La aparición del cuerpo de
Santiago Maldonado en el Río Chubut agregó incertidumbre al análisis político
electoral y general.
Fueron meses de conmoción social
por la desaparición, lo que profundizó las diferentes lecturas sobre la
realidad, con variadas sospechas sobre las responsabilidades y alcances del
acontecimiento, centradas en la responsabilidad del Estado y el accionar de la
represión.
Sea cual sea el resultado en la
elección del 22/10/17 y con el informe de la autopsia se abrirá un debate sobre
las responsabilidades en la muerte de Santiago Maldonado.
El resultado electoral desafía a
los principales proyectos que disputan institucionalmente la política, sea el
macrismo, como coalición o pretendida nueva representación política, como al
peronismo, o si se quiere, al kirchnerismo como parte que lo trasciende; pero
también a quienes desde otras expresiones por izquierda o derecha disputan
representación política.
La realidad es más compleja que
el ámbito institucional y afirmamos que el conflicto social ocupa un lugar
central. El tema de fondo es la defensa de los derechos en sentido integral,
como derechos humanos, económicos, sociales o culturales, algo que trasciende a
los poderes constitucionalmente definidos.
Responsabilidad
del Estado
Variadas fueron las
explicaciones que se difundieron en los 80 días de la desaparición de Santiago
Maldonado, lo que generó una demanda social extendida por la verdad y el
esclarecimiento.
Algo que debiera consolidar una
posición masivamente sustentada en el esclarecimiento de todos los casos de
desapariciones en tiempo constitucional y obvio, de la irresuelta situación de los
desaparecidos en tiempos de la dictadura genocida y el previo periodo
constitucional signado por la presencia de grupos parapoliciales y paramilitares.
La responsabilidad es del
Estado, que se dice de Derecho, mucho más en el caso Maldonado, con
participación de fuerzas de seguridad dirigidas por el poder judicial y el
ejecutivo en el desalojo de la ruta el 1/8, seguido de persecución a los
manifestantes.
Bajo la defensa de los derechos
humanos se constituyó un nuevo sujeto socio político en tiempos de dictadura, ampliado
en los turnos constitucionales desde 1983, habilitando con acuerdo de gobiernos
de turno los juicios, a las juntas y a responsables directos de la represión,
sin agotar a todos los involucrados, algo que se mantiene vigente gracias a la
anulación de las leyes de la impunidad.
Vale resaltar el tema porque no
alcanza con el accionar de las instituciones y sus leyes, los poderes
ejecutivos, legislativos y judiciales. El poder popular es lo que constituye
ese accionar y legitima o deslegitima las disposiciones del poder relativo de
las instituciones.
La dictadura ejerció el poder
indiscriminado y combatió derechos, especialmente a la vida. El límite provino
de la lucha social y en forma destacada por el movimiento sindical y el de los derechos
humanos. La razón se explica en la agresión a los derechos de las trabajadoras
y trabajadores, a quienes se pretendió disciplinar con prohibiciones y restricciones
a sus derechos esenciales.
Así, la lucha por los derechos
humanos, sociales, económicos y sindicales apareció en la constitución de un
contrapoder que habilitó las bases para un nueve tiempo desde fines del 83.
El Estado es un ámbito de
relaciones sociales sujeto a la disputa, sobre el que actúa el poder con todas
sus formas, incluida el poder de la violencia y la represión, en tiempos de
dictadura o de vigencia constitucional; pero es también espacio de disputa para
la satisfacción de la demanda social extendida y organizada.
No decimos nada nuevo y así como
hace 100 años la lucha universitaria habilitó una reforma progresista de la
Universidad, las luchas en torno al 2001 gestaron una legislación favorable a
las empresas recuperadas y especialmente la inimaginable nulidad de las leyes de
la impunidad.
Hegemonía
en el Estado y disputa del poder
Está claro que en la coyuntura
actúa más el proyecto del poder sobre el Estado y por eso crece la represión y
la demanda de los sectores hegemónicos para instalar el orden necesario para la
reproducción normal de la lógica del capital. Ello está presidido por las
condiciones necesarias para el ingreso de capitales externos: reformas
regresivas contra los derechos adquiridos.
Insistamos que la realidad no es
solo la hegemonía transitoria en las instituciones, sino que la realidad se
establece en disputa entre las iniciativas contradictorias en uno u otro
sentido.
Por eso, desde el gobierno se
intentará empujar las políticas de ajuste y reforma laboral, previsional,
educativa, de salud y penal sustentadas en un resultado electoral que imaginan
favorable.
La discusión se instala en el
ámbito del conflicto social, por esclarecer el caso Maldonado y contra el ajuste
en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Es una disputa por los derechos.
De un lado el derecho a la explotación, la ganancia y la acumulación, propias
del desarrollo capitalista. Por el otro, el derecho a sostener históricas
conquistas del movimiento obrero y social y expandir la demanda social para
satisfacer necesidades, incluso una perspectiva alternativa contra el modelo
productivo y de desarrollo.
Resulta estratégico discutir el
Estado y la disputa de la hegemonía en su interior, lo que puede permitir el
debate sobre el rumbo de la política estatal, para consolidar el orden
capitalista, que puede ser restringido a reformas progresistas, o para
construir una sociedad en contra y más allá del régimen del capital.
Buenos
Aires, 22 de octubre de 2017
