohibición a las provincias para tomar deuda, tema contemplado en el pacto fiscal acordado luego de la crisis del 2001-03. Todo se concentra en la capacidad de recaudar por parte del Estado nacional que reitera el esquema impositivo para el próximo periodo. Preocupa el tema en lo coyuntural por las restricciones que tendrá el Estado para transferir a las provincias recursos suficientes para hacer frente al gasto corriente, situación agravada con el deterioro de los ingresos provinciales en la mayoría de los Estados de Provincia. Pero también preocupa en lo estructural porque no hay modificaciones planteadas en lo relativo a coparticipación federal, una deuda que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, que otorgo un plazo de dos años para modificar el régimen de coparticipación de recursos entre la nación y las provincias. Además, en lo estructural queda claro que no está prevista ninguna reforma impositiva para el próximo año. Ni siquiera la eliminación de las excepciones contempladas en el impuesto a las ganancias sobre las rentas provenientes de actividades financieras y la especulación.
El otro superávit que interesa es el comercial, puesto que este año se sostuvo sobre la base de la disminución de las importaciones, asociadas a la desaceleración de la producción, principalmente del sector industrial. Si para el próximo año se prevé un incremento de la producción es muy probable que se incrementen las importaciones comprometiendo los niveles elevados de superávit sostenidos en estos años, especialmente por la incertidumbre que generan los precios d exportación de la Argentina, como el impacto de las condiciones naturales sobre la producción agropecuaria. A propósito del crecimiento económico es poco lo que se espera de las inversiones del sector privado, recayendo el peso en la inversión pública.
En fin, quizá en una de las últimas votaciones sustanciales del periodo, se avanzó en la aprobación del Presupuesto sin que de allí se visibilicen cambios importantes en el rumbo de la economía. Entre los temas que no figuran, además de la reforma impositiva demorada, debemos destacar la incidencia que tendrán sobre el gasto público, los arreglos en la deuda externa que inciden negativamente en la prosecución del objetivo de la distribución del ingreso.
13 de noviembre de 2009
¿Qué podemos leer en ese sentido? Según el texto aprobado por el Parlamento, la Argentina vuelve al crecimiento económico. La pauta es del 2,5%. La duda que puede sostenerse remite a cual será finalmente el dato de evolución de la economía durante este año. El pronóstico oficial habla de un 0,5% de crecimiento y existen evaluaciones locales e internacionales que sindican una regresión que varía de 0 a -3%, con lo cual, el crecimiento del próximo año, apenas compensaría el decrecimiento del presente.
De todas maneras no es menor pensar en crecimiento en el marco de la crisis de la economía mundial. EEUU y la zona del euro anunciaron que en el tercer trimestre de este año volvieron al crecimiento, luego de 4 trimestres de recesión en EEUU y 5 trimestres en la zona euro. Lo cual nos lleva a otra discusión que el volumen de la asistencia estatal aplicada en el capitalismo desarrollado para superar la recesión de la economía de los principales países del capitalismo mundial. Estamos hablando de 5 billones de dólares aplicados al salvataje de grandes bancos y corporaciones transnacionales. Es un valor que abruma si al mismo tiempo se piensa en el dato recientemente ofrecido por la FAO, órgano de la ONU relativo a temas de alimentación, señalando que son más de 1.000 millones los hambrientos del mundo.
Entre las preocupaciones de los datos ofrecidos por el Presupuesto figuran los superávit fiscal y comercial. Sobre el fiscal, deberíamos señalar la preocupación por la nueva deuda a asumir, tanto del Estado nacional, como de las provincias, puesto que se suspendió la prohibición a las provincias para tomar deuda, tema contemplado en el pacto fiscal acordado luego de la crisis del 2001-03. Todo se concentra en la capacidad de recaudar por parte del Estado nacional que reitera el esquema impositivo para el próximo periodo. Preocupa el tema en lo coyuntural por las restricciones que tendrá el Estado para transferir a las provincias recursos suficientes para hacer frente al gasto corriente, situación agravada con el deterioro de los ingresos provinciales en la mayoría de los Estados de Provincia. Pero también preocupa en lo estructural porque no hay modificaciones planteadas en lo relativo a coparticipación federal, una deuda que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, que otorgo un plazo de dos años para modificar el régimen de coparticipación de recursos entre la nación y las provincias. Además, en lo estructural queda claro que no está prevista ninguna reforma impositiva para el próximo año. Ni siquiera la eliminación de las excepciones contempladas en el impuesto a las ganancias sobre las rentas provenientes de actividades financieras y la especulación.
El otro superávit que interesa es el comercial, puesto que este año se sostuvo sobre la base de la disminución de las importaciones, asociadas a la desaceleración de la producción, principalmente del sector industrial. Si para el próximo año se prevé un incremento de la producción es muy probable que se incrementen las importaciones comprometiendo los niveles elevados de superávit sostenidos en estos años, especialmente por la incertidumbre que generan los precios d exportación de la Argentina, como el impacto de las condiciones naturales sobre la producción agropecuaria. A propósito del crecimiento económico es poco lo que se espera de las inversiones del sector privado, recayendo el peso en la inversión pública.
En fin, quizá en una de las últimas votaciones sustanciales del periodo, se avanzó en la aprobación del Presupuesto sin que de allí se visibilicen cambios importantes en el rumbo de la economía. Entre los temas que no figuran, además de la reforma impositiva demorada, debemos destacar la incidencia que tendrán sobre el gasto público, los arreglos en la deuda externa que inciden negativamente en la prosecución del objetivo de la distribución del ingreso.
13 de noviembre de 2009
Boudou y el G20
El Ministro de Economía Argentino participó en Saint
Andrews, Escocia, de un encuentro con pares del Grupo de los 20. Boudou sostuvo
que no es función del Fondo “monitorear ni dar consejos respecto de las
políticas económicas de cada uno de los países” y afirma que con Brasil
participan de una estrategia de modificación de las funciones del FMI, señalando
que la orientación del titular del organismo avanza en ese mismo sentido. Son
declaraciones que no se compadecen con los estatutos y reglamentos que definen el
funcionamiento actual del Fondo, ni con el papel que le asignan al organismo
los principales actores, por caso, EEUU. Además, se estableció un calendario
que empieza en enero del 2010 para cruzarse información entre los países y con
la asistencia del FMI y el Banco Mundial. Serán 4 cruces de información durante
el próximo año.
La estrategia política del ministerio transita por tres
carriles, sin importar el orden en que se produzcan. Uno es la normalización de
las relaciones con el Fondo; el otro pasa por un plan de pago de la deuda con
el Club de París, es decir con Estados nacionales del capitalismo desarrollado
por unos 7.000 millones de dólares y finalmente por la reapertura del canje a
los inversores que no aceptaron la oferta del 2005 y que de hecho implica un
reconocimiento de nueva deuda a la que reconocen las cuentas públicas, por
20.000 millones de capital y unos 10.000 millones reclamados por intereses.
Todo indica que primero se resolverá el canje, luego el plan de pago al Club de
París y al final del camino el acuerdo con el FMI. Lo cierto es que sin
importar el orden de los factores, entre la normalización de deuda que está en
cesación de pago y el acuerdo con el Fondo constituye hoy lo esencial de la
política económica. ¿Porqué? Porque hace falta financiamiento externo para
mantener la lógica del funcionamiento económico actual.
Vamos por partes. El Estado necesita financiamiento para
sostener las cuentas públicas. Es una realidad del país y de las provincias. Se
acaba de aprobar la flexibilidad para renovar el camino del endeudamiento de
las provincias, suspendiendo las restricciones que suponía la legislación
vigente de “responsabilidad fiscal”. ¿A qué tasa se financiarán los Estados
provinciales y el nacional? Las últimas tasas se pactaron al 15%, siendo la
pretensión reducirlas al 9 ó 10%, que aún con la importancia de la reducción
tendrán un efecto gravoso sobre el gasto público, limitando la capacidad de
afrontar gastos sociales o de desarrollo, privilegiando así la cancelación de
la deuda externa. Por su parte, desde la política pública se pretende
incentivar el endeudamiento del sector privado para estimular inversiones que posibiliten
el fin del ciclo de desaceleración de la economía argentina.
La realidad es que la deuda está nuevamente como tema
central de la coyuntura. Solo falta saber la cantidad de deuda incorporada por
el canje y el arreglo a que se arribe para el pago al Club de París, y en
función de ello definir el monto de los intereses a abonar en el futuro. Todo
dependerá de la cantidad de bonos que se canjeen, de la quita que se establezca
y de la tasa de interés que se defina en los nuevos instrumentos de deuda que
reemplazarán a los viejos títulos en default. Hablamos de un total de 30.000
millones entre capital e intereses atrasados por el canje y 7.000 millones del
Club de París, más lo que se logre por nuevas colocaciones, que según se
anticiparon de boca del Ministro se podría empezar por una emisión de 10.000
millones de dólares para marzo del 2010.
Distintas estimaciones indican
que el nuevo monto de deuda a reconocer podrá oscilar entre ambos conceptos, unos 10.000 a 11.000 millones
de dólares, con una incidencia anual en cancelación de intereses del orden de
los 1.000 millones de dólares, a lo que deberá adicionarse el interés de la
nueva deuda.
Entre las novedades de la reunión de ministros del G20 en
el Reino Unido sobresale la propuesta del anfitrión de establecer un tributo a
las transacciones financieras internacionales, un símil de la Tax Tobin, el
impuesto sugerido al comienzo de los 70 por James Tobin que según sus palabras
pretendía ser “un grano de arena” en el mecanismo incipiente de la especulación.
Es necesario afirmar que el impuesto propuesto por Tobin fue difundido por los
movimientos de resistencia a la globalización capitalista en los últimos años,
especialmente por la red ATTAC, pero en un sentido diferente del propuesto por
el premio Nobel y lógicamente en las antípodas de la propuesta británica
actual.
En la Lógica de Gordon Brown está crear un fondo para
atender próximas situaciones de crisis, en el mismo sentido que el
multimillonario “salvataje” orientado a bancos y empresas transnacionales con
dificultades. Para ATTAC y el movimiento de resistencia a la globalización
capitalista, los fondos recaudados tendrían destino en la ayuda ciudadana,
contra el hambre, la pobreza y la satisfacción de necesidades elementales no
cubiertas en la sociedad contemporánea.
Una sociedad contemporánea en
crisis, que nos muestra indicadores de salida de la crisis con agravamiento de
la situación social, tal el caso de EEUU, donde la empresa Ford vuelve a
mostrar un balance positivo, con ganancias de 1.000 millones de dólares en el
III trimestre del 2009 y la medición del desempleo indica un aumento al 10,2 %
de su población económicamente activa, cerca de 16 millones de desocupados. La
realidad del capitalismo contemporáneo es la aplicación de políticas públicas
para defender el régimen de acumulación y el ciclo de negocios, sobre la base
de una nueva ofensiva del capital sobre los trabajadores.
Es algo que en la Argentina
también se hace visible ante la conflictividad sindical y social creciente.
Boudou y el G20
El Ministro de Economía Argentino participó en Saint
Andrews, Escocia, de un encuentro con pares del Grupo de los 20. Boudou sostuvo
que no es función del Fondo “monitorear ni dar consejos respecto de las
políticas económicas de cada uno de los países” y afirma que con Brasil
participan de una estrategia de modificación de las funciones del FMI, señalando
que la orientación del titular del organismo avanza en ese mismo sentido. Son
declaraciones que no se compadecen con los estatutos y reglamentos que definen el
funcionamiento actual del Fondo, ni con el papel que le asignan al organismo
los principales actores, por caso, EEUU. Además, se estableció un calendario
que empieza en enero del 2010 para cruzarse información entre los países y con
la asistencia del FMI y el Banco Mundial. Serán 4 cruces de información durante
el próximo año.
La estrategia política del ministerio transita por tres
carriles, sin importar el orden en que se produzcan. Uno es la normalización de
las relaciones con el Fondo; el otro pasa por un plan de pago de la deuda con
el Club de París, es decir con Estados nacionales del capitalismo desarrollado
por unos 7.000 millones de dólares y finalmente por la reapertura del canje a
los inversores que no aceptaron la oferta del 2005 y que de hecho implica un
reconocimiento de nueva deuda a la que reconocen las cuentas públicas, por
20.000 millones de capital y unos 10.000 millones reclamados por intereses.
Todo indica que primero se resolverá el canje, luego el plan de pago al Club de
París y al final del camino el acuerdo con el FMI. Lo cierto es que sin
importar el orden de los factores, entre la normalización de deuda que está en
cesación de pago y el acuerdo con el Fondo constituye hoy lo esencial de la
política económica. ¿Porqué? Porque hace falta financiamiento externo para
mantener la lógica del funcionamiento económico actual.
Vamos por partes. El Estado necesita financiamiento para
sostener las cuentas públicas. Es una realidad del país y de las provincias. Se
acaba de aprobar la flexibilidad para renovar el camino del endeudamiento de
las provincias, suspendiendo las restricciones que suponía la legislación
vigente de “responsabilidad fiscal”. ¿A qué tasa se financiarán los Estados
provinciales y el nacional? Las últimas tasas se pactaron al 15%, siendo la
pretensión reducirlas al 9 ó 10%, que aún con la importancia de la reducción
tendrán un efecto gravoso sobre el gasto público, limitando la capacidad de
afrontar gastos sociales o de desarrollo, privilegiando así la cancelación de
la deuda externa. Por su parte, desde la política pública se pretende
incentivar el endeudamiento del sector privado para estimular inversiones que posibiliten
el fin del ciclo de desaceleración de la economía argentina.
La realidad es que la deuda está nuevamente como tema
central de la coyuntura. Solo falta saber la cantidad de deuda incorporada por
el canje y el arreglo a que se arribe para el pago al Club de París, y en
función de ello definir el monto de los intereses a abonar en el futuro. Todo
dependerá de la cantidad de bonos que se canjeen, de la quita que se establezca
y de la tasa de interés que se defina en los nuevos instrumentos de deuda que
reemplazarán a los viejos títulos en default. Hablamos de un total de 30.000
millones entre capital e intereses atrasados por el canje y 7.000 millones del
Club de París, más lo que se logre por nuevas colocaciones, que según se
anticiparon de boca del Ministro se podría empezar por una emisión de 10.000
millones de dólares para marzo del 2010.
Distintas estimaciones indican
que el nuevo monto de deuda a reconocer podrá oscilar entre ambos conceptos, unos 10.000 a 11.000 millones
de dólares, con una incidencia anual en cancelación de intereses del orden de
los 1.000 millones de dólares, a lo que deberá adicionarse el interés de la
nueva deuda.
Entre las novedades de la reunión de ministros del G20 en
el Reino Unido sobresale la propuesta del anfitrión de establecer un tributo a
las transacciones financieras internacionales, un símil de la Tax Tobin, el
impuesto sugerido al comienzo de los 70 por James Tobin que según sus palabras
pretendía ser “un grano de arena” en el mecanismo incipiente de la especulación.
Es necesario afirmar que el impuesto propuesto por Tobin fue difundido por los
movimientos de resistencia a la globalización capitalista en los últimos años,
especialmente por la red ATTAC, pero en un sentido diferente del propuesto por
el premio Nobel y lógicamente en las antípodas de la propuesta británica
actual.
En la Lógica de Gordon Brown está crear un fondo para
atender próximas situaciones de crisis, en el mismo sentido que el
multimillonario “salvataje” orientado a bancos y empresas transnacionales con
dificultades. Para ATTAC y el movimiento de resistencia a la globalización
capitalista, los fondos recaudados tendrían destino en la ayuda ciudadana,
contra el hambre, la pobreza y la satisfacción de necesidades elementales no
cubiertas en la sociedad contemporánea.
Una sociedad contemporánea en
crisis, que nos muestra indicadores de salida de la crisis con agravamiento de
la situación social, tal el caso de EEUU, donde la empresa Ford vuelve a
mostrar un balance positivo, con ganancias de 1.000 millones de dólares en el
III trimestre del 2009 y la medición del desempleo indica un aumento al 10,2 %
de su población económicamente activa, cerca de 16 millones de desocupados. La
realidad del capitalismo contemporáneo es la aplicación de políticas públicas
para defender el régimen de acumulación y el ciclo de negocios, sobre la base
de una nueva ofensiva del capital sobre los trabajadores.
Es algo que en la Argentina
también se hace visible ante la conflictividad sindical y social creciente.
08.NOV.09
Argentina y el FMI
En los últimos días son variadas las reuniones, formales e informales, de autoridades argentinas con funcionarios del FMI. Entre otras se destacan encuentros con Nicolás Eysaguirre, responsable del hemisferio occidental del organismo, presente en Buenos Aires en una reunión de corte académico y empresarial, y con Olivier Blanchard, responsable de estudios del Fondo, partícipe de las Jornadas cambiarias y monetarias que anualmente organiza el Banco Central de Argentina. Finalmente, en Londres, el ministro de Economía aprovechó la reunión de ministros de finanzas preparatoria para la próxima cumbre de Presidentes del Grupo de los 20 –en Pittsburg, EEUU– para enviar claras señales de normalización de las relaciones con el FMI. En esa ocasión hubo conversaciones con el titular del Fondo Dominique Strauss Kahn.
Fenómeno y esencia
Este es el fenómeno: Argentina se acerca al Fondo. ¿Es que alguna vez se retiró del organismo internacional? La verdad es que la Argentina nunca se retiró, aunque a fines del 2005 anunció la cancelación anticipada de la deuda por 9.500 millones de dólares que el país mantenía con el organismo, efectiva en enero de 2006, casi en simultáneo con una operación similar realizada por Brasil, del orden de los 15.000 millones de dólares. El default declarado por Argentina en la última semana del 2001 nunca incluyó las deudas con los organismos internacionales. Así, tanto el FMI, el Banco Mundial y el BID percibieron rigurosamente los pagos entre la cesación de diciembre del 2001 y la renegociación con canje de bonos de mayo del 2005. Nunca el país pagó tanto como en esos años, siendo esa la razón que puso de moda un nuevo verbo: desendeudar, curiosa forma de designar la voluntad y acto de pagar las deudas públicas con los acreedores externos, postergando una vez más la deuda interna con millones de personas con derechos sociales, económicos y culturales insatisfechos.
Hay que reconocer, sin embargo, que el discurso público era crítico contra el FMI y que se obstaculizaron las auditorías anuales que el Fondo realiza a sus Estados miembros. Entre 2006 y 2008 se deterioraron las relaciones entre el gobierno de la Argentina y el organismo. Es el tiempo de cambio del clima económico a escala mundial. Se pasó del crecimiento a la recesión mundial. En el 2007 estalló la crisis de las hipotecas, explotando la burbuja inmobiliaria y financiera, y en 2008 la debacle de importantes bancos estadounidenses, japoneses y europeos puso en evidencia la crisis financiera y de la industria tradicional en el capitalismo central. La crisis de la economía mundial era un dato de la realidad y hacia fines del 2008 y comienzos del 2009 empezó a hacerse evidente que en la Argentina y en la región latinoamericana también afectaba la situación. Uno de los temas por donde se sintió la crisis recesiva –desaceleración, en Argentina– fue en los ingresos públicos y en la capacidad de enfrentar los compromisos externos, especialmente para un país sin acceso al crédito internacional, salvo el solidario proveniente desde Venezuela en condiciones de mercado. Es decir, a tasas superiores al 15%.
Argentina no tiene quién la financie a tasas adecuadas en el mundo y para ello necesita retomar relaciones con el FMI: ese es el problema esencial. Actualmente se financia con recursos propios, donde el Estado es el financista de última instancia, vía ANSES, o superávit público (cada vez más reducido). El país quiere retornar al mercado internacional de crédito y el poder económico mundial le solicita que primero pase por el FMI, que acepte las auditorías correspondientes y que profundice su voluntad por desendeudar, es decir, pagar. ¿A quién? En primer lugar a los acreedores reunidos en el selecto Club de París. Son Estados capitalistas desarrollados con quienes se mantienen deudas impagas desde la dictadura cívico militar: unos 7.000 millones de dólares. Eso no es todo, porque existen inversores privados que no ingresaron al canje de deuda del 2005 por unos 20.000 millones de dólares, que con los intereses reclamados ascienden a unos 30.000 millones de dólares. No es poco lo que reclama el poder económico para normalizar la situación. Se trata de ofrecer un plan de pago y de someterse al dictamen del FMI que, a no dudar, reiterará su diagnóstico crítico y un paquete de medidas de ajuste: recetas ortodoxas ya aplicadas. El problema es que el gobierno de la Argentina pretende el camino inverso. Primero, acordar con el FMI y, luego, recorrer la senda de la negociación con holdouts (acreedores que no ingresaron al canje de 2005) y el Club de París. Al mismo tiempo solicita indulgencia del Fondo en la auditoria correspondiente y discreta difusión del dictamen, algo difícil de sostener ante la demanda por transparencia solicitada por el G20 al organismo internacional.
Mientras tanto, el gobierno continúa su política de desendeudamiento vía renegociaciones que suponen la recompra de bonos para aliviar los vencimientos en el corto plazo. Un detalle no menor es que buena parte de la deuda es con el Estado mismo y, por lo tanto, la renegociación es una política al interior del Estado. Son formas de diferir la solución integral del gran problema estructural que supone el endeudamiento.
Dinámica e historia de un vínculo
Estas relaciones entre Argentina y el FMI tienen su historia y dinámica, en el largo y el corto plazo. El país ingresa al FMI y hace uso de sus servicios en 1958, en plena época desarrollista, donde la apuesta estaba asentada en el papel de las inversiones externas para la profundización del desarrollo de la industrialización sustitutiva de segunda generación. Ya no sólo se trataba de industria liviana, sino que con la industria del automóvil se apuntaba a la evolución de la siderometalúrgica en gran escala para insertar a la Argentina en la división internacional de la época. Desde entonces fueron varias las crisis y las intervenciones del FMI para sugerir ajustes desde las políticas públicas, un fenómeno generalizado en tiempos de la dictadura, cuando la deuda pública argentina creció en forma deliberada, incluso con la estatización de la deuda privada en tiempos de Domingo Cavallo al frente del Banco Central.
El endeudamiento se transformó en el gran condicionante de la política económica del país y el FMI en el garante de los inversores internacionales, que ahora privilegiaban la forma líquida contra la materialización de activos físicos, predominantes en tiempos desarrollistas.
La historia de la penetración del capital externo entre 1958 y 2001 está asociada a los condicionantes establecidos por el FMI. La excepción pasa por dos cortos períodos: entre 1973 y 1975 bajo la gestión de José B. Gelbard en la tercera presidencia de Perón; entre fines del 1983 y mediados de 1985, la gestión de Bernardo Grinspun en la administración de Alfonsín. La norma de la dinámica de la relación está hegemonizada por la ortodoxia del ajuste estructural permanente, que en la década del ‘90 se transformó en estándar de política económica para la región latinoamericana bajo la denominación de Consenso de Washington (CW).
El CW suponía la aceptación del decálogo de medidas que apuntaban a la privatización, la apertura de la economía a la producción mundial y la disminución del gasto público social. El FMI fue el instrumento de transmisión de orientaciones de política económica a los gobiernos sujetos al paradigma neoliberal promovido desde el ideal del CW, que debe su nombre a la instalación en la ciudad estadounidense de los organismos del poder económico mundial: el propio gobierno de los EEUU y los organismos internacionales, principalmente el FMI. En los ‘90 la Argentina subordinó su estrategia a esas orientaciones; de allí las “relaciones carnales” defendidas por Guido Di Tella, el canciller de la gestión Menem. Observar el papel global del FMI, especialmente para la región, hace visible la responsabilidad del organismo en el despliegue de las sucesivas crisis de los ’80 y 90 –en México, Brasil y, finalmente, Argentina, tras su larga recesión iniciada en 1998.
Es curioso el reconocido diagnóstico crítico hacia el FMI por su responsabilidad en la gestión de la liberalización del sistema financiero y la promoción de la libre circulación del capital a escala global. Eso llevó al desprestigio del organismo pero, no obstante, en el último tiempo resurgió el fetiche. De la noche a la mañana, existe un reposicionamiento internacional del organismo. ¿A qué se debe?
La crisis mundial puso en evidencia los límites del orden capitalista en vigencia y desató la mayor intervención pública para el salvataje del sistema capitalista y sus emblemáticas empresas transnacionales. Junto a ellas se acudió al rescate de los organismos de promoción de políticas globales, entre ellos el FMI. La instancia que asumió dicha función fue el G20, que en abril del 2009 en Londres decidió rescatar al capitalismo de la crisis mundial con un fortalecimiento del Fondo, para lo cual le triplicó la capacidad de préstamos y favoreció una ampliación en su capacidad de emisión de Derechos Especiales de Giro, DEG. La Argentina es parte del G20 y resultaba una contradicción favorecer el resurgimiento de la entidad y mantener la relación de conflicto. El tránsito a la normalización de esas relaciones está en camino. Las regresivas consecuencias sociales son previsibles.
¿Cómo se procesa el debate por la distribución del ingreso en la Argentina?
La lucha de clases tiene múltiples manifestaciones y se expresa, entre otras, en los debates que emergen del múltiple “diálogo” propuesto por el gobierno nacional en el escenario posterior a las elecciones legislativas de medio tiempo a fines de junio del 2009.
Uno de los diálogos es apurado con gobernadores de provincia preocupados por apropiar parte de los recursos fiscales nacionales, con declinantes superávit fiscales, ante la crisis de la recaudación provincial. La demanda de los mandatarios provinciales hace explícita la lucha con la nación por fondos públicos. Es una discusión sobre la distribución federal de los ingresos del Estado, amén de la cuestión de la asignación de esos fondos, concientes de que más de la mitad del gasto provincial se aplica a sueldos.
En otro de esos diálogos se escucha la vos de los partidos políticos que reclaman para sí, para la “política”, la solución de los diferendos sociales, es decir la disputa por la apropiación de la renta nacional entre los distintos sectores sociales, una clara alusión a la escamoteada lucha de clases. El lugar sugerido es el Parlamento, especialmente luego de la merma de legisladores oficialistas, aún antes del recambio legislativo en diciembre del 2009.
Sin embargo, el tema parece resolverse en el definitorio diálogo con los sectores económicos y sociales mediados por el accionar gubernamental, tal como se evidencia en estos días en los acuerdos promovidos en el ámbito del Consejo del salario mínimo, la productividad y el empleo y en el diálogo del gobierno con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias en la previa de la inauguración de la Feria de la SRA de Palermo. Es un cónclave que preludia el mentado Consejo para el Diálogo Económico y Social, pensado hace tiempo y postergado varias veces en la búsquedas de consensos o clara hegemonía de los participantes.
Respecto del Consejo del salario mínimo, la productividad y el empleo, una vez más solo se consideró lo relativo al salario mínimo, elevado a 1500 pesos por mes en un cronograma que llega a finales del año, es decir en cómodas cuotas para avanzar progresivamente desde los 1240 pesos mensuales actuales. La CTA, como en ocasiones anteriores, no avaló el acuerdo empresarial y de la CGT alentado por el gobierno, motorizado en otras valoraciones sobre la falta de credibilidad en las estadísticas públicas y las necesidades sociales insatisfechas, pero también asentadas en la necesidad de discutir políticas universales más allá del ingreso salarial, tal como la asignación universal para menores o los ingresos previsionales para los mayores sin cobertura. Es cierto que el salario mínimo es el más elevado, en términos relativos, desde la recuperación de gobiernos constitucionales, aunque tiene el límite de la creciente informalización laboral. Sobre la productividad ganada y acumulada en años de crecimiento económico nada se discute. Todo terminó en las cuentas de ganancias de las empresas y forman parte de las crecientes remesas de utilidades al exterior que fundamentan, entre otras modalidades, la fuga de capitales, que en los últimos dos años equivalen a las reservas internacionales acumuladas. El debate sobre el empleo sigue siendo un ausente en el cónclave anual privilegiado por la alianza del sindicalismo tradicional, las agrupaciones de los empresarios concentrados y el gobierno.
El diálogo del gobierno con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias estuvo precedido por subsidios a la lechería. Se promovieron medidas para favorecer la exportación de carne y satisfacer demandas en materia de retenciones al trigo y al maíz, no a la soja, la gran reivindicación de los empresarios del campo. El gobierno difundió el otorgamiento de subsidios agrícolas por más de $21.000 millones de pesos en el último año, poniendo en evidencia la asignación de cuantiosos recursos públicos al sector empresarial primario. En realidad, lo que no se discute, más allá de algún argumento debatido marginalmente en los medios de comunicación, es el modelo productivo, especialmente en el agro, que tiende al monocultivo de un producto demandado por el mercado mundial. Un proceso que viene de la mano de una especialización local derivada de políticas económicas sustentadas en el auge neoliberal de los 90´, donde la Argentina promovió una inserción internacional altamente funcional a las demandas de los capitales de mayor dinámica en la acumulación de ganancias, riqueza y poder en el ámbito mundial: las empresas alimentarias, de biotecnología, mineras y de apropiación de recursos naturales en general.
El Consejo del salario mínimo intentaba ser un preámbulo del Consejo para el Diálogo Económico Social, instituto en formación al que la Mesa de Enlace aún no se involucra en un claro juego de lucha por la hegemonía política en la conducción del proceso económico nacional, es decir, en la acumulación de capitales en la Argentina. Se trata de una disputa a dos bandas, con el gobierno por un lado, y con otros sectores del empresariado por el otro. Está claro que el conflicto político del 2008 se mantiene en pie y condiciona el funcionamiento político de la economía. Es una cuestión de hegemonía en el capitalismo realmente existente en el país, y claro, todo en el marco de los estrechamientos que supone la crisis de la economía mundial.
Hipótesis de superación de la crisis
La realidad es que la crisis de la economía mundial se hace sentir y habilita una disputa por la renta nacional, donde cada quién tiene su pronóstico y propuestas para evitar el mayor costo posible. Desde el Ministerio de Economía (Reportaje a Roberto Feletti en Página 12 del domingo 2 de agosto) se sostienen pronósticos positivos sobre el futuro mediato. Se dice que mejorará la exportación de producción argentina por crecimiento de la demanda de China con la argumentación de que el país asiático está más concentrado en el desarrollo de su mercado interno que en la estrategia anterior de fomento a sus exportaciones. El crecimiento chino no será tanto por su inserción exportadora en el mundo, sino por su insatisfecho e inmenso mercado interno. El argumento se completa con la recuperación de Brasil para facilitar las exportaciones argentinas a ese país.
Se esgrime la tesis de que China y Brasil demandarán más de Argentina y eso favorecerá la recuperación en nuestro país desde el último tramo del 2009 y se consolidará hacia mediados del 2010. Es un diagnóstico que ratifica la apuesta a una recuperación del nivel de actividad derivado de la inserción internacional en la oferta privilegiada de recursos primarios. También suponen una expectativa de mejora en las inversiones mediante la promoción de una banca de desarrollo o fomento, ya anunciada por el Ministro de Economía, Amado Bodou, aunque demorada en su concreción inmediata.
En la ecuación macroeconómica PBI= C+I+X-M (Producto es igual a Consumo + Inversión + Exportaciones – Importaciones) puede leerse que la propuesta es crecer por el lado de las Inversiones (I) y por Exportaciones (X). En materia de Consumo (C) todo se concentra en el estimulo al gasto público sostenido en el superávit fiscal. El problema señalado por el vice ministro son los vencimientos externos, ya resueltos para el 2009, según afirma, y se confirma con la cancelación de 2.250 millones de dólares del vencimiento de uno de los cupones anuales del BODEN 2012 el 3 de agosto del 2009. Se da por descontada la cobertura para afrontar los pagos en el 2010, y avanzar en arreglar con el club de París (unos 7.000 millones de dólares); con los acreedores que no entraron al Canje de la deuda pública en cesación de pagos en el 2005 (unos 28.000 millones de dólares); y regresar al mercado voluntario de crédito con la emisión de nuevos títulos públicos, en una confesión sobre el condicionante estructural del endeudamiento externo. Se asumen los problemas de la fuga de capitales en la desconfianza por la crisis internacional; los giros de las transnacionales al exterior y las compras de divisas de los inversores locales.
Son expectativas alimentadas con cierto optimismo derivado de algunas informaciones que provienen del centro de la crisis. En esta semana se dieron a conocer los datos de la economía de EEUU del segundo trimestre del 2009 con una reducción del PBI del 1% y se corrigieron a la baja datos previos sobre la evolución del producto de la potencia norteamericana, destacando que la recesión empezó a comienzos del 2008 y no en el segundo semestre como se pensaba hasta ahora (www.bea.gov). Los pronósticos son alentadores según el gobierno de Barack Obama, pero sobresale la precaución por la tendencia insuficiente al consumo, que explica dos tercios del PBI estadounidense y pese a la fortísima contribución estatal en subsidios y en la reducción de impuestos personales. El tema de principal preocupación en EEUU lo constituye el desempleo, que alcanza al 9,5% y podría superar el 10% a corto plazo. A mediados del 2007 apenas se registraba un 6%, y desde entonces no cesan las cesantías laborales que alimentan el efecto pobreza y de temor que incide en el sentido común y reducción de la propensión al consumo y la inversión de la población estadounidense.
El desempleo creciente es el diagnóstico más común en los organismos internacionales, y especialmente CEPAL, que recientemente (informe de la Secretaria General del 17/7/09) considera que este año 2009 podrían sumarse entre 3 y 4 millones de nuevos desocupados en la región latinoamericana y caribeña. Todo dicho en el marco de una expectativa favorable para evolución de la economía en la región en la perspectiva de mediano plazo hacia el próximo año. Son informaciones que alientan pronósticos positivos sobre la evolución de la economía mundial y que no incluyen mensajes similares en materia de empleo e ingresos. Son formas en que la lucha de clases se manifiesta también en el discurso profesional especializado. Queda claro que “mejorar” es para las ganancias y los objetivos de los capitales, por encima de la preocupante cuestión social.
Es un tema que se suma en las preocupaciones sobre la evolución de la economía en la Argentina, donde el freno a la actividad económica recreó viejos problemas de caída del salario, precariedad laboral, reemergencia de la pobreza y la indigencia. El mapa de la conflictividad había mutado de los piqueteros a los trabajadores en tiempos de crecimiento de la economía local. El paisaje del conflicto por los ingresos devuelve a las calles, junto a los trabajadores y su lucha por el salario, el reclamo de los sin trabajo por planes sociales o empleo. Aunque menos visible que los reclamos agrarios, los sectores sociales de menores ingresos son también parte de la discusión sobre la distribución de la renta en la Argentina.
“Hay un proceso de extranjerización en la economía argentina”
Leé el artículo publicado en el blog del programa radial PRIMERA MANO y escuchá la nota haciendo click acá.
Elecciones legislativas del 2009. ¿Fin de ciclo? ¿Qué oportunidades políticas se habilitan?
La propuesta del oficialismo perdió su principal apuesta en la Provincia de Buenos Aires, aunque colectó una buena cantidad de votos, el 32%. Con el resultado final de las elecciones se instaló una referencia política, Francisco De Narváez, con posibilidad de disputarle la gobernación al Kirchnerismo en el 2011 con el 34% obtenido por la alianza del PRO (derecha macrista) y los peronistas disidentes, cuyo dirigente más visible es Felipe Solá, ex gobernador en tiempos de la presidencia de Kirchner, es decir, un ex aliado y compañero en épocas de transversalidad en el discurso. La elección bonaerense habilitó la continuidad del radicalismo en alianza con la diáspora radical y los seguidores del vicepresidente, colocados en un tercer lugar con el 21%; pero más importante aún por la potencia de movimiento político en construcción pasa por el 6% obtenido por el Nuevo Encuentro que logra la diputación por Martín Sabatella (ex intendente de Morón) y Graciela Iturraspe que incluía entre sus aliados a fuerzas políticas de gravitación en la CTA, en la APYME, el movimiento cooperativo, territorial, vecinal; sectores del socialismo, el Partido Comunista provincial y otros sectores en una experiencia novedosa de pluralidad política y movimientismo con voluntad de articular proyecto con otros distritos. La experiencia del Nuevo Encuentro sintetiza una experiencia de gestión en el municipio de Morón con la práctica de movilización y organización popular de la CTA y parte de la izquierda política provincial.
Quizá deba consignarse la capacidad de recreación que mantienen los partidos tradicionales más allá de la crisis de la política que venimos mencionando. El dato es que en muchos distritos se procesó una interna dentro del peronismo. Vale mencionar que detrás de la lista de Unión PRO estaba la voluntad del ex presidente Eduardo Duhalde. El otro dato a considerar es la sobrevivencia del Partido Radical en su articulación panradical que les permite ubicarse como segunda fuerza parlamentaria y con disposición para disputar el 2011. El bipartidismo en crisis apuesta a su renovación bajo nuevas denominaciones para la construcción de una representación política hegemónica para el capitalismo local bajo las nuevas condiciones de la acumulación del capital.
Los datos de la Provincia de Buenos Aires pueden leerse en el Cuadro III, donde sobresale la capacidad del macrismo para articular una política metropolitana con perspectiva de disputar representación política nacional hacia la renovación presidencial en el 2011. La concentración poblacional en la provincia, de trabajadores y pobres, de pequeños y medianos productores y empresarios constituirá un desafío al bloque legislativo con pretensión de articular un proyecto popular y de izquierda. Igual que en la Ciudad de Buenos Aires, en el Cuadro IV puede percibirse el elevado ausentismo y la escasa importancia de los votos blancos, nulos e impugnados.
Similar a la derrota bonaerense ocurrió con la derrota en Santa Cruz, el distrito originario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que aún con escasa población y por ende representación política en el conjunto, ocupa un lugar referencial en el plano simbólico del escenario de derrota oficialista. Si bien perdieron por poco, pues la primera fuerza obtuvo el 42%, la opción oficialista colectó el 41% relegado al segundo lugar, lo que representa un profundo significado negativo en el imaginario colectivo. En definitiva, el resultado final es la resignación de una veintena de legisladores y la mayoría en el Senado, comprometiendo las mayorías legislativas que se construyeron en el ciclo que termina. Aún manteniendo la primera minoría, el sentido del voto es de castigo a la administración gubernamental. La estrategia adoptada fue la de plebiscitar la gestión y el resultado fue crítico, aunque el gobierno mantiene un tercio de la voluntad electoral nacional. Desde los sectores hegemónicos y la derecha se busca sustituir la administración para una gestión más confiable y afín a las necesidades del capital en tiempos de crisis de la economía mundial. Para los sectores populares y la izquierda (en sentido plural) se castigó el posibilismo y se demanda una mayor radicalización de las propuestas que acerquen a la Argentina al ciclo de cambios políticos más radicalizados en nuestra América.
Lo que viene
Se habilita entonces un nuevo tiempo político sobre la base de una renovada crisis de la política, con oportunidades para estabilizar una hegemonía capitalista, por derecha, pero también para conformar una propuesta política de carácter popular y más asociada a los procesos de radicalización que avanzan en la región, con los 50 años de socialismo en Cuba y las experiencias venezolana, boliviana y ecuatoriana. A estas se suman otros procesos en la región que generan expectativas de cambios, y que en conjunto pueden definir propuestas de carácter anticapitalista y por otro orden social. Argentina puede ser parte de ese proceso si en la izquierda y el movimiento popular se hace una adecuada lectura del pronunciamiento del 28 de junio pasado. Ello supone consolidar lo logrado y articular en un bloque político con todos los sectores con voluntad de avanzar en cambios profundos.
Vale considerar que se ha abierto la campaña electoral para la renovación presidencial y hay varios postulantes, algunos candidatos ganadores en estas elecciones (Reutemann) y otros que sin disputar en esta ocasión, sus espacios políticos acumularon fuerza (Cobos, Binner, entre otros). Se habilita ahora una disputa a procesar en más de dos años hasta la renovación presidencial en el 2011. Es un tiempo que se llenará de tensiones al interior de los partidos políticos en crisis e incluso en el conjunto de las representaciones sociales. Una gran incógnita será el papel del sindicalismo tradicional y en particular el camino a seguir por la presidente y el ex presidente.
Pero la vida cotidiana no es solo el ámbito institucional y las elecciones. La conflictividad está presente ante el agravamiento de la crisis y el posible giro con concesiones al poder económico, en previsible errada lectura de hacer lo posible ante un corrimiento electoral por derecha. La verdad es que el voto capitalino demuestra que existe variación en la apuesta política, tanto con la reducción de votantes del macrismo, como por la incorporación de un bloque de diputados en potencia de articular un espacio alternativo con legisladores de otros distritos para disputar a la derecha porteña el gobierno del 2011, como la instalación de una agenda en el Parlamento que contacte con las demandas del movimiento popular.
El resultado electoral, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, demuestra que es posible enfrentar a la derecha y que para ello no hace falta resignar discurso y propuestas. Existe respuesta en la sociedad para una propuesta en defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, la condena al hambre y la distribución del ingreso y la riqueza; el rechazo al cumplimiento de las demandas de los acreedores externos y la discusión sobre el modelo productivo y el patrón de consumo. Se puede defender un proceso de nacionalizaciones con participación popular en la toma de decisiones. Es la oportunidad para continuar con ese nivel de propuesta en la construcción de iniciativas como la Constituyente Social, con protagonismo popular en el debate sobre el país o ciudad que tenemos y pretendemos. Se trata nada más y nada menos que disputar la construcción de poder popular.