La negociación de la deuda ocupa el centro de
la atención del Ministerio de Economía de la Argentina y es considerada caso
testigo en el ámbito mundial. El país negocia con los Fondos Financieros
tenedores de buena parte de una deuda en títulos por 66.500 millones de dólares.
Al mismo tiempo, el ministro Martín Guzmán anuncia que empezarán las
conversaciones con el FMI, con acuerdo o sin acuerdo de los acreedores
privados, tendientes a discutir como reestructurar los vencimientos de una
deuda por 44.500 millones de dólares desembolsados en el último tramo del
gobierno Macri y cuyos vencimientos caerán en 2021.
En la argumentación oficial de la Argentina se
insiste en la “sostenibilidad” del pago de la deuda, por eso dicen plantarse en
la última oferta realizada a los acreedores. Claro que, entre la primera oferta
a la última, el ahorro de fondos cae de un poco más de 40.000 millones a unos
25.000 millones de dólares. Incluso con la cifra mayor cuesta identificar la
sustentabilidad de una deuda que a fines del 2019 totalizaba unos 323.000
millones de dólares y por ende solo se está negociando por ahora algo así como
un tercio del total. Pretendemos enfatizar que la deuda pública de la Argentina
es gigantesca y que no hay condiciones para cancelarla. El Ministro argentino argumenta
que lo que importa es la “sostenibilidad” de los pagos futuros de la deuda, y
no el acuerdo en sí mismo. Por eso sostiene una oferta que en principio parece
ser rechazada por más del 65% de los tenedores de títulos, incluso les endosa a
ellos el default y estira el horizonte de negociación sine die. El
establishment privilegia el “acuerdo”, porque así el país puede volver al
mercado financiero y así, con nuevos créditos, imaginan hacer sostenible la
deuda.
Lo que demandan es habilitar el camino de
nuevos préstamos para pagar viejos préstamos y hacer funcionar una calesita productora
de intereses como forma de transferencia de riqueza social a pocas manos
privadas. Hay una encerrona en el proceso actual de tratamiento de la deuda,
sea que la noticia próxima señale acuerdo o no con los principales acreedores,
sean los Fondos especulativos o en próximo tiempo el FMI. Existen problemas
presentes y futuros si se acuerda, y en rigor, otros también si la decisión
resulta en el default explícito, razón por la cual, la situación argentina está
en la mira del acontecer económico y político, local y mundial. El nobel de economía
2001, Joseph Stiglitz, calificó a los acreedores de la deuda argentina como “recalcitrantes
y miopes” que no ven que el problema no es solo el país, sino el “riesgo de que
más de 100 países de ingresos medios y bajos no puedan hacer frente este año a
sus obligaciones de deuda por más US$ 130 mil millones” pronosticando “Una
crisis de deuda global empujará a millones de personas al desempleo y
alimentará la inestabilidad y la violencia en todo el mundo”[1]
Ahí está el debate. ¿A quién privilegiar ante la situación de emergencia
sanitaria y de recesión agravada por el COVID19? ¿A los acreedores de la deuda,
tenedores de títulos y préstamos o a los millones de afectados por la situación
actual? Se trata de una situación grave, más aún si se observan los datos de la
evolución de la actividad económica en todo el mundo, con los informes a la
vista del segundo trimestre del 2020, con una profunda caída de la economía en
los principales países del sistema mundial.
Traemos a colación a Stiglitz por el fuerte
vínculo académico y político con el ministro de la Argentina. La Universidad de
Columbia en Nueva York fue el territorio que cobijó el seguimiento académico de
los problemas del endeudamiento y las reestructuraciones posibles, donde el
caso argentino es testigo, pero en el plano de la política, el horizonte es una
de las alternativas de salida a la crisis capitalista. Resulta evidente la
asociación de ideas con las sugerencias de “Laudato Si” de Francisco y sus
críticas al orden económico del capitalismo hegemónico, como la búsqueda de
desalojo de Trump y los republicanos en la Casa Blanca, para otra orientación
de la hegemonía capitalista. El imaginario apunta a recrear condiciones para un
nuevo acuerdo, por lo que proliferan iniciativas vinculadas, caso de los
demócratas y sus propuestas de “New Green Deal”, incluso las propuestas de una “nueva
internacional progresista”. No es menor lo que está en discusión. Se trata de
un marco de alianzas locales y globales para disputar el horizonte económico, social,
cultural y político del capitalismo en tiempos de coronavirus y una profunda
crisis recesiva que impulsa a millones de personas a la desesperanza o al “conflicto”,
que en definitiva es lo que le preocupa, no para superar el capitalismo, sino
para adecuarlo a un rumbo reformista que solo fue posible en condiciones de
bipolaridad del sistema mundial, condición hoy inexistente.
Acuerdo si o no
La pelota se puede tirar para adelante, si en diciembre
pasado la fecha límite para el acuerdo era marzo, ahora definida para
principios de agosto puede seguir siendo prorrogada más allá durante el 2020,
la incertidumbre global lo permite. En el inicio se pensó en tres años de
gracia en la negociación y reestructuración con los acreedores privados, ahora
licuados, lo que exige un plan de acumulación de ahorros y condiciones de
generación de divisas para atender futuros vencimientos que caerán desde el
2021. Insistamos que la negociación involucra una parte relativamente pequeña
de una deuda que carga vencimientos más pesados en el corto y mediano plazo,
que en su conjunto son de incumplimiento ante la incapacidad de generar
excedente económico, no solo por la especificidad local, sino por la situación mundial.
Hasta ahora hay postergación de vencimientos,
con re-perfilamiento, eufemismo del default. Por eso financió el FMI, interés
político mediante, asociado a la búsqueda de la reelección de Macri. Ahora, el
FMI podría desembolsar el remanente del préstamo por 57.000 millones de dólares
u ofrecer una nueva línea de crédito a cambio de un programa de estabilización
de la economía, es decir, de ajuste. En rigor, aun con política social ampliada
y elevación del déficit fiscal en torno al 10% del PBI, la realidad en términos
de ingresos populares verifica un ajuste de proporciones inusitadas. Solo hay
que pensar en el achique de la proporción del gasto salarial con relación al
conjunto del gasto público, y en ese horizonte, los crecientes intereses de una
deuda impagable. Las conversaciones con el FMI están atravesadas por estas
cuestiones y asociadas a especulaciones sobre el nuevo gobierno de EEUU a
definirse en noviembre próximo. Un futuro demócrata al frente de las riendas en
Washington es mejor mirado por el tándem mencionado de la sociedad Stiglitz, Francisco
y variadas propuestas de “nuevo acuerdo”.
Si hay acuerdo con acreedores, habrá que
ahorrar y buscar divisas para cancelar vencimientos desde el 2021, lo que supone
profundizar el rumbo de una economía orientada a la exportación. Por el
contrario, el no acuerdo, supone demandas judiciales en Nueva York y problemas
políticos con el poder mundial, sin perjuicio del accionar ideológico y propagandístico
de “lobbistas” locales en los medios de comunicación, asociados claro a una
oposición con peso en el Congreso y capacidad de movilización, como lo demuestra
lo acontecido en el pasado 20/6, el 9/7 y pronto el 17/8, utilizando fechas
patrias para reivindicar una política reaccionaria y en defensa de la propiedad
privada de los medios de producción, situación clara y evidente en el caso
Vicentin. Más ahora que el gobierno fue para atrás con el decreto de intervención
y expropiación contra la gran estafa de la empresa del norte santafesino. Una
presión por derecha que demora el ingreso del impuesto a las grandes fortunas
para su tratamiento en el Congreso, mientras se avanza en la moratoria e
incluso probables blanqueos. No acordar con acreedores generará mayor
confrontación con el poder económico.
Hemos sostenido que no alcanza con no acordar o
no pagar, sino que se requiere orientar la decisión en la voluntad de suspender
los pagos de la deuda, realizar una profunda auditoria con participación
popular y disputar consenso social amplio para una política de
reestructuración, no de la deuda, sino del modelo productivo y de desarrollo, a
contramano de la demanda del poder.
Buenos Aires, 2 de agosto
de 2020
[1] BAE del 31/07/2020, en: https://www.baenegocios.com/economia/Stiglitz-llamo-recalcitrantes-miopes-testarudos-y-de-corazon-duro-a-los-acreedores-de-Argentina-20200731-0035.html
(consultada el 2/08/2020)
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