Ajuste y crisis política

Asistimos a un momento político muy especial en la Argentina, con un trasfondo de aceleración del ajuste fiscal, que se expresa en las definiciones que va asumiendo el poder ejecutivo en acuerdo con el FMI, con el privilegio a la política de achicamiento del déficit fiscal. De ese modo, se despliega la eliminación de partidas para educación, salud y otros derechos elementales de la población argentina. Se explicita la sub-ejecución de las partidas como excusa de una decisión pre elaborada de achicamiento del gasto público social. Es un momento especial porque en simultaneo con la continuidad y profundización del ajuste, se evidencian elementos de crisis políticas en el país por el accionar del poder judicial. Remitimos al juicio sobre corrupción en obras públicas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dato relevante lo constituyeron las movilizaciones solidarias con la ex presidenta, las que contribuyeron a cerrar filas en el Frente de Todos, incluso con perspectivas de una movilización gestada desde el peronismo. Se ocultan así las contradicciones y discusiones que venían desde el interior de la coalición del gobierno, suspendidas en la coyuntura de mayor avance de las medidas antipopulares expresadas en subas de precios y una inflación anualizada en torno al 90%. Por su parte, se puso en evidencia el plan y accionar político represivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habilitando debates al interior de la coalición opositora. La represión y la negociación con autoridades nacionales visibilizó las críticas de los duros del macrismo y los anarco-liberales ante la debilidad del aspirante a la presidencia en el 2023. La situación permite sacar lecciones de estos acontecimientos. Existe una demanda para construir referencia política en la Argentina y el armado del Frente de Todos, que alcanzó para evitar el segundo mandato de Mauricio Macri y su propuesta de profundización de la liberalización, no constituyó una política a contramano de la lógica económica que condicionó el gobierno anterior con la sujeción al condicionante del FMI. Tampoco intentó modificar el modelo productivo y de desarrollo, de fuerte concentración y extranjerización asentado en la primarización de las exportaciones y la subordinación a la dinámica de la transnacionalización productiva, mercantil y financiera, un proceso en construcción desde la propia dictadura genocida. Ahí está el problema político y económico a enfrentar, como desafío histórico para construir alternativa política. Ni las derechas del macrismo o los libertarios, ni la coalición gubernamental pueden resolver la demanda social descontenta con el ajuste y el rumbo económico definido en el país. En ese sentido, si el ajuste es la base del descontento social, no hay que dudar en el crecimiento de la desconformidad, la protesta y la conflictividad social, aun cuando cierre filas el oficialismo ante la ofensiva judicial. Lo evidente en la Argentina es la ausencia de un proyecto político alternativo, que pueda confrontar con la lógica del acuerdo llevado adelante entre la Argentina y el FMI, que supone compromisos de las dos principales coaliciones que disputan el gobierno del capitalismo en la Argentina. No había acuerdo con el FMI sin la voluntad política de una parte del Frente de Todos que impulso las negociaciones y la oposición de Juntos por el Cambio que favorecieron el aval parlamentario para que se suscribiera ese compromiso de ajuste y auditoria regular y permanente del FMI sobre las cuentas públicas del país. En los próximos días, Sergio Massa y su equipo otorgarán las garantías suficientes para el desembolso de 4.000 millones de dólares antes del 10/9 para cancelar vencimientos con el Fondo, al tiempo que gestionarán nuevos préstamos para mejor las reservas internacionales y cumplir lo acordado con el organismo internacional, claro, a costo del conjunto de la sociedad. Alternativa política Por eso esta movilización y crisis política que se genera en la Argentina da para pensar la necesidad de conformar rumbos alternativos que confronten con esta dinámica de ajuste fiscal. Señalemos que, si se debe reducir el gasto público, se puede transitar otro camino, caso de eliminar la política que privilegia los subsidios a las grandes empresas, derivada de la lógica privatizadora de los servicios públicos ejecutada hace ya tres décadas, sustentada con financiamiento público a costa de resolver partidas para derechos socioeconómicos de la mayoría empobrecida. La “solución” en ejecución en estas horas pasa por la disminución de subsidios energéticos que se transfiere vía segmentación a los usuarios, o con la suba de las tarifas del transporte público, especialmente en la zona metropolitana, antes ejecutada en el conjunto del país. Se consolida la orientación a la privatización, con tendencia a achicar el subsidio público y elevando el precio a pagar por la población. Para construir alternativa política se requiere discutir el modelo productivo y de desarrollo desde el origen de la privatización de la energía y los servicios públicos en los años 90´, continuado y consolidado por tres décadas. Ese es el debate estructural que va mucho más allá del incremento coyuntural en las tarifas y que pone en discusión la organización económica del país. Se trata de discutir la política sobre hidrocarburos, es decir, ¿qué tipo de energía se necesita, energía para qué y para quien, para que tipo de desarrollo productivo, para resolver que necesidades? Así como señalamos que el principal gasto publico son los subsidios a las empresas privatizadas de servicios públicos, el segundo gran gasto publico tiene que ver con los servicios de la deuda pública. Por eso necesitamos hacer crecer la campaña de la auto convocatoria por suspensión de pagos de la deuda y la auditoria popular, iniciando por la anulación del acuerdo con el FMI. Urge resolver el pago de la deuda con la sociedad empobrecida y comenzar a satisfacer la demanda por derechos. Reorientar el gasto público supone un debate político gigantesco para construir un consenso crítico al accionar sistémico de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que desde sus especificidades constituyen la base de sustentación del orden capitalista local. Es un debate que necesita trascender la gestión del capitalismo contemporáneo y colocar en el centro la discusión sobre una alternativa política. Junto a la disputa por la gestión del régimen del capital, la izquierda está desafiada a visibilizar una política de organización y movilización por un orden socioeconómico, político y cultural que satisfaga derechos bajo una orientación solidaria, de autogestión y comunitaria a contramano de la lógica de la ganancia y la acumulación que define el presente de penurias sociales ampliadas. Buenos Aires, 31 de agosto de 2022

El ajuste requiere de técnicos y de políticos

Luego de idas y vueltas se designó a Gabriel Rubinstein en el ministerio de economía. Será el segundo a bordo en la gestión económica de Massa. Es un “profesional” de la economía ortodoxa, consultor de empresas, presentado como el “técnico” que viabilizará las decisiones políticas del cogobierno del FdT y el FMI. Rubinstein tiene antecedentes en la gestión pública junto a Roberto Lavagna, quien tuviera a su cargo la gestión económica en tiempos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. Igual que Alberto Fernández y Sergio Massa emitió opinión fuertemente crítica respecto de Cristina Fernández y los gobiernos de cuño kirchnerista. La dupla Massa-Rubinstein constituye la sociedad de ejecución del ajuste acordado con el FMI. Aludimos a un político y a un “técnico”. Recuerdo el debate entre Menem y Cavallo cuando aquel destacaba a su ministro como un gran “técnico”, pero que, sin el jefe político del justicialismo, la convertibilidad era imposible, ya que había que disciplinar a los votantes y seguidores. Carlos Menem era consciente que el consenso político viabiliza los recortes de recursos para los sectores más necesitados, una demanda histórica del poder económico y político del país. Claro que Cavallo era también un político que disputo cargos electorales y consenso político y social. La recordación es útil, ya que la dupla en la gestión económica, Massa y Rubinstein, debuta con un incremento de las naftas y una disminución del gasto público en sectores sensibles. El Boletín Oficial del 22 de agosto anunció vía “Decisión Administrativa 826/2022” un ajuste de 70.000 millones de pesos al Ministerio de Educación, otros 10.000 millones de pesos al de Salud y 50.000 millones de pesos al programa Procrear. Suman un total de 210.000 millones de pesos de recortes de programas públicos para facilitar el achique del déficit fiscal. El ajuste opera sobre los ministerios de Educación, de Salud y de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se insiste en la consistencia macroeconómica de las medidas de gobierno, como principal tarea del técnico Rubinstein. ¿Qué significa consistencias macroeconómicas? ¿Consistentes en beneficio de quien, a favor de quien y en perjuicio de quién? El aumento de los combustibles impacta en suba de precios y por ende deteriora la capacidad de compra de la mayoría de la población que vive de ingresos fijos y disminuidos por la misma evolución de la inflación. Agosto puede repetir el elevado guarismo de julio, incluso puede ser menor, pero escala en el año al 90%, habilitando un debate sobre la posibilidad de una inflación de tres dígitos para todo el 2022. Con un 40% de pobreza y un porcentual similar de trabajo irregular, sin seguridad social, y un promedio de ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, la orientación ajustadora de la dupla Massa-Rubinstein deteriora aún más los ingresos populares. Más aún, reunido el 22 de agosto el Consejo del salario, el empleo y la productividad, se decidió, con 30 votos a favor, una abstención y un rechazo, una actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, SMVM, de un 21% en tres cuotas. Se eleva así el SMVM, de 47.850 pesos de agosto, a unos 51.200 pesos para septiembre, a 54.550 pesos para octubre, y a 57.900 pesos a noviembre. Desde ámbitos sindicales se pretendía que el SMVM superara la línea de la pobreza y se solicitaba un mínimo en torno de los 110.000 pesos mensuales. El monto asignado para septiembre apenas supera el 46% de ese monto, necesarios para cubrir la canasta total de la cifra oficial del límite de la pobreza. La parodia del “Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad”, repite la desconsideración del debate sobre empleo y productividad. Solo se concentra en un acuerdo entre patrones, gobierno y la burocracia sindical para contener la distribución del ingreso, favoreciendo la lógica de la ganancia y, por ende, del régimen del capital. Para estas cuestiones importa la consistencia de la macroeconomía, para el ajuste y la reestructuración del orden económico a favor del capital. Rubinstein debió disculparse de sus críticas a la líder política del FdT, igual que antes debieron hacer Massa y Fernández, en aras de legitimar la presencia en el gobierno de la coalición liderada por Cristina Fernández. Las opiniones “políticas” del nuevo funcionario se adecuan en función del lugar asignado en la gestión del capitalismo. Una posición se asume como oposición política y no hay inconveniente en rectificar si se trata de ocupar un lugar desde el oficialismo. La política económica del gobierno del FdT es auditada formalmente por el FMI, pero también considerada desde la Embajada de EEUU, tal como se evidencia en los contactos regulares del embajador estadounidense con diferentes ámbitos del gobierno nacional, y recientemente en el cónclave del Consejo de las Américas. Allí se remarcó la importancia de la Argentina y la región latinoamericana y caribeña en la provisión de los recursos naturales demandas por el orden económico mundial. La designación de Rubinstein aparece como la de un técnico, de un profesional con opinión política, un técnico con formación política y teórica que apuntará a consolidar con medidas de política económica, el modelo productivo y de desarrollo del capitalismo en la Argentina. Eso de “técnico” es muy discutible. Se trata de un funcionario que buscará darle sustentabilidad al proyecto de inserción capitalista de la Argentina en una economía mundial, por cierto, muy discutida, con inflación elevada y tendencia creciente hacia la recesión. Argentina agrega a los problemas globales su propia especificidad de desorden político, que impacta con su elevada inflación, motivada en la disputa por el excedente desde los sectores hegemónicos de la producción y circulación de bienes y servicios. La prioridad de la dupla Massa-Rubinstein apunta a cumplir con el acuerdo con el FMI. Por lo tanto, el ajuste fiscal y la acumulación de reservas internacionales para cumplir los compromisos de la deuda, se consolida como un gran condicionante de política económica. Al mismo tiempo, se confirman las demandas del poder económico, por eso reuniones con sectores de la mesa de enlace, de la agroindustria y otros sectores del poder económico. En contrapartida, muy poco sobre las reivindicaciones populares. que entre otras cuestiones aparecieron expresadas en movilizaciones muy importantes de las centrales sindicales. Todo un tema para considerar, sea por la cantidad de movilizados como por la ausencia de una centralidad política desde el movimiento obrero para liderar una demanda a favor de los ingresos populares. Es parte de la fragmentación que se intenta superar desde ciertos ámbitos de la militancia social y política. La movilización social y del movimiento piquetero, por un lado, y del movimiento sindical y popular por el otro, aparece fragmentado y por ahora sin capacidad de síntesis para intentar una opción de alternativa, critica al capitalismo; que se proponga ir más allá aún. Queda claro que en la agenda prioritaria de Gabriel Rubinstein y de Sergio Massa no aparece la satisfacción de las demandas populares. Por eso, en un marco internacional que no ayuda, y en un clima político económico social de la Argentina complejo, aparece la necesidad de un debate integral sobre qué país, que política, que economía, que modelo productivo, de qué manera se satisfacen las necesidades de la población sin subordinar la vida cotidiana a la demanda del poder económico local y mundial. Es algo a definir según sea la capacidad de organización y resistencia del movimiento popular, que hoy fragmentado está limitado en su capacidad de organizar el descontento social ampliado en contra del ajuste y por un programa propio para la emancipación. Buenos Aires, 23 de agosto de 2022

Inflación y política antiinflacionaria

Un gran problema del capitalismo argentino es la inflación, sobre todo para la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, encima bajos, con un costo de vida medido por una canasta mensual que está por encima de los 100 mil pesos. Una cuestión agravada ante un promedio de ingresos populares, salarios, jubilaciones, planes, que están muy lejos de cubrir ese valor. Al mismo tiempo señalemos que se trata un fenómeno con beneficio para la acumulación de ganancias y poder del sector más concentrado de la economía. Es un tema que se verifica en los datos oficiales de la distribución del ingreso a favor de los propietarios de medios de producción y en desmedro de los salarios. La inflación tiene muchos perdedores y algunos pocos ganadores. No todos pierden con la inflación, al tiempo que la suba de precios expresa el debate político por la apropiación del producto social y al mismo tiempo por la búsqueda de hegemonía que pueda expresarse en la gestión política del capitalismo local. Por eso sostenemos que la inflación es un problema de base económica, pero debe analizarse completando con enfoques políticos, sociales, culturales, incluso psicológicos. Para este caso, la remarcación de precios se asocia al “efecto contagio”, al “por las dudas”, o “quien sabe a cuanto se va el dólar”. Todas expresiones especulativas, que actúan sobre la subjetividad de los que “pueden” subir precios, más allá del volumen del negocio o actividad que despliegan. Quien puede incrementar los precios lo hace, sobre todo, cuando los precios evolucionan al alza, caso de la medición de julio pasado (7,4%) y la proyección anual en torno al 90%. Un precio emblemático es el de las divisas, especialmente el dólar, empujado al alza por grandes productores y exportadores, atizados por los propagandistas (periodistas, comunicadores, panelistas, economistas y profesionales diversos), a sueldo de los medios de comunicación y sus intereses. El tipo de cambio al alza, aun cuando luego baje (llegó a 350 pesos por dólar en plena corrida cambiaria para luego bajar y moverse en estos días en torno a los 290 pesos por dólar), la señal hace que todo aquel que pueda subir los precios los suba. No aludimos solo a los grandes fijadores de precios, sino también de aquellos sectores de servicios o la producción, cuya clientela con capacidad de pago avale la remarcación. Es más, pueden resignar ventas, pero mantener volumen en magnitudes para acompañar el proceso inflacionario y si pueden, lograr un alivio individual. Como vemos, son múltiples los factores que actúan en la fijación de precios en alza. Pero más allá de ese efecto en la suba de precios, la inflación también tiene impacto socio-político cultural en el grueso de la población, ya que la inflación es un gran “disciplinador” de la sociedad. Política antiinflacionaria Pensemos históricamente dos momentos claves de la economía argentina: uno al comienzo de la dictadura, y el otro en los 90 ser siglo XX, con el menemismo y la Alianza. El llamado plan Martínez de Hoz (1976), impulsó una política antiinflacionaria de shock, y claro, la situación económica que se vivía en esos años en la Argentina facilito la política de ajuste y de disciplinamiento social para la reestructuración reaccionaria del capitalismo local. Por detrás estaba el “terrorismo de estado” imponiendo el temor ante el dolor físico del miedo a la muerte, la desaparición o a la tortura. También existió el disciplinamiento por la vía de una reforma económica social reaccionaria, en la cual se modificó la relación entre el capital y el trabajo (restricciones a la movilización y organización sindical y popular); en donde se iniciaron los procesos de reforma regresiva del estado para asignar nuevas y diferentes funciones al estado y privilegiar la asistencia al capital (privatizaciones y desregulaciones); pero también, nuevas relaciones internacionales para reorientar el vínculo de la Argentina con el capitalismo desarrollado. Es identificable por sus impactos complejos, lo acontecido con las políticas antiinflacionarias vía convertibilidad entre 1991 y 2001. La inflación actuó como un disciplinador de la sociedad. Menem y Cavallo constituyen el eje para liderar un proceso de consolidación de la restauración conservadora empujada por la dictadura militar una década antes. Hasta sectores de la oposición valoraron la estabilidad macroeconómica lograda. Carlos Chacho Álvarez manifestó haberse “arrepentido” de no haber votado la ley de convertibilidad y llevó al ministerio de economía nuevamente a Cavallo. Se valoraba la “estabilidad macroeconómica” aun cuando se disparaba el nivel de la pobreza y la indigencia, crecía el desempleo, el subempleo y la flexibilidad salarial y laboral, en un marco de creciente precariedad. El tema es que las políticas antiinflacionarias, las emblemáticas de la dictadura militar del año 1976 y subsiguientes, o de la década del 90, no solo con el menemismo si no con el gobierno de la alianza, lograron frenar la estabilización, pero con un costo social gigantesco. La inflación fue el ariete para inducir reaccionarios cambios en la economía, el estado y la sociedad argentina. En ese marco hay que pensar el sentido de cualquier plan de políticas antiinflacionaria en el marco del capitalismo. En estas horas se anuncian la aplicación de la segmentación de las tarifas, que es una forma elegante de aumentar tarifas, ya que los subsidios estatales a las empresas tienen que reducirse y transferirse como costos a las familias, a los consumidores, a los usuarios. Resulta así un mecanismo de consolidación de la privatización, cuando lo que la Argentina debería discutir, incluso para intervenir en el tema precios e inflación, es el régimen energético de privatización, extranjerización y concentración, que tiene historia, precisamente en la dictadura militar y en los 90´. Aquellas políticas antinflacionarias, de la dictadura militar o de la década del 90 contribuyeron a reestructurar reaccionariamente la economía, la política, el estado y la sociedad argentina. Por eso, en este momento de crecimiento de precios, más allá de si escala o no a los 3 dígitos, si se queda en 90% o si se proyecta más de 100%, y de cómo evoluciona en el 2023 y más adelante, la inflación tiene mucho de programa psicológico, social, cultural, político, para intentar disciplinar a la sociedad. ¿Con que finalidad? Avanzar con reformas estructurales que esta demandando el gran capital para inducir inversiones que le den dinámica al capitalismo argentino para un mayor crecimiento. Por eso, pensar en una política antinflacionaria que no afecte a los sectores sociales de menores ingresos tiene que ver con cambios profundos del modelo económico, del modelo productivo y de desarrollo. Claro, eso no se lo puede pedir a las coaliciones que hoy gobiernan o disputan la gestión del capitalismo en la Argentina. Buenos Aires, 17 de agosto de 2022

El gabinete económico se arma en cuentagotas y devuelve una orientación liberalizadora

Las designaciones vienen en continuado, ahora en el área de energía y parece que se demora la figura viceministerial, ya que el asignado en principio, Gabriel Rubinstein, tenía antecedentes agresivos en redes sociales hacia la líder de la coalición gobernante. Sin embargo, lo más importante es que su postulación identifica un rumbo de liberalización de la economía, tanto como la presencia de Daniel Marx. Este último, en el área de negociación de la deuda. Se trata de un personaje que ha tenido que ver con los canjes más regresivos de la Argentina, especialmente el Plan Brady, a comienzo de los años 90 con Menem y Cavallo y luego con el mega canje con De la Rua. Con el Brady se procesó el salvataje a la banca acreedora de la deuda, que si no cobraban debía registrar los quebrantos contables en sus balances, mientras que la operación realizada supuso la transferencia de la deuda de los bancos a los nuevos titulares de los bonos, los que cayeron en default en el 2001. Una parte importante de esos bonos estaban invertidos en las AFJP, finalmente en manos del Estado bajo gestión estatal de la ANSES, en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). El FGS tiene acciones de empresas privadas. Existe el trascendido de que podrían venderse las participaciones estatales en empresas privadas, una forma de potenciar y profundizar las privatizaciones. Es el rumbo de la liberalización económica. El tema destacado es el desembarco de Massa en el área de energía, con funcionarios afines y desplazando a quienes Guzmán no pudo. Renunció el secretario del área y ya hay reemplazo. Fue designada la responsable del área de energía y minería salteña, Flavia Royón, proveniente de un gobierno provincial afín al Frente Renovador, funcional a la política del nuevo ministro, mostrando la importancia que tiene el terreno que gana su propuesta y armado partidario con miras al futuro electoral del 2023. La energía es un área estratégica según el acuerdo con el FMI. No solo porque expresamente está establecido que hay que bajar los subsidios, sino que es una política de trasferencia del gasto público a los usuarios, una forma más de profundizar la privatización. Eso promueve en definitiva la segmentación: que los usuarios, los consumidores de energía, paguen cada vez más, que se vayan acercando al pago del costo íntegro del servicio energético, que no sea el estado el que lleve adelante el grueso de los subsidios. Se pretende que el estado vaya disminuyendo el aporte en subsidios y los transfiera a la sociedad. Por eso, no es cuestión de segmentación sí o no, sino de poner en discusión el modelo de privatizaciones de los 90. El tema tarifas es un tema que impacta directamente en la inflación, por eso sostenemos que el acuerdo con el fondo es inflacionario, es pro-inflación, porque claro, desde el punto de vista de la capacidad de pago de los ingresos populares se van a ver deteriorados en tanto y en cuanto aumente la parte de los ingresos populares para el pago de las facturas de electricidad. Una inflación que ya está proyectándose en torno al 90% para todo el 2022, donde la expectativa gubernamental es que “pase el invierno” como ya se dijo en Argentina. Ahora, es un tema actual, coyuntural, ya que el gasto en energía es elevado en esta temporada invernal. Argentina tiene que importar la energía para calentar los hogares, entre otras cuestiones, y por eso es clave el tema del paso del invierno. En sentido estructural se imaginan que “vaca muerta” será la solución, con lo que se afirma un modelo productivo y de desarrollo centrado en la producción de bienes primarios para la exportación, y detrás de ello, la necesidad de hacerse de divisas para cancelar la impagable deuda. Junto con las medidas que se irán anunciando, el operativo por la renegociación de la deuda en pesos avanza, estirando plazos y agrandando la cuenta de intereses a cargo del estado. Claro que la necesidad de recursos es urgente y por eso se anticiparía el pago de ganancias que deberían pagarse en el 2023. El anticipo en el 2022 resuelve el presente y preocupa el futuro mediato, pero en un clima de improvisación, eso es lo de menos. Se piensa en aportes de un poco menos de 2.000 contribuyentes, los que tuvieron ingresos extraordinarios en la coyuntura mundial de subas de precios. Día a día se conocerán medidas, tales como las presiones de la nueva presidencia del Banco de la Nación, que ha solicitado la renuncia de los Directores del organismo que vienen con discursos críticos a la gestión de la coalición de gobierno. Se busca fidelidad a la línea del ajuste resuelta en acuerdo con el FMI y eso genera problemas políticos en el Frente de Todos. Así, la crisis política continua, por el desembarco de Sergio Massa en Economía o de Silvina Batakis en el Banco Nación. El canje de deuda en pesos preocupa, tanto como el cumplimiento con las metas del FMI. En ese marco no hay espacio para disidencias en el oficialismo. Es una situación que genera problemas en la coalición gobernante, pero también, en perspectiva electoral, entre la masa histórica de votantes y la gestión de gobierno. Una parte importante de la deuda en pesos está en organismos del Estado y es previsible que los organismos del estado respondan a las directivas del ministerio de economía y por lo tanto los organismos estatales ingresarán al canje de esa deuda. El problema está si el sector privado lo hará y a que costo. En un momento de alza de intereses en el plano internacional, lo imaginable es que eso se replique en el país. Por ello, la renovación de la deuda supone un mayor gasto público por crecimiento del coste financiero y claro, como el compromiso es reducir sustancialmente el déficit fiscal, lo previsible es la profundización del ajuste. Buenos Aires, 9 de agosto de 2022

Massa y las primeras medidas. Hay equipo y anuncios de subordinación al FMI

Asumió Sergio Massa y su equipo en el nuevo ministerio de economía en el que resume tres anteriores (economía, producción y agricultura). La primera acción consistió en esperados anuncios, sin demasiadas precisiones, pero definiendo un rumbo de subordinación al ajuste acordado con el FMI. En principio, no satisfacen ni al poder concentrado de la economía, ni a la población trabajadora desfavorecida por la lógica del ajuste recurrente en la dinámica del capitalismo actual. Lo más importante a señalar es que se sostienen los acuerdos con el FMI, gran condicionante de la política en el país, especialmente en lo relativo a metas de ajuste fiscal, monetario y el privilegio a las obligaciones derivadas de la deuda pública. Es una lógica en curso, de arrastre de la gestión de los funcionarios que previamente asumieron el cargo, y ratificado en el gesto de subordinación explícito al organismo internacional. Es que antes de anunciar estas medidas, y antes de jurar como ministro, Massa anticipó a las autoridades del Fondo la política a implementar. La auditoría del FMI es más que controles trimestrales de lo hecho. Es un verdadero cogobierno. En el rumbo de la gestión está la disminución del déficit fiscal, con la meta de arribar al -2.5% del PIB para el 2022, lo cual augura un profundo ajuste de las cuentas públicas. No se percibe aun el recorte, aunque se insiste en el congelamiento de la planta de personal y la continuidad que podemos imaginar en la sub ejecución presupuestaria. Un tema central pasará por la disminución de los subsidios a la energía, informando que más allá de aquellos que no solicitan el subsidio, para los que sí lo demandaron habrá límites al consumo y por lo consumido por encima tendrán incrementos tarifarios. Se trata de continuar la política de transferencia del costo de la energía a los consumidores, situación expresamente acordada con el FMI. Destacó Massa que no habrá una importante devaluación, en el mismo sentido que lo sostenían sus predecesores y el gobierno en cabeza del presidente. Eso no excluye rumbo persistente de adecuación del tipo de cambio oficial, incluso por encima de la inflación. Se trata de una devaluación persistente, cotidiana, que afecta a quienes perciben ingresos fijos, especialmente de menor monto. La devaluación continuará, de manera progresiva y en función de que avancen las otras medidas destinadas a frenar la “corrida cambiaria” y a fortalecer la posición de las reservas internacionales. En ese sentido, se comunicaron medidas que apuntan a estabilizar el mercado cambiario. Se anticipan diálogos para el consenso, con el sector empresario, grandes productores y exportadores, no solo del agro, sino también de la minería, de la industria y de servicios, especialmente de la llamada “economía del conocimiento”, con la intención de inducir la liquidación de exportaciones. Resulta entonces imaginable la extensión del “dólar soja” a otras áreas que también demandan tratamiento diferenciado con mejoras en el ingreso por exportaciones. Son medidas con efecto devaluatorio y de diversificación del tipo de cambio. Se anunció una convocatoria a conversaciones con trabajadores y empresarios, para plantear el tema de la actualización de los salarios, pero obviamente ahí estará la contrapartida empresaria por los precios. Informó Massa la convocatoria al diálogo a la Mesa de Enlace, con respuestas críticas de algunos de sus integrantes, que sostuvieron no estar dispuestos para una foto, sino para soluciones efectivas. Más allá de diálogos futuros anticipó acuerdos con exportadores del complejo agroindustrial para una liquidación anticipada por exportaciones por 5.000 millones de dólares en los próximos 60 días. Se trata de contradicciones hacia el interior del sector agropecuario, de productores que no exportan directamente y están en la base del reclamo devaluatorio. Es algo que puede inducir la continuidad de las presiones para una devaluación. Un monto similar de 5.000 millones de dólares se espera por préstamos internacionales, de organismos internacionales y la banca privada transnacional. Así, entre liquidaciones anticipadas y prestamos se promueve el dudoso ingreso de unos 10 mil millones de dólares para los próximos dos meses, favoreciendo el stock de reservas internacionales y los compromisos en divisas del] Estado nacional. Se anunció la refinanciación de la deuda pública a vencer en el próximo periodo, parte importante de la misma en poder de ámbitos gestionados por el propio Estado, caso de la ANSES y el Fondo de Gestión de Sustentabilidad. Anticipa una mecánica esperable de renegociación recurrente de la deuda pública en poder de organismos de gestión estatal. La intención es que el sector privado acompañe ese accionar en materia de renovación de la deuda pública. Los anuncios, como con Guzmán o con Batakis, están orientadas al mercado, es decir, a quienes dominan la relación mercantil, el poder económico. Apuntan a contener la presión cambiaria, que se aceleró en la previa a la designación del ministro. Para los sectores sociales más empobrecidos, los mensajes fueron escasos: un bono para los jubilados, sin mucha precisión. Si se informó la auditoria para los planes sociales, tarea asignada a las universidades públicas. Una medida criticada por los movimientos sociales y que no se condice con otros reclamos de auditoría, especialmente en lo atinente al endeudamiento público. Ese es el reclamo de la auto convocatoria por la suspensión de los pagos de la deuda y una auditoría con participación popular. Así como pretenden auditar planes sociales, debería auditarse la deuda antes de pagar y sustentar el acuerdo con el FMI. Una cuestión que bajaría rápidamente el gasto y contribuiría al saneamiento del déficit fiscal. Son pocas las precisiones planteadas en los anuncios y el gran interrogante es si alcanza a los sectores del poder económico con los guiños que se presentaron hoy por Sergio Massa. En el mismo sentido, si al sector social popular, sindical, movimientos territoriales, le alcanza con estos anuncios de un bono para jubilados y muy pocas otras precisiones favorables para los sectores de menores ingresos. Por eso, el gran interrogante es si las medidas informadas tendrán impacto en la contención inflacionaria, importante para el mes de julio y agosto y una proyección en torno al 90% para el año, y más específicamente si contribuirán a modificar el humor de la presión del poder y en sentido inverso, las demandas y reclamos de los sectores sociales desfavorecidos por sus reducidos y deteriorados ingresos. Se trata de interrogantes sobre la evolución de la política en tiempos de cercanía de renovación de la gestión presidencial para el 2023 y de estabilización del orden capitalista en tiempos turbulentos de la situación mundial. Buenos Aires, 4 de agosto de 2022