¿Fin del consenso privatizador?

Existe la sensación que llegó el final del consenso social sobre las privatizaciones. La gota que rebalsó el vaso ocurrió la semana pasada con la muerte evitable de 51 personas y más de 700 heridos, con el desastre acontecido en la estación once del recorrido del tren Sarmiento concesionado a TBA.

Aludimos al fin de un consenso privatizador generado en las últimas 4 décadas, primero como campaña ideológica en tiempos dictatoriales, en los 70´ y 80´, y acción deliberada (técnica, operativa y económica) para deteriorar a las empresas públicas. Luego de algunos intentos frustrados, la privatización se materializó y generalizó en los 90´, para constituir desde entonces un fenómeno estructural del orden económico y social contemporáneo en la Argentina.

Ya pasaron 20 años desde su instrumentación iniciadora, donde la “iniciativa privada” todo lo resolvería. Fue una política consensuada en origen e ideológicamente trabajada durante años, claro que también con violencia explícita. Recordemos la frase “ramal que para, ramal que cierra” pronunciada desde el menemismo.

La agresión violenta a los trabajadores ferroviarios que resistieron la privatización del tren, muy bien relatada y documentada en el “Ferrocidio” de Juan Carlos Cena, vuelve sobre los trabajadores usuarios y laburantes del tren con violencia y muerte. Es la agresión de la ofensiva del capital de ayer y de hoy por la subsistencia de la lógica de la ganancia maximizada.

Las privatizadas cuestionadas. ¿Qué estatización y qué Estado?

Hoy son evidentes las falencias en el abastecimiento de combustibles y energía, y más aún en el servicio de transporte ferroviario, sin hablar del ruinoso estado que dejó la privatización a la línea aérea. Ya no hay encanto social con la privatización.

El lema había sido la ineficiencia del Estado para administrar las empresas públicas. Qué curioso, ahora, al final del recorrido de dos décadas de privatizaciones, nos encontremos con empresas crecientemente financiadas con fondos públicos y gestionadas privadamente, incluyendo el uso especulativo de los recursos asignados por el Estado para el funcionamiento operativo de las empresas.

Las privatizaciones que levantaron la bandera de la eficiencia empresaria de los “privados”, solo funcionan con el sostén del Estado. Solamente en ferrocarriles se gastan 10 millones de pesos diarios en subsidios.

Los subsidios estatales dan cuenta de la posibilidad financiera del Estado para hacerse cargo de las empresas de servicios públicos, claro que ello supone discutir el conjunto de la asignación presupuestaria. No se trata de estatizar y mantener el desastre ferroviario actual. La estatización continuadora perpetuaría la ineficiencia y el mal servicio reinante.

¿El actual destino del gasto público resulta el necesario para un funcionamiento alternativo del Estado? Solo a modo de ejemplo veamos que entre 2003 y 2011 el gasto total en remuneraciones del sector público nacional se redujo del 16,1% al 11,3%, mientras que las transferencias al sector privado pasaron del 3% en 2007 al 9,5% en el 2011. Claro que no solo se trata de cantidades, de montos, sino también de discutir las funciones necesarias a cubrir por el personal estatal, junto a la participación de los usuarios de los servicios públicos y de los ciudadanos en la cuestión estatal.

En el mismo sentido debemos interrogarnos sobre las fuentes de ingreso del Estado Nacional. Sigue siendo el IVA el principal tributo en el país, y es sabido su impacto regresivo entre los sectores de menores ingresos. En segundo lugar aparecen los ingresos tributarios por el impuesto a las ganancias, pero una parte de esos recursos provienen de trabajadores que reciben sueldo y no ganancias, mientras se eximen los excedentes generados en el mercado de capitales o en el financiero. Ni hablar de la evasión y elusión impositiva pese a la legislación vigente, sea la penal tributaria, o contra el lavado, que explica en el argumento oficial la “necesidad” de la represiva Ley antiterrorista.

Lo que pretendemos decir es que no alcanza con terminar con las privatizaciones ferroviarias o petroleras, entre otras, si no que se debe reformar el Estado, su régimen tributario, financiero y especialmente discutir su papel en la organización de un modelo productivo que modifique el beneficiario de su accionar, atendiendo a las insatisfechas necesidades sociales.

El cambio de opinión que se percibe en la sociedad, que menciono como fin del consenso a las privatizaciones se asocia a la discusión con las petroleras, especialmente REPSOL, empresa de proyección regional y mundial merced a la entrega de la estatal Yacimientos Petroleros Fiscales hace 20 años. España no es potencia petrolera, pero sobre la base de YPF se proyectó en la región latinoamericana, caribeña y en el mundo como una de las grandes en el negocio del oro negro. La respuesta gubernamental es por ahora amenazante, sea por declaraciones del poder ejecutivo nacional, o de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos. La sensación es que ya no se espera una respuesta mágica desde la iniciativa privada, la que solo privilegia la lógica de la ganancia.

Terminar con la institucionalidad neoliberal

La demanda social está para más y demanda la salida de un condicionante estructural que remite a las reformas neoliberales, de apertura económica y liberalización; de desregulación y privatización; de precarización laboral, superexplotación y marginalización vía indigencia y empobrecimiento estructural de millones de personas.

Existen expectativas de que se asuma una política pública en ese sentido, aunque la garantía solo está en la masividad del clamor por abandonar el sentido común privatista. Son abundantes los ejemplos en la historia que indican que la conflictividad extendida de la sociedad es la que define cambios estructurales de funcionamiento social. Es la experiencia reciente del 2001 respecto del régimen de convertibilidad. Fue la movilización social la que determinó el fin de la “estabilidad monetaria” erigida como valor supremo entre la élite política, claro que con aceitados consensos socialmente manipulados.

Apuntamos al petróleo y la energía, a los ferrocarriles y al transporte en general, pero también a la recuperación de la soberanía financiera desmantelando el aparato jurídico y de política financiera legado por la dictadura. Claro que también supone la brega por la soberanía alimentaria, algo imposible sin modificar el modelo productivo sojero, concentrador y de subordinación a la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. La soja y la mega minería son legados del auge neoliberal de los 90´.

Se trata de recuperar soberanía, energética, financiera, alimentaria, en toda la línea. Ese será el mejor homenaje a quienes murieron por la desidia empresaria y la complicidad de los organismos de control (por lo menos de aquellos que no consideraron informes críticos) para asegurar las privatizaciones para la ganancia.

Retomar una discusión sobre el papel del Estado en tiempos de crisis capitalista aparece como el desafío que pueda superar las consecuencias del desastre evitable en la estación Once.

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2012

Salarios y petróleo en el debate actual

Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos del 2012 se encuentra la cuestión salarial y la petrolera.
En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por el conflicto que puede resultar de la puja distributiva.
La cuestión petrolera se agudizó con la verificación del volumen de importaciones por energía (gas natural y licuado, gas oil, fuel oil y electricidad) del 2011 por 9.397 millones de dólares, equivalente en valores al monto del superávit comercial, que alcanzó el año pasado a 10.347 millones de dólares.
En ambos casos preocupa la evolución de las variables en consideración, sea por el conflicto social, los impactos en la macroeconomía, o por el sustento de provisión energética para el presente y futuro mediato.
Salarios, ingresos populares e inflación
Todos los pronósticos auguran un menor crecimiento económico para el 2012. Existen expectativas de menores compras desde el exterior, por compradores en recesión, o en desaceleración económica; por lo que preocupan las tendencias del consumo y la inversión, principalmente de quienes actúan en el mercado interno.
La política económica del gobierno pretende mantener los niveles de consumo privado logrados en estos años, afectados ahora por disminución de subsidios y un recurrente encarecimiento de precios, más allá de los indicadores oficiales de inflación.
Ello explica el nuevo intento de la Secretaría de Comercio por lograr reducciones de precios de algunos productos de consumo masivo, intentando promediar subas y bajas para mantener el nivel de actividad económica y el consumo.
En el mismo sentido apunta la intención de sustituir importaciones para la industria con producción local, lo que supone influir al mundo empresario para cambiar proveedores, sea por propia convicción o estableciendo restricciones a las compras al exterior. Todo indica que se terminan imponiendo las restricciones, más que el convencimiento de encarar una nueva sustitución de importaciones, y contrario a lo pensado, ante las restricciones al ingreso de algunos productos, la respuesta empresarial transita el aumento de precios, convalidados por un consumo de sectores de ingresos medios y altos no sujetos a presiones por el alza que supone atender su canasta de bienes y servicios.
Vale interrogarse si es posible reanudar la “industrialización sustitutiva de importaciones” en momentos de hegemonía capitalista de las empresas transnacionales. No se le puede hablar al poder económico con argumentos sentimentales, pues solo responden a la lógica de las ganancias, de la acumulación y de la dominación.
Se intenta bajar algunos precios, o por lo menos congelarlos en el corto plazo; al tiempo que se pretende estimular la producción local para un modelo de producción dominado por transnacionales, cuya lógica de obtención de ganancias y de inversiones se definen en el marco de la crisis mundial, especialmente grave en los países sede de esas firmas y por lo tanto, demandante de recursos para sortear los problemas.
En este marco vale considerar a los salarios y las condiciones de trabajo como un costo de producción, con unos precios que los trabajadores pretenden acrecentar y los patronos reducir. Aunque el gobierno pretende arbitrar con equidistancia, vale confirmar que sus objetivos explícitos apuntan  a la reducción de los precios; y el salario es un precio, el de la fuerza de trabajo. Ese precio involucra el sueldo mensual y todos los complementos, sean las asignaciones familiares o la ayuda escolar que fueron perdiendo su carácter universal para ser restringidas desde un tope, no corregido en los últimos años y por lo tanto, en forma creciente una cantidad importante de trabajadores fue resignando ese beneficio.
Algo similar ocurre con las retenciones del impuesto a las ganancias a quienes perciben salario en situación regular. A medida que se incrementan los ingresos, crecientes masas de trabajadores se convierten en contribuyentes, sujetos de tributación.
Las limitaciones de la salud pública y de las propias obras sociales, especialmente en prestaciones de alta complejidad, obliga a los trabajadores y sus familias a destinar sumas importantes con ese fin, detrayendo capacidad de compra para otros consumos.
Modelos sindicales en disputa
Un elemento sustancial en la defensa del precio de la fuerza de trabajo es la organización sindical y de lucha, deteriorada recurrentemente bajo el terrorismo de estado primero y por la ofensiva contra el derecho protectorio del trabajo bajo gobiernos constitucionales.
El poder de los trabajadores fue atacado por el terror directo ejercido sobre los cuerpos y las mentes. Sobre esa base operó el terror a la hiperinflación y al desempleo o la precariedad. El modelo sindical de negociación opera sobre esas condiciones estructurales, determinadas por la impunidad empresaria y la dominación.
La subordinación de buena parte del movimiento sindical al proyecto político hegemónico contribuyó en estos años a limitar la protesta, aunque la coyuntura política de enfrentamiento del titular de la CGT con el gobierno alienta la potencialidad de una mayor conflictividad en unidad de acción con la CTA, más allá de modelos sindicales diferenciados.
En sentido general, la lucha de clases se manifiesta en materia económica en la disputa por la apropiación de la renta nacional. Los capitales más concentrados tienen en los mecanismos del mercado, especialmente en la suba de precios, la capacidad de apropiarse de una cuota mayor de esa riqueza social. Así, la inflación es un fenómeno redistributivo de la riqueza, a favor de aquellos que tienen  condiciones para imponer los precios.
La inflación es un dato de la realidad y los trabajadores sufren el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos laborales. Ni hablar de aquellos que reciben “planes” a valores congelados y fuertemente afectados por el crecimiento de los precios de una canasta familiar crecientemente de subsistencia.
Un dato novedoso de la coyuntura es la tendencia creciente al reclamo y la protesta del movimiento de trabajadores, haciendo más complejo el escenario político y económico, pues ya no está sola la impunidad patronal y el rumbo unilateral de aliento a las ganancias empresarias. La constitución de subjetividad entre los trabajadores habilita el debate sobre modelo sindical y proyecto productivo y de desarrollo.
El petróleo y el debate por la soberanía
La cuestión es historia antigua y se remonta al fenómeno de la privatización petrolera, hace ya 20 años, cuando Menem y Cavallo iniciaron el proceso de entrega de la empresa pública nº1 de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que solo quedó la sigla de fantasía YPF bajo la propiedad de la española REPSOL y últimamente incorporado a la propiedad y gestión el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi.
Entre las primeras medidas luego de las elecciones de renovación presidencial se dispuso la obligatoriedad de liquidar el 100% de las ventas al exterior a empresas mineras y petroleras. Se argumentó la necesidad de ingresar divisas al país ante las limitaciones estructurales que se presentaban para sostener el equilibrio de la macroeconomía con superávit comercial y fiscal.
Se agudizó el conflicto con las petroleras en enero con la denuncia gubernamental por sobreprecios en la venta de gasoil al por mayor, lo que obligó a una disminución de precios de venta. Ahora se adiciona la quita de subsidios por 2.000 millones de pesos por los programas Refino Plus y Petróleo Plus, con el argumento de objetivos de inversión cumplidos. Está claro que mejora la ecuación fiscal y afecta ingresos de las petroleras, principalmente YPF.
La amenaza de la estatización apareció en escena con el objeto de presionar a la mayor petrolera a reinvertir sus excedentes y cooperar en resolver el déficit energético, agudizado por las condiciones de cambio climático que provoca el mayor uso de la capacidad instalada. La importación energética es ya una constante y de difícil solución en el corto plazo si no se modifica el modelo energético en curso desde la privatización petrolera, sellada con la reforma constitucional de 1994 con la provincialización de los recursos naturales.
El petróleo es insumo estratégico de la producción contemporánea y es parte de la crisis capitalista en curso. La crisis energética y medio ambiental son parte de la misma crisis mundial del capitalismo y convoca a discutir si el camino de soluciones debe transitar la profundización del modelo energético propiciado desde la privatización, o si se debe pensar en términos alternativos.
Ello supone ir más allá de la cuestión petrolera y energética, pues lo que se discutiría es el modelo productivo del cual el petróleo es insumo estratégico. Significa debatir en términos de soberanía energética, otro modelo productivo y otra integración, asentada en la articulación productiva regional para satisfacer necesidades populares y no una lógica de ganancias sustentadas por las transnacionales.
Ir más allá de la coyuntura
En rigor, la discusión salarial y petrolera pone de relieve la necesidad de analizar el trasfondo estructural del crecimiento económico de estos años, y más aún, la estructura económica social derivada de ello.
Es una cuestión que supone discutir beneficiarios y perjudicados del orden económico contemporáneo, exacerbado con la crisis en curso. Se trata de responder a la crisis capitalista desde otro orden social posible, eje de la argumentación emancipadora contemporánea.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2012.