A modo de balance de las políticas económicas del 2010, Julio Gambina analizó las condiciones actuales de la Argentina en el marco de la crisis económica mundial.
El economista afirmó que el año mostró una ecuación de beneficios muy clara, ya que mientras el 30% de la población posee la capacidad de manejar cuantiosos recursos, “la mayor parte de la sociedad solo recibe beneficios sociales compensatorios como paliativo a la situación coyuntural, pero que no resuelven el problema estructural de la baja calidad de vida”.
“Es erróneo considerar que la Argentina está al margen de la crisis”
El tema central de la economía durante el 2010 fue la crisis mundial. Esta afecta a todos los países, aunque algunos tengan tasas de crecimiento elevadas. Probablemente la Argentina cierre este año con un crecimiento del 9%, y es evidente que es una tasa muy elevada, comparada con el crecimiento del Producto Bruto en el mundo, o en países de la Unión Europea que están sufriendo la crisis en mayor grado, como el caso de Irlanda.
Pero es erróneo considerar que países como Argentina o China no son parte de una economía mundial en crisis porque sus economías crecen. Crisis no es lo mismo que recesión, ni significa que caigan las economías nacionales en particular.
Hay que preguntarse por qué crece el precio de la soja, uno de los factores que contribuye al crecimiento económico argentino. O por qué pasa lo mismo con los precios del petróleo y las materias primas, que es una de las razones por la cual América Latina pareciera estar al margen de la esta situación. A través de la mega minería a cielo abierto, Argentina es productora y exportadora de oro, cuyo precio crece porque al haber crisis se convierte en una inversión de resguardo. Y del mismo modo, la suba de los precios de la soja, el petróleo, las materias primas y los alimentos está asociada a la crisis, con mecanismos especulativos a nivel internacional.
“Nadie puede pronosticar el fin de la crisis”
A principios del 2010 se decía que se estaba saliendo de la crisis. El 2009 fue un año de recesión para la economía mundial, la Argentina sólo creció 0,9%, y entonces parecía que este dato era compatible con el decrecimiento de la economía a nivel global. Pero a principios de 2010 los pronosticadores decían que este era año en el cual se salía de la crisis.
Pero el derrumbe de Grecia fue un baldazo de agua fría, que mostró que la crisis no se estaba terminando, y el 2010 comenzó y terminó con Europa siendo el epicentro mundial de la misma. Y nadie, incluidos los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tiene un pronóstico certero sobre cuando terminará la crisis económica mundial.
“Mientras Paraná Metal sigue sin funcionar, la industria automotriz bate récords”
América Latina es un territorio de cuantiosas riquezas, que están siendo demandadas por la economía mundial. En la Argentina creció mucho la producción de soja para la exportación, pero también lo hizo la industria automotriz.
Más del 70% de la producción automotriz se exporta, pero la situación es peor en relación a otras épocas. Esto se demuestra claramente con el caso de Paraná Metal, la autopartista más importante del país y la tercera en América Latina, donde 700 de sus 900 trabajadores se quedaron en la calle, en el mismo momento en que la Argentina bate todos los récords de producción y venta de automotores.
La diferencia es que antes se fabricaban automotores para vender en el mercado interno, y ahora las automotrices los exportan. Y actualmente, más de la mitad de los automotores que compran los argentinos son importados.
“Hay que preguntarse si este modelo productivo sirve, más allá del crecimiento actual”
Argentina está inserta en la transnacionalización de la economía, por la exportación de soja y los productos de la mega minería a cielo abierto, como el oro y la plata; pero también por la industria automotriz y alimenticia en su conjunto.
La inserción argentina en un mercado mundial en crisis, es lo que nos demuestra que hay que tener cuidado con los análisis que indican que el país está al margen de esta situación económica. Esto no es así. Con datos de crecimiento de la macroeconomía y el PBI, Argentina está inserta en el marco de la crisis mundial. Por lo anterior, el sentido común indica que a medida que vaya creciendo la economía, puede haber recursos fiscales que sirvan a la distribución de la riqueza.
Por supuesto que es mejor el crecimiento que el decrecimiento, pero cuando se debate sobre el tipo de crecimiento de la economía argentina y se descubre la desigualdad que existe, esto nos lleva a discutir, por ejemplo, si sirve que crezca la industria automotriz cuando Villa Constitución sufre en forma directa el impacto por la situación de Paraná Metal. En conclusión, nos lleva a discutir si este es el modelo productivo que necesita el país.
“La inflación es un impuesto que pagan los sectores de menores ingresos”
La inflación es un mecanismo de transferencia de recursos desde los sectores que no pueden establecer los precios, hacia aquellos que sí lo pueden hacer. Los únicos que pudieron defenderse de la inflación son los trabajadores sindicalizados en relación de dependencia, que forman una minoría que está incluida en los convenios colectivos de trabajo, y lograron abrir las discusiones paritarias para no perder capacidad de compra con sus salarios.
El asesinato de Mariano Ferreyra puso en evidencia que gran parte de los trabajadores argentinos están flexibilizados y tercerizados, con salarios que a veces son un tercio menores a los que perciben un trabajador regularizado, que participa en un sindicato y tiene acceso a paritarias. Por lo cual la inflación es un impuesto que pagan los sectores de menores ingresos.
La intervención del Indec
Otro tema importante es cómo se mide la inflación. Existe una distorsión enorme, una gran estafa, que es la intervención que opera sobre el Indec, que modificó los indicadores a “gusto y paladar” de las necesidades del poder ejecutivo nacional, y que desembocó en una situación donde el gobierno tiene que reconocer que necesita al FMI para elaborar un índice de precios creíble.
Lo lamentable es que fue el propio gobierno nacional quien convocó a un Consejo Asesor, integrado por las universidades públicas, y cuando estas hicieron un informe negativo sobre los indicadores que venía trabajando el Indec, el Ministerio de Economía convocó al Fondo Monetario en vez acudir a los técnicos y profesionales universitarios para corregir lo que estaba mal.
Tres ejes de análisis para entender la economía argentina
Soberanía Alimentaria
La soberanía alimentaria es un tema que hay que resolver a nivel nacional, regional y mundial. La Argentina está subordinada al paquete tecnológico de la producción mundial, principalmente de la soja, y a las grandes empresas transnacionales como Monsanto y Cargill, entre otras.
Esta subordinación hace que el régimen productivo del campo y el uso de la tierra en el país, estén atados a las necesidades de este paquete tecnológico. Las rutas, los puertos, el modo de producción, el transporte y el comercio exterior están sujetos al mandato del mercado mundial.
Se debería poner el acento en satisfacer las necesidades alimentarias de la población argentina y de la región.
Soberanía Energética
La problemática energética es otro eje importante. Hace poco, se anunció con bombos y platillos el descubrimiento por parte de Repsol-YPF de una cuenca gasífera muy importante en Neuquén, justo cuando se estaban agotando las reservas de gas y petróleo del país.
Pero la pregunta es: ¿Quién administra estos recursos? Y la respuesta es que en la Argentina los administra el capital privado, cuando el 90% de las reservas hidrocarburíferas del mundo están en manos estatales.
Soberanía Financiera
Argentina termina el año recibiendo al FMI, con la escusa de que lo hace para que colabore en la elaboración de un índice de precios, pero en realidad es una forma de reinstalar a este organismo internacional.
No es casual que el Fondo Monetario venga justo cuando el gobierno nacional comenzó las negociaciones con el Club de París, para pagar una deuda odiosa que fue contraída mayormente por la última dictadura militar, y que no debería pagarse, o por lo menos debería ser investigada.
La discusión es si los recursos nacionales se usan para resolver las necesidades de los acreedores externos, teniendo en cuenta que son países en crisis que necesitan conseguirlos de cualquier forma. ¿Y quién les va a facilitar estos recursos? Argentina.
Los recursos financieros de América Latina tienen que ser administrados por y para América Latina.
* Entrevista emitida en la Radio de la Universidad de Rosario 103.3 - La Brújula Cooperativa de Comunicación
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Deuda externa e inflación: claves en la coyuntura
Terminó una semana donde los problemas estructurales de la economía argentina fueron noticia. Por un lado se iniciaron las negociaciones con el Club de París, con la visita del Ministro de Economía Amado Boudou a la capital francesa.
El tema era discutir y acordar el monto de la deuda y el plazo de la cancelación, dos temas de difícil acuerdo, puesto que es conocida la necesidad de los países acreedores por hacerse de dinero ante una grave crisis fiscal y de endeudamiento, principalmente en el capitalismo desarrollado, principales integrantes de ese club de acreedores.
Todo indica que la presión acreedora apunta a cobrar unos 7.500 millones de dólares en menos de dos años. Una posibilidad será acudir a las reservas internacionales, poniendo en evidencia que las reservas están para gastarse y en todo caso lo discutible es el destino. Con recursos equivalentes podría resolverse el financiamiento de 208.333 viviendas populares de 60m2 (c/u a 600 dólares el m2 de construcción a precio de mercado), que no necesariamente debieran subsidiarse en su totalidad, generando un fondo crediticio inicial para abordar seriamente el déficit habitacional.
Debe adicionarse que el Ministro de Economía estrenó por esas horas la propuesta de precandidato a Jefe porteño, nada menos que avalado por la CGT, uno de los socios políticos sociales del modelo de disputa del consenso por parte del gobierno. Un tema que hace mucho ruido dentro del propio oficialismo y que expresa la disputa política al interior del gobierno, tal como se manifiesta también en los enroques derivados de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, el descabezamiento de la Policía Federal y la nueva designación en Defensa.
Son todas medidas que inciden en el plano económico, pues se asocian a nuevas discusiones sobre asignaciones presupuestarias, tanto para seguridad como para defensa, llamando la atención que ante la situación de la ocupación de terrenos no emergiera una política social acorde con la insuficiencia de vivienda y de presupuesto público con ese fin.
El problema es la pobreza y no la inseguridad, aunque así lo indiquen las encuestas de opinión.
Inflación y pobreza
No solo se trata de déficit de viviendas, sino de encarecimiento de la vivienda en general, tanto de aquella que remite a la vivienda popular, única de familia, como a la que constituye la base del negocio inmobiliario de los últimos años, que ante la crisis se constituyó en fuente de resguardo de valor.
Los precios de los alquileres aumentan y afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen vivienda. Crece el precio del m2, especialmente en las principales ciudades del país, territorios del boom de la construcción. Los precios de la construcción crecen también por inducción especulativa, de reorientación de ahorros ante el temor de la desvalorización derivada del flagelo de la inflación.
Apuntamos seriamente al tema de la vivienda, puesto que más allá de medidas administrativas en el seno del gobierno y a políticas de “orden”, lo que se requiere son medidas de emergencia, para el caso, habitacional, las que se asocian a otras muchas demandadas por la situación de indigencia y pobreza de una importante franja de la sociedad, más allá de lo señalado por el Indec.
Un Indec que acaba de anticipar los primeros datos censales, aunque aún falte una batería de indicadores que nos permita sacar conclusiones sobre cambios relativos al orden económico.
Por lo pronto sabemos que somos más de 40 millones, más mujeres que hombres salvo en tres provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y que la Ciudad de Buenos Aires, la de menor crecimiento poblacional, que pese a su escaso crecimiento, sigue siendo expulsora de población, por ser costosa la vida en la ciudad capital, y especialmente por ser un centro de concentración de inversión inmobiliaria, donde junto a la opulencia creció en su territorio la marginalidad de villas de emergencia, habitadas con población desplazada del resto del país.
Es que el crecimiento económico de los últimos años también atrae a los principales centros urbanos a la población empobrecida del conjunto del país.
El tema de la pobreza merece ser analizado a fondo, pues otro de los temas estructurales que reapareció en estos días es el de la inflación, con el aumento de los combustibles, pese a disposiciones en contrario de la secretaría de comercio, que restringe los incrementos desde mediados de año.
La inflación de precios es una realidad y ahora, a la suba de los alimentos deben adicionarse la de las naftas, que como sabemos se trasladan rápidamente, vía transporte y costos de producción a los precios del conjunto de la economía.
El incremento de los precios lo pagan los más pobres. Es un fenómeno económico de transferencia de recursos de aquellos que no tienen condiciones para imponer precios. Es al mismo tiempo una forma de resguardo de la apropiación de tasa de ganancia cuando esta se ve afectada por otras razones, la crisis por ejemplo.
Cambiar la política para enfrentar problemas estructurales
Digamos que entre las negociaciones con el Club de París, de una deuda que puede seguir declarándose odiosa, adicionado a lo cual debe consignarse el paso por Buenos Aires del FMI, nada menos que para asesorar en materia de indicadores de precios, nos habla de la asociación de ambos temas, el de la deuda que siempre está y el de la inflación que vuelve.
Ambos aspectos generan condiciones regresivas para el conjunto de la sociedad. La deuda siempre jugó un papel de redistribución regresiva. Insistamos en el tema de que el gasto en intereses de la deuda supera ampliamente el gasto en educación y salud, además de contemplarse cancelaciones de capital adeudado utilizando fondos de las reservas internacionales. El proyecto de Presupuesto 2011 establece compromisos de cancelación de los servicios de la Deuda Pública por más de 36.000 millones de pesos, contra unos 13.000 millones de pesos en salud, unos 30.000 millones de pesos en educación y cultura y unos 6.000 millones en Ciencia y técnica. Además autorizaba la utilización de 7.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelaciones de vencimiento de capital de la deuda (sitio en internet del Ministerio de Economía).
La deuda es una hipoteca que pesa sobre el conjunto de la sociedad. Su pago favorece el ingreso de los acreedores y posterga la demanda de los necesitados, por caso, de los empobrecidos que reclaman vivienda, salud, educación, empleo, entre otras cuestiones.
La inflación por su parte tiene historia en el país, tanto como las políticas antiinflacionarios, con efectos de ajuste para las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos.
Se viene el fin del año y es momento de augurios de felicidad, que para ser reales en materia de economía requieren de cambios profundos en la política económica para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados de la economía local, para reorientar el modelo productivo “extractivista”, de agotamiento de la tierra, el agua, y los recursos naturales en general; para modificar el modelo de desarrollo.
Ese es mi deseo para el 2011, felices fiestas y buen año!
Entrevista* a Julio Gambina: “Por un reclamo de aumento salarial se reprime y se mata”
El economista Julio Gambina estuvo ayer en Santa Rosa para dar la charla abierta “Hegemonía y construcción de alternativas políticas”. En entrevista con Plan B reflexionó sobre la situación actual del país. “Lo problemático es que hay una naturalización de movilizaciones con respuestas represivas”, dijo.
El economista Julio Gambina Julio es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina y es columnista sobre Economía y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y del interior del país.
En entrevista con Plan B por Radio La Tosca 95.1 MHz., Gambina comenzó hablando de la hegemonía en nuestro país: “Cuando uno piensa en hegemonía piensa en crisis. De la economía de la política, la sociedad. Lleva a que vaya a una disputa del orden integral”.
“Yo digo crisis aunque la economía argentina termine este año con un crecimiento importante y parecería que está alejada de la crisis. Sin embargo hay que mirar la situación de la economía mundial y ver que Argentina está dentro de esa crisis. Buena parte del crecimiento macroeconómico tiene que ver con la exportación. La venta al resto del mundo. Por ejemplo la soja”, agregó.
“Argentina va a ser record en exportación de automotores este año. Más del 80% de los automotores producidos en Argentina se exportan. Por lo cual hay una situación mundial de crisis que favorece las demandas de productos argentinos. Esto no está asociado a crecimiento de empleo, o a mejoras de los salarios. Más allá del crecimiento macro económico de la Argentina, la crisis mundial es muy importante”.
Luego hizo un análisis profundo de la situación actual de nuestro país.
“A esto agregarle, los hechos de fin de año. Donde la ocupación del Parque Indoamericano es una prueba que vio todo el país de elementos de crisis que terminaron en cambios ministeriales”.
“Es una cantidad de elementos que suman a la crisis y nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer, como se sale? Vemos que hay una disputa de la hegemonía del orden social, político y económico muy fuerte. ¿Se puede pensar en términos alternativos? Donde se satisfagan necesidades sociales como la vivienda”.
“Argentina tiene un déficit de vivienda importante y hay una cantidad de reservas muy grandes en nuestro país. El debate alternativo es ¿Qué hacemos con las reservas internacionales? ¿Le pagamos al Club de París? Tal como se está negociando en este momento. ¿O destinamos esos recursos para viviendas?”
“Discutir las alternativas es discutir el modelo económico, social, político que tiene la Argentina y si se puede pensar en una perspectiva de salida, de construcción para resolver cuantiosos problemas”.
“Lo de Villa Soldati es dramático como termina este fin de año. No son muertes, son asesinatos. Porque también murió Néstor Kirchner este año, pero es una muerte natural, sorpresiva y ha generado impacto en nuestra sociedad. Acá lo problemático es que hay una naturalización de movilizaciones con respuestas represivas. Sea de fuerzas orgánicas del estado, caso de la policía federal o la metropolitana en el caso de Villa Soldati. La policía de Formosa con los pueblos originarios, o una patota sindical en el caso de Mariano Ferreyra. Todo en un tiempo muy limitado. Y no sea cosa que esto se naturalice”.
“Nosotros veníamos de los últimos años hablando de una judicialización del conflicto social. Había cortes de rutas, de calles, huelgas, y enseguida algún tipo de denuncia. En Argentina, cerca de 3000 dirigentes enjuiciados por haber encabezado distintas marchas”.
“Ahora el tema es más grave. No solo es remitir a la justicia dirigentes sociales o sindicales que ejercen su derecho de protesta sino que directamente se los mata. Hay un nivel de gravedad de respuesta de los sectores dominantes hacia los sectores populares. Por un aumento de ingreso salarial se reprime y se mata”.
“Si la respuesta sistémica es reprimir y matar puede pasar a ser una fotografía cotidiana. Por eso digo el peligro de que naturalice. Por eso digo de pensar los términos alternativos. Sobre todo cuando digo que tenemos un país con súper habit fiscal, súper habit comercial, importantes reservas internacionales”.
“Argentina tendría recursos para pensar en políticas alternativas. O sea, empezar a resolver los problemas de la mayoría de la sociedad empobrecida. Lo que debemos discutir es si se puede construir un proyecto político que pueda ser una mayoría que quiera transformar la realidad y no la gobiernen siempre los mismos”.
En referencia a lo dicho por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de que no se iban a entregar más planes sociales a quienes tomaran terrenos, Gambina dijo que “es una respuesta represiva. En vez de decir que acá es evidente el problema de vivienda y resolver el plan de viviendas. Se plantea la represión. La respuesta en ciudad de construcción de vivienda es escasísima. Se ha subejecutado el presupuesto de vivienda en más de un 80%. Pero la Nación tampoco ha avanzado en sus líneas de créditos hipotecarios de viviendas”.
“El acuerdo al que se llegó no incluye para nada una solución integral del tema de la vivienda”.
Finalmente, el presidente de FISYP, Julio Gambina, explicó cuál es el trabajo que realiza esta fundación: “Está dedicada a la investigación en ciencias sociales y políticas y realizamos investigaciones sobre la realidad contemporánea, estudiamos el capitalismo de época y lo hacemos con estrecha vinculación con movimientos sindicales, sociales, campesinos. Realizando también capacitación”.
*Entrevista extraída de planbnoticias.com.ar
El economista Julio Gambina Julio es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina y es columnista sobre Economía y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y del interior del país.
En entrevista con Plan B por Radio La Tosca 95.1 MHz., Gambina comenzó hablando de la hegemonía en nuestro país: “Cuando uno piensa en hegemonía piensa en crisis. De la economía de la política, la sociedad. Lleva a que vaya a una disputa del orden integral”.
“Yo digo crisis aunque la economía argentina termine este año con un crecimiento importante y parecería que está alejada de la crisis. Sin embargo hay que mirar la situación de la economía mundial y ver que Argentina está dentro de esa crisis. Buena parte del crecimiento macroeconómico tiene que ver con la exportación. La venta al resto del mundo. Por ejemplo la soja”, agregó.
“Argentina va a ser record en exportación de automotores este año. Más del 80% de los automotores producidos en Argentina se exportan. Por lo cual hay una situación mundial de crisis que favorece las demandas de productos argentinos. Esto no está asociado a crecimiento de empleo, o a mejoras de los salarios. Más allá del crecimiento macro económico de la Argentina, la crisis mundial es muy importante”.
Luego hizo un análisis profundo de la situación actual de nuestro país.
“A esto agregarle, los hechos de fin de año. Donde la ocupación del Parque Indoamericano es una prueba que vio todo el país de elementos de crisis que terminaron en cambios ministeriales”.
“Es una cantidad de elementos que suman a la crisis y nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer, como se sale? Vemos que hay una disputa de la hegemonía del orden social, político y económico muy fuerte. ¿Se puede pensar en términos alternativos? Donde se satisfagan necesidades sociales como la vivienda”.
“Argentina tiene un déficit de vivienda importante y hay una cantidad de reservas muy grandes en nuestro país. El debate alternativo es ¿Qué hacemos con las reservas internacionales? ¿Le pagamos al Club de París? Tal como se está negociando en este momento. ¿O destinamos esos recursos para viviendas?”
“Discutir las alternativas es discutir el modelo económico, social, político que tiene la Argentina y si se puede pensar en una perspectiva de salida, de construcción para resolver cuantiosos problemas”.
“Lo de Villa Soldati es dramático como termina este fin de año. No son muertes, son asesinatos. Porque también murió Néstor Kirchner este año, pero es una muerte natural, sorpresiva y ha generado impacto en nuestra sociedad. Acá lo problemático es que hay una naturalización de movilizaciones con respuestas represivas. Sea de fuerzas orgánicas del estado, caso de la policía federal o la metropolitana en el caso de Villa Soldati. La policía de Formosa con los pueblos originarios, o una patota sindical en el caso de Mariano Ferreyra. Todo en un tiempo muy limitado. Y no sea cosa que esto se naturalice”.
“Nosotros veníamos de los últimos años hablando de una judicialización del conflicto social. Había cortes de rutas, de calles, huelgas, y enseguida algún tipo de denuncia. En Argentina, cerca de 3000 dirigentes enjuiciados por haber encabezado distintas marchas”.
“Ahora el tema es más grave. No solo es remitir a la justicia dirigentes sociales o sindicales que ejercen su derecho de protesta sino que directamente se los mata. Hay un nivel de gravedad de respuesta de los sectores dominantes hacia los sectores populares. Por un aumento de ingreso salarial se reprime y se mata”.
“Si la respuesta sistémica es reprimir y matar puede pasar a ser una fotografía cotidiana. Por eso digo el peligro de que naturalice. Por eso digo de pensar los términos alternativos. Sobre todo cuando digo que tenemos un país con súper habit fiscal, súper habit comercial, importantes reservas internacionales”.
“Argentina tendría recursos para pensar en políticas alternativas. O sea, empezar a resolver los problemas de la mayoría de la sociedad empobrecida. Lo que debemos discutir es si se puede construir un proyecto político que pueda ser una mayoría que quiera transformar la realidad y no la gobiernen siempre los mismos”.
En referencia a lo dicho por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de que no se iban a entregar más planes sociales a quienes tomaran terrenos, Gambina dijo que “es una respuesta represiva. En vez de decir que acá es evidente el problema de vivienda y resolver el plan de viviendas. Se plantea la represión. La respuesta en ciudad de construcción de vivienda es escasísima. Se ha subejecutado el presupuesto de vivienda en más de un 80%. Pero la Nación tampoco ha avanzado en sus líneas de créditos hipotecarios de viviendas”.
“El acuerdo al que se llegó no incluye para nada una solución integral del tema de la vivienda”.
Finalmente, el presidente de FISYP, Julio Gambina, explicó cuál es el trabajo que realiza esta fundación: “Está dedicada a la investigación en ciencias sociales y políticas y realizamos investigaciones sobre la realidad contemporánea, estudiamos el capitalismo de época y lo hacemos con estrecha vinculación con movimientos sindicales, sociales, campesinos. Realizando también capacitación”.
*Entrevista extraída de planbnoticias.com.ar
Pobreza y muerte tienden a naturalizarse
La cruda realidad de la pobreza se instaló en la vidriera pública de la ciudad opulenta, Buenos Aires, la metrópoli de mayor ingreso per cápita del país, sede del poder económico de la Argentina y por ello, el territorio donde se genera la agenda mediática de discusión sobre la problemática nacional.
Hasta hace muy poco, la visibilidad de la pobreza se radicaba en el interior de la Argentina, con las dramáticas imágenes de los desnutridos en el norte, especialmente entre los pueblos originarios. Ahora, en Villa Soldati, en el sur empobrecido de la Capital Federal, los pobres, entre ellos varios inmigrantes, se hacían notar con la toma de un predio público en demanda de vivienda. Junto al “glamour” del patrón de consumo suntuario, el negocio inmobiliario y la difusión de un turismo extranjero de importante concentración de gasto y una importantísima oferta cultural, la Ciudad de Buenos Aires mostró la otra cara, muchas veces invisible, la de la pobreza y la desaprensión de las políticas públicas.
Una desaprensión puesta de manifiesto en la insuficiencia de la ejecución del presupuesto público de vivienda de la ciudad. Menos del 20% de la partida afectada ha sido ejecutada por el gobierno local de Mauricio Macri, como parte de la subejecución y desmantelamiento de las áreas públicas de articulación de política oficial con movimientos territoriales organizados económicamente para resolver participativamente la gestión del hábitat, un propósito logrado en dos décadas de luchas y demandas de los pobres organizados de la Ciudad de Buenos Aires por obtener viviendas y que ahora tienden a discontinuarse.
Pero desaprensión también por el accionar represivo de las policías local y nacional, ya que la represión seguida de muerte involucra y responsabiliza a las policías metropolitana y federal; ambas investigadas en estos momentos, y quizá sea el dato político de reconocimiento crítico en estas horas la creación de un Ministerio de Seguridad con especificidad diferenciada de lo que hasta ahora funcionaba como Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos. Precisamente, son los derechos humanos, principalmente de los empobrecidos, los primeros afectados por la inseguridad resultante del accionar de las fuerzas de seguridad.
Los pobres, una realidad más allá de datos estadísticos que en estas horas discuten las autoridades nacionales con la misión del FMI, pagan con su vida, la desaprensión de los gobernantes y la intervención represiva seguida de muerte por omisión o acción, sea en el caso de la muerte de Mariano Ferreyra a mano de patotas dirigidas por la burocracia sindical, o en el caso de la comunidad toba en Formosa a manos de la policía brava local, y ahora, en proceso de investigación sobre responsabilidades de las policías intervinientes en los asesinatos, y nuevamente, personas armadas identificadas con su pertenencia y acción en el sindicalismo tradicional.
Es ya una costumbre con tendencia a la naturalización la muerte por represión o asesinato directo de militantes y protagonistas de una protesta que demanda reivindicaciones económicas sociales, sean éstas los reclamados derechos de los trabajadores precarios; las peticiones de los pueblos originarios por sus condiciones de vida; o la demanda habitacional de la ocupación en el Parque Indoamericano de la ciudad porteña. Es un problema a denunciar el acostumbramiento a la muerte de quienes reclaman por sus derechos económicos y sociales.
Es una preocupación a considerar, más allá de las críticas necesarias que puedan hacerse a declaraciones xenófobas de gobernantes, en este caso de Mauricio Macri, o de la misma población (los vecinos linderos al predio ocupado) hacia personas inmigrantes, reproduciendo una conducta que criticamos desde nuestro país cuando en territorios del extranjero se maltrata a argentinos residentes, o compatriotas que pretenden ingresar a otros países.
El racismo es un fenómeno que recae sobre los empobrecidos en todas partes del mundo y es parte del modelo de desarrollo económico y social contemporáneo que genera crecimiento de la desigualdad y sensación de población excedentaria, donde la vida no vale y así como se la reprime, se la mata, se la induce a ser carne de cañón de una delincuencia organizada desde el poder económico, involucrando a los pobres en el entramado ilegal del tráfico de drogas, el negocio ilícito de la trata de personas y la circulación de armas para una violencia que enfrenta a pobres contra pobres y tiende a generalizarse como modo de vida cotidiano en grandes centros urbanos, tal como nos devuelve la realidad de algunos países latinoamericanos y crecientemente ocurre en la Argentina.
A no dudar que el tema es la pobreza, e insistamos, aunque los indicadores oficiales sugieran disminuciones importantes respecto del máximo de los momentos de agudas crisis, tal como aconteció en el 2002 con 57% de población bajo la pobreza y 22% de desempleados, ambos guarismos son elevados con relación a la media histórica de los años previos a la aplicación de las políticas neoliberales. Hoy parece un logro una tasa de desempleo menor al 8%, cuando hace 30 años, allá por los 70´ e incluso los 80´, la preocupación se constituía con tasas de desempleo del 5 ó 6%, solo superando esos valores cuando en 1989 se hizo evidente el empobrecimiento de buena parte de la población argentina.
El tema de la pobreza es una cuestión estructural que requiere soluciones de fondo y que difícilmente se resuelva con modelos que aseguran elevada concentración de la riqueza y de los ingresos que fundamentan la visible desigualdad imperante. Nuestra aspiración es que no se naturalicen la pobreza y la muerte de los pobres por asesinato y represión.
Cumbre iberoamericana, crisis y alternativas
La realización de la cumbre iberoamericana en Mar del Plata (en estos días) nos permite pasar revista a la situación de los países involucrados y analizar las diferentes posibilidades que se presentan para el desarrollo.
Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo atravesando una profunda crisis, sino en preciso tiempo de violento ajuste que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al momento de describir el impacto de la crisis.
Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el “este” (ex países socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.
La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace años transita el sur del mundo.
Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la península ibérica a favor de la liberalización de la economía y especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y América Latina, especialmente con los países del Mercosur.
Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a demandar de la región nuevos resguardos a la “seguridad jurídica” de esas empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.
Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular perjudicada.
Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria regional. Puede constatarse que Haití es proporcionalmente uno de los países de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas necesidades humanitarias. La región exporta recursos naturales y potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.
Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas decisiones que sirven para pensar en términos alternativos. Cuando desde los organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la población pasiva.
Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días “denunció” los tratados bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los inversores internacionales y que fueron negociados en recientes tiempos de ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que más tratados suscribió en los 90´, debiera observar con atención el ejemplo de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida en la última década del Siglo XX.
Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad, lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.
Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región, ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la soberanía alimentaria, energética y financiera.
Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo atravesando una profunda crisis, sino en preciso tiempo de violento ajuste que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al momento de describir el impacto de la crisis.
Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el “este” (ex países socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.
La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace años transita el sur del mundo.
Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la península ibérica a favor de la liberalización de la economía y especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y América Latina, especialmente con los países del Mercosur.
Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a demandar de la región nuevos resguardos a la “seguridad jurídica” de esas empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.
Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular perjudicada.
Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria regional. Puede constatarse que Haití es proporcionalmente uno de los países de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas necesidades humanitarias. La región exporta recursos naturales y potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.
Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas decisiones que sirven para pensar en términos alternativos. Cuando desde los organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la población pasiva.
Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días “denunció” los tratados bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los inversores internacionales y que fueron negociados en recientes tiempos de ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que más tratados suscribió en los 90´, debiera observar con atención el ejemplo de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida en la última década del Siglo XX.
Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad, lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.
Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región, ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la soberanía alimentaria, energética y financiera.