El
pasado 4 de agosto vencía una invitación al canje de deuda externa pública de
legislación extranjera que la Argentina había inscripto ante la Comisión de Bolsa
y Valores de EEUU, la U. S. Securities and Exchange Commission (SEC).
La
oferta del canje era por unos 65.000 millones de dólares (md). Los trascendidos
indicaban que hasta la fecha se había recogido un 30/35% de apoyo, lo que era insuficiente
para llevar adelante la operación de canje de títulos, ya que una mayoría demandaría
al país por la deuda impaga ante los tribunales de Nueva York, especialmente
aquellos cuyos títulos son gestionados por grandes Fondos de Inversión.
El
país estaba a punto de consolidar el default, porque hace rato que la Argentina
está postergando pagos de su deuda vencida sin declararse formalmente en “cesación
de pagos”. Durante el 2020 ya se postergaron unos 1.800 md. El vencimiento del
plazo ante la SEC del 4 de agosto, aceleró las condiciones de un acuerdo con
grandes Fondos Financieros.[1]
Por
el acuerdo se supone que entre el 80 y el 90% de los tenedores de bonos se
inscribirán en el registro habilitado en la SEC hasta el 24 de agosto próximo,
nueva fecha de extensión de la invitación para acogerse al canje de deuda
pública argentina de legislación extranjera. De ese modo, el 28 de agosto podrá
saberse con certidumbre la cantidad de bonistas que aceptaron ingresar al canje
de deuda y receptar los nuevos títulos, los que se entregarán el 4 de
septiembre del 2020.
El
resultado concreto es que el país posterga pagos en el corto plazo, libera
compromisos cuantiosos en el actual periodo de gobierno, estimados en 37.000 md
y transfiere los vencimientos de deuda para los próximos turnos presidenciales
de la Argentina, especialmente los que se sucedan luego de diciembre del 2023.
Junto
a ese acuerdo de canje, en el Congreso Nacional se aprobó la legislación que
autoriza el canje de la deuda pública de legislación local, que involucra otros
42.000 md. Quienes no acepten este canje seguirán sin percibir ingresos hasta
fines del 2021, legalizando la postergación del impago de estos títulos.
Se
supone que ambas cuestiones, el acuerdo con los Fondos financieros por la deuda
de legislación externa, 65.000 md, y la ley para el canje de la deuda de
legislación local, casi 42.000 md, facilita las negociones en curso con el FMI
para reestructurar vencimientos desde el 2021 con el FMI relativos a los
desembolsos 2018 y 2019 por 41.500 md.
Estos
anuncios suponen la reestructuración de la deuda pública por casi 150.000 md, sobre
un total de unos 323.000 md. Ese resto de deuda es, en gran parte, con
organismos del Estado, entre ellos la ANSES o el BCRA, lo que supone un trámite
administrativo para la reestructuración.
Postergación de los compromisos de pago y reactivación
económica
Argentina
ganó tiempo en esta reestructuración, que supuestamente incluirá un acuerdo con
el FMI.
Se postergan
pagos sin quita de capital, renovando deudas con baja en la tasa de interés, pero
no se resolvió el tema de fondo de la hipoteca que condiciona, ya desde hace
décadas a la economía local.
Qué
el valor neto presente sea del 54,8% no evita que al vencimiento de los títulos
la deuda sea por el total nominal indicado en los nuevos bonos.
En efecto,
cada turno presidencial desde 1983 reestructuró los vencimientos de deuda
pública, postergando el problema sin resolver la cuestión de fondo, pagando
vieja deuda con nueva.
La
única forma de resolver el tema tiene punto de partida con una investigación sobre
el carácter odioso o no, legal o ilegal, legitima o ilegitima de la deuda
asumida desde la dictadura genocida. Es una cuestión pendiente desde la
vigencia constitucional a la salida de la dictadura genocida.
No
alcanza con informes sobre grandes cuentas de deuda y fuga de capitales, al
estilo del informe del BCRA de mayo pasado. Allí se indica que el grueso de los
fondos ingresados por deuda pública, 86.000 md sobre 100.000 md, se fugaron de
la Argentina.
Interesa
indagar quienes fueron los beneficiados, con nombre y apellido, qué
funcionarios facilitaron esas operaciones y que entidades financieras favorecieron
esas maniobras, para terminar con la gran estafa del endeudamiento público a
costa del conjunto de la sociedad.
Mientras
dure la impunidad por la deuda, el poder festejará cada acuerdo que otorgue
continuidad al mecanismo de la deuda y la dependencia profundizada.
Aún
resulta prematuro evaluar el impacto que esta postergación tendrá en la
política económica y la satisfacción de las demandas sociales más extendidas; más
aún en la estructura económica y social de la Argentina.
En
el imaginario discursivo del gobierno se enuncia que esta liberación de
compromisos en el mediano plazo, hasta el fin del mandato de Alberto Fernández
en diciembre del 2023, facilitará la recuperación de la economía.
¿Alcanzará
el tiempo y los recursos disponibles con las limitaciones estructurales de la
época?
Remitimos
a las condiciones de funcionamiento de la economía mundial, en grave recesión
en tiempos de coronavirus y más allá, producto de una crisis de arrastre, por
lo menos desde 2007 y sin perspectivas ciertas de superación.
Incluso,
con el FMI no solo se discutirán los vencimientos y su postergación, sino las clausulas
relativas al ajuste fiscal y a las reformas estructurales, especialmente en
materia laboral y previsional.
En
materia fiscal es delicada la situación actual, con un pronóstico de déficit en
torno al 10% del PBI, derivado de una caída de la recaudación y un aumento del
gasto para compensar el perjuicio social de la recesión en curso. Es más, el pronóstico
que publica el BCRA, según estiman los consultores en el Relevamiento de
Expectativas de Mercado (REM), es que la caída en la actividad económica del
2020 será del 12,5%, por ende, menor recaudación y penurias sociales a
compensar con mayor gasto y emisión monetaria.
Reforma laboral y previsional
La
incógnita se extiende a las reformas estructurales demandadas. La actualización
de las jubilaciones está en debate en el Congreso, con deterioro del ingreso
previsional y un achatamiento de la pirámide de haberes de jubiladas y
jubilados.
El
último intento de reforma del régimen jubilatorio nos lleva a la crisis de
diciembre del 2017, ¿el comienzo del fin en el consenso al gobierno de Mauricio
Macri? No será sencillo atacar derechos históricos de jubilaciones y pensiones
en la Argentina.
La
cuestión previsional es un tema de debate en todo el mundo, sin respuestas
evidentes y con conflicto social visible, caso de Chile o de Francia. En ambos
países se hizo visible la protesta ante la ofensiva contra los ingresos previsionales.
El capital pretende esos fondos para sus objetivos y al mismo tiempo reducir el
costo de producción en contra del bienestar de los adultos mayores.
No
solo las jubilaciones se discuten. ¿Qué ocurre con el régimen laboral? El
desempleo y la precariedad crecen, en el país y en el mundo. Todos los
registros explicitan el rumbo, con un límite muy cierto en la capacidad de resistencia
de las organizaciones sindicales y sociales de los países, donde la tradición
argentina pesa.
Las
declaraciones de los empresarios sobre la reciente ley de teletrabajo anticipan
los contenidos de la demanda patronal, concentrados en la idea que no existe
propensión al empleo sin la seguridad de ejercer el derecho al despido por
decisión empresaria. La pérdida de derechos sindicales, sociales, laborales,
individuales y colectivos es la esencia de la ofensiva del capital contra el
trabajo.
Es
algo que ocurre desde la salida a la crisis de rentabilidad operada desde fines
de los 60 y comienzos de los 70 del siglo pasado. Por eso el genocidio de la
dictadura y las transformaciones estructurales en la relación capital trabajo
que se viene consolidando, más allá de matices, en el tiempo de vigencia
constitucional entre 1983 y el presente.
Desde
un punto de vista objetivo, medido en términos cuantitativos de capacidad de
compra de los ingresos populares, la regresiva reestructuración se profundiza
en condiciones de recesión y elevada inflación, estimada en el REM del BCRA en
39,50% para el 2020.
La
baja de ingresos, los despidos y la irregularidad en el empleo, constituyen la
base de una reforma laboral regresiva demandada por el capital y que está en la
letra del acuerdo con el FMI.
No
alcanza con reestructurar la deuda, aun postergando pagos, menos si se legaliza
el irresponsable ciclo de endeudamiento del macrismo. La demanda por la
auditoria de la deuda con amplia participación popular sigue siendo una
asignatura pendiente y una consigna de lucha.
Claro,
mientras tanto, debieran suspenderse los pagos, lo que supone un nivel de
confrontación con el poder local y mundial que impondría de hecho, las transformaciones
estructurales necesarias para reorientar el rumbo de la economía.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2020
[1] Ministerio de Economía. “Argentina
y tres grupos de acreedores alcanzan acuerdo de reestructuración de deuda”, el
4/08/2020, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-y-tres-grupos-de-acreedores-alcanzan-acuerdo-de-reestructuracion-de-deuda
(consultado el 9/08/2020)
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