Argentina
tiene nuevo gobierno desde el 10/12/2019 y muchos se (me) interrogan sobre las
primeras medidas, el rumbo y que ocurrirá en el 2020 y en el tiempo de duración
del gobierno hacia el 2023.
Es
un ejercicio interesante porque se debate la herencia del gobierno Macri entre
fines del 2015 y el 2019, tanto como el ciclo “neoliberal” iniciado en 1975/76,
mediado por los intentos de contramarcha, y los cambios estructurales operados
hasta nuestros días, sea la reestructuración de las relaciones laborales, los
cambios en la función del Estado, como la profundización de la inserción
subordinada del país en el sistema capitalista mundial.
Primeras medidas
Dos
son los aspectos que sobresalen en el discurso y el accionar de política económica.
Uno apunta a la emergencia de la pobreza y la distribución del ingreso. Otro
apunta al tema del endeudamiento agravado en la gestión Macri, lo que incluye
el acuerdo con el FMI de 2018.
El
primero apunta en el sentido del voto. Si algo expresó la elección presidencial
de octubre es el final de la política de redistribución regresiva del ingreso y
la riqueza, que se manifiesta en mayor pobreza, caída de salarios y
jubilaciones, desempleo y precariedad laboral, junto al enriquecimiento de muy
pocos sectores de la economía y la población.
El
segundo es el gran condicionante de la economía, la política y cualquier
proyecto de distribución progresiva del ingreso y la riqueza en el país. La
deuda pública es una hipoteca impagable, que debe ser rechazada, impugnada,
investigada, desde una concepción de ejercicio soberano de política.
Un
asunto a destacar es el tratamiento de la urgencia en el Parlamento, con la
llamada “LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVAEN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA PÚBLICA”,
que incluyó la mejora de la jubilación mínima para diciembre y febrero junto a
la suspensión de la movilidad aprobada en diciembre del 2017. Esto motiva
especulaciones que se develarán en marzo y junio próximo, cuando se conozca el
ajuste de las jubilaciones, sus alcances concretos y si se afectan o no las
impresentables e irracionales “jubilaciones de privilegio”, las que debieran
eliminarse junto a una mejora de la mínima en torno a la canasta demandada por
las organizaciones de jubilados, cercana a los 40.000 pesos mensuales.
Las
medidas incluyeron actualizaciones relativas a “retenciones a las exportaciones”,
rechazadas como era previsible por sectores vinculados al agro negocio y a la
economía de exportación, en muchos casos incluso por razones ideológicas
sembradas desde el poder mediático y los “influencers” “neoliberales”, fomentado
por quienes pueblan los análisis económicos y políticos en la construcción de
sentido común. Las medidas fiscales incluyeron actualizaciones que apuntan a
mejorar los ingresos tributarios del Estado, tendientes a disminuir el déficit
y generar condiciones para lograr el superávit de las cuentas públicas.
Claro
que la legislación incluyó un mayor uso de los recursos del Fondo de Sustentabilidad
que administra el ANSES para el financiamiento público, elevando el porcentaje
desde el 50 al 70%. Con esto se agrava la situación de organismos nacionales
involucrados en la lógica del endeudamiento público, que curiosamente facilita
la decisión pública respecto de acreedores externos, pero compromete los usos
de los recursos públicos en beneficio de la cancelación de una deuda odiosa.
La
decisión de aprobar incrementos salariales de 4.000 pesos, en dos pagos, en
enero y febrero apuntan en el sentido de la mencionada distribución del
ingreso. La medida anunciada para privados alcanzará también a estatales
nacionales, y habrá que demandar que se extienda al conjunto de los
trabajadores, con los límites que tiene la existencia de 5 millones de trabajadores
y trabajadoras en situación irregular y muchos otros aún no incluidos en la
disposición anunciada a comienzos del 2020.
Más
de 1.300 millones de dólares de las reservas internacionales se utilizaron para
cancelar deuda, autorizados por la ley de “solidaridad social” que autoriza disponer
un poco más de 4.500 millones de dólares de las reservas que administra el
BCRA. Es más, en diciembre se canceló deuda pública por más de 500 millones de
dólares, una cifra superior al costo fiscal de la mejora en dos pagos de 5.000
pesos a jubiladas y jubilados de la mínima.
Uso alternativo de las reservas internacionales
Solo
para ejemplificar presento un ejercicio que realizamos con organizaciones
territoriales involucradas en la autogestión del hábitat. En la experiencia de
algunas organizaciones, el costo del m2 ronda los 770 dólares el m2, contra
unos 2.000 dólares en el circuito comercial tradicional, que sirve para
contrastar los beneficios de la eliminación del lucro en la resolución del
problema de la vivienda en el país. Ese costo incluye pagos adecuados de la
fuerza de trabajo calificada aplicada a la construcción, tanto como materiales
de calidad superior a la media en el circuito comercial tradicional.
En el
ejercicio que realizamos supusimos un costo superior del m2, no solo para
facilitar el cálculo, sino previendo problemas de aprendizaje en la extensión
de la propuesta a otros sectores no familiarizados con las técnicas de
ejecución de obras que si tienen las organizaciones sobre las que pensamos el ejercicio.
Digamos que la propuesta incluye el factor “aprendizaje”.
A un
costo de 1.000 dólares el m2, con calidad de materiales y fuerza de trabajo de
calidad superior a la media en las condiciones actuales, construir 100
viviendas de 65m2 cada una, aproximadamente unos 6.500m2 insumirían un costo de
6,5 millones de dólares. La experiencia ocuparía a unos 50 trabajadores
directos (aplicados a la construcción, incluidos profesionales de asistencia) y
50 indirectos (afectados a la producción de materiales y herramientas de la
construcción), un total de 100 trabajadores durante el tiempo de construcción
estimado en 24 a 36 meses (según la disponibilidad de fondos, tierras y la
destreza de los involucrados en el proyecto.
Si
se utilizaran los más de 1.300 millones de dólares de reservas internacionales,
afectados a cancelación de la deuda pública que se autorizó en estos días, a la
construcción de viviendas bajo las condiciones y costos anteriormente
identificados supone la construcción de 20.000 viviendas en 24 meses; involucrando
a 20.000 trabajadores durante 24 meses, la mitad de manera directa (10.000
trabajadores de la construcción) y la otra mitad de manera indirecta (10.000
trabajadores en la producción de materiales, máquinas y herramientas necesaria
para la construcción). Son 20.000 viviendas x 65 m2= 1.300.000 m2 x 1.000
dólares de costo el m2, entonces son 1.300.000.000 dólares. Valor de
construcción de 20.000 viviendas por mecanismo de autogestión: 1.300 millones
de dólares (similar a las reservas utilizadas para cancelar deuda en enero
2020).
Con
el ejercicio anterior vale el interrogante del uso alternativo de más de 4.500 millones
de dólares de reservas internacionales para cancelar deuda pública. ¿Cuál es la
ventaja de destinar 4.500 millones de dólares a cancelar una deuda impagable,
si alternativamente pueden usarse para construir 69.230 viviendas de 65 m2 c/u,
las que se construirían en dos años? Unos 70.000 trabajadores se involucrarían
en la actividad.
El
ejercicio pretende mostrar usos alternativos de las reservas internacionales, que
no debieran utilizarse para cancelar una deuda ilegitima y odiosa, tal como
reclaman en estas horas la “Pastoral Social” en su documento “La deuda social
es la gran deuda de los argentinos", o
en sendas propuestas elevadas al Ministerio de Economía por ATTAC-Argentina en
conjunto con el Comité de Anulación de las Deudas Ilegitimas, CADTM, por un
lado, y el Servicio Paz y Justicia y Diálogo 2000 por el otro. En
estos dos casos, las presentaciones se hicieron con fecha 3 de diciembre ante
la invitación a los acreedores de la deuda pública para presentar propuestas de
refinanciación por parte de las autoridades argentinas.
Las
misivas de las organizaciones sociales demandan que no solo se escuche la voz y
propuestas de los acreedores, sino también y muy especialmente la del pueblo,
principal afectado por la política de endeudamiento recurrente.
¿Qué esperar del 2020 y más allá?
Todo
dependerá de la organización social y el programa que se construya en el
conflicto. Es una conclusión a propósito de los recientes acontecimientos en la
Provincia de Mendoza.
En
efecto, el sentido común de este tiempo, favorable al desarrollo del
capitalismo, sugiere que todo debe derivarse de inversiones externas que
dinamicen la actividad económica, que sin inversores no hay reactivación, ni
empleo, ni salarios ni ganancias y mucho menos condiciones para sustentar el
Estado y cumplir con las obligaciones contraídas, sean los derechos constitucionales
o las acreencias externas. Desde ese consenso mayoritario la Provincia de
Mendoza modificó la Ley de protección del agua a favor de las inversiones mineras,
con aval parlamentario de los principales partidos que hoy gobiernan el país,
sean oficialistas u opositores.
La
respuesta social masiva desarmó el objetivo por la mega minería a cielo abierto
y defendió el derecho a la defensa de los “comunes”, entre ellos el agua. Más
allá del consenso mediático e ideológico de cómo salir de la situación
económica actual, la sociedad movilizada se impuso, asentado su poder en una
acumulación gestada por años de reuniones, asambleas, campañas y múltiples
mecanismos de difusión contra-hegemónica de un programa, no solo de defensa del
agua, sino de propuestas alternativas al modelo productivo y de desarrollo.
Por
eso el ejercicio presentado anteriormente, a modo de ejemplo sobre lo que puede
hacerse con recursos de reservas internacionales y que la recuperación de la
economía no solo deviene de la iniciativa de inversores externos, sino que
puede resultar de la “auto gestión” financiada por recursos públicos, o incluso
del propio Estado, si es que se asume como un Estado a contramano de una lógica
ideológica de que lo único posible es la norma impuesta por el Capital.
En
definitiva, discernir por dónde transitará el 2020 y en perspectiva hacia el
fin de la gestión gubernamental actual está más asociado a lo imponderable del
accionar social en la lucha por satisfacer necesidades ampliadas de la
población más afectada.
De
lo contrario, el año y la gestión de los Fernández transitará más vinculado a
las presiones del poder, entre ellos el complejo entramado del endeudamiento
que pretende no solo cobrar a los vencimientos, o negociar en condiciones
adecuadas, sino y sobre todo afirmar los reaccionarios condicionamientos
establecidos en el acuerdo con el FMI, o sea, el ajuste antipopular y las
reaccionarias reformas laborales y previsionales.
Buenos Aires, 5 de enero de 2020