La característica de política económica en la región latinoamericana pasa por la explotación de los recursos naturales y una política social compensadora.
Es el petróleo y el gas en Venezuela, Bolivia o Ecuador, y ahora en Brasil; el cobre en Chile y el agua y la tierra en los países especializados en producción agraria. Decimos agua y tierra porque cada árbol ó tonelada de grano se lleva nutrientes de la tierra y líquido elemento en cantidades inmensas. Y en materia de política social se llama Bolsa Familia en Brasil, Juancito Pinto en Bolivia, Chile Solidario en el país vecino, Familias en Acción en Colombia, Juntos en Perú, Oportunidades en México, o las misiones en Venezuela y en Argentina la Asignación Universal por hijo. En todos los casos son programas de transferencia de renta, masivos aunque no universales.
Son países con distinta orientación ideológica o programática y sin embargo en todos, el eje de la acumulación, del modelo productivo es la explotación de los recursos naturales. Es un modelo que requiere compensaciones para aminorar las desigualdades por ingresos y por eso la política social compensatoria.
Ese es el marco para analizar anuncios y decisiones económicas esta semana, tal como el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), la actualización de la asignación universal por hijo (AUH) y la aprobación parlamentaria del Banco del Sur (BS).
Plan agropecuario
Respecto del PEA se conocieron los objetivos hacia el 2020 con una ampliación de la frontera agrícola y una superación de la producción agropecuaria desde los 100 millones de toneladas hacia las 160 millones, con una capacidad de abastecer a 400 millones de personas, o aún a más, según informó la Jefa del Estado. Es una confirmación del modelo productivo agrario que satisface la demanda de industrializar el campo y que preocupa al sector de la agricultura familiar, a las comunidades campesinas y de pueblos originarios, a los pueblos fumigados y a los defensores del medio ambiente que temen por la destrucción medio ambiental, la pérdida de bosques a mano de la agricultura industrial para la exportación.
El anuncio se realizó ante parte importante de la cúpula empresarial y es parte de la confirmación de un bloque social que otorga sustento y consenso a una política plebiscitada en las recientes elecciones primarias y que son parte de la previsible confirmación en las presidenciales de octubre. Es una situación verificada en oportunidad de obtener el acuerdo de salario mínimo, asociando a la cúpula empresarial y sindical. Del mismo modo que se puso de manifiesto en el día de la industria. Son señales de construcción de un bloque para el pacto social, que como tal legitima el “modelo” hacia el conjunto de la sociedad.
Actualización de la asignación
El ajuste de la AUH, necesario para los receptores confirma la tendencia a compensar en sectores empobrecidos con asistencia estatal, lo que el modelo de desarrollo no facilita por medio del empleo y la actividad productiva.
Estudios de la CEPAL confirman el papel de los programas de transferencia de renta, generalizados en la región, como necesarios para sostener en el gobierno a los proyectos políticos actuantes en la región, más allá de sus diferenciados signos ideológicos.
Es por eso que junto al crecimiento productivo y para sellar el pacto social, se imponen políticas compensatorias para los pobres.
Estatus parlamentario para el Banco del Sur
Vale mencionar la importancia que significa el aval de Diputados a la media sanción de la Cámara de Senadores sobre el Banco del Sur, porque acerca su funcionamiento operativo, puesto que ahora son Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina los países que le otorgan acuerdo parlamentario a la iniciativa.
Claro que para que la medida se haga operativa resta que otros países avancen en el mismo sentido, y esa no parece ser la voluntad, especialmente en Brasil, Paraguay, o Uruguay. Ya pasaron 4 años desde que la iniciativa se lanzó al ruedo, en un lapso de despliegue de la crisis mundial del capitalismo. Es cierto que ahora, para constituir el Consejo Económico Financiero de la Unasur se menciona la profundidad y continuidad de la crisis, pero si ahora es necesario un banco de desarrollo regional, mucho más lo hubiese sido en momentos críticos como los transcurridos.
También deben incluirse en el comentario las demandas del movimiento popular que reclama una ampliación del escaso capital que se piensa para la entidad (solo 10.000 millones de dólares), cuando solo entre Argentina y Brasil se suman 400.000 millones de reservas internacionales. Son reclamos que se extienden a los mecanismos de resolución de la gestión financiera, solicitando la participación social en la política crediticia y en el modelo productivo a impulsar.
Campaña electoral sustentada en 10 millones de votos
En síntesis, el consenso político logrado el 14 de agosto, con 10 millones de votos, merece lecturas a dos puntas. El poder económico cierra filas detrás de la conducción del sistema de acumulación tal y como hoy se presenta, verificado en cuantiosas ganancias. Desde el gobierno, se entendió a la masividad del respaldo en las urnas como oportunidad para avanzar en campaña electoral con anuncios que consolidan el rumbo y con pretensión de ratificar la votación para un nuevo mandato presidencial a fines de octubre.
No resulta menor comprender la suma del consenso electoral con un bloque social articulado detrás del proyecto del gobierno, en situación de crisis de la economía mundial. Es lo que permite mostrar al país en el mundo como el modelo de la buena política, especialmente en economía, por los éxitos del crecimiento. La Argentina empieza a ser señalada como ejemplo de lo que debe hacerse en política económica. Se le sugiere a Grecia, por ejemplo. El modelo tiene en origen el “no pago de la deuda” (claro que transitorio), y la salida del euro para “devaluar y buscar competitividad”. Es bueno interrogarse al respecto, sobre beneficiarios y perjudicados en el ciclo (la década), y especialmente sobre la estructura económico social que emerge de la “solución nacional” a la crisis del 2001.
Los cambios estructurales y regresivos de los 90´ se consolidaron. De allí la sojización, la mega minería a cielo abierto y la industrialización subordinada y de ensamble. Todo ello conducido por el capital transnacional. El consenso político de los 90´ estalló ante la revuelta popular. El objetivo de reconstruir el poder del gobierno Duhalde (2002) empezó a materializarse con las elecciones del 2003 y más aún con la renovación presidencial del 2007, despojado ya de las influencias políticas del líder del peronismo federal. Las tensiones en el seno del poder entre 2008 y 2009 parecen haberse cerrado con los datos de la política en proceso entre agosto y octubre del 2011.
Es un desafío intelectual y político reconstituir subjetivad para el cambio político, para organizar la respuesta necesaria para otro modelo económico, que articule una alianza social y política sustentada en un programa de soberanías (alimentaria, energética, medioambiental, financiera, económica) que empuje una construcción regional de otro mundo posible. Es que la crisis capitalista continúa y no son variantes de capitalismo las que permiten avizorar soluciones para los trabajadores, ya que la etapa en curso se constituye en el mundo como una gigantesca ofensiva del capital contra el trabajo, con desempleo y precariedad.
Se trata de pensar en otra sociedad ante la crisis, que no reproduzca la histórica funcionalidad primaria exportadora de nuestra región, más allá de compensaciones de renta a pobres, y que elimine la ofensiva y la sociedad de la explotación.