Se reabrió la polémica por las Malvinas en un tema estratégico: la explotación petrolera. La noticia remite a inversiones inglesas en las islas argentinas usurpadas por el Reino Unido y la decisión del gobierno argentino por impedir el transporte de materiales asociados a dicha explotación. Esa medida gubernamental está sostenida en el incumpliendo inglés de acuerdos diplomáticos entre ambos países. Acuerdos que funcionaron entre 1995 y 2007 y reiteradamente incumplidos por las licitaciones de áreas petroleros habilitadas por Inglaterra en Malvinas.
Los trascendidos y declaraciones en cada país motivan las más diversas especulaciones, incluso guerreristas (al mejor estilo Thatcher en 1982) en el ambiente electoral británico, pero lo importante es la discusión sobre el uso soberano de los recursos naturales, un tema que trasciende la explotación de hidrocarburos y se proyecta a la explotación de la minería, de la tierra y su producción agrícola y ganadera, especialmente en tiempos de subas de los precios de la alimentación y deterioro de la capacidad de compra de los sectores de menores ingresos.
El capital sin fronteras
El hecho son las concesiones para explorar y explotar yacimientos establecidos en el mar argentino. Son acciones de empresas transnacionales sobre un potencial de 200.000 millones de barriles de petróleo.
No resulta ocioso recordar el peso estratégico de la producción petrolera en las condiciones del modelo productivo vigente y que la Argentina es de los pocos países que no administra soberanamente las reservas petroleras. El 90% de las reservas de petróleo del mundo son administradas por los Estados nacionales, claro que también se verifica la dependencia de la actividad petrolera de las corporaciones privadas que manejan el paquete de la tecnología del petróleo, la comercialización, el financiamiento y el transporte. No alcanza con la soberanía sobre los yacimientos, siendo estratégico el paquete tecnológico, el know how de la exploración, explotación y distribución de los hidrocarburos. Es todo un tema para pensar la cuestión energética desde un enfoque alternativo, pues no solo se trata de recuperar la petrolera estatal, sino de articular un trabajo de ciencia y técnica en el marco de la cooperación e integración regional.
El episodio que comentamos articula a la Empresa Desire Petroleum y uno de sus principales accionistas: la Banca Barclays, entidad financiera organizadora seleccionada por el gobierno argentino para la reapertura del canje de la deuda externa en cesación de pagos. Se trata de una combinación de dos temas centrales, la explotación petrolera y la negociación de las acreencias externas. Convengamos que la cuestión involucra a socios locales de la iniciativa inglesa, ya que el detenido embarque de tubos sin costura provenía de la empresa Techint. Este consorcio actúa en la explotación petrolera en territorio argentino a través de Tecpetrol y cabe el interrogante si el intento exportador de Techint no inhabilita el accionar del grupo en la explotación petrolera en nuestro país.
Es un razonamiento extensivo a la actividad petrolera inglesa, de la Barclays y la banca británica, como de todas las empresas externas, especialmente inglesas, que operan en el país. Recordemos que existen disposiciones de la Secretaría de Energía que prohíbe expresamente operar en la plataforma continental argentina sin habilitación de autoridad competente de nuestro país, situación que incluye a las empresas “controlantes, controladas, accionistas, y asociadas”.
Pensar y actuar soberanamente
Son cuestiones a considerar en el marco de la recrudecida crisis de la economía mundial, donde se discute la cuestión fiscal de Europa, el déficit de los estados europeos y su financiamiento por la banca europea. La respuesta del capital y los Estados hegemónicos a la crisis pasa por el ajuste de las cuentas públicas afectando salarios y gasto estatal social, y por una nueva escalada de la ofensiva del capital por la expansión de la explotación de fuerza de trabajo y recursos naturales.
Es tiempo para pensar en la administración soberana de la economía, en soberanía alimentaria, energética y financiera. Lo que estamos sugiriendo es combinar acciones diplomáticas con un debate sobre la soberanía del orden económico local. ¿Es acaso utópico pensarlo, cuando la tendencia es al alza del precio del petróleo, de las tasas de interés (ahora aumentadas por la Reserva Federal de EEUU) y de los precios de los recursos naturales? El debate no es ocioso, máxime cuando el país está negociando el tratado de libe comercio entre el Mercosur y Europa para suscribir en Mayo en los fastos del bicentenario.
El asunto es que no son discusiones distintas, el libre comercio que afecta y afectará a la debilitada industria local es parte de la estrategia ofensiva del capital mundial por la expansión de su actividad en recursos naturales, finanzas y comercio.
Lo que sugerimos es la oportunidad para la discusión sobre la organización económica local sobre bases de soberanía, ahora que se acaba de anunciar el funcionamiento de una articulación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para redefinir el “modelo productivo” surgido de la cesación de pagos de fines del 2001 y de la devaluación de comienzos del 2002. De allí vino el gran crecimiento económico de los últimos años. Se sostiene ahora que además de dólar alto hace falta financiamiento para ampliar la inversión y la acumulación.
Pretendemos argumentar que no sirve engordar el mismo modelo productivo. Se requiere avanzar en otro sentido, donde el eje sea la soberanía y la satisfac
Argentina: reapareció el debate sobre la inflación
Más allá de los índices inflacionarios, está claro que los precios aumentan y como siempre, afectan a la población de más bajos ingresos. Es una situación que genera debates interesantes y por cierto, algunas explicaciones insólitas. Desde el Jefe de Gabinete que señala que los precios aumentan porque existe una mejora en la distribución del ingreso, lo que invalidaría por definición el reclamo por la mejora en la distribución, una consigna extendida en el movimiento popular y el arco político de la izquierda en sentido amplio. Sindicar el consumo de los pobres como parte de la escalada de precios invalida la propia “política social” gubernamental, con 2 millones de beneficiarios directos. La inflación erosiona esos ingresos que en general no se actualizan. Por su parte, el Ministro de Economía pretende radicar el incremento de precios solo en algunos bienes o servicios para no asumir el rebrote inflacionario.
Desde el propio entorno oficial, el secretario de la CGT salió a defender el reclamo salarial por ingresos atrasados, de salarios contra precios y anticipa discusiones y conflictos por reajustes salariales muy lejanos de los valores oficiales de la inflación del 2009. Es cierto que la demanda por ingresos también reaparece desde el lado de los desocupados y sus movimientos territoriales, recreando anteriores reclamos y multiplicando la petición por mejora de ingresos entre trabajadores en actividad y desalojados del mercado laboral. La medición inflacionaria del INDEC registró un crecimiento del 7,7% para el pasado año, y los dirigentes sindicales demandan reajustes entre el 20 y 25% para la ronda de negociaciones colectivas, valores que anticipan la inflación del 2010. Las patronales no quieren sobrepasar montos entre el 12 y el 15%. Para ello presionan sobre las autoridades y cuentan con el bajo nivel de sindicalización de sus trabajadores. Claro que al mismo tiempo intentan sacarse responsabilidad sobre la suba de precios, demandando políticas económicas que favorezcan las inversiones privadas y fundamentalmente se les otorgue seguridad jurídica para satisfacer el objetivo de la ganancia.
Alimentos y carnes
Pero decíamos que el tema suscita debates interesantes y quizá en ellos debamos concentrarnos, pues existen polémicas sobre los índices, el fenómeno inflacionario y mucho menos sobre las causas de fondo y consideraciones de política económica alternativa.
Una de las discusiones de esta hora remite al precio de los alimentos en general y de la carne en particular. Es sabido que se trata de un alimento esencial en la dieta alimentaria de los argentinos, difícil de sustituir, especialmente para economías familiares de ingresos escasos.
El INDEC informó un crecimiento de los precios al consumidor del 1% para enero, de 1,6% para el rubro alimentos, en el cuál sobresale un incremento de las carnes del 4,7%. Los medios de comunicación, enfrentados al gobierno, respondieron con entrevistas a comerciantes (carniceros) que hablaban de crecimientos entre el 25 y 30% en el verano. El INDEC se sintió obligado a aclarar, y el viernes pasado (12/02/10) emitió un comunicado de prensa explicando que el 4,7% de subas es resultado del promedio de todos los tipos de carne (vacuna, aves, pescado, mariscos, fiambres y embutidos) y que para “cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca”, aumentó un 7,06% con respecto al mes anterior. Al final del mensaje “recuerda que el índice publicado en esta oportunidad se refiere exclusivamente al mes de enero de 2010, por lo que no incluye las variaciones de precios ocurridas en las últimas dos semanas” (febrero), con lo cual, hay que prepararse para el registro del presente mes.
Adicionemos a la cuestión de los índices que esa suba en carnes fue igualada por el rubro “Diarios, Revistas y Libros” y solo superada por el rubro “Turismo” que alcanzó un crecimiento del 7,9%. Ambos son consumos de sectores que mantienen capacidad de gasto.
Convengamos de todos modos, que el 1% de inflación minorista en enero está lejos de otras mediciones, incluidas algunas provincias que no siguen la metodología implementada en el organismo nacional. Para la ex Directora del IPC del INDEC, Graciela Bevacqua, que continúa la serie abandonada en el INDEC (desde Buenos Aires City, centro insertado en la Facultad de Económicas de la UBA) difundió un guarismo de crecimiento de los precios de 2,3% para enero. En su informe, puede observarse que el registro del IV trimestre del 2009, anualizado, alcanza al 17,7%. Muy superior, por cierto, al oficial difundido del 7,7%. Pero aún así, este indicador ubica a la Argentina como uno de los países de la región latinoamericana con mayores incrementos de precios en el 2009 y en la perspectiva del 2010. La mención vale por la importancia cultural que en la historia reciente ha tenido la inflación, aún luego de once años de convertibilidad y estabilidad de precios.
Argumentos en discusión
Estos índices traen la discusión sobre el fenómeno “crecimiento de precios”, donde cada quién aporta sus argumentos, sean productores, fabricantes (especialmente frigoríficos), los comercializadores (especialmente los grandes supermercados), exportadores, y donde se perjudican los consumidores de menor capacidad de compra, ya que en los de elevado ingreso poco incide la variación de precio de los cortes más caros, o de otros productos, al momento del consumo. Pero también están los comentaristas (políticos, periodistas, especialistas), que de un lado justifican los elevados precios por la disminución en la producción por imperio de la expansión de la siembra y cosecha de soja (precios y rentabilidad mediante), o la sequía del último año. Cada quién con su argumento pretende colocar en discusión su cuota de razón.
Los productores justifican la retención para intentar recuperar terreno perdido de la ganadería a mano de la agricultura, o por perdidas derivada de la falta de agua. Desde otro ángulo se usa el mismo argumento para sindicarlos como responsables de las penurias de la sociedad que debe pagar más por los consumos cotidianos. Los fabricantes más concentrados, en muchos casos coincidentes con los grandes comercializadores del mercado local y externo justifican la lógica capitalista de obtener localmente el precio internacional en sus ventas. Desde el gobierno se insiste en que la situación sería distinta con aplicación de las retenciones móviles rechazadas en el Parlamento en 2008. Una forma de asignar a la política fiscal funciones más específicas de un curso de acción productivo, especialmente en el agro y la generación de alimentos.
Por todo ello, el problema es el “modelo productivo”, capitalista, lo que supone decisiones mercantiles avaladas por un régimen legal y una política (económica) que no discute los modos para asegurar Soberanía Alimentaria (también energética y financiera), lo que pondría en discusión el régimen de propiedad de la tierra y la dominación monopolista en el encadenamiento productivo que dirigen las transnacionales de la alimentación y la tecnología para su producción. La discusión se aceleró desde Punta del Este, con un discurso del próximo presidente uruguayo, Pepe Mujica, que entusiasma a los empresarios de acá, que fueron mayoría en ese encuentro que la prensa comenta reunió a unos 1.500 empresarios. El discurso envalentona a los que demandan “seguridad jurídica de las inversiones”, como base de sustento de una política de acumulación capitalista. El argumento es que la inflación se combate con más producción y para eso se requiere estimular la inversión privada. Algo muy distinto de los que proponemos resolver otras “seguridades”, sociales y culturales, de quienes sufren en forma directa el crecimiento inflacionario en la condiciones de funcionamiento del capitalismo.
Por eso la Soberanía alimentaria, energética o financiera, como objetivo de política económica. En tiempos de bicentenario, donde se alude a la dependencia y su contrario, la independencia, resulta importante se cuestione el orden económico social vigente y pensar en términos alternativos, que orienten “otro modelo de producción”, con otros beneficiarios. Es la posibilidad de la Argentina y sus ventajas comparativas alimentarias para aportar a la experiencia emancipadora en curso en la región latinoamericana y caribeña
Desde el propio entorno oficial, el secretario de la CGT salió a defender el reclamo salarial por ingresos atrasados, de salarios contra precios y anticipa discusiones y conflictos por reajustes salariales muy lejanos de los valores oficiales de la inflación del 2009. Es cierto que la demanda por ingresos también reaparece desde el lado de los desocupados y sus movimientos territoriales, recreando anteriores reclamos y multiplicando la petición por mejora de ingresos entre trabajadores en actividad y desalojados del mercado laboral. La medición inflacionaria del INDEC registró un crecimiento del 7,7% para el pasado año, y los dirigentes sindicales demandan reajustes entre el 20 y 25% para la ronda de negociaciones colectivas, valores que anticipan la inflación del 2010. Las patronales no quieren sobrepasar montos entre el 12 y el 15%. Para ello presionan sobre las autoridades y cuentan con el bajo nivel de sindicalización de sus trabajadores. Claro que al mismo tiempo intentan sacarse responsabilidad sobre la suba de precios, demandando políticas económicas que favorezcan las inversiones privadas y fundamentalmente se les otorgue seguridad jurídica para satisfacer el objetivo de la ganancia.
Alimentos y carnes
Pero decíamos que el tema suscita debates interesantes y quizá en ellos debamos concentrarnos, pues existen polémicas sobre los índices, el fenómeno inflacionario y mucho menos sobre las causas de fondo y consideraciones de política económica alternativa.
Una de las discusiones de esta hora remite al precio de los alimentos en general y de la carne en particular. Es sabido que se trata de un alimento esencial en la dieta alimentaria de los argentinos, difícil de sustituir, especialmente para economías familiares de ingresos escasos.
El INDEC informó un crecimiento de los precios al consumidor del 1% para enero, de 1,6% para el rubro alimentos, en el cuál sobresale un incremento de las carnes del 4,7%. Los medios de comunicación, enfrentados al gobierno, respondieron con entrevistas a comerciantes (carniceros) que hablaban de crecimientos entre el 25 y 30% en el verano. El INDEC se sintió obligado a aclarar, y el viernes pasado (12/02/10) emitió un comunicado de prensa explicando que el 4,7% de subas es resultado del promedio de todos los tipos de carne (vacuna, aves, pescado, mariscos, fiambres y embutidos) y que para “cortes delanteros y traseros de carne vacuna fresca”, aumentó un 7,06% con respecto al mes anterior. Al final del mensaje “recuerda que el índice publicado en esta oportunidad se refiere exclusivamente al mes de enero de 2010, por lo que no incluye las variaciones de precios ocurridas en las últimas dos semanas” (febrero), con lo cual, hay que prepararse para el registro del presente mes.
Adicionemos a la cuestión de los índices que esa suba en carnes fue igualada por el rubro “Diarios, Revistas y Libros” y solo superada por el rubro “Turismo” que alcanzó un crecimiento del 7,9%. Ambos son consumos de sectores que mantienen capacidad de gasto.
Convengamos de todos modos, que el 1% de inflación minorista en enero está lejos de otras mediciones, incluidas algunas provincias que no siguen la metodología implementada en el organismo nacional. Para la ex Directora del IPC del INDEC, Graciela Bevacqua, que continúa la serie abandonada en el INDEC (desde Buenos Aires City, centro insertado en la Facultad de Económicas de la UBA) difundió un guarismo de crecimiento de los precios de 2,3% para enero. En su informe, puede observarse que el registro del IV trimestre del 2009, anualizado, alcanza al 17,7%. Muy superior, por cierto, al oficial difundido del 7,7%. Pero aún así, este indicador ubica a la Argentina como uno de los países de la región latinoamericana con mayores incrementos de precios en el 2009 y en la perspectiva del 2010. La mención vale por la importancia cultural que en la historia reciente ha tenido la inflación, aún luego de once años de convertibilidad y estabilidad de precios.
Argumentos en discusión
Estos índices traen la discusión sobre el fenómeno “crecimiento de precios”, donde cada quién aporta sus argumentos, sean productores, fabricantes (especialmente frigoríficos), los comercializadores (especialmente los grandes supermercados), exportadores, y donde se perjudican los consumidores de menor capacidad de compra, ya que en los de elevado ingreso poco incide la variación de precio de los cortes más caros, o de otros productos, al momento del consumo. Pero también están los comentaristas (políticos, periodistas, especialistas), que de un lado justifican los elevados precios por la disminución en la producción por imperio de la expansión de la siembra y cosecha de soja (precios y rentabilidad mediante), o la sequía del último año. Cada quién con su argumento pretende colocar en discusión su cuota de razón.
Los productores justifican la retención para intentar recuperar terreno perdido de la ganadería a mano de la agricultura, o por perdidas derivada de la falta de agua. Desde otro ángulo se usa el mismo argumento para sindicarlos como responsables de las penurias de la sociedad que debe pagar más por los consumos cotidianos. Los fabricantes más concentrados, en muchos casos coincidentes con los grandes comercializadores del mercado local y externo justifican la lógica capitalista de obtener localmente el precio internacional en sus ventas. Desde el gobierno se insiste en que la situación sería distinta con aplicación de las retenciones móviles rechazadas en el Parlamento en 2008. Una forma de asignar a la política fiscal funciones más específicas de un curso de acción productivo, especialmente en el agro y la generación de alimentos.
Por todo ello, el problema es el “modelo productivo”, capitalista, lo que supone decisiones mercantiles avaladas por un régimen legal y una política (económica) que no discute los modos para asegurar Soberanía Alimentaria (también energética y financiera), lo que pondría en discusión el régimen de propiedad de la tierra y la dominación monopolista en el encadenamiento productivo que dirigen las transnacionales de la alimentación y la tecnología para su producción. La discusión se aceleró desde Punta del Este, con un discurso del próximo presidente uruguayo, Pepe Mujica, que entusiasma a los empresarios de acá, que fueron mayoría en ese encuentro que la prensa comenta reunió a unos 1.500 empresarios. El discurso envalentona a los que demandan “seguridad jurídica de las inversiones”, como base de sustento de una política de acumulación capitalista. El argumento es que la inflación se combate con más producción y para eso se requiere estimular la inversión privada. Algo muy distinto de los que proponemos resolver otras “seguridades”, sociales y culturales, de quienes sufren en forma directa el crecimiento inflacionario en la condiciones de funcionamiento del capitalismo.
Por eso la Soberanía alimentaria, energética o financiera, como objetivo de política económica. En tiempos de bicentenario, donde se alude a la dependencia y su contrario, la independencia, resulta importante se cuestione el orden económico social vigente y pensar en términos alternativos, que orienten “otro modelo de producción”, con otros beneficiarios. Es la posibilidad de la Argentina y sus ventajas comparativas alimentarias para aportar a la experiencia emancipadora en curso en la región latinoamericana y caribeña
Los debates del verano
Los debates del verano se concentraron en la Deuda Externa y la autonomía del Banco Central. Fueron discusiones que incidieron en el cambio del escenario económico y político previsible a mediados de diciembre cuando se difundió el Fondo del Bicentenario creado por Decreto de Necesidad y Urgencia. Es probable que hasta marzo, cuando comience el periodo ordinario de sesiones parlamentarias, no haya definición sobre el Fondo de 6.559 millones de dólares, que en el imaginario del gobierno iba a servir para bajar el costo del crédito externo para actores privados y públicos. La polémica del verano ha resultado en un crecimiento de la tasa de interés para operaciones de crédito a realizar desde el país.
Sobre fines del año pasado se trabajaba en una secuencia de arreglo con el Club de París por 7.000 millones de dólares; la seguridad de los pagos para el 2010 con el Fondo del Bicentenario y la reapertura del canje de deuda del 2005, votado mayoritariamente en el Parlamento, dando muestras de voluntad de cancelación de la deuda por parte de los diputados del oficialismo y la oposición legislativa de derecha. Esa secuencia que comentamos se asociaba a una búsqueda de caminos para normalizar la situación del país con el FMI, que desde 2006 no realiza el monitoreo de la economía local, como ocurre con todos los países miembros (asociados) del organismo internacional.
De hecho, se desordenó la situación para reinstalar viejos temas, a saber:
1. Autonomía sí o no del BCRA. Se trata de una institución de los 90´, resultado de la hegemonía política de Menem y Cavallo, totalmente funcional al paradigma de liberalización de la economía sustentada en el libre movimiento de los capitales internacionales y un BC al servicio de ese proceso. Es más, el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández propusieron y mantuvieron en la presidencia del BC a un orgánico de la autonomía y la ortodoxia neoclásica o neoliberal. Este debate habilitó un discurso crítico que reclama la modificación de la Carta Orgánica del BC. Incluso se reflotó un proyecto legislativo de Mercedes Marcó del Pont, actual Presidente del BC, que siendo Diputada por el FPV presentó un proyecto sin éxito. Un interrogante es si Marcó del Pont bregará desde su función actual por los anteriores propósitos contra la institucionalidad liberalizadora.
2. El debate se extendió a la intocada Ley de Entidades Financieras, que data de 1977 y que fuera calificada como el instrumento más revolucionario del gobierno de la dictadura por su propio mentor, el Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. En rigor, no solo se trata de la legislación, sino de la política financiera, cuando la Argentina presenta una de las menores relaciones entre préstamos y capacidad de producción de riqueza y donde el escaso crédito es a tasas muy elevadas.
3. Se discutió para que sirven las reservas internacionales, y cuál es el monto real de las mismas, pues además de los activos financieros en poder del BC, deben computarse una serie de pasivos que hacen disminuir el saldo de RI. Pero más importante que la cantidad de reservas, la discusión se abrió al uso de las mismas, cuando desde el oficialismo se pensaba en un destino de pago de los vencimientos de deuda y liberar recursos corrientes para gasto público, los legisladores y el arco político de la derecha demandó pagar la deuda con recursos fiscales corrientes, es decir, a costa del presupuesto y de la mano de profundo ajustes en el gasto social. Otros sectores, ubicados en el arco político a la izquierda en el Parlamento se pronunciaron por una investigación de la deuda, al estilo de la Auditoría realizada por Ecuador. Es cierto que en otros sectores políticos y sociales más allá del debate parlamentario se insistió en privilegiar la deuda social interna repudiando cualquier estrategia de cancelación de deuda externa.
Lo que fue queda hasta ahora es un nuevo Presidente del BC, que fue sorpresa, ya que el candidato con pergaminos favorables para el establishment del poder económico local e internacional, Mario Blejer, quedó en el camino por Mercedes Marcó del Pont que viene de presidir el BNA. La trayectoria de Marcó del Pont abre expectativas de cambios legislativos y de política financiera. Mientras tanto y con la carta orgánica actual, para acercar más al BC con las necesidades de política económica se creó un Consejo que integran el Ministerio de Economía y el BC, inspirados se dice en la experiencia brasileña. Consultados varios colegas del país vecino señalan que la impronta la define Meirelles, el Presidente del BC que proviene de la Banca Morgan y que fuera la carta de confianza y seguridad otorgada al poder económico mundial de parte de Lula. Dicen que el Ministro de Brasil, Guido Mantega es neo desarrollista y el titular del BC un neoliberal consumado. Queda el interrogante si en política se aplica la máxima matemática relativa a “que el orden de los factores no altera el producto”.
Sobre fines del año pasado se trabajaba en una secuencia de arreglo con el Club de París por 7.000 millones de dólares; la seguridad de los pagos para el 2010 con el Fondo del Bicentenario y la reapertura del canje de deuda del 2005, votado mayoritariamente en el Parlamento, dando muestras de voluntad de cancelación de la deuda por parte de los diputados del oficialismo y la oposición legislativa de derecha. Esa secuencia que comentamos se asociaba a una búsqueda de caminos para normalizar la situación del país con el FMI, que desde 2006 no realiza el monitoreo de la economía local, como ocurre con todos los países miembros (asociados) del organismo internacional.
De hecho, se desordenó la situación para reinstalar viejos temas, a saber:
1. Autonomía sí o no del BCRA. Se trata de una institución de los 90´, resultado de la hegemonía política de Menem y Cavallo, totalmente funcional al paradigma de liberalización de la economía sustentada en el libre movimiento de los capitales internacionales y un BC al servicio de ese proceso. Es más, el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández propusieron y mantuvieron en la presidencia del BC a un orgánico de la autonomía y la ortodoxia neoclásica o neoliberal. Este debate habilitó un discurso crítico que reclama la modificación de la Carta Orgánica del BC. Incluso se reflotó un proyecto legislativo de Mercedes Marcó del Pont, actual Presidente del BC, que siendo Diputada por el FPV presentó un proyecto sin éxito. Un interrogante es si Marcó del Pont bregará desde su función actual por los anteriores propósitos contra la institucionalidad liberalizadora.
2. El debate se extendió a la intocada Ley de Entidades Financieras, que data de 1977 y que fuera calificada como el instrumento más revolucionario del gobierno de la dictadura por su propio mentor, el Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. En rigor, no solo se trata de la legislación, sino de la política financiera, cuando la Argentina presenta una de las menores relaciones entre préstamos y capacidad de producción de riqueza y donde el escaso crédito es a tasas muy elevadas.
3. Se discutió para que sirven las reservas internacionales, y cuál es el monto real de las mismas, pues además de los activos financieros en poder del BC, deben computarse una serie de pasivos que hacen disminuir el saldo de RI. Pero más importante que la cantidad de reservas, la discusión se abrió al uso de las mismas, cuando desde el oficialismo se pensaba en un destino de pago de los vencimientos de deuda y liberar recursos corrientes para gasto público, los legisladores y el arco político de la derecha demandó pagar la deuda con recursos fiscales corrientes, es decir, a costa del presupuesto y de la mano de profundo ajustes en el gasto social. Otros sectores, ubicados en el arco político a la izquierda en el Parlamento se pronunciaron por una investigación de la deuda, al estilo de la Auditoría realizada por Ecuador. Es cierto que en otros sectores políticos y sociales más allá del debate parlamentario se insistió en privilegiar la deuda social interna repudiando cualquier estrategia de cancelación de deuda externa.
Lo que fue queda hasta ahora es un nuevo Presidente del BC, que fue sorpresa, ya que el candidato con pergaminos favorables para el establishment del poder económico local e internacional, Mario Blejer, quedó en el camino por Mercedes Marcó del Pont que viene de presidir el BNA. La trayectoria de Marcó del Pont abre expectativas de cambios legislativos y de política financiera. Mientras tanto y con la carta orgánica actual, para acercar más al BC con las necesidades de política económica se creó un Consejo que integran el Ministerio de Economía y el BC, inspirados se dice en la experiencia brasileña. Consultados varios colegas del país vecino señalan que la impronta la define Meirelles, el Presidente del BC que proviene de la Banca Morgan y que fuera la carta de confianza y seguridad otorgada al poder económico mundial de parte de Lula. Dicen que el Ministro de Brasil, Guido Mantega es neo desarrollista y el titular del BC un neoliberal consumado. Queda el interrogante si en política se aplica la máxima matemática relativa a “que el orden de los factores no altera el producto”.
Cambios económicos en Venezuela.
Resulta difícil resumir la situación económica de Venezuela tras once años de gestión de Hugo Chávez en la presidencia del país. A comienzos de enero se anunciaron cambios en la economía venezolana y un enfoque explicativo podría consistir en comentar esas medidas, difundidas con especial mención en el control de cambio establecido y el doble patrón de política cambiaria. Parece más adecuado pensar una explicación de tipo estructural y en todo caso, pensar la coyuntura aportando al debate sobre el modelo productivo y de desarrollo necesario en la región latinoamericana.
En Venezuela se sufrió profundamente la crisis de mediados de los noventa con fuerte impacto en todos los órdenes económicos de la sociedad. El modelo de acumulación rentístico, con base petrolero había llegado a su agotamiento. El Estado era incapaz de dinamizar al sector público y al privado, como parte sustancial de una crisis económica con proyección política y social. Ese es el marco para una dinámica social de descontento y protesta generalizada desde 1989 (caracazo) hasta la asunción de Hugo Chávez en 1999. La opción era por el cambio integral en materia política y económica. El régimen chavista privilegió hasta fines del 2004 una estrategia del tipo “tercera vía”[2] para formular en diciembre de ese año por vez primera su perspectiva de “Socialismo del Siglo XXI”[3], partiendo de un crudo diagnóstico relativo a que “el capitalismo no ofrece soluciones a los países de América Latina”.
El rumbo pretendido por el gobierno venezolano es el rasero para definir la situación económica social del país. Por ese objetivo se dieron varias batallas, del oficialismo y la oposición. De la última se destaca el golpe de Estado de abril del 2002 y el boicot de las autoridades de la petrolera estatal ese mismo año. Puede considerarse que ese es el punto de partida del nuevo pensamiento estratégico gubernamental y el cambio de rumbo discursivo, desde el capitalismo al socialismo. El ciclo económico 2003-2008 está atravesado por estas definiciones de “política económica” y un ciclo de crecimiento de la economía mundial que incluye la elevación del precio del petróleo, favoreciendo los ingresos fiscales. La renta petrolera administrada por el Estado favoreció un gasto público orientado a satisfacer postergadas necesidades sociales e intentar generar una restructuración productiva para modificar el patrón de consumo sostenido en la importación de bienes de consumo y de producción.
La crisis de la economía mundial (2007-2010) impactó en la contracción de la economía venezolana del 2009. Situación agravada con la caída del precio del petróleo de 140 dólares a poco más de 40 dólares la tonelada. Desde el segundo semestre del 2009 a la actualidad, la recuperación del precio del petróleo evolucionó hasta poco menos de 80 dólares, favoreciendo los ingresos fiscales, base de sustento aún de la política económica venezolana. La sustitución de importaciones, el desarrollo industrial, especialmente en alimentos, y la cooperación internacional para resolver el desarrollo tecnológico autónomo, constituyen uno de los principales objetivos sustentados oficialmente. Son parte de los objetivos del plan económico y monetario que pueden leerse en las páginas en internet del poder ejecutivo y del Banco Central de Venezuela para el primer semestre del 2010.
El 2009 es un punto de clivaje en la evolución económica. Se constata una caída del PBI y un deterioro de los indicadores sociales, agravados por la inflación (que afecta a sectores de menores ingresos) y un tipo de cambio paralelo más que duplicando el cambio oficial, con un desempleo que ronda el 8%. En esas condiciones se estableció en la primera semana de enero el control de cambios, con un dólar oficial a 2,60 bolívares por dólar y un dólar (petrolero) a 4,30. El primero se asocia a los precios de los alimentos, la salud, el sector de máquinas y equipos, ciencia y tecnología; las remesas familiares, el sector público y los recursos de consulados y embajadas en el país, como para estudiantes venezolanos en el exterior. El dólar “petrolero” se extiende a los automotores, el comercio, las telecomunicaciones, la química, metalúrgica e informática, el caucho, plástico, electrodomésticos, textil, eléctrico, servicios y construcciones, gráfico, tabaco y bebidas. Un doble rasero para favorecer a los sectores de menores ingresos e incidir sobre el patrón de consumo suntuario para beneficiar la satisfacción de necesidades populares. Por ello se presenta una fuerte intervención política del Estado, incluso de la Guardia Nacional Bolivariana para evitar el traslado a los precios del ajuste en el tipo de cambio.
Las medidas son parte de un sinceramiento de la realidad en el mercado. La devaluación ya había sido procesada, en un mercado que anticipó la devaluación. La preocupación oficial es por evitar el impacto en el deterioro del salario, los ingresos populares y por el ello la preocupación por combatir la especulación. Junto al tipo de cambio se implementó la constitución de un Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN) utilizando 7.000 millones de dólares de unas reservas internacionales de 34.295 millones de dólares[4]. El FONDEN tiene objetivos concentrados en avanzar en la industrialización sustitutiva de importaciones, principalmente de alimentos.
Pero, la realidad venezolana no puede analizarse si no es en el marco de la integración alternativa, lo que se manifiesta en la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, que incluye un conjunto de iniciativas económicas y financieras con 7 países y que se materializan en el Banco del ALBA, con operaciones desde el año 2009 y recientemente en enero del 2010 con el SUCRE, una moneda para el intercambio comercial entre los países del ALBA con pretensión de moneda regional. Es el aporte concreto a la discusión sobre la nueva arquitectura financiera que requiere la economía mundial en crisis.
En Venezuela se sufrió profundamente la crisis de mediados de los noventa con fuerte impacto en todos los órdenes económicos de la sociedad. El modelo de acumulación rentístico, con base petrolero había llegado a su agotamiento. El Estado era incapaz de dinamizar al sector público y al privado, como parte sustancial de una crisis económica con proyección política y social. Ese es el marco para una dinámica social de descontento y protesta generalizada desde 1989 (caracazo) hasta la asunción de Hugo Chávez en 1999. La opción era por el cambio integral en materia política y económica. El régimen chavista privilegió hasta fines del 2004 una estrategia del tipo “tercera vía”[2] para formular en diciembre de ese año por vez primera su perspectiva de “Socialismo del Siglo XXI”[3], partiendo de un crudo diagnóstico relativo a que “el capitalismo no ofrece soluciones a los países de América Latina”.
El rumbo pretendido por el gobierno venezolano es el rasero para definir la situación económica social del país. Por ese objetivo se dieron varias batallas, del oficialismo y la oposición. De la última se destaca el golpe de Estado de abril del 2002 y el boicot de las autoridades de la petrolera estatal ese mismo año. Puede considerarse que ese es el punto de partida del nuevo pensamiento estratégico gubernamental y el cambio de rumbo discursivo, desde el capitalismo al socialismo. El ciclo económico 2003-2008 está atravesado por estas definiciones de “política económica” y un ciclo de crecimiento de la economía mundial que incluye la elevación del precio del petróleo, favoreciendo los ingresos fiscales. La renta petrolera administrada por el Estado favoreció un gasto público orientado a satisfacer postergadas necesidades sociales e intentar generar una restructuración productiva para modificar el patrón de consumo sostenido en la importación de bienes de consumo y de producción.
La crisis de la economía mundial (2007-2010) impactó en la contracción de la economía venezolana del 2009. Situación agravada con la caída del precio del petróleo de 140 dólares a poco más de 40 dólares la tonelada. Desde el segundo semestre del 2009 a la actualidad, la recuperación del precio del petróleo evolucionó hasta poco menos de 80 dólares, favoreciendo los ingresos fiscales, base de sustento aún de la política económica venezolana. La sustitución de importaciones, el desarrollo industrial, especialmente en alimentos, y la cooperación internacional para resolver el desarrollo tecnológico autónomo, constituyen uno de los principales objetivos sustentados oficialmente. Son parte de los objetivos del plan económico y monetario que pueden leerse en las páginas en internet del poder ejecutivo y del Banco Central de Venezuela para el primer semestre del 2010.
El 2009 es un punto de clivaje en la evolución económica. Se constata una caída del PBI y un deterioro de los indicadores sociales, agravados por la inflación (que afecta a sectores de menores ingresos) y un tipo de cambio paralelo más que duplicando el cambio oficial, con un desempleo que ronda el 8%. En esas condiciones se estableció en la primera semana de enero el control de cambios, con un dólar oficial a 2,60 bolívares por dólar y un dólar (petrolero) a 4,30. El primero se asocia a los precios de los alimentos, la salud, el sector de máquinas y equipos, ciencia y tecnología; las remesas familiares, el sector público y los recursos de consulados y embajadas en el país, como para estudiantes venezolanos en el exterior. El dólar “petrolero” se extiende a los automotores, el comercio, las telecomunicaciones, la química, metalúrgica e informática, el caucho, plástico, electrodomésticos, textil, eléctrico, servicios y construcciones, gráfico, tabaco y bebidas. Un doble rasero para favorecer a los sectores de menores ingresos e incidir sobre el patrón de consumo suntuario para beneficiar la satisfacción de necesidades populares. Por ello se presenta una fuerte intervención política del Estado, incluso de la Guardia Nacional Bolivariana para evitar el traslado a los precios del ajuste en el tipo de cambio.
Las medidas son parte de un sinceramiento de la realidad en el mercado. La devaluación ya había sido procesada, en un mercado que anticipó la devaluación. La preocupación oficial es por evitar el impacto en el deterioro del salario, los ingresos populares y por el ello la preocupación por combatir la especulación. Junto al tipo de cambio se implementó la constitución de un Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEN) utilizando 7.000 millones de dólares de unas reservas internacionales de 34.295 millones de dólares[4]. El FONDEN tiene objetivos concentrados en avanzar en la industrialización sustitutiva de importaciones, principalmente de alimentos.
Pero, la realidad venezolana no puede analizarse si no es en el marco de la integración alternativa, lo que se manifiesta en la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, que incluye un conjunto de iniciativas económicas y financieras con 7 países y que se materializan en el Banco del ALBA, con operaciones desde el año 2009 y recientemente en enero del 2010 con el SUCRE, una moneda para el intercambio comercial entre los países del ALBA con pretensión de moneda regional. Es el aporte concreto a la discusión sobre la nueva arquitectura financiera que requiere la economía mundial en crisis.
Consideraciones sobre la cuestión minera en Argentina
Por: Julio C. Gambina
Antonio Lizuain
Sergio Papi
La Argentina es un país con una importante dotación de recursos naturales, muchos de los cuales se encuentran no explotados, especialmente la minería. El país no era considerado una nación con minería y sin embargo en los últimos años han crecido en forma importante las inversiones en el sector de la minería, principalmente de capital externo. Ello ocurre producto de la combinación de un proceso de liberalización económico generalizado luego del golpe militar de 1976, especialmente en la década del noventa, y cambios en la legislación minera. Ambos fenómenos dan cuenta de un avance considerable de la actividad minera en los años recientes y con perspectivas de crecimiento en el corto plazo. Se trata de una cuestión importante en la economía local y que define el tipo de inserción internacional del país, pero también afecta la dimensión medioambiental y comienza a constituirse en tema de discusión sobre el modelo productivo necesario para construir una sociedad con satisfacción de las demandas del conjunto y el cuidado y privilegio por los recursos naturales.
El artículo detalla información sobre los emprendimientos mineros en el país y en la Provincia de San Juan y un repaso sobre la legislación minera adecuada a las demandas de los inversores externos, para concluir en las siguientes consecuencias: pérdida de soberanía, contaminación del medio ambiente, destrucción del ecosistema, extracción de recursos estratégicos, fuga legal de enorme cantidad de divisas al exterior y un Estado que en términos de recaudación y recursos recibe sólo limosnas de un negocio de miles de millones de dólares y sólo recién a partir del sexto año de la ejecución del proyecto. No cabe lugar a dudas lo que representa para nuestro país la llegada de estos capitales. Constituyen un regalo de recursos naturales limitados a aquellos que vienen a saquear parte del patrimonio nacional para luego dejar devastado el lugar. Este “negocio” no puede entenderse de otra forma que no sea una gigantesca transferencia de la renta y los recursos naturales del país a las transnacionales de la minería.
Es cierto también que comienza a observarse la preocupación de cierta parte de la ciudadanía en los impactos ambientales que está acarreando este estado de situación potenciando la resistencia de los pueblos donde se asientan los emprendimientos. Lo que está en discusión es en definitiva el modelo de país que se pretende.
Palabras clave: economía y minería; medioambiente y contaminación ; conflicto social e inversiones externas.
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