El gobierno acordó con el FMI

Al final se develó la incógnita y entre hoy y el comienzo de la próxima semana se cancelan 1.100 millones de dólares al FMI, en concepto de vencimientos de capital e intereses. Eso ocurre porque se acordó con los negociadores del FMI un “préstamos de facilidades extendidas”, con 10 años de duración, cuyo primer vencimiento será dentro de 4 años y medio, o sea, a mediados del 2026, con cancelación prevista hasta el 2031. Es decir, el stand by de Mauricio Macri del 2018 con vencimiento en el 2024, se transforma en otro préstamo por idéntico monto en Derechos Especiales de Giro (DEG) con vencimiento en 2031. La hipoteca continúa. Se alude a DEG, cuya cotización involucra a varias monedas de circulación internacional, en un tiempo en que el dólar viene devaluándose. Eso implica entonces que hacen falta más dólares para pagar los DEG desembolsados por el FMI. Los montos a devolver son mayores que los 44.500 millones de dólares de la cotización al 2018. Todo ello supone una mayor exigencia para devolver el préstamo del FMI. El acuerdo Lo acordado deberá ser tratado en el Congreso Nacional y en el Directorio del FMI. Todavía falta para suscribir el acuerdo final y ahora viene el debate local y en el organismo internacional. El supuesto es de tratamiento y aprobación rápida, antes de los vencimientos de febrero y marzo, imposibles de cancelar sin desembolsos del FMI. La convocatoria del gobierno apunta a lograr el apoyo parlamentario del oficialismo y de la oposición. Lo previsible será el voto de rechazo de la izquierda, que podrá extenderse a otros sectores políticos con diversas argumentaciones. Es un debate que juega en la disputa electoral hacia el 2023. Según lo informado por el Ministro Martín Guzmán, una vez suscripto los acuerdos, con los memorándums técnicos correspondientes, el FMI desembolsará trimestralmente, previa revisión de que se cumplen con el “esquema de políticas macroeconómicas” y las “medidas de política económica” comprometidas, de mediano plazo, las que apuntan a la estabilización duradera de la economía local. En buen romance, el FMI auditará cada trimestre la evolución económica local y si da el acuerdo se efectivizan los desembolsos, y si no, se cae el acuerdo. El FMI se convierte en fiscal de la economía local. Claro que el acuerdo se presenta como un logro en defensa de la decisión soberana para mantener la senda del crecimiento de la producción y del empleo. Lo acordado es un programa por 2 años y medio, es decir, el tiempo que resta para cancelar el stand by del gobierno Macri. El FMI se compromete a desembolsar el equivalente de los vencimientos, incluido lo ya cancelado con el FMI en este tiempo, algo más de 5.000 millones de dólares, según dijo Guzmán. Según lo informado habría una meta de acrecentar las reservas internacionales en 5.000 millones de dólares, los que pueden integrarse con esos fondos recuperados desde el FMI. Los compromisos apuntan a bajar el déficit fiscal a -2,5% del PBI en 2022 (el Presupuesto sugería -3,3%); bajar a -1,9% en 2023 y a -0,9% en 2024, sin precisar detalles, solo señalando una “moderada” intervención sobre el crecimiento del gasto y una “mejora” en la administración recaudatoria. Se trata de ver las planillas en concreto sobre el ajuste por gastos e ingresos. Es un tema de alarma en materia de ajuste fiscal. Se compromete el gobierno a reducir el financiamiento del BCRA al tesoro hasta prácticamente eliminarlo hacia 2024, con reducción de las emisiones monetarias y fortaleciendo el mercado de capitales en moneda local, cambiando el balance de la deuda pública en divisas a pesos. Se informó que no habrá reformas laborales o previsionales, ni aliento a privatizaciones, aunque se continua con el plan de reducir subsidios por servicios públicos. La apuesta es a crecer productivamente sobre la base de exportaciones y que se generen suficientes divisas para hacer frente a los compromisos que se asumirán. En síntesis, se aprueba la continuidad de los compromisos del Estado, aun cuando el Jefe de Gabinete habló de la “irresponsabilidad” del gobierno Macri en la suscripción del préstamo. El Ministro Guzmán aludió al “fracaso” de las políticas comprometidas y que el dinero se usó para cancelar deuda y fugar capitales. Aun cuando se alude a las múltiples causas de la inflación, las medias enunciadas siguen el rumbo de la estabilización y el ajuste. Argentina vuelve a perder otra oportunidad de investigar a fondo el endeudamiento y para actuar en consecuencia en el rechazo de la deuda ilegal, ilegitima, fraudulenta y odiosa. La campaña por el rechazo al acuerdo con el FMI, la suspensión de pagos y auditoría deberá profundizar su campaña para esclarecer los efectos del acuerdo favorable a legitimar una deuda odiosa que hipoteca recursos públicos alejando soluciones demandas por la sociedad empobrecida. Buenos Aires, 28 de enero de 2022

La perspectiva comunista en nuestro tiempo

Transitando el final del primer cuarto del siglo XXI se hacen evidentes los problemas del orden capitalista como forma de organización social y de reproducción del orden natural. La pandemia del coronavirus exacerbó la lógica de la ofensiva capitalista en contra del trabajo, de la naturaleza y de la sociedad. El resultado es el deterioro de todos los indicadores relativos a la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo y las pérdidas de ingresos y derechos de la población trabajadora en el ámbito mundial, tanto como la extensión del saqueo organizado de los bienes comunes de la humanidad, utilizados como insumo productivo de la explotación capitalista y que potencia la gravedad del cambio climático y el calentamiento global; todo lo cual se asienta en una dinámica favorable al consumismo y al individualismo, con expresiones de irracionalismo de derecha en las apuestas políticas en buena parte del planeta. Es un diagnóstico ratificado con ganancias en alza del capital más concentrado, de laboratorios farmacéuticos y empresas de tecnología de punta en el despliegue de la dominación capitalista en nuestra época, visibilizando aún más la acumulación sobre la base de la plusvalía bajo las formas tradicionales de la producción industrial transfiguradas en los formatos de las rentas en dinero o del suelo, bajo la supervivencia y potencia de la especulación financiera y la monopolización de la propiedad territorial de las formas de gestión de la producción primaria. La aceleración en la apropiación de plusvalía es lo que puede explicar el alza de los precios en la coyuntura, mecanismo de redistribución regresiva del ingreso socialmente producido. El capital trata de superar en el 2021/22 las caídas en las ganancias derivadas de la recesión del 2020 y consolidar una ofensiva liberalizadora para re-dinamizar los mecanismos de la explotación y el saqueo. Construir el imaginario comunista La construcción de alternativas al capitalismo es lo que se impone ante la gravedad de los acontecimientos en la contemporaneidad. Una alternativa que estuvo y está afectada en la dinámica de la lucha de clases con el desenlace del fin de la bipolaridad capitalismo y socialismo entre 1989 y 1991, hace ya tres décadas. Desde entonces, la ofensiva capitalista agrede la reproducción social y natural y desafía la construcción de un imaginario por otro orden social sustentable con el metabolismo natural. El comunismo fue la respuesta ofrecida desde el Manifiesto en 1848 como programa de los comunistas, consolidado con la crítica teórica desde la publicación de El Capital entre 1867 (Tomo I), 1885 (Tomo II) y 1894 (Tomo III), junto a variadas aportaciones intelectuales y política en todo el mundo, de Gramsci a Mariátegui, de Europa, EEUU, África, Asia o América Latina y el Caribe. Las experiencias de la Comuna de Paris en 1871 y más aún, de la revolución en Rusia en 1917 y las secuelas a su amparo sucedidas en China (1949), Cuba (1959), Vietnam (1973-5) y Nicaragua (1979), incluso con su impronta Irán (1979), habilitaban una perspectiva de construcción social de carácter alternativo al capitalismo en tiempos de expansión internacional de la producción capitalista y su transnacionalización. La respuesta fue una contra revolución inaugurada en Sudamérica en los primeros setentas del Siglo XX bajo el ejercicio de la violencia financiada desde el imperialismo. Casi medio siglo desde el golpe en Chile que definió el rumbo de las políticas económicas para reconstruir la ofensiva del capital mediante la liberalización y la extensión de las relaciones capitalistas de producción. Un nuevo tiempo para el despliegue del capitalismo nacía y lo asumió como programa el capital más concentrado en la “restauración conservadora” encabezada por la dupla Thatcher y Reagan a fines de los 70 y comienzos de los 80 en el siglo pasado. Hoy se viven las consecuencias de esa iniciativa política, que aparece como “desideologización y despolitización” de la mayoría social, que desafía a los comunistas a instalar la disputa por el imaginario social necesario para construir un nuevo orden social, económico, político y cultural, socialista y comunista, sobre la base de la lucha en contra del saqueo y la explotación, del racismo, del patriarcalismo y toda forma de discriminación. El desafío incluye la disputa por la conformación de respuestas populares de construcción comunitaria y de autogestión de la economía y la política, sobre la base de la más amplia participación democrática en la vida cotidiana, radicalizando y revolucionando las formas de la convivencia. La perspectiva comunista supone una subjetividad consciente por la transformación revolucionaria de la sociedad, construyendo ahora las nuevas formas del orden emancipador con privilegio en la experiencia por la lucha del común, incluyendo la novedad de una institucionalidad popular participativa en contra y más allá de la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. Buenos Aires, 11 de enero de 2022

Marx y la réplica liberal desde 1871 al presente

Hace pocos días Alberto Benegas Lynch (h) escribió un artículo denostando a Karl Marx, pese a ilustrarlo con una importante imagen del teórico revolucionario. A la sazón, la gráfica resulta más importante que las argumentaciones falaces del autor de La Nación. La nota sustenta múltiples especulaciones e hipótesis erróneas sobre la producción teórica del fundador de una corriente que continúa dando batalla en la crítica al orden capitalista . Es más, en el cierre de la nota remite a la emergencia de la escuela austríaca, que hoy levantan liberales contemporáneos en la batalla política por el gobierno de la Argentina. Sostiene sin brindar las fuentes que: “Hasta se conjetura que el propio Marx se percató de su error, en cuanto a que su tesis de la plusvalía y la consiguiente explotación no la reivindicó una vez aparecida la teoría subjetiva del valor expuesta por Carl Menger en 1871, que echaba por tierra con la teoría del valor-trabajo marxista. Por eso es que después de publicado el primer tomo de El capital en 1867 no publicó más sobre el tema, a pesar de que tenía redactados los otros dos tomos de esa obra, tal como nos informa Engels en la introducción al segundo volumen veinte años después de la muerte de Marx y treinta después de la aparición del primer tomo.” Esos argumentos fueron cuestionados con antelación por una nota mía del 2/11/2021, que pueden leer completa en mi blog: http://juliogambina.blogspot.com/2021/11/la-escuela-austriaca-y-la-apologia-del.html Para ser sintético, sostengo, que la Escuela austríaca surge para reorientar el debate sobre la Economía Política desde donde lo había dejado Marx, a un terreno apologético, muy especialmente en tiempos de la experiencia de lucha de los trabajadores, cuyo accionar emblemático resultó en la Comuna de París. La realidad es que en ese momento histórico se dejó de asociar los términos inescindibles de “economía” y “política”, para concentrarse desde 1890 en “economics”, mal traducido como “economía”, con acento en el mundo de los negocios, la eficiencia productiva, el crecimiento y la ganancia empresaria. Se había modificado el sentido original de la disciplina científica, la Economía Política, y mucho más, de la crítica a la Economía Política sustentada por Marx y sus continuadores. El impuesto a la herencia Claro que Benegas Lynch (h) opina desde el “liberalismo” y el eje principal de su argumentación apunta a la crítica a la reinstalación del impuesto a la herencia en el país, que fuera derogado en tiempos de la dictadura genocida del 76. Aquella decisión fue inspirada en el programa económico de Martínez de Hoz, el primer Ministro de Economía del gobierno dictatorial. Se trataba de un gran propietario de tierras y de medios de producción, que traía como antecedentes la titularidad de la gran acería local de entonces, Acindar, y del núcleo más reaccionario del agrupamiento gran empresario: el Consejo Empresario Argentino (CEA), quienes le dieron letra económica y sustento al genocidio para la reaccionaria transformación del Estado, de la sociedad y de la economía local entre 1976 y 1983. La eliminación del impuesto a la herencia fue promovida desde el poder de los grandes propietarios locales, no solo de la tierra. La gran burguesía, entre ellos los terratenientes, una burguesía concentrada y diversificada en la producción y en los servicios, asociados al gran capital transnacional se propusieron insertar al país en la lógica creciente de la internacionalización de la producción y la transnacionalización del capital, que impulsaron entre otras cuestiones estructurales con profundas transformaciones tributarias, financieras y macroeconómicas. Fue la defensa de la gran propiedad y la capacidad de intervenir en la apropiación del plusvalor lo que los llevó a propiciar violentamente una transformación que hoy se expresa en desempleo, empobrecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Aquellos cambios son hoy defendidos a ultranza y el grito de los liberales contemporáneos remite a la defensa de la “propiedad privada de los medios de producción”, tal como sustenta Benegas Lynch en La Nación. Nada dice el autor sobre impuestos similares en el capitalismo desarrollado actual. No, porque el objetivo de la nota es bajar “línea esencial” en contra de cualquier rumbo orientado hacia el comunismo, verdadero opositor del liberalismo. Resulta usual escuchar a los voceros del liberalismo, Milei u otros similares, que en los medios de comunicación vociferan contra el “comunismo”, incorporando a éste a corrientes de pensamiento contrarias a la tradición de Marx, pero incluidas falazmente a la familia “comunista” por sus intentos de “reformar” al irreformable capitalismo transnacionalizado. En ese sentido, la crítica llega al Jefe del Estado Vaticano, al Papa Francisco. La polémica desde los liberales ultramontanos se sustenta en defensa de la propiedad privada de los medios de producción y del capitalismo, por eso el ataque a Marx y a sus conclusiones críticas, que inspiran la potencia de una transformación revolucionaria de la sociedad contemporánea. Buenos Aires, 24 de enero de 2022

¿Qué se puede esperar en el 2022 para la economía mundial?

Hay expectativas en la declinación de la pandemia y en el efecto de la inmunización por vacunas, pero no tanto, especialmente por las demoras en su universalidad. Son millones los excluidos de la posibilidad de vacunación, especialmente entre los más empobrecidos de la economía mundial. Mientras las vacunas y la salud sean un negocio rentable, el mercantilismo dominante impone la ley de la ganancia y posterga toda solución. De hecho, Cuba se ha manifestado solvente en la investigación y producción de vacunas y aun la OMS no las autoriza en función de unas condiciones de producción que remite a valoraciones de lógica para los países de alto desarrollo industrial. Cuanto resolvería, para la humanidad, la facilitación de la universalización de las vacunas cubanas, en primer lugar, la eliminación del bloqueo genocida que impide la libre circulación de la producción y el conocimiento cubano, muy en particular sus desarrollos en materia de vacunas anti covid19, que no son las únicas, dicho sea de paso. Pero más allá de la evolución de la situación sanitaria, el impacto económico social se mantiene. Aparece como novedad el fenómeno inflacionario, especialmente en EEUU y Europa, lo que anticipa una fuerte presión sobre las políticas públicas para inducir austeridad, luego de la generalización de políticas de estímulo al gasto social y a subsidios para sostener la economía, en general favoreciendo la lógica capitalista. Queda claro que lo más importante es la ganancia a costa de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, beneficios sociales) y del gasto estatal de contenido social, aplicado al empleo, la salud, la educación, la vivienda, la cultura, entre otros. La inflación es un fenómeno que explicita la lucha de clases en concreto, algo que se conoce muy bien en los elevados registros de precios, en países como Venezuela o Argentina, por años, líderes en inflación de estos últimos años. La novedad en el 2021 es Cuba (ordenamiento monetario mediante), también asociado a las presiones del poder global sobre la dinámica local. No hay duda que existen fenómenos propios y específicos a considerar por los altos precios en los países mencionados, pero nunca olvidarse de la disputa del poder por la apropiación del excedente económico, por lo que, a no dudar, la inflación es un asunto central de la lucha de clases en el orden global. El último brote mundial de alza de precios, en los 70 del siglo pasado, fue combatido con políticas que hoy se nominan como “neoliberales”, que supusieron el cambio de relaciones estructurales del orden capitalista en varios ámbitos. El principal, la modificación en la relación entre el capital y el trabajo, con sus consecuencias en materia de caída del empleo regularizado y pérdida de ingresos salariales, con flexibilidad salarial y aumento del desempleo, subempleo y la “informalidad”, incluso la llamada “gran dimisión”, como novedad, manifestada en que no se consiguen empleados (de bajos salarios), pese al desempleo y la demanda de contratación. Hasta el Presidente de EEUU llegó a decirles a los empresarios “paguen más y conseguirán trabajadores”. Al contrario de la demanda por mejores ingresos, la presión del orden capitalista es por reaccionarias reformas laborales y previsionales, en contra de los históricos derechos laborales producto de décadas de lucha social y sindical del movimiento obrero, hoy debilitado por el accionar de la ofensiva del capital y la claudicación de las burocracias sindicales. Junto a las mutaciones en la relación capital trabajo, se destaca la reaccionaria reforma estatal, con las privatizaciones como bandera, en clara orientación de avanzar en la lógica de estimular el papel del capital privado en la apropiación del excedente económico. En ese sentido, se favoreció la liberalización de la economía mundial, con variados instrumentos para el libre cambio (tratados bilaterales en defensa de las inversiones, tratados de libre comercio, etc.) para una mayor circulación internacional del capital, estimulado por los desarrollos tecnológicos y el estímulo a las formas dinerarias de apropiación de renta, forma transfigurada de apropiación de la plusvalía. Las formas de “financiarización” extendidas en el ámbito mundial, constituyen formas específicas de funcionamiento del orden capitalista contemporáneo, que exacerba la ofensiva contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. Durante el presente año continuará un debate político, con bases teóricas, sobre la profundización de la lógica dominante, combatiendo la “inflación” con austeridad, transfiriendo el costo sobre la población vulnerada, recordando que en el último medio siglo, lo que creció es la desigualdad, o sea, la elevada concentración de la riqueza en una parte muy reducida de la población mundial. En contrapartida, aparece una corriente que remite al keynesianismo, en todas sus variantes, con una propuesta de “reformas” al orden vigente, incluso en algunos casos asumiendo que lo que debe vencerse es el “neoliberalismo”, omitiendo que esta es la forma de gestión capitalista del orden realmente existente en nuestro tiempo. Por eso se impone un rumbo diferente, alternativo, que al tiempo que confronte con las políticas de liberalización a ultranza, pueda discutir con la ilusión “reformista” del orden capitalista, sin perjuicio de luchar por mejores condiciones de vida en el presente. La prédica anticapitalista, no es ilusoria y se alimenta con prácticas socio económicas de reproducción de la vida cotidiana, tal como ofrece de manera reiterada diferentes formas autogestionarias de organización económica, llevada a cabo por millones de personas en todo el mundo. Remito a la autogestión, la producción y circulación comunitaria, de cooperativas y mutuales, como de las diversas formas que asume la producción y reproducción de la vida, incluso anticipando el futuro deseado de un mundo organizado en contra y más allá de la lógica mercantil del capital, sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Claro que algunas de estas experiencias terminan subordinadas a la lógica del capital, lo que no invalida las búsquedas de solución inmediata de problemas cotidianos, los que deben articularse con demandas políticas de construcción de alternativa para el cambio social. Por eso, discutir que esperar del 2022 nos lleva a una discusión sobre política, un asunto social por excelencia, que requiere definiciones de los colectivos sociales, por una conciencia social de cambio sistémico, por nuevas relaciones sociales de cooperación y superación de los problemas contemporáneos, sea el cambio climático y la defensa del planeta y la vida, como las demandas por la economía de cuidado en contra la discriminación de género, a favor de mujeres, niñas/os y ancianas/os. Resolver el problema de la alimentación y los diversos derechos sociales (educación, salud, energía, etc.>) deben asociarse a la capacidad de producir colectivamente para satisfacer necesidades humanas con respeto al orden natural, lo que supone una amplia confrontación con el poder de quienes hegemonizan la tenencia del dinero y el capital. Buenos Aires, 16 de enero de 2022

¿Existe “Plan económico”? ¿Qué se exige cuando se lo demanda?

Desde diferentes voces se escucha decir que la Argentina no tiene “plan económico”. El Ministro de economía local, Martín Guzmán, señala que el plan es el “Presupuesto”. En este 2022 se prorrogó el del 2021 ante el rechazo parlamentario al presentado oportunamente. ¿Hablan de lo mismo unos y otros? No necesariamente. El “presupuesto” sugiere un “plan de gestión” para un periodo, o varios si fuera plurianual, pero no supone en sí mismo una orientación del rumbo productivo y el tipo de relaciones sociales a promover, lo que implica definiciones sobre el modelo de desarrollo y su impacto socio-ambiental. Tampoco resulta evidente la demanda opositora, más asentada en precisiones sobre el “clima de negocios” y por ende en las posibilidades de rentabilidad de potenciales inversiones, es decir, centradas en un enfoque de ganancias y acumulación de capitales. Por nuestra parte, insistiremos en que aun cuando no sea explícito, siempre existe un “plan”. Ello supone describir que se espera del orden económico y social, de manera explícita o implícita, es decir, de las relaciones socio-económicas, caso del capital y el trabajo; o de la sociedad con el Estado; o del Estado con otros Estados del sistema mundial. Solo a modo de ejemplo, desde 1975/6, con matices según sea la gestión presidencial, entre dictadura y turnos constitucionales, o entre estos, lo que viene ocurriendo se puede caracterizar como una ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad. De nuevo, no es lo mismo cada gestión, existen matices importantes, pero tomado el periodo de punta a punta (1975-6/2021-2), lo que observamos es: a) un deterioro en la relación capital trabajo a favor de los primeros, que se mide en caída de los ingresos populares, desempleo y subempleo, precariedad laboral y una orientación restrictiva al proceso de sindicalización (incluye complicidades de la burocracia sindical y política); b) una reforma estatal favorable a los objetivos del sector privado de la economía, con desregulaciones varias y nuevas funciones estatales para el sostenimiento de la lógica del capital, subsidios empresarios mediante; c) pero también una facilitación de la inserción subordinada del país en el sistema de la transnacionalización del capital, con el resultado de una mayor extranjerización de la estructura económica del país. Esto último potenciado por las privatizaciones de las empresas públicas, la circulación internacional de capitales, mediados por un ciclo deliberado de endeudamiento público y privado (durante la dictadura, los noventa y recientemente entre 2015-19) y fuga de capitales; junto a una exacerbación de una producción primaria para la exportación, incluso de sectores industrializados. El impacto en el consumo se evidencia con la referencia estructural al empobrecimiento de una parte importante de la población (más del 40%), especialmente jóvenes y niñas/os (más del 60%). ¿Hay plan en la Argentina? Hace tiempo que prevalece la lógica de “mercado”, la que se impuso en el clivaje 1975/76, más allá de los intentos por morigerar sus impactos, especialmente a la salida de la dictadura y en la pos-crisis del 2001. Los aspectos estructurales de las reaccionarias reformas de las relaciones capitalistas definen en esencia, el plan económico de la Argentina, con los límites que se hacen evidentes en los últimos años, en materia de crecimiento y resolución de problemas de fondo, como la inflación, la pobreza, el empleo, desempleo y precarización, la distribución del ingreso y la desigualdad, entre otros. Se sostiene el problema del crecimiento, que en sí mismo no alcanza para discutir un “plan”. El tema es ¿qué tipo de crecimiento es el que requiere el país en este tiempo? Responder ese interrogante supone debatir qué objetivos deben resolverse y en qué tiempo, por ende, con qué proyectos y programas concretos. ¿Es posible resolver el tema de la pobreza y del empleo, o de los ingresos suficientes para el conjunto de la población? La respuesta estará en el modelo productivo y de desarrollo que se defina, lo que demanda orientar productivamente los componentes de la riqueza social: la tierra y el trabajo. No se trata de “inversores privados o públicos”, sino de una acumulación originaria desde la propiedad social de los medios de producción, especialmente de la tierra. Queda claro que no alcanza solo con “tierra”, que hace falta también asignación de recursos financieros y asistencia técnico profesional junto a radicación territorial de la población hoy marginalizada de la producción y circulación de bienes y servicios. En ese marco resulta imprescindible definir el modelo energético, pensado en resolver necesidades socioeconómicas del plan que definimos, más que en exportaciones para obtener divisas destinadas a cancelar deuda. Para todo ello se requiere una definición respecto del equilibrio fiscal, restringiendo gastos, entre ellos, los destinados a cancelar una deuda odiosa, ilegitima o ilegal; tanto como a mejor los ingresos fiscales con una reforma progresiva de los impuestos. No se trata del debate actual con el FMI, si equilibrio fiscal en 2027 como imagina el gobierno o antes como reclama el FMI. Las cuentas fiscales deben asociarse al plan necesario para resolver los urgentes problemas sociales identificados. Se trata de crecer, sí, pero para resolver demandas sociales, de empleo e ingresos populares, con una producción que atiende las necesidades del mercado interno y que interactúe con el mundo, no para acercar inversores ávidos de ganancias y acumulación, sino para fomentar relaciones internacionales de beneficio mutuo. El crecimiento supone mayor consumo y no cualquier consumo o de una minoría, si no de la mayoría de la sociedad; pero también aumento de las inversiones, las que definan un camino autónomo y de integración no subordinada; del mismo modo que unas relaciones comerciales, financieras y económicas en donde prevalezcan las relaciones solidarias entre los pueblos, a contramano de la lógica mercantil del orden capitalista. Solo en ese marco puede instalarse una política de fondo contra la inflación, que expresa las contradicciones sociales por la apropiación de la riqueza socialmente generada. Los límites estructurales de la economía argentina son los que explican la inflación acelerada, más allá de las tendencias globales en donde vuelve el fenómeno del encarecimiento de precios. Si en el mundo es la crisis global la que lo explica, en el país, se puede encontrar explicación en la no resolución de los problemas de fondo del orden económico, social y político. Lo sostenido no es utópico. Si requiere de consensos mayoritarios en la sociedad. Ese es el sentido de este escrito, disputar ideas sobre la posibilidad de resolver problemas que vienen de arrastre en la Argentina actual, y pensar el presente y el futuro más allá y en contra de la lógica capitalista. Buenos Aires, 6 de enero del 2022