La cotización del dólar se acerca a 30 pesos por cada
unidad de la moneda estadounidense, lo que repercute en la suba de precios,
afectando el consumo popular y el proceso de producción.
Encima nadie sabe a cuánto llegará el dólar en el
corto plazo. Un ex funcionario del gobierno, Melconian, sugirió 41 pesos por
dólar y otros imaginan hasta el doble para igualar la pos-convertibilidad que
pasó del 1 a 1, al 4 a 1 en poco tiempo.
Si el piso era 20 unidades de pesos por cada dólar
antes de la corrida cambiaria, el 4 a 1 supondría llegar a 80 pesos por dólar,
como aspiración del sector beneficiado por el alza de la divisa, principalmente
grandes exportadores, sectores asociados al turismo externo receptor y
especuladores.
Precios, consumo,
producción y empleo
El precio del dólar se traslada en buena medida a los
precios del conjunto de la economía y eso se refleja en la vida cotidiana de
las familias de menores ingresos y por eso el mes de junio será el de mayor inflación
en el año, entre 3 y 4%, con una proyección anual superior al 30%.
La corrida cambiaria de mayo y junio provoca el ajuste
en la capacidad de gasto de la población.
Hay quienes dicen que el acuerdo con el FMI traerá
ajuste (dicho en futuro), y lo que ocurre (en el presente) es el ajuste más
allá de políticas explícitas de recorte de gasto público o despidos de personal
del Estado, caso emblemático en estas horas en TELAM.
Con la suba del dólar suben los precios y cae el
consumo popular, que gasta ingresos escasos en productos de la canasta básica,
especialmente alimentos y servicios públicos privatizados y con tarifas en
alza.
Aun cuando señalan que se morigera la suba de tarifas,
la próxima semana aumentan los combustibles y la ronda de ascenso de precios no
tiene fin.
Solo el conflicto social sindical genera expectativa
de recuperación de ingresos perdidos por negociaciones colectivas amañadas y
con techo, que solo se mueve en tanto la protesta traspasa el interés corporativo
y se asume por el conjunto de la sociedad.
Es algo a discutir respecto de la valoración social
sobre la educación, el trabajo estatal o en la justicia, con un despliegue de iniciativa
gubernamental deslegitimando la demanda salarial de los docentes, estatales y
judiciales.
Por la suba de precios y la baja relativa de los ingresos
existen señales de caída de la actividad económica que se manifiestan en datos
concretos, tal como señala el INDEC.
En abril del 2018 hay una caída de la actividad
económica del 0,9% respecto al mismo mes de 2017, con especial impacto en el
sector primario, que hasta ahora explicaba las mejoras económicas durante el
gobierno Macri.
No solo el agro, ya que la “actividad de la industria
manufacturera de mayo de 2018 presenta una baja de 1,2% respecto al mismo mes
del año 2017” dice el INDEC, con especial impacto en el sector químico, textil
y petrolero.[1]
Todo se manifiesta en el crecimiento de la
desocupación, del 9,1% hacia marzo 2018, especialmente en los principales
centros urbanos y de concentración de trabajadoras y trabajadores, el Gran
Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Son preocupantes los datos del crecimiento de la
irregularidad en el empleo, del orden del 35% y de los ocupados y sub-ocupados demandantes
de empleo, lo que generaliza problemas laborales objetivos en la mayoría de los
trabajadores y trabajadoras.
El Ministerio de Trabajo informa en sus estudios
laborales que “el empleo privado formal presentó una reducción de 0,2% en mayo
de 2018 con respecto a abril”.[2]
Agrega que el dato “se explica por la disminución en
las ramas: Industria Manufacturera (-0,2%), Construcción (-1,0%), Comercio,
restaurantes y hoteles (-0,2%) y
Transporte, almacenaje y comunicaciones (-0,4%). El resto de las ramas tuvieron
un comportamiento positivo: Servicios financieros y a las empresas (+0,1%) y
Servicios comunales, sociales y
personales (+0,1%).”
Vale recordar que la recuperación económica del
2002-2007 se motivó en la expansión del sector industrial, que ahora aparece
afectado en su capacidad de expansión.
Esta caída afecta principalmente a sectores de la pyme
y por eso existieron anuncios oficiales en materia crediticia, intentando
contener la desazón en un sector ideológicamente favorable al gobierno.
El imaginario del gobierno
es erróneo
Macri accedió al gobierno con la convicción que su
sola presencia al frente de la gestión significaría el desembarco de capitales
externos. Por eso pretendió cerrar el conflicto con los fondos buitres. En eso
lo acompañaron opositores que le disputan gobierno pero no proyecto o rumbo
económico y político.
No solo no terminó con el problema con algunos “buitres”
que siguen demandando al país, sino que inició un nuevo ciclo de peligroso
endeudamiento público mientras los capitales externos se disponían a desembarcar.
La cruda realidad demuestra que no ingresan esos
capitales externos, sino que se agiganta la fuga de capitales invertidos en el
país y se aprovechan del ingreso de divisas vía préstamos o inversión
especulativa para salir de la Argentina.
Eso explica la corrida cambiaria. Si las LEBAC
generaron alta renta a inversores especulativos privados, ahora venden esos títulos
y se resguardan en la moneda estadounidense que el gobierno generosamente
ofrece.
Señalamos así, que el dólar es el resguardo de los
inversores y encima, las autoridades no establecen ninguna restricción. En dos
meses son cerca de 12.000 millones de dólares entregados a las cuentas de
inversores especulativos, en lugar de usar reservas internacionales para una
política de promoción de inversiones y empleos genuinos en todo el territorio
nacional.
La situación del capitalismo mundial es inestable, con
EEUU o Gran Bretaña promoviendo políticas “proteccionistas” para intervenir con
beneficio en la liberalización de la economía mundial.
Desde EEUU se instala la guerra comercial y monetaria,
contra Europa o China; contra sus vecinos Canadá o México y se atrinchera en la
región latinoamericana con base a socios ideológicos del libre mercado
mentiroso en época de transnacionalización y dominación monopolista.
El gobierno Macri no entiende como sus aliados del
capitalismo desarrollado no lo apoyan más allá del discurso y clama por la
llegada de capitales externos.
Los potenciales inversores le aseguran futuras radicaciones
si se avanza en el ajuste y la reconversión regresiva contra derechos sociales
y sindicales de la población trabajadora. Para eso se insiste en la reforma
previsional y laboral.
Por eso y a toda costa se avanza con el ajuste y se
ensayan procesos de liquidación de ámbitos laborales en el Estado. La
tercerización continúa y se vacían de tareas al sector público. Se genera así
el clima de “no trabajo” y por lo tanto, que sobra personal, legitimando los despidos.
Hoy se verifica la situación en los medios públicos, visibilizados en TELAM y
pronto en la TV y Radio pública.
El experimento cuesta y mucho, porque la
liberalización está generando un gigantesco déficit externo. El INDEC nos dice
que el saldo negativo de la cuenta corriente de la Argentina alcanzó los 9.623
millones de dólares para el primer trimestre del 2018, producto de mayores
importaciones que exportaciones; más gasto de argentinos en el exterior que el
ingreso de turismo (aun antes del mundial de fútbol) y remesas de utilidades al
exterior.
Todo se suple con una deuda externa crecida en 19.000
millones de dólares entre enero y marzo del 2018, a lo que deben sumarse los
15.000 millones desembolsados por el FMI el pasado 22 de junio.
A no confundirse, el error de diagnóstico del gobierno
supone en simultáneo el ajuste contra los sectores de menores ingresos, derivado
del consenso electoral del 2015 y 2017 y que pretende recrear para el 2019.
Ya no es tan segura la continuidad, pero un cambio de
gestión tampoco augura una modificación sustancial del rumbo, por lo que hace
falta una discusión sustantiva sobre el país a construir
Ir más allá de la crítica
al gobierno macrista
Se necesita una seria discusión sobre el sentido del
voto en el país y la discusión profunda para evitar que se continúe la misma
política bajo otra gestión.
La discusión es sobre quién y para que el gobierno, y
con ello intentar instalar en la sociedad el tipo de orden económico, social,
cultural y político que se requiere para satisfacer necesidades sociales
extendidas. No es un debate electoral, sino que lo trasciende.
El descontento social se manifiesta en conflicto,
recientemente los paros del 14/6 y del 25/6, que avanzan en organización del
descontento, o en las protestas de Chubut y variados territorios o de sectores
que demandan por sus reivindicaciones. No alcanza con ello y se requiere discutir
el rumbo, que es más que recomponer ingresos.
Claro que lo primero es la disputa para resolver la
cotidianeidad, pero esta no existe si no se avanza en el consenso social para
otra sociedad con mayorías sociales satisfechas, lo que implica una fuerte
confrontación con los beneficiados del orden capitalista.
Buenos Aires, 30 de junio
de 2018