En plena semana santa
venció el plazo presentar la propuesta de pago de la Argentina a los acreedores
que demandan en la justicia de Nueva York.
La sentencia neoyorkina
en discusión manda a cancelar el 100% de unos títulos por 1.330 millones de dólares,
que sumados los intereses alcanzan unos 1.600 millones de dólares. Si se suman
otros casos similares que también podrían acudir a los tribunales de EEUU, la
cifra con intereses supera los 11.000 millones de dólares. Son más obligaciones
a cancelar con fondos del presupuesto, restringido a la hora de cancelar
demandas de los estatales, sean docentes o trabajadores de la salud, entre
otros.
En la propuesta
presentada por el gobierno argentino se contemplan las mismas condiciones
establecidas en los canjes de deuda del 2005 y del 2010, con vencimientos de
nuevos bonos hacia el 2033 y el 2038. En el primer caso se contempla la entrega
de títulos con una quita, aunque se complementa con bonos adicionales atados al
crecimiento del PBI (siempre que este sea mayor al 3%). En el segundo caso, se
ofrecen bonos sin descuento más los respectivos cupones atados al crecimiento
del PBI.
Si esa propuesta no
fuera aceptada, algo conducente con la sentencia que exige el pago total de la
deuda, el tema podría culminar en la Corte Suprema estadounidense. Un fallo
negativo en este caso significaría una invitación a litigar a todos los
acreedores que ingresaron oportunamente al canje de deuda, ya que estarían en
condiciones de demandar compensaciones por mejor opción ofrecida a otros
acreedores. En este caso, los pagos superarían los 43.000 millones de dólares, agravando
la situación del endeudamiento público.
Derechos
confrontados
Se trata de un tema complejo
que discrimina derechos. Las sucesivas políticas asumidas de privilegiar el
pago de la deuda externa limitan las posibilidades de cumplir con demandas por
derechos locales, sean las actualizaciones salariales de los trabajadores
estatales, e incluso la mejora de sus ingresos. Restringe también la
posibilidad de una política ampliada del gasto social.
Cuando señalamos el
condicionante de la deuda externa remitimos a una opción del modelo de
desarrollo que resulta favorable a los intereses de la acumulación capitalista
dependiente. La cesación de pagos del 2001, aún limitada, favoreció por unos
años desatender la demanda por pagos de capital e intereses, permitiendo el uso
de recursos públicos para mejorar la situación de sectores sociales vulnerables
y desprotegidos, al tiempo que estimular una actividad económica deteriorada.
Aludimos al no pago
de una deuda por 100.000 millones de dólares entre 2002 y 2005, fecha en que se
materializó el canje de deuda que incluía un periodo de gracia en las
cancelaciones de capitales por 20 años, o sea, hacia el 2025. El no pago de la
deuda fue, además de un alivio fiscal, una demostración de la validez de privilegiar
derechos de ciudadanía de la población local sobre los tenedores de títulos. Es
cierto que muchos de esos acreedores eran locales, e incluso fondos
previsionales, afectados por decisiones estatales que indujeron ese tipo de
inversiones. Las soluciones previsionales deben resolverse con medidas estructurales
del tipo del 82% móvil asociado al ingreso de un trabajador activo, sin
depender del tipo de inversión a realizar con los fondos previsionales
acumulados.
El no pago del 2001
debió ser acompañado de una profunda investigación sobre la deuda, con una auditoría,
al estilo de la realizada por el Ecuador, contribuyendo a sentar antecedentes
para que otros países generalicen una práctica similar. Es una actitud política
que pondría en discusión la lógica especulativa del sistema financiero mundial.
Es el primer paso para pensar la nueva arquitectura financiera mundial reclamada
en estas horas en Túnez, en ocasión de realizarse una nueva versión del Foro
Social Mundial.
La crisis capitalista
mundial golpea principalmente a los trabajadores y a los pueblos, con
crecimiento del desempleo, la precariedad laboral, la tercerización y la superexplotación.
Resulta necesario modificar la lógica favorable a la ganancia y la acumulación que
sostiene al sistema capitalista, para orientar políticas que satisfagan los derechos
de los pueblos, el vivir bien o el buen vivir según instaló el nuevo
constitucionalismo de Bolivia o Ecuador.
Queda claro que la
deuda es y será un tema de derechos confrontados y la sociedad debe dirimir el
privilegio de unos sobre otros. No se trata de una cuestión económica. Es una
reivindicación democrática y por lo tanto un asunto de política, de derechos
humanos.
31
de marzo de 2013