Con las nacionalizaciones venezolanas de 5 empresas siderometalúrgicas se originó un debate en la Argentina. Las patronales argentinas se unieron para reclamar al gobierno argentino por las estatizaciones en Venezuela. En tres de ellas está involucrada la transnacional de origen argentino Techint. La cúpula empresaria argentina se solidariza con el grupo empresario, transnacional número uno en la producción de caños sin costura en el mercado mundial. En realidad, se curan en salud y anticipan una opinión negativa ante eventuales estatizaciones en la Argentina. Hasta ahora y en forma limitada soportan las estatizaciones, o reestatizaciones de empresas fallidas, tal como el Correo, Aerolíneas o Massuh. El titular de la CGT, Hugo Moyano, en clara sintonía con las cámaras empresariales se sumó a las críticas a la medida señalando que eso no era lo que aprendieron de Perón.
Los grandes empresarios venían apoyando el modelo económico hasta ahora. En el 2008 se desprendieron los sectores agropecuarios. Ahora aparece el turno de los industriales. Los banqueros superaron la crisis del 2001/2 con base en redescuentos y beneficios a medidas de la política económica. Por ahora no hacen visible sus críticas, sustentados en el mayor nivel de rentabilidad logrado por el sector empresarial en 2008. Son beneficios que retacean compartir en la negociación salarial. La cúpula empresaria pone límites al consenso a un ciclo de crecimiento entre 2003 y 2008, reclamando ahora profundizar el camino de inserción en la ofensiva liberalizadora del capital. Lo que temen es que sin firmeza por ese rumbo, la conflictividad social creciente presione para un cambio de política en el rumbo que define la propuesta por el socialismo del Siglo XXI.
Lo que está en discusión son las políticas anticrisis. En Venezuela, ante los conflictos laborales presentados en la empresa SIDOR, propiedad del grupo Techint, la respuesta del gobierno de la revolución bolivariana transitó el camino de la estatización de la empresa para recuperar soberanía y el control nacional de la mayor productora del sector en Venezuela. La presión empresaria (con apoyo del gobierno argentino) se concentró en lograr la mayor compensación posible, cercana a los 2.000 millones de dólares, cuando se mencionó al comienzo del proceso un pago de 800 millones de dólares. La motivación para las nuevas estatizaciones provino de la continuidad en la conflictividad laboral en el complejo siderometalúrgico. Esas fueron las razones que llevaron a las estatizaciones y que causaran revuelo en la cúpula empresarial de la Argentina. El debate empezó y junto a la vos de las clases dominantes se levanta una propuesta alternativa con el conflicto creciente por empleo y salario y el paro nacional convocado hoy por la CTA.
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